STC8861-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8861-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00236-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 9 de agosto de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carlos Alberto Arango Fern\u00e1ndez contra los Juzgados Noveno Civil del Circuito y 36 Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, igualdad y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar sin efecto todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y especialmente, dejar sin efectos y\/o suspender la diligencia programada para el 28-07-2023\u00bb y, en consecuencia, ordenarles a los enjuiciados \u00abnotificar[le] la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Davivienda SA promovi\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia contra Carlos Alberto Arango Fern\u00e1ndez, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria del primero de septiembre de 2022, por lo que se orden\u00f3 al enjuiciada entregar a su antagonista el inmueble objeto del litigio, diligencia para la cual se comision\u00f3 al Juzgado 36 Civil Municipal de Cali. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00aben ning\u00fan momento ha recibido notificaci\u00f3n alguna\u00bb; que la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica se\u00f1alada por la demandante como lugar de notificaci\u00f3n, no corresponde ni es conocida ni utilizada por \u00e9l\u00bb; y que \u00abla parte demandante dijo haber enviado la notificaci\u00f3n al correo calbarango@gmail.com direcci\u00f3n no incluida en su demanda, totalmente diferente a la se\u00f1alada por la parte actora en su libelo demandatorio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que, \u00abseg\u00fan certificaci\u00f3n arrimada, dice contener proceso 2022-0059, cuando seg\u00fan la radicaci\u00f3n conocida es 76001310300920220015900, es decir, un proceso diferente\u00bb; que \u00abel\u2026 comisionado aparentemente envi\u00f3 f\u00edsicamente el aviso de entrega del inmueble cuando supuestamente toda la actuaci\u00f3n se hab\u00eda surtido v\u00eda electr\u00f3nica, lo que implica una actuaci\u00f3n que desconoce el tr\u00e1mite elegido por la parte actora\u00bb: y que \u00abla accionante, tanto en el poder que otorga como en la demanda que presenta se\u00f1ala como demandado a\u2026 Carlos Alberto Arango Fern\u00e1ndez, identificado con C.C. 67039261, documento de identidad que no es el suyo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 36 Civil Municipal de Cali inform\u00f3 que la diligencia de entrega programada para el 28 de julio pasado no se realiz\u00f3. Por lo dem\u00e1s, rindi\u00f3 informe de las actuaciones que ha adelantado en la comisi\u00f3n que le fue encomendada. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa localidad resalt\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n carece de subsidiariedad, por cuanto, como el mismo accionante lo reconoce, cuenta con los medios ordinarios de defensa dentro del proceso en donde acusa la vulneraci\u00f3n, de los cuales no ha hecho uso a\u00fan\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abno se advierte que el letrado Hugo Salazar Pel\u00e1ez est\u00e9 habilitado, para que, en esta determinada y particular acci\u00f3n constitucional, pueda actuar en representaci\u00f3n judicial de\u2026 Carlos Alberto Arango Fern\u00e1ndez\u00bb, pues: <\/p>\n
\u2026 pese a que adosa a este tr\u00e1mite un poder especial, es lo cierto que el mismo \u00abreposa en formato PDF y sin signarse [es decir, sin otorgarse], [de modo que] no se ajusta a las exigencias del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 y, mucho menos, a las del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, como quiera que, para su validez y efectividad, [era] necesario conferirlo \u201cmediante mensaje de datos\u201d y, en ese orden de ideas, no se evidencia que ello se haya realizado as\u00ed, en armon\u00eda con las previsiones de la Ley 527 de 1999, en tanto que carece de una comunicaci\u00f3n, por medio electr\u00f3nico, digital o similar, que le hiciere o asintiera su poderdante, respecto de tal instrumento de postulaci\u00f3n procesal\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor esgrimi\u00f3 que el poder aportado para impulsar este tr\u00e1mite, llena los requisitos que contempla el ordenamiento jur\u00eddico y, en todo caso, alleg\u00f3 mandato con las exigencias que requiri\u00f3 el fallador de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que no comparte esta Sala las consideraciones con fundamento en las cuales el a quo desech\u00f3 el poder que anex\u00f3 el profesional del derecho, con miras a impulsar este reclamo en nombre del accionante, toda vez que dicho documento cumpl\u00eda las exigencias necesarias para esos efectos. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que la Corte, en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, expres\u00f3 que: <\/p>\n
