STC8525-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8525-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02471-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, promovida a continuaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho1, iniciada por Jenny Catalina Guti\u00e9rrez Herrera contra Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, aqu\u00ed libelista, el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 adelant\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos el 31 de marzo de 2022, en la que las partes, de mutuo acuerdo, aceptaron las tres partidas constitutivas del activo2, al igual que el primer pasivo allegado por el demandado, relacionado con la obligaci\u00f3n hipotecaria a favor de BBVA, que recae sobre los inmuebles de la expareja ($96.996.953). <\/p>\n
2.2. Sin embargo, respecto de los dem\u00e1s rubros del pasivo, la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez present\u00f3 objeciones, tras colegir que esas erogaciones estaban dentro del aval\u00fao de los tres bienes incluidos y que las sumas cobradas como \u00abcompensaciones\u00bb en realidad son pasivos de la sociedad, por lo que el estrado, luego de surtir la etapa probatoria, en audiencia de 11 de agosto de 2022 declar\u00f3 su prosperidad y, por tanto, excluy\u00f3 las partidas segunda a doceava3; y, de esa manera, imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.3. Inconforme, el aqu\u00ed gestor formul\u00f3 el remedio vertical, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el a quo, en tanto que: (i) en las partidas que constituyen pasivos incluy\u00f3 valores por conceptos de impuestos, cuotas de cr\u00e9dito y de administraci\u00f3n pagadas de manera posterior a la fecha de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial (20 de agosto de 2016); y (ii) los dem\u00e1s emolumentos se causaron durante su vigencia, pero para adquirir y mantener los bienes sociales, por lo que, de acuerdo con el canon 1796 del C\u00f3digo Civil, \u00abse comprende que las mismas fueron canceladas con dineros provenientes de la sociedad patrimonial, habi\u00e9ndose incumplido por el demandado la carga en su cabeza de demostrar que dichos pagos se realizaron con bienes propios\u00bb. <\/p>\n
2.4. No obstante, a juicio del tutelante, los precitados prove\u00eddos son irregulares \u2013por incurrir en defecto f\u00e1ctico\u2013, pues no tuvieron en cuenta que aquel \u00abrelacion\u00f3 para cada una de las partidas del pasivo uno a uno los comprobantes por cada uno de los pagos que efectu\u00f3 para cubrir tales deudas de la sociedad en relaci\u00f3n con los bienes relacionados en las partidas del activo; obligaciones que asumi\u00f3 y cumpli\u00f3 con su propio dinero, obtenido como producto de su trabajo\u00bb, aunado a que \u00abse halla m\u00e1s que demostrado que esas erogaciones fueron hechas por \u00e9l y en vigencia de la sociedad patrimonial (\u2026) y seg\u00fan lo analizado, la parte demandante, que no realiz\u00f3 ning\u00fan aporte a la sociedad, pues no hay prueba de ello, va a ver acrecentado su patrimonio a costa de los aportes de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abrevocar las providencias de fechas 11 de agosto de 2022 emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 que decidi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados (\u2026) y la providencia de 14 de febrero de 2023, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 M.P. Dr. Diego Omar P\u00e9rez Salas que decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia en cita confirmando la decisi\u00f3n\u00bb y (ii) \u00abordenar a la Jueza Sexta de Familia del Circuito de Ibagu\u00e9 que proceda a adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la providencia atacada que dispuso la exclusi\u00f3n de los pasivos de la sociedad patrimonial (\u2026), en consecuencia profiera una nueva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Jenny Catalina Guti\u00e9rrez Herrera se opuso a la prosperidad del petitum, comoquiera que \u00abel accionante est\u00e1 equivocado al manifestar que, con la no atenci\u00f3n o resoluci\u00f3n favorable en las objeciones presentadas, considera que se ha vulnerado el debido proceso y como consecuencia ha sufrido detrimento patrimonial, pues es muy cierto que las objeciones presentadas fueron analizadas bajo los principios de la sana cr\u00edtica como lo impone el art\u00edculo 167 del C. G. del Proceso y dem\u00e1s aspectos sustantivos, una y una partida fueron consideradas como no aceptadas, precisamente porque no corresponde a unos valores que fueran con dineros propios o de su propio pecunio, por el contario fueron pasivos, atendidos por la sociedad conyugal (sic) como legalmente lo aprecio el Juzgado de Conocimiento y confirmado en la segunda instancia por la Honorable Corporaci\u00f3n del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n atacada por el accionante [se] confirm\u00f3 en su integridad la providencia apelada; es de resaltar que no solo se estudiaron todas y cada una de las actuaciones surtidas y pruebas obrantes al interior de la primera instancia, sino tambi\u00e9n, las normas sustanciales aplicables al caso concreto para concluir, tal como lo hizo el juzgador de primer grado, en la prosperidad de las objeciones presentadas por la se\u00f1ora Jenny Catalina Guti\u00e9rrez Herrera a las partidas del pasivo que el se\u00f1or Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez pretend\u00eda se incluyeran en la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial alegando que se trataban de compensaciones debidas por esta en favor de aqu\u00e9l. En el auto de segunda instancia, se explic\u00f3 en detalle que, teniendo en cuenta el l\u00edmite establecido por la vigencia de la sociedad patrimonial, la cual subsisti\u00f3 desde el tres (03) de marzo de 2008 al veinte (20) de agosto de 2016, los conceptos que el entonces demandado pretend\u00eda incluir como pasivos generados de manera posterior al veinte (20) de agosto de 2016 no pod\u00edan reconocerse como compensaciones a \u00e9l debidas por parte de la sociedad patrimonial, por haberse generado al margen de la vigencia de la sociedad patrimonial, m\u00e1xime cuando, de lo evidenciado en el expediente, desde la disoluci\u00f3n de aquella el se\u00f1or Garc\u00eda Guti\u00e9rrez ha ostentado la posesi\u00f3n de los activos de la sociedad, sacando provecho de ellos\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad tambi\u00e9n pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, porque \u00abeste despacho no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante, ya que las decisiones emitidas se encuentran en consonancia con lo dispuesto en las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de la referencia (rad. n.