STC8637-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8637-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02823-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bucaramanga, primero (1) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Claudia Patricia Ram\u00edrez, Anderson Arias Arboleda, Anabeiba Duque Morales y Jairo Ram\u00edrez Vald\u00e9s instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, Sandra Isabel y Juan Carlos Betancurt Rodr\u00edguez, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00046. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores, obrando en nombre propio, invocaron la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abjusticia\u00bb, para que se dejara \u00absin efectos el auto del 27 de enero de 2023\u00bb, por medio del cual se confirm\u00f3 la negativa a cancelar el gravamen hipotecario y la medida cautelar registrados con posterioridad a la inscripci\u00f3n del juicio declarativo promovido contra Juan Carlos y Sandra Isabel Betancurt Rodr\u00edguez (18 may. 2022), y ordenar al Colegiado acusado que, en su lugar, emita \u00abuna nueva decisi\u00f3n dando estricta aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 591 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Como sustento adujeron que demandaron el resarcimiento de los perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito donde resultaron lesionados y pidieron \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb; admitido el libelo, la cautela fue anotada el 14 de agosto de 2017 en el folio de matr\u00edcula 290-215171; el a quo accedi\u00f3 a sus pretensiones, en fallo (16 feb. 2021) parcialmente modificado por el superior (21 abr. 2022). <\/p>\n
Afirmaron que solicitaron el embargo y secuestro del aludido bien y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos se neg\u00f3 a registrar el respectivo auto (25 feb. 2021), pese a la insistencia del juez de la causa (13 may. y 27 oct. 2021); con fundamento en el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso, requirieron la cancelaci\u00f3n de los \u00abgrav\u00e1menes posteriores a la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb, empero el juzgado la neg\u00f3 (28 mar. 2022), decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume (18 may. 2022) y que el ad quem ratific\u00f3 (27 en. 2023). <\/p>\n
Acusaron la \u00faltima determinaci\u00f3n de adolecer de \u00abdefecto material o sustantivo al realizar una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 590 e inaplicar el 591 del CGP\u00bb, pues \u00abva en contrav\u00eda de la naturaleza de las medidas cautelares\u00bb, cuyo objetivo es el de \u00abanticipar el fallo o asegurar su cumplimiento\u00bb, protegiendo, inmediatamente, el derecho conculcado. <\/p>\n
Aseveraron que, si bien la medida en comento, \u00abno sustrae el inmueble del comercio\u00bb, al gozar de publicidad, \u00abtiene el objetivo de advertir a los adquirentes o interesados de un bien sobre el cual recae la medida, que \u00e9ste se halla en litigio, debiendo entonces atenerse a los resultados de la sentencia que en \u00e9l se profiera\u00bb, la cual, en esas condiciones, les ser\u00e1 oponible y tendr\u00e1 la fuerza \u00abde aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el expediente censurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Claudia Patricia Ram\u00edrez, Anderson Arias Arboleda, Anabeiba Duque Morales y Jairo Ram\u00edrez Vald\u00e9s reprochan a la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira, confirmar el prove\u00eddo de primera instancia que se abstuvo \u00abde ordenar el embargo y secuestro de bienes inmuebles con medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda y ordenar la cancelaci\u00f3n de las anotaciones posteriores a la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb (31 en. 2023), cuando la finalidad de las \u00abmedidas cautelares\u00bb y las previsiones de los art\u00edculos 590 y 591 del Estatuto Adjetivo, imponen acceder a esa rogativa. <\/p>\n
2.- Fluye de la revisi\u00f3n del paginario objetado que, el 4 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 la \u00abinscripci\u00f3n de la demanda\u00bb en los bienes sujetos a registro denunciados por los querellantes como de propiedad de los demandados, entre ellos, el identificado con el n.\u00ba 290-215171, disposici\u00f3n que se materializ\u00f3 el d\u00eda 14 de los mismos mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Seg\u00fan consta en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, el 11 de octubre siguiente, se constituy\u00f3, sobre esa heredad, hipoteca de cuant\u00eda indeterminada a favor de N\u00e9stor Vallejo Cardona, quien demand\u00f3 el cobro forzado de la obligaci\u00f3n (rad. 2018-01174), por cuenta de la cual, el fundo fue embargado (28 en. 2019). <\/p>\n