4.15. Vistas las cosas de esta manera, \u00abmensaje de datos\u00bb es concepto legal (las leyes 527 de 1999, 1564 de 2012,decreto 806 de 2020, ley 2213 de 2023, entre otras disposiciones) tomado de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico que, se repite, cobija la informaci\u00f3n enviada, generada, recibida, almacenada o comunicada en formatos electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como es el caso del poder arrimado en formato \u00abpdf\u00bb dentro del proceso cuestionado por el aqu\u00ed accionante, de ah\u00ed que si el decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2023 -art. 5\u00ba de ambas regulaciones- permiten conferir poder por mensaje de datos que, adem\u00e1s, se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico, resulte excesivo exigir requisitos adicionales para demostrar la autor\u00eda del documento. <\/p>\n
4.16. Esta interpretaci\u00f3n resulta acorde con el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 que impone su aplicaci\u00f3n de acuerdo con su origen internacional (al ser producto del trabajo de una comisi\u00f3n de las Naciones Unidas), procurando su aplicaci\u00f3n uniforme (es decir, atendiendo las recomendaciones compatibles de su gu\u00eda para la incorporaci\u00f3n al derecho interno) y el postulado de la buena fe (que por mandato del art\u00edculo 83 constitucional se presume a favor de los particulares que act\u00faan ante las autoridades p\u00fablicas). <\/p>\n
5. Ahora bien, sin precisar su contenido el juzgado accionado en reiteradas ocasiones solicit\u00f3 probar la \u00abtrazabilidad\u00bb del poder por medios tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
El concepto de trazabilidad hace referencia, en general, al origen de algo. Esto se traduce a que, en materia documental, la trazabilidad que exigi\u00f3 el juzgado convocado se refiere a la autor\u00eda del poder, es decir, a qui\u00e9n confiri\u00f3 su voluntad para ser representado en juicio. <\/p>\n
La autenticidad es un atributo de los documentos que, de acuerdo con el art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso, se cumple \u00abcuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento\u00bb, el cual se presume tanto a favor de los \u00abdocumentos p\u00fablicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducci\u00f3n de la voz o de la imagen, se presumen aut\u00e9nticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos\u00bb, as\u00ed como \u00ablos memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio y los poderes en caso de sustituci\u00f3n\u00bb y los \u00abt\u00edtulos ejecutivos\u00bb, no s\u00f3lo en los tr\u00e1mites civiles, sino tambi\u00e9n \u00aben todos los procesos y en todas las jurisdicciones\u00bb. <\/p>\n
Esto quiere decir que documento aut\u00e9ntico es el que tiene un autor conocido, condici\u00f3n que, en l\u00edneas generales, se cumple cuando se aporte un documento a un proceso judicial, porque por mandato expreso de la ley, ese atributo se presume. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, la ley 2213 de 2022, en su art\u00edculo 5\u00ba, tambi\u00e9n presume la autenticidad del poder en mensaje de datos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, requisitos como la mencionada \u00abtrazabilidad\u00bb, por regla general no pueden ser exigidos respecto del poder conferido por mensaje de datos porque, vale la pena insistir, la ley presume expresamente su autenticidad o, lo que es igual, su origen. (CSJ STC3964-2023, sobre el particular ver tambi\u00e9n CSJ STC3134-2023). <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, se considera que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente tr\u00e1mite, el gestor no ha agotado los medios ordinarios de defensa judicial que tiene a su alcance para subsanar la situaci\u00f3n irregular que denunci\u00f3 por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, t\u00e9ngase en cuenta que, si como lo aduj\u00f3 el quejoso, su vinculaci\u00f3n al rito criticado fue irregular, puede solicitar la invalidaci\u00f3n de lo actuado, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 133 (numeral 8\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00ab[e]l proceso es nulo, en todo o en parte\u2026 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas\u2026\u00bb, causal que podr\u00e1 alegarse \u00aben la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb (art\u00edculo 134, inciso 2\u00b0, ib\u00eddem). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de los quejosos, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones as\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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