\u00ba 2018-00130), por confirmar el prove\u00eddo del a quo que resolvi\u00f3 las objeciones presentadas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 11 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad resolvi\u00f3 las objeciones formuladas a los inventarios y aval\u00faos en el curso de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de la referencia, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, la autoridad anot\u00f3 inicialmente que \u00aben audiencia de inventarios y aval\u00faos celebrada el treinta y uno (31) de marzo de 2022, las partes de mutuo acuerdo aceptaron las tres partidas constitutivas del activo, por los valores de $198.975.915, $7.127.085 y $10.400.000, respectivamente. Asimismo, tanto la parte demandante como demandada aceptaron como pasivo el contenido en la partida primera del inventario efectuado por el demandado. No obstante, respecto a las dem\u00e1s partidas del pasivo, la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez Herrera present\u00f3 objeciones, por considerar que esas erogaciones ya se encontraban incluidas dentro del aval\u00fao efectuado a los tres bienes relacionados en el activo, y las sumas cobradas como compensaci\u00f3n por el demandado se tratan en realidad de pasivos de la sociedad, por lo que resulta improcedente tenerlas como compensaciones\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el tribunal ad quem precis\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de la juez de primera instancia de excluir del pasivo de la sociedad patrimonial las partidas segunda a d\u00e9cimo segunda por \u00e9l reportadas en los inventarios y aval\u00faos, argumentando que todos los valores all\u00ed consignados fueron pagados de su parte con su patrimonio propio en beneficio de los bienes sociales, por lo que, en aras de evitar el enriquecimiento sin justa causa de la sociedad patrimonial y la demandante, as\u00ed como el detrimento de su propio patrimonio, dichas sumas de dinero deben ser compensadas a su favor\u00bb. <\/p>\n
Frente a esos cuestionamientos, record\u00f3 que el estrado de familia \u00abresolvi\u00f3 excluirlas de los inventarios y aval\u00faos por considerar, grosso modo, que el demandado no acredit\u00f3 que los valores que reporta haber cancelado en vigencia de la sociedad patrimonial por las deudas contra\u00eddas para adquirir los bienes gananciales, fueron erogados con dineros propios, por lo que se debe entender que dichos pagos se efectuaron con dineros de la sociedad. Por otro lado, tambi\u00e9n precisa, el demandado pretende el cobro de valores que fueron pagados en fecha posterior a la fecha en que se disolvi\u00f3 la sociedad patrimonial, por lo que no resulta procedente incluirlos como pasivo de la misma\u00bb. <\/p>\n
Por ello, tras apuntar que \u00ablas recompensas son concebidas como cr\u00e9ditos que la sociedad patrimonial o los compa\u00f1eros permanentes pueden reclamarse entre s\u00ed al momento de su liquidaci\u00f3n, ya sea por el aporte de bienes propios, el pago del pasivo propio por la sociedad patrimonial o el otro compa\u00f1ero, o el pago de las deudas sociales por uno de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb y que \u00abde conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1796 del C\u00f3digo Civil en sus numerales 1\u00ba y 2\u00ba, hacen parte del pasivo del haber social las pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los compa\u00f1eros y que se devenguen durante la sociedad, as\u00ed como tambi\u00e9n las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por alguno de los compa\u00f1eros y que no sean personales\u00bb, recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDescendiendo al caso sub examine, el se\u00f1or Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez pretende la inclusi\u00f3n en el pasivo de la sociedad patrimonial de once partidas correspondientes a erogaciones que afirma haber efectuado de su propio peculio en beneficio del haber social, por tratarse de dineros destinados al pago de cr\u00e9ditos, emolumentos y mejoras realizadas en favor de los bienes inmuebles y muebles que conforman el activo social, entre los a\u00f1os de 2009 a 2022. <\/p>\n
Siguiendo las precisiones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias desarrolladas en precedencia, advierte esta Sala unitaria el fracaso de la alzada propuesta por parte del se\u00f1or Garc\u00eda Guti\u00e9rrez en contra de la decisi\u00f3n de la juez a quo de excluir las multicitadas partidas del pasivo de la sociedad patrimonial a liquidar. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese en primera medida que, tal como se mencion\u00f3 previamente, el demandado pretende el cobro de valores que, a su consideraci\u00f3n, cancel\u00f3 de su propio peculio durante la vigencia de la sociedad patrimonial con Jenny Catalina Guti\u00e9rrez, esto es, desde el tres (03) de marzo de 2008 al veinte (20) de agosto de 2016. No obstante, se advierte que en las partidas que alega conforman el pasivo de la sociedad, se incluyen algunos valores por concepto de impuestos, cuotas de cr\u00e9dito y de administraci\u00f3n de los bienes sociales cancelados de manera posterior a la fecha en que fue disuelta la sociedad, y hasta el a\u00f1o 2022. <\/p>\n
Al respecto, teniendo en cuenta ese l\u00edmite temporal establecido por el t\u00e9rmino de vigencia de la sociedad patrimonial, arriba esta Sala sin ambages a la imposibilidad de acceder a la inclusi\u00f3n de los referidos conceptos cancelados desde el 2016 hasta el 2022 como compensaciones en favor de la parte demandada, esto toda vez que, teniendo en cuenta la naturaleza de la figura jur\u00eddica alegada por el interesado, los rubros por \u00e9l pretendidos no se acompasan al concepto legal y doctrinal de recompensa de la sociedad patrimonial al compa\u00f1ero permanente, pues dicha figura, en rigor, es procedente para el cobro de pagos ocurridos \u00fanicamente en vigencia de la sociedad patrimonial, y con corte a su disoluci\u00f3n, logr\u00e1ndose con ello mantener el equilibrio patrimonial tanto de la sociedad como de los compa\u00f1eros durante la existencia de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Aunado a ello, considera esta Sala unitaria que no se encuentra demostrado el