Entre tanto, se adelantaron las etapas de rigor en el proceso 2017-00046 y el 16 de febrero de 2021 se declar\u00f3 la prosperidad parcial de sus s\u00faplicas; al desatar la alzada planteada por ambos extremos, la Magistratura enjuiciada increment\u00f3 el monto de la condena pecuniaria, respaldando el veredicto primigenio en todo lo dem\u00e1s (21 abr. 2022). <\/p>\n
Con sustento en el inciso 2\u00ba del literal b del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 590 procedimental, los gestores pidieron el \u00abembargo y secuestro\u00bb del predio mencionado, a lo que el juez accedi\u00f3 (25 feb. 2021), reiterando esa determinaci\u00f3n en dos oportunidades (13 may. y 27 oct.); empero, el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos se\u00f1al\u00f3 que \u00abconforme con el principio de legalidad previsto en el literal d del art\u00edculo 3 y en el art\u00edculo 22 de la ley 1579 de 2012\u00bb inadmit\u00eda y devolv\u00eda las respectivas comunicaciones, por encontrarse \u00abinscrito otro embargo (arts. 33 y 34 de la ley 1579 de 2012 y art. 593 del CGP)\u00bb. <\/p>\n
En vista de ello, amparados en el p\u00e1rrafo 2\u00ba del canon 591 ejusdem, los precursores insistieron en su pedimento, despachado adversamente por el a quo (28 mar. 2022), porque cuando dicha norma \u00abse\u00f1ala que si la sentencia fuere favorable al demandante en ella se cancelar\u00e1n las limitaciones al dominio efectuadas despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, se refiere a fallos que impliquen la anulaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de anotaciones que conlleven al cambio en la titularidad del bien, situaci\u00f3n que no ocurre aqu\u00ed\u00bb, al paso que, dijo, al hablar de \u00abcancelaci\u00f3n de limitaciones al dominio\u00bb deben entenderse por tales, por ejemplo, \u00abla constituci\u00f3n de patrimonio de familia, usufructo, etc., no as\u00ed del registro de una medida de embargo\u00bb. <\/p>\n
Lo resuelto fue reafirmado por el juzgado (18 may. 2022) y convalidado por el Tribunal, con asidero en que lo impuesto en el decurso examinado \u00abfue que la demandante le pagara una suma de dinero\u00bb a los afectados, luego, \u00aben el proceso declarativo no cambi\u00f3, vari\u00f3 o se alter\u00f3 la titularidad de un derecho real principal o accesorio sobre el bien sobre el que recay\u00f3 la inscripci\u00f3n\u00bb, coligiendo, de ese modo, que \u00ablos embargos registrados con posterioridad a la inscripci\u00f3n de la demanda\u00bb tienen que mantenerse vigentes. <\/p>\n
Para apoyar su tesis, trajo a colaci\u00f3n el siguiente fragmento de la sentencia CSJ SC19903-2017, rad. 2011-00145, reiterada en CSJ STC9822-2020, donde se sostuvo: <\/p>\n
por su naturaleza, la inscripci\u00f3n no sustrae el terreno del comercio ni produce los efectos del secuestro, pero tiene la fuerza de aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripci\u00f3n, que conlleven transferencias de dominio, grav\u00e1menes, y limitaciones a la propiedad; claro, siempre y cuando, en el asunto donde se profiri\u00f3 la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensi\u00f3n que implique, necesariamente, cambio, variaci\u00f3n o alteraci\u00f3n en la titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el bien, pues de ocurrir lo contrario, de nada servir\u00eda (\u2026). <\/p>\n
3.- De lo transcrito puede advertirse la incursi\u00f3n del Tribunal Superior de Pereira en un yerro f\u00e1ctico, como quiera que parti\u00f3 de un supuesto distinto al que acreditaba la foliatura, en la medida que pas\u00f3 por alto que el \u00abembargo con acci\u00f3n real\u00bb, que recae sobre la propiedad en la cual se \u00abinscribi\u00f3 la demanda de responsabilidad civil extracontractual\u00bb deviene de un gravamen constituido despu\u00e9s de haberse publicado la existencia de ese pleito en el folio de matr\u00edcula, circunstancia que, como acertadamente lo alegan los quejosos, hac\u00eda oponible al \u00abacreedor hipotecario\u00bb la prosperidad de las pretensiones resarcitorias de esa Lid. <\/p>\n
