STC8866-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8866-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03277-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Nemur e Hijos SAS, Cristina, Marcela, Catalina y Daniel Mej\u00eda Uribe contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dicen vulnerada por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidieron que se les ordene admitir su demanda. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Nemur e Hijos SAS, Cristina, Marcela, Catalina y Daniel Mej\u00eda Uribe formularon demanda de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea contra Inmobiliaria Santana Uribe & C\u00eda. SCA En Liquidaci\u00f3n, Uribe e Hijos y C\u00eda. SCA, Inversiones Udisrraeli SAS, Inveruj SAS, Inversiones Tul & C\u00eda. SCA En Liquidaci\u00f3n, Miguel Uribe Turbay y Distrikia SA, que rechaz\u00f3 el juzgado accionado con auto del 4 de mayo de 2023, por cuanto estaba \u00abvencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb. <\/p>\n
2.2. Contra esa decisi\u00f3n la parte demandante interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, recursos desestimados con providencias del 25 de mayo de 2023 y 13 de junio de 2023, respectivamente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que el ad quem convocado \u00abacept\u00f3 que la interrupci\u00f3n a la prescripci\u00f3n si hab\u00eda operado al promoverse la demanda ante el Tribunal de Arbitramento por estar pactada la cl\u00e1usula compromisoria en los estatutos de Distrikia SA, el cual concluy\u00f3 por no cubrirse sus gastos por ambas partes\u00bb, pero que incurri\u00f3 en nuevos yerros al \u00abintroducir un t\u00e9rmino que la ley procesal no tiene previsto\u00bb y \u00abcercenar en consecuencia el plazo para que opere la caducidad que se hab\u00eda interrumpido, ya que decidiendo como lo hizo, la convirti\u00f3 de [dos meses a] 20 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicionaron, que cuando el juez arbitral cesa sus funciones por el no pago de honorarios, no se est\u00e1 obligado a \u00abpresentar la demanda ante la justicia ordinaria dentro de los 20 d\u00edas siguientes\u00bb, pues ello \u00absolo se encuentra establecido para el caso de que el Tribunal Arbitral decida no tener competencia para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda\u00bb; y que \u00abpor analog\u00eda no puede aplicarse dado que las cargas y\/o sanciones est\u00e1n restringidas por el principio de la legalidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa localidad precis\u00f3 que \u00abexiste caducidad de la acci\u00f3n, por no haberse presentado la demanda en los t\u00e9rminos dispuestos en la ley, no siendo procedente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela pretender revivir los t\u00e9rminos vencidos, ni mucho menos obligar al juez a asumir el conocimiento de una demanda que no fue presentada en t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero advertir que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 13 de junio de 2023, que confirm\u00f3 la dictada el 4 de mayo de este a\u00f1o, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 entorno al rechazo de la demanda, del que se duelen los accionantes. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el citado prove\u00eddo de 13 de junio pasado no luce arbitrario, comoquiera que el ad quem criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba que la acci\u00f3n se present\u00f3 por fuera de la oportunidad prevista en el ordenamiento jur\u00eddico, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del t\u00e9rmino de caducidad para impetrar la impugnaci\u00f3n de decisiones consignadas en actas de asamblea, el art\u00edculo 382 del CGP estatuye: <\/p>\n
\u201cLa demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
As\u00ed, el legislador en su potestad de configuraci\u00f3n normativa impone en ciertas situaciones una carga al sujeto de derecho que pretende el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 229 de la CP), de acudir dentro de un espacio temporal, de lo contrario, se cierra el ejercicio de dicho derecho ius fundamental. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Al sustentar los recursos la parte demandante plantea que el tr\u00e1mite adelantado ante el Tribunal de Arbitramento que result\u00f3 fallido debe tenerse como una causal de inoperancia de la caducidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 94 del CGP, impidiendo su configuraci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 382 del CGP. <\/p>\n