presunto enriquecimiento de la sociedad patrimonial y la parte demandante en desmedro del patrimonio del demandado, toda vez que, de lo analizado en el expediente, se tiene que el se\u00f1or Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, desde el momento en que se disolvi\u00f3 la sociedad patrimonial, ha ostentado la posesi\u00f3n de los bienes sociales, obteniendo de esa manera provecho de los mismos\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1e a los valores cancelados en vigencia de la sociedad patrimonial, el colegiado anot\u00f3 que \u00abal tratarse de deudas contra\u00eddas y emolumentos causados durante la vigencia de la sociedad patrimonial y cuyo objeto fue precisamente la adquisici\u00f3n y mantenimiento de los bienes sociales, de conformidad con el art\u00edculo 1796 del C\u00f3digo Civil, se comprende que las mismas fueron canceladas con dineros provenientes de la sociedad patrimonial, habi\u00e9ndose incumplido por el demandado la carga en su cabeza de demostrar que dichos pagos se realizaron con bienes propios\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, insisti\u00f3 en que \u00absi bien la parte demandada aport\u00f3 con los inventarios y aval\u00faos los recibos de pago de los valores cuya compensaci\u00f3n pretende, lo cierto es que los mentados comprobantes solamente informan del pago de las obligaciones all\u00ed contenidas, mas no se adujo elemento probatorio alguno que demostrara fehacientemente que los valores all\u00ed reportados fueron asumidos por el demandado con recursos individuales, o que tuvieron su g\u00e9nesis en una donaci\u00f3n, legado o herencia que, como se sabe, son conceptos que, a diferencia de los salarios, emolumentos o frutos reportados individualmente por los compa\u00f1eros permanentes, no conforman el haber de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, a modo de compendio, reiter\u00f3 que \u00ablas deudas de la sociedad patrimonial, como, por ejemplo, deuda de un cr\u00e9dito hipotecario cancelado por cuotas, fue solucionada con recursos econ\u00f3micos de la misma sociedad patrimonial. No hay prueba que acredite que tales deudas de aquella sociedad hayan sido solventadas con recursos propios del patrimonio personal del demandado\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abno encuentra demostrado el alegado desequilibrio patrimonial del demandado y el consecuente enriquecimiento injustificado de la sociedad patrimonial, en tanto la parte recurrente no asumi\u00f3 la carga probatoria que correspond\u00eda para lograr la inclusi\u00f3n de las compensaciones pretendidas en el pasivo de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional: perspectiva de g\u00e9nero en las decisiones judiciales. <\/p>\n
4.1. Prohijada la razonabilidad de la providencia auscultada, la Sala no puede pasar por alto que varios de los argumentos en los cuales el se\u00f1or Garc\u00eda Guti\u00e9rrez finc\u00f3 el petitum de este amparo se ci\u00f1eron al presunto desequilibrio econ\u00f3mico que acarrear\u00eda la prosperidad de las objeciones formuladas a los inventarios y aval\u00faos por la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez Herrera, su excompa\u00f1era permanente, en tanto que, en su decir, \u00ab[\u00e9l] asumi\u00f3 de su propio peculio todas esas cargas de las cuales ahora la sociedad se aprovecha y se enriquece a costa y en detrimento del patrimonio propio de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente arguy\u00f3 que, \u00abclaramente y seg\u00fan lo analizado, la parte demandante, quien no realiz\u00f3 ning\u00fan aporte a la sociedad, pues no hay prueba de ello, va a ver acrecentado su patrimonio a costa de los aportes de mi poderdante al pasivo social y ello tampoco fue valorado por los jueces de instancia como empobrecimiento correlativo del compa\u00f1ero aportante al enriquecimiento de la sociedad, lo que tambi\u00e9n constituye una falla en el an\u00e1lisis probatorio\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las precitadas manifestaciones, la Sala considera necesario enfatizar, en primer lugar, que contrario al dicho del actor, no se constat\u00f3 el alegado \u00abempobrecimiento correlativo\u00bb del que se duele en esta senda, pues, de las valoraciones efectuadas por las autoridades de instancia, deviene di\u00e1fano que se apreci\u00f3, con ponderaci\u00f3n, la participaci\u00f3n de cada uno de los compa\u00f1eros permanentes en la construcci\u00f3n del patrimonio com\u00fan. <\/p>\n
En ese orden, no son de recibo esas aseveraciones, toda vez que, en el momento procesal oportuno, se debati\u00f3 lo concerniente a esa tem\u00e1tica \u2013con observancia en las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n que les asisten a las partes\u2013; pero, adem\u00e1s, porque en ellas queda develada la improcedente consideraci\u00f3n de que las \u00fanicas contribuciones importantes o las m\u00e1s valiosas son las que aquel hizo en dinero a la sociedad, desechando cualquier apreciaci\u00f3n frente a otras aportaciones que tambi\u00e9n son determinantes en la construcci\u00f3n de una comunidad de bienes, como son, v. gr., las labores de cuidado, de mantenimiento de las condiciones del hogar, y, por consiguiente, desconociendo el derecho de su excompa\u00f1era a una distribuci\u00f3n justa. <\/p>\n
Por ello, la Corte desarrollar\u00e1 algunos puntos sobre este aspecto, dada la evidente necesidad de alertar sobre la discriminaci\u00f3n en las relaciones de pareja y en la distribuci\u00f3n de sus roles y su reconocimiento; as\u00ed como por su utilidad pr\u00e1ctica para la definici\u00f3n de asuntos similares \u2013incluso, de las restantes actuaciones del proceso de liquidaci\u00f3n de la referencia\u2013 con perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
4.2. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural \u2013CSJ SC5039-2021, 10 dic.; SC963-2022, 1 jul.; et. al.\u2013 ha relievado que el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el principio y derecho a la igualdad, categor\u00eda orientadora para todas las autoridades y particulares. Este precepto integra dos dimensiones, una formal y otra material4, e impone el deber de implementar \u00abmedidas afirmativas\u00bb, enderezadas a que dicha igualdad sea \u00abreal y efectiva\u00bb. All\u00ed reside el puntal normativo de los mandatos de protecci\u00f3n especial en favor de personas o grupos hist\u00f3ricamente discriminados o marginados. <\/p>\n