En efecto, la cautela rogada por las v\u00edctimas de la colisi\u00f3n vehicular, data del 14 de agosto de 2017, mientras que la garant\u00eda real fue publicada el 11 de octubre del mismo a\u00f1o, esto es, cerca de dos meses despu\u00e9s, aspecto que el fallador plural pretiri\u00f3, cuando era de neur\u00e1lgica importancia para interpretar y aplicar las previsiones del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 591 citado, a cuyo tenor: <\/p>\n
De ah\u00ed, que para desatar el ruego tendiente a que se \u00abcancelara esa anotaci\u00f3n y el correlativo embargo\u00bb, la Corporaci\u00f3n confutada tambi\u00e9n inadvirti\u00f3 el inciso final del mismo lineamiento, que reza: <\/p>\n
Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenar\u00e1 su registro y la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, si los hubiere (\u2026) Si en la sentencia se omitiere la orden anterior, de oficio o a petici\u00f3n de parte la dar\u00e1 el juez por auto que no tendr\u00e1 recursos y se comunicar\u00e1 por oficio al registrador (Se resalta). <\/p>\n
Entender tales postulados como los falladores rebatidos, har\u00eda nugatorio el car\u00e1cter preventivo y garante de la \u00abinscripci\u00f3n de la demanda\u00bb, por cuanto bastar\u00eda constituir \u00abhipotecas\u00bb en bienes ya cautelados para eludir los mandatos de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4.- Vale la pena aclarar que el aparte jurisprudencial usado por el Tribunal para robustecer su postura (STC9822-2020, reiterando la SC19903-2017), en manera alguna aplica a esta controversia, como quiera que tales conclusiones emanaron de un \u00abproceso de pertenencia\u00bb donde se controvert\u00eda la calidad de poseedor alegada por el demandante, respecto de un terreno sobre el cual se erigi\u00f3 la \u00abcautela\u00bb que nos ocupa, situaci\u00f3n frente a la que esta Sala adver\u00f3: <\/p>\n
Si bien el pretensor adquiri\u00f3 el inmueble cuando reca\u00eda sobre \u00e9ste una \u201cinscripci\u00f3n de demanda\u201d, tal aspecto no debilit\u00f3 su convicci\u00f3n de recibirlo de \u201cmanos de su propietario\u201d. De un lado, porque en ese momento Teodoro Espinosa figuraba en el registro \u201ccomo \u00fanico due\u00f1o de la heredad\u201d; y de otro, en virtud del car\u00e1cter de \u201cjusto t\u00edtulo\u201d de la escritura p\u00fablica de venta con la cual se hizo a su se\u00f1or\u00edo, pues la cautela no ten\u00eda la aptitud jur\u00eddica de \u201cponer el bien fuera del comercio\u201d, sirvi\u00e9ndole dicho instrumento como v\u00eda para \u201creclamar la usucapi\u00f3n ordinaria\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el pleito en donde se dict\u00f3 la medida preliminar, esto es, el promovido por Alicia Lara Campos contra Mar\u00eda Dina Espinosa Cartagena y Teodoro Espinosa, vers\u00f3 sobre una acci\u00f3n personal \u201cresolutoria\u201d y no real, por cuanto aqu\u00e9lla exig\u00eda \u201cla devoluci\u00f3n de una cantidad de dinero y el pago de la cl\u00e1usula penal\u201d; a ra\u00edz del incumplimiento de los interpelados como \u201cpromitentes vendedores\u201d de la promesa de compraventa sobre el inmueble materia de prescripci\u00f3n, celebrada el 6 de septiembre de 2003. <\/p>\n
De ese modo, al no pretenderse con dicho libelo \u201cla mutaci\u00f3n del derecho de propiedad o dominio\u201d, el fallo que luego emiti\u00f3 el juez del referido contrato, por el cual orden\u00f3, entre otras determinaciones, cancelar en el folio de matr\u00edcula del bien, la anotaci\u00f3n relativa a la enajenaci\u00f3n realizada por Teodoro Espinosa al usucapiente, \u201cno produjo efectos de cosa juzgada frente a [\u00e9ste \u00faltimo]\u201d, pues el derecho de dominio sigui\u00f3 en cabeza de aqu\u00e9l. <\/p>\n
N\u00f3tese, en ese momento la Corte estableci\u00f3 que uno de los t\u00f3picos en disputa, \u00aby que anegar\u00eda la declaraci\u00f3n de dominio, se relaciona con la inscripci\u00f3n de la demanda. Dicha cautela tiene el objetivo de advertir a los adquirentes de un bien sobre el cual recae la medida, que \u00e9ste se halla en litigio, debiendo entonces atenerse a los resultados de la sentencia que en \u00e9l se profiera\u00bb. <\/p>\n
Fue en ese contexto, que se asever\u00f3 que <\/p>\n