De cara a la obligaci\u00f3n de sufragar los honorarios necesarios para el funcionamiento del Tribunal de Arbitramento y de acuerdo con lo prescrito por los art\u00edculos 25 y ss. de la Ley 1563 de 2012, esta Sala Civil no considera relevante el argumento presentado por la parte apelante en cuando a que el pago es una carga de ambas partes, porque la normativa autoriza a una de ellas que cubra los honorarios y gastos de la otra, facult\u00e1ndola para su posterior cobro; de tal manera que el no pago de los gastos y honorarios, da pie para declarar concluidas las funciones del Tribunal de Arbitramento y extinguidos los efectos del pacto arbitral (p\u00e1rrafo 4 del art\u00edculo 27). <\/p>\n
Ahora, sobre la hip\u00f3tesis del impedimento para que se produzca la caducidad, debe concluirse que el art\u00edculo 94 del CGP debe armonizarse con la Ley 1563 de 2012, que en el p\u00e1rrafo 4 del art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012 contempla que, \u201cVencidos los t\u00e9rminos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarar\u00e1 concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso\u201d. <\/p>\n
Fue as\u00ed como el Tribunal de Arbitramento a trav\u00e9s del auto del 6 de marzo de 2023 -archivo 3 del cuaderno de pruebas del expediente digital- se limit\u00f3 a declarar concluidas sus funciones, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
En cuanto a lo dispuesto por el numeral 1 del art\u00edculo 35 de la Ley 1563 de 2012 relativas a la cesaci\u00f3n de funciones del Tribunal de Arbitramento por la no consignaci\u00f3n oportuna de gastos y honorarios en armon\u00eda con el art\u00edculo 35 p\u00e1rrafos 3, no operar\u00e1 la caducidad si se promueve proceso dentro de los 20 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de la providencia de cesaci\u00f3n de funciones; situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3 porque la demanda ante la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria se formul\u00f3 por fuera del l\u00edmite temporal, el 2 de mayo de 2023. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, concluyendo que la que formularon los quejosos se present\u00f3 extempor\u00e1neamente, toda vez que la demanda que se inco\u00f3 ante la justicia arbitral no tuvo el efecto de impedir la ocurrencia de tal fen\u00f3meno, comoquiera que al declararse extintos los efectos del pacto arbitral, por no sufragarse los honorarios y gastos fijados, los quejosos no impulsaron su reclamo ante el juez ordinario, dentro de los 20 d\u00edas siguientes. <\/p>\n
4. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no luce arbitraria la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica que, del referido t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, hizo el Tribunal convocado, aunque de manera algo confusa, al invocar imprecisamente la norma que pretend\u00eda utilizar. <\/p>\n
Ello en la medida en que, ante una interpretaci\u00f3n de la ley procesal y un vac\u00edo jur\u00eddico para los casos en los que se extingue la cl\u00e1usula compromisoria por ausencia de pago de los gastos y honorarios, bien deb\u00eda el fallador acudir a una apreciaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas que consagra la ley 1563 de 2012, con miras a decidir el caso sometido a su conocimiento, encontrando que, en los dem\u00e1s casos en los que se declara extinto el pacto arbitral, el ordenamiento concede a los interesados el referido t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, \u00abpara instaurar la demanda ante el juez competente\u00bb, con el fin de \u00abconservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, dest\u00e1quese que el art\u00edculo 20 de la prenotada ley establece que \u00ab[e]l tribunal rechazar\u00e1 de plano la demanda cuando no se acompa\u00f1e prueba de la existencia de pacto arbitral\u00bb, evento en el cual \u00abel demandante tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles para instaurar la demanda ante el juez competente para conservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda ante el centro de arbitraje\u00bb. <\/p>\n
4.2. En similar sentido, el art\u00edculo 30 de la normatividad en cita consagra que, si el juez arbitral \u00abdecidiere que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la reconvenci\u00f3n, se extinguir\u00e1n los efectos del pacto arbitral para el caso concreto\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n contempla que, \u00ab[e]n este caso, para conservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles para instaurar la demanda ante el juez competente\u00bb. <\/p>\n
4.3. En esa misma l\u00ednea, el art\u00edculo 36 establece que, en los asuntos en que deban adherirse al pacto arbitral personas que no lo estipularon y que aquellas decidan no hacerlo, \u00abel tribunal declarar\u00e1 extinguidos los efectos del compromiso o de la cl\u00e1usula compromisoria para dicha controversia\u00bb, escenario en el que \u00abno se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n y operar\u00e1 la caducidad, salvo que se promueva el respectivo proceso ante el juez dentro de los veinte d\u00edas (20) h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de la providencia\u00bb. <\/p>\n
