STC8883-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8883-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03070-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve tutela que instaur\u00f3 Gina Fernanda Ramos Motta contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, extensiva a partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicados 41001-31-03-001-2022-00305-00 y 41001-31-03-005-2018-00119-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La convocante solicit\u00f3 que se revoque la diligencia de secuestro practicada por el Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Tesalia Huila (16 jul. 2021). <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que la Organizaci\u00f3n Roa Flor Huila S.A. inici\u00f3 proceso ejecutivo contra Juan Carlos Ramos Motta, Sandra Liliana Ramos Motta y Clara Bonilla Bonilla en el que, dentro de otras cosas, se pidi\u00f3 el embargo y secuestro de los inmuebles hipotecados con No. de matr\u00edcula 204-0006814, 204-13857 y 204-2690. El Juzgado Quinto Civil del Circuito decret\u00f3 lo pedido, entre otros, frente al inmueble 204-0006814, del cual la gestora afirma ser poseedora junto con la sociedad Agroindustrias San Isidro S.A.S., para lo que comision\u00f3 al Juzgado \u00danico Promiscuo de Tesalia Huila. En diligencia de secuestro (16 jul. 2021) se presentaron varias irregularidades, entre las que destac\u00f3 que (i) el procedimiento y convocatoria a la diligencia se manej\u00f3 bajo reserva ocultando informaci\u00f3n a la accionante, (ii) la accionante se opuso al secuestro con base en la posesi\u00f3n material que ten\u00eda sobre la totalidad del fundo y el juzgado cre\u00f3 una figura de \u201cinadmisi\u00f3n\u201d de la oposici\u00f3n, la cual no existe, (iii) en adici\u00f3n resolvi\u00f3 de fondo la controversia el comisionado sin poder hacerlo pues la competencia era del Juzgado de conocimiento, (iv) se limitaron los testigos a los que se les recibi\u00f3 su declaraci\u00f3n lo que deriv\u00f3 en su perjuicio, (v) no reconoci\u00f3 la oposici\u00f3n por un entendimiento parcializado del juez de la situaci\u00f3n. <\/p>\n
Contra esas decisiones interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, el primero se resolvi\u00f3 en su contra y el segundo se neg\u00f3, contra esta \u00faltima present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, sin \u00e9xito aquel y se concedi\u00f3 este. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva resolvi\u00f3 la alzada (6 feb. 2023) mediante la confirmaci\u00f3n de lo resuelto por el Juzgado comisionado. Indic\u00f3 la libelista que en la diligencia de oposici\u00f3n se tomaron decisiones que configuraron defecto procedimental absoluto, material, f\u00e1ctico y decisi\u00f3n sin sustento probatorio. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Laboral Familia afirm\u00f3 haber desatado la alzada atinente a la oposici\u00f3n formulada contra la diligencia de secuestro del bien No. 204-6814, todo bajo el material probatorio recaudado y conforme a la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la Plata Huila manifest\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia el proceso de la referencia en el que, por auto del 28 de enero de 2022, resolvi\u00f3 estimar como indebida la denegaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n frente al rechazo de la diligencia de oposici\u00f3n, en consecuencia, lo admiti\u00f3 en el efecto devolutivo. Remiti\u00f3 el expediente al Tribunal para que resolviera la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La Organizaci\u00f3n Roa Florhuila S.A., hoy ORF S.A., solicit\u00f3 denegar el amparo toda vez que no hay argumentos que den cuenta de vulneraci\u00f3n de derechos en la decisi\u00f3n del Tribunal (6 feb. 2023) y, a\u00f1adi\u00f3, tampoco se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Al momento de proyectar esta decisi\u00f3n no se han recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo porque, frente a las irregularidades propias del desarrollo de la diligencia, no se cumple con el requisito de inmediatez, mientras que la decisi\u00f3n mediante la cual el Tribunal desat\u00f3 la apelaci\u00f3n es razonable. <\/p>\n
La queja medular de la impulsora se dirige contra las irregularidades previas a la diligencia de secuestro del bien inmueble con matr\u00edcula 204-6814, as\u00ed como contra las decisiones tomadas por el juez comisionado que fueron objeto de recurso de apelaci\u00f3n y confirmadas por este. <\/p>\n
1.- En cuanto a las irregularidades que enunci\u00f3 la gestora en la diligencia de secuestro del inmueble, que no fueron objeto de recurso de apelaci\u00f3n, no cumplen con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Revisado el asunto reprochado, encuentra la Sala que desde que se llev\u00f3 a cabo la mencionada diligencia (16 jul. 2021), hasta la fecha en que se promulg\u00f3 este amparo (8 ago. 2023)1, ha transcurrido un tiempo superior a los 6 meses, lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional, sin que se observen razones de fuerza mayor demostradas que hubiesen impedido a la gestora acudir con la prontitud que amerita a reclamar la salvaguarda. Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que: <\/p>\n