Con base en esa pauta constitucional, y con apoyo en varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos ratificados por Colombia, especialmente la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer5 (CEDAW, por sus siglas en ingl\u00e9s) y su Protocolo Facultativo de 19996; la Convenci\u00f3n Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7 (o Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1), y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos8 (CADH), la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado un m\u00e9todo de an\u00e1lisis denominado \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb, de invaluable utilidad en la resoluci\u00f3n de conflictos sometidos al escrutinio jurisdiccional, como el que se present\u00f3 en el sub-lite. <\/p>\n
Esta categor\u00eda hermen\u00e9utica impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodol\u00f3gicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos9. <\/p>\n
4.3. Ahora bien, aplicadas esas pautas a los especiales contextos de las relaciones familiares y de pareja \u2013que se someten a examen judicial para efectos de, por ejemplo, declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, como en este caso\u2013, es importante que la labor judicial enfoque una de las principales manifestaciones del desequilibrio en esos escenarios, cual ha sido, de forma constante, la valoraci\u00f3n y el reconocimiento econ\u00f3mico de los aportes materiales e inmateriales efectuados por cada uno de los miembros de la pareja, con la necesaria verificaci\u00f3n del papel que juegan los roles y estereotipos de g\u00e9nero a la hora de asignar mayor o menor m\u00e9rito en la construcci\u00f3n de un patrimonio com\u00fan. <\/p>\n
Por v\u00eda general, puede afirmarse que, en la actualidad, todas las personas tienen la posibilidad de desempe\u00f1ar el papel que deseen en la sociedad, seg\u00fan sus intereses, talentos, capacidades, etc. No obstante, a lo largo de la historia ciertos roles fueron distribuidos en funci\u00f3n del sexo de cada individuo, realidad que \u2013entre otros escenarios\u2013 se vio reflejada de forma evidente al interior de las parejas estables tradicionales: al hombre le corresponder\u00eda proveer los recursos para la manutenci\u00f3n del hogar, mientras que la mujer habr\u00eda de encargarse de los innumerables quehaceres que impone la cotidianidad. <\/p>\n
En este listado caben tareas como cocinar, limpiar, cuidar de los ni\u00f1os, de personas enfermas y ancianos, hacer las compras, y en general, adelantar las gestiones indispensables para coordinar los procesos y decisiones del hogar, garantizando el normal desenvolvimiento de las vidas de todos a aquellos que se sirven de ese trabajo invisible, el cual demanda un compromiso diario y a tiempo completo de quienes lo realizan, y que justamente por no ser remunerado y hacerse \u201cde puertas para adentro\u201d, no suele apreciarse en su justa dimensi\u00f3n10. <\/p>\n
Ese tipo de contribuciones son, sin duda, significativas y apreciables econ\u00f3mica, cultural y socialmente, dadas sus implicaciones para el bienestar familiar y colectivo; no obstante, aun hoy no reciben el reconocimiento que merecen. De ah\u00ed que las Naciones Unidas haya incluido como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible11 el \u00abreconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo dom\u00e9stico no remunerado mediante la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, la provisi\u00f3n de infraestructuras y la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas de protecci\u00f3n social, as\u00ed como mediante la promoci\u00f3n de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia\u00bb. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, en nuestro medio, la Ley 1413 de 2010 regul\u00f3 la inclusi\u00f3n de la econom\u00eda del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir el aporte de la mujer12 al desarrollo econ\u00f3mico y social del pa\u00eds y como herramienta fundamental para la definici\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas. Adicionalmente, instituy\u00f3 la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para medir este trabajo e incluirlo en el Sistema de Cuentas Nacionales a trav\u00e9s de la Cuenta Sat\u00e9lite de Econom\u00eda del Cuidado. <\/p>\n
El hecho de que se reconozca formalmente la necesidad de cuantificar la participaci\u00f3n del trabajo invisible en la creaci\u00f3n de bienestar com\u00fan es suficiente para derrumbar un paradigma hist\u00f3rico, que marca diferencias entre las contribuciones \u201cen dinero\u201d y \u201cen especie\u201d al interior de una pareja estable, t\u00e9rminos estos que, adem\u00e1s de ser muy ilustrativos, fueron los empleados por la Corte Constitucional en uno de sus primeros pronunciamientos, precisamente relacionado con esta problem\u00e1tica: <\/p>\n
\u00ab(…) el sentenciador parece creer que los \u00fanicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo dom\u00e9stico de la concubina tuvo o no significaci\u00f3n econ\u00f3mica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. El desconocimiento del trabajo dom\u00e9stico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la uni\u00f3n de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminaci\u00f3n en contra de la mujer\u00bb (T-494\/92). <\/p>\n
La Corte Suprema tambi\u00e9n enalteci\u00f3 el trabajo invisible al interior del hogar com\u00fan, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEsta Corte acent\u00faa la relevancia singular de la relaci\u00f3n personal o sentimental como factor de formaci\u00f3n, cohesi\u00f3n y consolidaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, as\u00ed como la particular connotaci\u00f3n de las labores del hogar, dom\u00e9sticas y afectivas, en las cuales, confluyen usualmente relaciones de cooperaci\u00f3n o colaboraci\u00f3n conjunta de la pareja para la obtenci\u00f3n de un patrimonio com\u00fan. Para ser m\u00e1s exactos, a juicio de la Corte, el trabajo dom\u00e9stico y afectivo de uno de los compa\u00f1eros libres, su dedicaci\u00f3n a las labores del hogar, cooperaci\u00f3n y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se un valioso e importante aporte susceptible de valoraci\u00f3n, la demostraci\u00f3n inequ\u00edvoca del animus societatis y de la comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario\u00bb (CSJ SC, 24 feb. 2011, rad. 2002-00084-01). <\/p>\n