4.4. As\u00ed pues, se reitera, no se estima caprichosa la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica que efectu\u00f3 la sede judicial acusada, del referido t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, pues ella se deduc\u00eda de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas antes rese\u00f1adas. <\/p>\n
4.5. Por lo dem\u00e1s, pertinente es precisar que esta Sala aval\u00f3 postura en ese mismo sentido, en un precedente anterior, en el que se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, sobre el reparo de la caducidad de la acci\u00f3n ante la justicia ordinaria, dijo que: <\/p>\n
Ahora bien: la ley de arbitraje no cierra las puertas a la posibilidad de que sea la justicia ordinaria quien resuelva el asunto materia de controversia, bajo el principio de gratuidad de la justicia arriba mencionado, cuando ninguna o alguna de las partes deja de atender la parte de los honorarios y gastos que le corresponden. El inciso 4\u00ba del art. 27 de ley 1563 de 2012 es claro al se\u00f1alar que en tales eventos el Tribunal deber\u00e1 declarar \u201cconcluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso.\u201d De esta manera, el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se habr\u00e1 preservado y protegido, pues la persona amparada no se ver\u00e1 en la imposibilidad de acudir a obtener una decisi\u00f3n sobre su controversia cuando, en raz\u00f3n de su imposibilidad econ\u00f3mica, no pueda atender las cargas de su contraparte. <\/p>\n
15. Sin embargo, se duele el recurrente y se\u00f1ala que de no revocarse la providencia y continuar con el proceso arbitral se ver\u00eda abocado a la caducidad prevista en el art. 382 del C.G.P. pues habr\u00edan transcurrido m\u00e1s de 2 meses desde que tuvo lugar la reuni\u00f3n de socios cuestionada. <\/p>\n
16. No sobra recordar que de conformidad con el art. 11 del C.G.P., al interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de esta es la efectividad de los derechos sustanciales y que, en los t\u00e9rminos del art. 12 ibidem los vac\u00edos en sus disposiciones deber\u00e1n llenarse con las \u201cnormas que regulan casos an\u00e1logos\u201d. <\/p>\n
17. En tal estudio encuentra el Tribunal que en el art. 30 de la ley 1563 se prev\u00e9 que cuando han cesado los efectos del pacto arbitral en raz\u00f3n de la declaratoria de incompetencia, para preservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda \u201cel demandante tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para instaurar la demanda ante el juez competente\u201d. <\/p>\n
18. Para el Tribunal es claro que ante la ausencia de una norma expresa que regule las consecuencias de la extinci\u00f3n de los efectos del pacto arbitral originados en la ausencia de pago de cara a la presentaci\u00f3n de la demanda y el t\u00e9rmino de caducidad debe considerarse la aplicaci\u00f3n del art. 30 mencionado en cuanto se est\u00e1 frente a un mismo escenario: la cesaci\u00f3n de los efectos del pacto arbitral. Recu\u00e9rdese que, ante una misma situaci\u00f3n de hecho debe existir una id\u00e9ntica situaci\u00f3n de derecho. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Tribunal de Arbitramento acusado analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que, contrario a lo indicado por la promotora, el amparo de pobreza beneficiaba a la promotora quien no cuenta con la capacidad de cubrir los gastos, y no se extend\u00eda a la contraparte que no fue amparada, por lo que si al fijarse los gastos en 50% para cada parte, al no realizarse el pago de quien no est\u00e1 amparado por este beneficio, lo procedente era declarar extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria, conforme lo dispone el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
Ahora, respecto a la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el Tribunal concluy\u00f3 que, ante una interpretaci\u00f3n de la ley procesal y un vac\u00edo jur\u00eddico para los casos en los que se extingue la cl\u00e1usula compromisoria por ausencia de pago de los gastos y honorarios, es aplicable el t\u00e9rmino de caducidad que dispone el art\u00edculo 30 de la Ley 1563 de 2012, esto es, la de 20 d\u00edas para instaurar de demanda ante el juez competente luego de emitido el auto; interpretaci\u00f3n que, al margen que se comparta, no luce arbitraria; de ah\u00ed que, si la promotora no la inco\u00f3 en ese t\u00e9rmino deviene de su propia incuria. (CSJ STC7034-2023). <\/p>\n
5. Entonces, las deducciones del ad quem acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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