\u201caquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
2.- Ahora bien, en cuanto a lo decidido por el Tribunal confutado al desatar la alzada frente al rechazo de la oposici\u00f3n, revisado el plenario encuentra la Sala que no se configuran los defectos enrostrados, dado que el censor valor\u00f3 las probanzas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, lo que le permiti\u00f3 establecer que no se demostr\u00f3 si quiera sumariamente por parte de los opositores la posesi\u00f3n sobre el inmueble. <\/p>\n
Sea lo primero indicar que la promotora del amparo no identific\u00f3 de forma precisa los yerros del juzgador en la valoraci\u00f3n probatoria, ni la forma en que estas afectaron su derecho. Sin embargo, en aras de ahondar en garant\u00edas, se estudiar\u00e1 la decisi\u00f3n del ad quem para determinar si era razonable o no rechazar la oposici\u00f3n. <\/p>\n
En primero lugar, el Tribunal sent\u00f3 los elementos diferenciadores entre la tenencia y la posesi\u00f3n de un bien, para lo cual se apoy\u00f3 en lo decantado por esta Corporaci\u00f3n en sentencia SC1716-2018. Concluy\u00f3 que la posesi\u00f3n requiere del elemento subjetivo, animus, y el objetivo, corpus, que en \u00faltimas son los que la diferencian de la mera tenencia, donde se ejerce sobre una cosa no como due\u00f1o, sino en lugar del due\u00f1o. <\/p>\n
Seguidamente, valor\u00f3 en conjunto todas las pruebas aportadas por los opositores. De inicio, se pronunci\u00f3 sobre (i) la Escritura P\u00fablica No. 2785 del 29 de agosto de 2017, (ii) captura de pantalla de dos noticias del 26 de febrero de 2018, (iii) informe de polic\u00eda de vigilancia en casos de captura en flagrancia de 26 de febrero de 2018 y (iv) el contrato de arrendamiento y sociedad de hecho celebrado el 1\u00ba de octubre de 2020, protocolizado el 16 de febrero de 2021, para lo que finalmente concluy\u00f3: <\/p>\n
Los anteriores documentos, analizados junto con los testimonios recaudados, y bajo la sana cr\u00edtica, no prueban la posesi\u00f3n alegada por Agroindustrias San Isidro S.A.S. y Gina Fernanda Ramos Motta. Veamos. La escritura p\u00fablica No. 2785 de 29 de agosto de 2017 apenas refiere un acuerdo de daci\u00f3n en pago suscrito por Juan Carlos y Sandra Liliana Ramos Motta (deudores) y la Organizaci\u00f3n Roa Florhuila S.A.S. (acreedora), para el pago parcial de una deuda, pero dicho instrumento no fue inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente, No. 204-6814, lo que cercena el traspaso de la propiedad del inmueble denominado \u201cEL ARROYO 1\u201d, de acuerdo con la regla del art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil (\u201cSe efectuar\u00e1 la tradici\u00f3n del dominio de los bienes ra\u00edces por la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u201d). <\/p>\n
Con independencia de las razones por las cuales la referida escritura p\u00fablica no se registr\u00f3, lo cierto es que el derecho de dominio sobre el inmueble permanece inc\u00f3lume en Juan Carlos y Sandra Liliana Ramos Motta, aspecto que posibilit\u00f3 que el Juez Quinto Civil del Circuito de Neiva decretara el embargo y secuestro en el proceso ejecutivo de la referencia. <\/p>\n
Ahora, no deja de llamar la atenci\u00f3n el hecho de que el apoderado judicial de los opositores, al presentar la oposici\u00f3n en su nombre y representaci\u00f3n, manifestara que \u201cla sociedad demandante es la actual propietaria del bien inmueble que se pretende secuestrar, luego no tiene sentido que se practique una medida cautelar sobre un bien que le pertenece a la demandante\u201d. Dest\u00e1quese desde ya esta confesi\u00f3n, en la cual los opositores reconocen el dominio del inmueble con FMI No. 204-6814 en alguien m\u00e1s, lo que resulta incompatible con la posesi\u00f3n alegada. <\/p>\n
Ahora, los informes period\u00edsticos y de Polic\u00eda aportados, relativos al hurto de unos bultos de arroz, cometido en febrero de 2018, no prueban nada distinto a que en la zona se reconoc\u00eda el dominio de Juan Carlos Ramos Motta, pues al ser cuestionados sobre si ten\u00edan permiso para recoger el grano, los delincuentes dijeron que no, que el lote era de aquel y que se lo hab\u00edan embargado. Pero nada se se\u00f1ala sobre los actos de se\u00f1or y due\u00f1o ejercidos por Agroindustrias San Isidro S.A.S. y Gina Fernanda Ramos Motta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el contrato de arrendamiento y sociedad de hecho celebrado por Agroindustrias San Isidro S.A.S. y Gina Fernanda Ramos Motta evidencia (i) que la sociedad en menci\u00f3n reconoc\u00eda la posesi\u00f3n material del inmueble en cabeza de Gina Fernanda, y (ii) que desde ese acuerdo de voluntades, empez\u00f3 a fungir apenas como administradora del fundo, para la producci\u00f3n de cosechas de arroz, todo lo cual pulveriza lo pretendido por esta opositora, que -se itera- admite que quien detenta el bien ra\u00edz es su asociada. <\/p>\n