4.4. A pesar de los esfuerzos institucionales orientados a reformular \u2013o, mejor, erradicar\u2013 dichos roles e implantar un modelo de igualdad y corresponsabilidad, aquellos a\u00fan subsisten, con variadas repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas las que se derivan de la exaltaci\u00f3n de los aportes en dinero para la manutenci\u00f3n del hogar \u2013labor que, desde una perspectiva estereotipada, es asignada al hombre13, quien, por ejemplo, en este caso se reconoci\u00f3 como \u00abel compa\u00f1ero aportante\u00bb\u2013, y el consecuente dem\u00e9rito de las contribuciones de la mujer, en el errado entendido de que estas carecen de significaci\u00f3n, o tienen menor relevancia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Esa visi\u00f3n sesgada puede llevar a pensar, tambi\u00e9n equivocadamente, que el referido proveedor econ\u00f3mico es merecedor de privilegios con relaci\u00f3n al patrimonio familiar, tales como administrarlo con amplias libertades y sin consideraci\u00f3n de la opini\u00f3n o las necesidades ajenas, u obtener, incluso a trav\u00e9s de actos mendaces o torticeros, una porci\u00f3n superior a la que le corresponder\u00eda como gananciales al momento de disolver y liquidar su sociedad conyugal o patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (v. gr., como en el evento analizado en el precitado fallo SC963-2022, 1 jul.), lo que indubitablemente deriva en escenarios de violencia econ\u00f3mica, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00abPor otra parte, la violencia contra la mujer tambi\u00e9n es econ\u00f3mica. Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos. <\/p>\n
Es importante resaltar que los efectos de esta clase violencia se manifiestan cuando existen rupturas de relaci\u00f3n, pues es ah\u00ed cuando la mujer exige sus derechos econ\u00f3micos, pero, como sucedi\u00f3 a lo largo de la relaci\u00f3n, es el hombre quien se beneficia en mayor medida con estas particiones. De alguna forma, la mujer \u201ccompra su libertad\u201d, evitando pleitos dispendiosos que en muchos eventos son in\u00fatiles\u00bb (T-012\/16). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la Sala advierte que en los conflictos que gravitan alrededor de los efectos econ\u00f3micos del matrimonio o de la uni\u00f3n marital de hecho, como en el sub-ex\u00e1mine, pueden subyacer estereotipos de g\u00e9nero encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que establecen las leyes sustanciales, prolongando as\u00ed un inicuo y antijur\u00eddico desprecio por la participaci\u00f3n de uno de los miembros de la pareja en la construcci\u00f3n del acervo com\u00fan \u2013en este caso, de la mujer\u2013, raz\u00f3n por la cual, en la sentencia SC963-2022, 1 jul., se reiter\u00f3 que \u00abello supone la necesidad de que, en juicios de contornos f\u00e1cticos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los jueces se aproximen al conflicto con perspectiva de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
4.5. En ese contexto, es importante insistir en que, en la labor judicial, se debe adelantar la verificaci\u00f3n de los precisos contornos de cada asunto, para darle contexto a los hechos que a trav\u00e9s de los diversos cauces procesales se ventilen \u2013y que a simple vista puedan ser imperceptibles\u2013; pero, adem\u00e1s, para que se diriman con ponderaci\u00f3n y con estricto apego a los derechos de las partes las problem\u00e1ticas que ata\u00f1en a aspectos esenciales para la vida de las personas como la definici\u00f3n de sus v\u00ednculos y el reconocimiento de sus aportes en el marco de la construcci\u00f3n de un proyecto com\u00fan. <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural precisa que, ante la entidad de las afirmaciones efectuadas en el libelo inicial \u2013e incluso en la causa auscultada\u2013, es necesario hacer un llamado de atenci\u00f3n al accionante, Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez, para que, en lo sucesivo, en el curso del liquidatorio rese\u00f1ado, se abstenga de emitir expresiones discriminatorias contra cualquier interviniente en ese asunto, en especial, frente a la demandante Jenny Catalina Guti\u00e9rrez Herrera, con las que se desconozcan sus derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre, et. al.; el valor de sus aportes \u2013en dinero o en especie\u2013 a la sociedad; la importancia del rol desempe\u00f1ado durante la vida com\u00fan; y, en general, cualquier manifestaci\u00f3n que pretenda reducir su val\u00eda como mujer y excompa\u00f1era permanente; en atenci\u00f3n al deber de las autoridades de garantizar que, en el desarrollo del proceso, se respeten las prerrogativas que les asisten a quienes all\u00ed est\u00e1n involucrados. <\/p>\n
En procura de materializar la directriz que antecede14, se conmina a los falladores de instancia a adoptar las medidas de ordenaci\u00f3n y correcci\u00f3n que estimen pertinentes, ante su eventual desatenci\u00f3n, en uso de sus facultades (arts. 43 y 44, C\u00f3digo General del Proceso); y en caso de infracci\u00f3n de los deberes disciplinarios, remitir copias de la actuaci\u00f3n a las entidades competentes. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Conforme a lo expuesto, la decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
5.2. Dadas las particularidades del caso, se hace un especial llamado a (i) las autoridades judiciales, para que, en casos similares, ponderen adecuadamente los intereses de las partes y, de ser necesario, efect\u00faen los ajustes metodol\u00f3gicos pertinentes para garantizar su participaci\u00f3n en condiciones de igualdad; y (ii) a los intervinientes en el sub-lite, para que se abstengan de incurrir nuevamente en conductas o emitir expresiones que pueden ser calificadas como discriminatorias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02471-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, me permito expresar los motivos de mi disenso parcial con la determinaci\u00f3n adoptada, en la que se neg\u00f3 el amparo reclamado, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