Por su naturaleza, la inscripci\u00f3n no sustrae el terreno del comercio, ni produce los efectos del secuestro, como la de impedirle a su propietario u ocupante disponer materialmente de \u00e9l, pero tiene la fuerza de aniquilar todas las anotaciones realizadas con posterioridad a su inscripci\u00f3n, que conlleven transferencias de dominio, grav\u00e1menes, y limitaciones a la propiedad; claro, siempre y cuando, en el asunto donde se profiri\u00f3 la misma, se dicte fallo estimatorio de la pretensi\u00f3n que implique, necesariamente, cambio, variaci\u00f3n o alteraci\u00f3n en la titularidad de un derecho real principal u otro accesorio sobre el inmueble, pues de ocurrir lo contrario, de nada servir\u00eda1. <\/p>\n
Esas caracter\u00edsticas fueron las fijadas por el art\u00edculo 42 de la Ley 57 de 1887, el cual prescrib\u00eda: \u201cTodo Juez ante quien se presente una demanda civil ordinaria sobre la propiedad de un inmueble, ordenar\u00e1 que se tome raz\u00f3n de Lo anterior obliga al juzgador que decide sobre la anotada cautela, a realizar una valoraci\u00f3n, prima facie, de las respectivas s\u00faplicas2 a fin de otorgarles fumus boni iuris3, que seg\u00fan el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 690 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy previsto en los c\u00e1nones 590 (literal a) del numeral 1\u00b0) y 591) del C\u00f3digo General del Proceso conlleva constatar una hipot\u00e9tica amenaza al \u201cdominio u otra [prerrogativa] real principal o una universalidad de bienes\u201d, o en otras palabras, suponer cu\u00e1l ser\u00eda la suerte jur\u00eddica del predio en caso de prosperar el libelo genitor. <\/p>\n
Los efectos de la inscripci\u00f3n de la demanda, con relaci\u00f3n a la posesi\u00f3n tal cual acaece con el embargo, no pueden tener la virtualidad de interrumpir su ejercicio para efectos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio seg\u00fan lo ha adoctrinado esta Corte, hace m\u00e1s de un siglo, al afirmar que \u201cni aun el embargo interrumpe la prescripci\u00f3n\u201d, pasaje extra\u00eddo de la sentencia dictada el 8 de mayo de 1890, que corre publicada en el n\u00famero 216 de la Gaceta Judicial (\u2026). <\/p>\n
Entonces, refulge la ajenidad de las motivaciones expuestas en precedencia, al cariz de lo que hoy es materia de debate. <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, es palpable la transgresi\u00f3n cometida por el sentenciador criticado, siendo evidente la diligencia con que ha obrado la activa para procurar el aseguramiento de la indemnizaci\u00f3n reclamada, panorama que impone la intervenci\u00f3n de esta especial justicia para conjurar el desafuero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela instada por Claudia Patricia Ram\u00edrez, Anderson Arias Arboleda, Anabeiba Duque Morales y Jairo Ram\u00edrez Vald\u00e9s contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
En consecuencia, SE ORDENA a la Magistratura accionada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el interlocutorio de 27 de enero de 2023, para que proceda nuevamente a resolver el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por los tutelantes, con observancia de los lineamientos expuestos. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
1\u0002 GARC\u00cdA DE ENTERR\u00cdA, Eduardo. La Batalla por las Medidas Cautelares. 3\u00aa Ed, Thomson Civitas. Madrid, 2004, p. 207. <\/p>\n
2\u0002 \u201c[L]a cognici\u00f3n cautelar se limita, en todos los casos, a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. (\u2026) [B]asta que la existencia del derecho aparezca veros\u00edmil, esto es, (\u2026) que seg\u00fan el c\u00e1lculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarar\u00e1 el derecho en sentido favorable a aqu\u00e9l que solicita la medida cautelar, por lo que el resultado de la cognici\u00f3n sumaria tiene valor de hip\u00f3tesis\u201d (CALAMANDREI, Piero, Introducci\u00f3n al Estudio Sistem\u00e1tico de las Providencias Cautelares, trad. de Santiago Sent\u00eds Melendo. Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina. Buenos Aires, 1945). <\/p>\n
3\u0002 Significa \u201capariencia de buen derecho\u201d. Dicho concepto corresponde al juicio de valor realizado por el funcionario judicial facultado para emitir una medida cautelar, mediante el cual se formula una hip\u00f3tesis que, con los medios de prueba aportados por el solicitante y los requisitos establecidos por ley para la concesi\u00f3n de la misma, permite colegir, con un grado de acierto, cu\u00e1l ser\u00eda el sentido de la sentencia que se dicte en el proceso, as\u00ed como sus posibles efectos, tratando as\u00ed de garantizar su cumplimiento en caso de salir airosas las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
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