Ahora bien, la posesi\u00f3n de Gina Fernanda Ramos Motta no encuentra asidero en los dem\u00e1s medios de prueba. Si bien es cierto que el contrato de arrendamiento y sociedad de hecho puede catalogarse como un acto de disposici\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que las declaraciones rendidas por Farid Chilatra C\u00e1rdenas y Rafael Cort\u00e9s Pastrana no soportan lo reflejado en dicho documento. <\/p>\n
En efecto, Farid Chilatra C\u00e1rdenas, quien adujo ser administrador de los cultivos por instrucci\u00f3n de Agroindustrias San Isidro S.A.S., desde el mes de febrero de 2021, afirm\u00f3 que no conoc\u00eda a Gina Fernanda Ramos Motta, ni esta le hab\u00eda pedido cuentas de su gesti\u00f3n. En cambio, refiri\u00f3 conocer a Juan Carlos Ramos Motta, al ser el encargado del \u00e1rea de agronom\u00eda, contratado tambi\u00e9n por Agroindustrias San Isidro S.A.S., y quien ven\u00eda una vez por semana al terreno, formulaba los abonos, los venenos y lo que requiriera la cosecha. As\u00ed las cosas, por un lado, se advierte la ausencia total de la opositora en el inmueble por al menos 5 o 6 meses, pues no de otro modo se explica que el delegado para su administraci\u00f3n no la distinguiera; y por el otro, el propietario segu\u00eda teniendo contacto y supervisi\u00f3n constantes de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de \u201cEL ARROYO 1\u201d. <\/p>\n
Lo \u00faltimo fue corroborado por el otro testigo, Rafael Cort\u00e9s Pastrana, quien afirm\u00f3 trabajar en el inmueble y conocer a Juan Carlos Ramos Motta, como agr\u00f3nomo de Agroindustrias San Isidro S.A.S. Ahora, este declarante expuso que hab\u00eda sido contratado por Gina Fernanda Ramos Motta desde el 3 de diciembre de 2017, es decir, cuando a\u00fan el ejecutado era reconocido como due\u00f1o del inmueble por la comunidad; y si bien asever\u00f3 que a partir de marzo de 2018 la opositora entr\u00f3 en posesi\u00f3n del \u201cEL ARROYO 1\u201d, en realidad los actos que relat\u00f3 al respecto no son contundentes en cuanto al \u2018animus\u2019, pues consistieron apenas en contratarlo para regar el lote, \u2018encaballoniarlo\u2019, prepararlo para la cosecha y dem\u00e1s labores que en todo caso podr\u00edan haber sido ejercidas por un tenedor. <\/p>\n
En todo caso, aun si se interpretara que el testimonio de Rafael Cort\u00e9s Pastrana es indicativo de la posesi\u00f3n de Gina Fernanda, lo cierto es que ello no explica por qu\u00e9 el administrador del predio no la reconoc\u00eda. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en ejercicio de valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas, puso de presente que el ejecutado en el proceso es hermano de la opositora e impulsora del amparo, motivo por el cual, el an\u00e1lisis probatorio deb\u00eda ser m\u00e1s riguroso: <\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s resaltar el probable parentesco entre el ejecutado Juan Carlos Ramos Motta y la opositora poseedora Gina Fernanda Ramos Motta, pues tal y como lo atestigu\u00f3 Rafael Cort\u00e9s Pastrana, son hermanos, elemento que lleva a la Sala a valorar con mayor estrictez las pruebas aportadas, y echar de menos que la comunidad reconociera a Gina Fernanda como poseedora; que cancelara el impuesto predial correspondiente o, en fin, cualquier otro acto que reafirmara la tesis sostenida por los recurrentes. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa entonces el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la querellante, en el entendido que, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en las providencias reprochadas contiene un criterio razonable e, independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que las decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias ni desmedidas y las pruebas se apreciaron en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, conforme con el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, la opositora no logr\u00f3 demostrar los elementos constitutivos de la posesi\u00f3n pues de las pruebas documentales nada puede extraerse para ese fin, mientras que, de las testimoniales, no se aport\u00f3 claridad sobre quien detenta la tenencia del bien, as\u00ed como quien ejerce los actos de se\u00f1or y due\u00f1o. Sobre el particular, el hecho de que el administrador del bien no reconociera a la impulsora, en conjunto con la declaraci\u00f3n de su apoderado que adujo que \u00abla sociedad demandante es la actual propietaria del bien inmueble que se pretende secuestrar, luego no tiene sentido que se practique una medida cautelar sobre un bien que le pertenece a la demandante\u00bb, deja en entredicho la posesi\u00f3n que aduce detenta sobre el predio. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022) <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Gina Fernanda Ramos Motta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n