El accionante solicit\u00f3 a) revocar las providencias de 11 de agosto de 2022, emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 que decidi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados, y 14 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, que confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, y b) ordenar al Juzgado accionado que deje sin efectos el auto pro medio del que excluy\u00f3 los pasivos de la sociedad patrimonial objeto de estudio, para que, en su lugar, profiera una nueva decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el fallo del cual me apart\u00f3, la Sala mayoritaria resolvi\u00f3 negar el amparo solicitado, con fundamento en que, \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se sustent\u00f3 en que, \u00abcontrario al dicho del actor, no se constat\u00f3 el alegado \u201cempobrecimiento correlativo\u201d del que se duele en esta senda, pues, de las valoraciones efectuadas por las autoridades de instancia, deviene di\u00e1fano que se apreci\u00f3, con ponderaci\u00f3n, la participaci\u00f3n de cada uno de los compa\u00f1eros permanentes en la construcci\u00f3n del patrimonio com\u00fan\u00bb. Adem\u00e1s, se record\u00f3 al accionante que, contrario a sus aseveraciones, \u00abqueda develada la improcedente consideraci\u00f3n de que las \u00fanicas contribuciones importantes o las m\u00e1s valiosas son las que aquel hizo en dinero a la sociedad, desechando cualquier apreciaci\u00f3n frente a otras aportaciones que tambi\u00e9n son determinantes en la construcci\u00f3n de una comunidad de bienes, como son, v. gr., las labores de cuidado, de mantenimiento de las condiciones del hogar, y, por consiguiente, desconociendo el derecho de su excompa\u00f1era a una distribuci\u00f3n justa\u00bb. <\/p>\n
Considero que el amparo debi\u00f3 concederse de manera parcial, por lo siguiente, <\/p>\n
1.- En el auto de 14 de febrero de 2023, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 11 de agosto de 2022, por medio de la cual el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, declar\u00f3 prospera la objeci\u00f3n y se excluyeron unas partidas dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial invocado por Jenny Catalina Guti\u00e9rrez Herrera contra Omar Garc\u00eda, quien reclam\u00f3 las recompensas. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que se fund\u00f3 en que: i) algunos rubros se pagaron con posterioridad a la fecha de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial (vigencia 3 de marzo de 2008 – 20 de agosto de 2016); ii) los dem\u00e1s emolumentos se causaron en vigencia de la sociedad, pero con el fin de adquirir y mantener los bienes sociales, por lo que, de acuerdo con el art\u00edculo 1796 del C\u00f3digo Civil, \u00abse comprende que las mismas fueron canceladas con dineros provenientes de la sociedad patrimonial, habi\u00e9ndose incumplido por el demandado la carga en su cabeza de demostrar que dichos pagos se realizaron con bienes propios\u00bb; y iii) el demandado es quien ostenta la posesi\u00f3n de los inmuebles desde la disoluci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
2. Ninguna discusi\u00f3n subsiste frente a las recompensas que reclama el demandado, en relaci\u00f3n con los pagos efectuados para la conservaci\u00f3n, mantenimiento o contribuciones fiscales de los bienes en vigencia de la sociedad, pues es sabido es que, cuando de pasivos se trata, el Juez deber\u00e1 atender inicialmente a su car\u00e1cter social cuando fueren adquiridos en vigencia de aquella, pues se presume la sociabilidad de la obligaci\u00f3n adeudada y para su exclusi\u00f3n habr\u00e1 de acreditarse que el pasivo redund\u00f3 en beneficio exclusivo de uno de los miembros. <\/p>\n
3. Sin embargo, frente a los pagos realizados con posterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial se presenta otra situaci\u00f3n, <\/p>\n
3.1. A voces, del art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil, \u00abpor el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges\u00bb; sociedad que estar\u00e1 vigente hasta su disoluci\u00f3n, ante la concurrencia de alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 1820 ibidem, momento en el que \u00abproceder\u00e1 su liquidaci\u00f3n\u00bb de manera inmediata como lo ordena el art\u00edculo 1821 ib. De modo que, por regla general, la liquidaci\u00f3n de la sociedad, conyugal o patrimonial, comprende las cuentas que van desde la fecha de celebraci\u00f3n del v\u00ednculo hasta su disoluci\u00f3n. <\/p>\n
La disoluci\u00f3n trae como consecuencia directa la extinci\u00f3n de la sociedad patrimonial o conyugal, form\u00e1ndose as\u00ed una comunidad entre los excompa\u00f1eros o exc\u00f3nyuges, momento desde el queda fijada la masa partible (activos y pasivos), lo que significa que los bienes que aquellos adquieran despu\u00e9s de la disoluci\u00f3n a cualquier t\u00edtulo son de su exclusiva propiedad y, por consiguiente, no ingresan al haber social. <\/p>\n
Lo mismo sucede con las deudas adquiridas con posterioridad a la disoluci\u00f3n de la sociedad, pues s\u00f3lo gravan al excompa\u00f1ero o exc\u00f3nyuge deudor y podr\u00e1n hacerse efectivas \u00fanicamente con sus bienes propios o sobre su cuota en comunidad. <\/p>\n
De la misma manera, las deudas que emanan de los bienes sociales y que surgen entre la disoluci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, deben ser cubiertas por la sociedad, generando recompensa a favor de los excompa\u00f1eros o exc\u00f3nyuges que realice el pago respectivo. As\u00ed, las acreencias que de aquellos se generen en el lapso mencionado, deber\u00e1n ser distribuidas entre estos por partes. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil dispone que, \u00ab[t]oda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, cr\u00e9ditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los c\u00f3nyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumir\u00e1n pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En seguida, el canon 1796 de la codificaci\u00f3n citada, refiere que \u00ab[l]a sociedad es obligada al pago (\u2026) 2o) [d]e las deudas y obligaciones contra\u00edda durante su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren personales de aquel o \u00e9sta, como lo ser\u00edan las que se contrajeren por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. La sociedad, por consiguiente, es obligada con la misma limitaci\u00f3n, al gasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por cualquiera de los c\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 1781 ib\u00eddem, ense\u00f1a que el haber social est\u00e1 compuesto por, \u00ab(\u2026) los salarios y emolumentos de todo g\u00e9nero de empleos y oficios devengados (\u2026) los frutos, r\u00e9ditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los c\u00f3nyuges (\u2026) las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los c\u00f3nyuges aportare al matrimonio, o durante \u00e9l adquiere (\u2026) los bienes que cualquiera de los c\u00f3nyuges adquiera\u00bb, siempre y cuando sean adquiridos, es decir, antes de que se disuelva la sociedad. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 1828 del C\u00f3digo Civil, precept\u00faa que \u00ab[l]os frutos pendientes al tiempo de la restituci\u00f3n, y todos los percibidos desde la disoluci\u00f3n de la sociedad, pertenecer\u00e1n al due\u00f1o de las respectivas especies. Acrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales se perciban desde la disoluci\u00f3n de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el canon 1835 ib., aclara que \u00ab[a]quel de los c\u00f3nyuges que, por el efecto de una hipoteca o prenda constituida sobre una especie que le ha cabido en la divisi\u00f3n de la masa social, paga una deuda de la sociedad, tendr\u00e1 acci\u00f3n contra el otro c\u00f3nyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare; y pagando una deuda del otro c\u00f3nyuge, tendr\u00e1 acci\u00f3n contra \u00e9l para el reintegro de todo lo que pagare\u00bb (se destaca). <\/p>\n
3.2. En lo que concierne al pago de obligaciones ocasionas por bienes sociales, entre el inici\u00f3 del tr\u00e1mite liquidatorio y la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, en la sentencia STC1768-2023 de 15 de febrero, se explic\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
\u00abComo quiera que al momento de liquidar la sociedad corresponde presentar el inventario de los bienes y deudas que existan al momento de la disoluci\u00f3n conforme los art\u00edculos 1795 y 1796 del C\u00f3digo Civil que en su numeral 2\u00ba (modificado por el art\u00edculo 62 del Decreto 2820 de 1974), dispone que la sociedad es obligada al pago de las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer y que no fueren personales como lo ser\u00eda la que se genere por el establecimiento de un hijo de otro tipo de relaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, el saldo insoluto de las obligaciones adquiridas en vigencia de la sociedad y el que se genere entre el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, ser\u00e1 de cargo de la sociedad, esto es de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes por partes iguales, como ocurre con la distribuci\u00f3n del activo social. <\/p>\n
El numeral 5, art\u00edculo 25 de la Ley 1\u00aa de 1976 que reform\u00f3 el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, corrobora lo anterior toda vez que, si la sociedad conyugal se disuelve por el mutuo acuerdo, la pareja mediante escritura p\u00fablica \u00abincorporar\u00e1 el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n\u00bb, y responder\u00e1n \u201csolidariamente frente a los acreedores con t\u00edtulo anterior a la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d, previsi\u00f3n aplicable a la liquidaci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del proceso de divorcio, separaci\u00f3n de cuerpos, de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (art\u00edculo 7 Ley 54 de 1990)\u00bb (se destaca). <\/p>\n
En el caso que all\u00ed se analiz\u00f3, se estableci\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn el presente asunto, los $66.984.694 que corresponden al pago de las cuotas del cr\u00e9dito hipotecario 05589600220927 sobre el bien inmueble 001-144530 luego de disuelta la sociedad patrimonial, se evidenci\u00f3 que Carlos Eugenio Restrepo sufragaba parte de la cuota con los arriendos producidos por dicho bien, y el valor restante con dinero de su patrimonio personal. <\/p>\n
Entonces, incurri\u00f3 el Tribunal Superior en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico al analizar desacertadamente el origen de la obligaci\u00f3n cotej\u00e1ndola con la \u00e9poca en que se acredit\u00f3 fueron realizados los pagos por el accionante, de ah\u00ed que se materialice la vulneraci\u00f3n al debido proceso, por lo que corresponder\u00e1 a la autoridad judicial accionada analizar nuevamente este aspecto\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
3.3. Refuerza lo anterior que la recompensa -figura que busca el equilibrio econ\u00f3mico-, surge por la necesidad de proteger los intereses y derechos econ\u00f3micos de los exc\u00f3nyuges o excompa\u00f1eros, para guardar el equilibrio entre los beneficios y obligaciones surgidos en por cuenta de la sociedad, dentro de unas relaciones de igualdad y solidaridad legalmente concebidas, siendo contrario a la equidad que uno de los socios acceda a los activos y reclame su cuota, y a la vez, se desentienda de los pasivos que se generan. <\/p>\n
Esa figura implica que, tanto en vigencia de la sociedad patrimonial como despu\u00e9s de disuelta, debe priorizarse el equilibrio econ\u00f3mico, lo que exige un deber de retorno del beneficio obtenido con el pago de obligaciones sociales por uno de los socios. A ese concepto responde perfectamente el pago efectuado por unos de los excompa\u00f1eros despu\u00e9s de disuelta la sociedad patrimonial, cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de liquidarse, toda vez que, a) el beneficio es para uno de los patrimonios (social o personal de los c\u00f3nyuges); b) se genera un perjuicio o detrimento para otro (social o personal de los c\u00f3nyuges); y c) surge la necesidad de considerar una cuota de retorno por el beneficio obtenido. <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, en el asunto bajo examen debi\u00f3 estudiarse lo relacionado con los efectos que surgen de la disuelta la sociedad patrimonial respecto del mantenimiento y conservaci\u00f3n de los bienes sociales, que, como se dijo, deben ser cubiertos por la sociedad y reconocidos al momento de liquidarse. Erogaciones que, pagadas totalmente por uno de los excompa\u00f1eros, dan lugar a que le sea reconocida por la sociedad. <\/p>\n
Claro, esta circunstancia debi\u00f3 estudiarse simult\u00e1neamente y acompasarse con la \u201cperspectiva de g\u00e9nero\u201d aplicada en el fallo, pues si la excompa\u00f1era del accionante, despu\u00e9s de disuelta la sociedad, ha continuado ejecutando labores de cuidado, de mantenimiento de las condiciones del hogar o realizando otras aportaciones que tambi\u00e9n son determinantes en la construcci\u00f3n, mantenimiento y preservaci\u00f3n de una comunidad de bienes, tales aspectos no pueden dejarse a un lado. <\/p>\n
Por tanto, cuando el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que no acced\u00eda a las recompensas reclamadas por el demandado, entre otras razones, por cuanto los rubros se pagaron con posterioridad a la fecha de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial y en atenci\u00f3n a que el accionante ostenta la posesi\u00f3n de los inmuebles desde la disoluci\u00f3n de la sociedad, desconoci\u00f3 los preceptos legales y el precedente citados, donde qued\u00f3 claro que los pagos realizados por uno de los excompa\u00f1eros o exc\u00f3nyuges para la preservaci\u00f3n o conservaci\u00f3n de bienes sociales, generan recompensa a cargo de la sociedad y a favor de aqu\u00e9l, como quiera que la presunci\u00f3n de pasivos sociales opera s\u00f3lo en vigencia de la sociedad, es decir, hasta antes de la disoluci\u00f3n, por lo que ha de entenderse que los pagos posteriores a esta se efectuaron con dinero propio. <\/p>\n
5. En esa medida, debi\u00f3 concederse el amparo parcialmente, para que fuera el Tribunal accionado, como juez natural, aut\u00f3nomo e independiente, quien analizara nuevamente todos los aspectos que la Sala en sede de tutela abord\u00f3, tendientes a verificar, entre otros, si es procedente, o no, incluir en los inventarios y aval\u00faos, i) las recompensas reclamadas por el excompa\u00f1ero con ocasi\u00f3n de los pagos realizados despu\u00e9s de disuelta la sociedad para la conservaci\u00f3n y mantenimiento de los bienes sociales, ii) valorar la detentaci\u00f3n material de los bienes que desde aquella \u00e9poca ostenta el accionante, iii) los presuntos \u201cactos mendaces o torticeros\u201d en que hubiese podido incurrir el excompa\u00f1ero y iv) las circunstancias que generaron la aplicaci\u00f3n del \u201cenfoque de g\u00e9nero\u201d respecto de la demandante en el proceso objeto de este asunto. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En sentencia de 16 de enero de 2018, el Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, desde el 3 de marzo de 2008 hasta agosto de 2016. <\/p>\n
2\u0002 Por los valores de $198.975.915 (apartamento), $7.127.085 (parqueadero) y $10.400.000 (veh\u00edculo). <\/p>\n
3\u0002 Relacionadas con las \u00abcompensaciones\u00bb pedidas por el aqu\u00ed reclamante, respecto de pagos que involucraron el impuesto predial de los inmuebles, derechos de notar\u00eda y registro, tr\u00e1mite de matr\u00edcula del automotor de la expareja, impuesto vehicular, et. al. <\/p>\n
4\u0002 Las categor\u00edas orientadoras de esta prerrogativa deben comprenderse en concordancia con los dem\u00e1s c\u00e1nones constitucionales que establecen la dignidad humana; la igualdad; la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n (v.gr., art. 43, C. P.: \u00abla mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podr\u00e1 ser sometida a ninguna clase de discriminaci\u00f3n\u2026\u00bb); la protecci\u00f3n especial en favor de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos (art. 44, ib\u00eddem), sin que pueda perderse de vista el desarrollo jurisprudencial relacionado con los sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convenci\u00f3n establece como uno de los deberes del Estado \u00abconsagrar, si a\u00fan no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislaci\u00f3n apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de ese principio\u00bb (art. 2, lit. a). <\/p>\n
6\u0002 Aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado \u00abestablecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos\u00bb y \u00abestablecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces\u00bb (art. 7, lit. f y g). <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su art\u00edculo 24, establece la igualdad ante la ley. As\u00ed mismo, en el canon 17, lit. b, precept\u00faa que: \u00abLos Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los c\u00f3nyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Sobre el punto, tambi\u00e9n ha destacado la jurisprudencia de esta Sala que \u00ab(\u2026) la perspectiva de g\u00e9nero se constituye en una importante herramienta para la erradicaci\u00f3n de sesgos y estereotipos, permitiendo revelar, cuestionar y superar pr\u00e1cticas arraigadas en nuestro entorno social, que hist\u00f3ricamente han sido normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos inherentes e inalienables de la persona, procurando as\u00ed que la soluci\u00f3n de las disputas atienda solamente a estrictos par\u00e1metros de justicia\u00bb (CSJ SC5039-2021, 10 dic.). <\/p>\n
10\u0002 Este tema ha merecido amplio tratamiento en la la literatura a trav\u00e9s de voces como la de Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo (1949), en la que ejemplifica su relato sobre el papel hist\u00f3ricamente adscrito a la mujer (sin perjuicio de que -en algunos eventos- pueda atribuirse al hombre, lo cual ha de determinarse en cada caso), en el rol de amas de casa, en las labores de cuidado y mantenimiento del hogar, que aun hoy son altamente invisibilizadas e infravaloradas: \u00abHay pocas tareas m\u00e1s emparentadas con el suplicio de S\u00edsifo que las del ama de casa; d\u00eda tras d\u00eda, es preciso lavar los platos, quitar el polvo a los muebles y repasar la ropa; y ma\u00f1ana todo eso volver\u00e1 a estar sucio, polvoriento y roto (\u2026)\u00bb. Beauvoir, Simone. El segundo sexo (1949), traducci\u00f3n de Garc\u00eda Puente, Juan (2014), Ed. Sudamericana S.A. \u2013 Debolsillo, Buenos Aires; y Penguin Random House S.A.S., Bogot\u00e1; d\u00e9cima cuarta reimpresi\u00f3n, p. 411 y ss. <\/p>\n
11\u0002 Puntualmente el n.\u00ba 5, orientado a \u00ablograr la igualdad entre los g\u00e9neros y el empoderamiento de todas las mujeres y ni\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Lo cual es predicable de cualquiera de los sujetos que integren la relaci\u00f3n y que cumpla el rol del trabajo invisible en pro de la econom\u00eda de la vida en com\u00fan. <\/p>\n
13\u0002 Que bien puede igualmente predicarse de la mujer seg\u00fan la asignaci\u00f3n de roles de cada pareja. <\/p>\n
14\u0002 Lo anterior, como se refiri\u00f3 supra, en aras de materializar, a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de acciones concretas, el deber de la administraci\u00f3n de justicia de adoptar los ajustes tendientes a garantizar el respeto de los derechos de las partes e intervinientes en los procesos. <\/p>\n
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STC8525-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8525-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02471-00 Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Alexander Garc\u00eda Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76134\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}