STC8889-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8889-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03310-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la acci\u00f3n de tutela que Carlos Augusto Betancourth Luna contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de Cali, extensiva a los intervinientes en el coercitivo n\u00b0 76001-31-03-004-2003-00249-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante denunci\u00f3 que las autoridades convocadas se han rehusado a terminar el ejecutivo con garant\u00eda real que le promovi\u00f3 inicialmente el Banco Granahorrar S.A., y que ahora le adelanta Inverproing S.A.S., en calidad de cesionario, pese a que se cumplen con los presupuestos para finalizarlo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999 y las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la obligaci\u00f3n materia de recaudo se trata de un cr\u00e9dito de vivienda, adquirida antes de la Ley 546 de 1999, que el inmueble gravado con hipoteca no ha sido rematado, as\u00ed como que present\u00f3 sendas nulidades, primero ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, quien la desestim\u00f3, luego ante el Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, pero tambi\u00e9n la rechaz\u00f3, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 la Corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
En consecuencia, para la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, pidi\u00f3 que \u201c[s]e ordene a los accionados que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia que se profiera, se d\u00e9 por terminado el proceso ejecutivo hipotecario arriba descrito, con la advertencia de que no se podr\u00e1 volver a iniciar el mismo proceso ejecutivo hipotecario hasta tanto se haya surtido el requisito de procedibilidad de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.- Las autoridades convocadas defendieron las determinaciones reprochadas y remitieron el enlace de acceso al expediente digital acusado. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el promotor protesta contra las resoluciones emitidas por las tres autoridades convocadas, la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al interlocutorio dictado por el Tribunal de Cali el 9 de junio de 2023, comoquiera que a trav\u00e9s de \u00e9l defini\u00f3 la controversia que aqu\u00e9l plante\u00f3. <\/p>\n
2.- Dicho esto, la Sala advierte que desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que la negativa del juez plural a terminarlo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito se edifica en que el interesado no cumple con el presupuesto relativo a la afectaci\u00f3n al derecho a la vivienda digna. Para ello se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
Lo ocurrido en este asunto permite entender que en este caso no se ve que la restructuraci\u00f3n pedida por uno de los demandados, tenga por objeto cumplir con el fin dispuesto en el art. 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los \u00faltimos pronunciamientos Jurisprudenciales parcialmente citados; en el caso, lo cierto es que decretar la terminaci\u00f3n de este proceso no resulta razonable, siendo que el derecho a la vivienda digna que es la finalidad toral del Art. 51 de la C. Pol., el cual tuvo desarrollo legal en la Ley 546 de 1999 no se est\u00e1 garantizado, el asunto no muestra que los demandados habiten los inmuebles desde hace bastante tiempo, no se ve que los bienes hipotecados constituyan la vivienda de ellos. En ese orden, mal se har\u00eda en terminar este proceso si la terminaci\u00f3n no apunta a lograr la restructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito otorgado hace veinticinco a\u00f1os ni beneficia el derecho a la vivienda digna de los deudores de quienes se desconoce su paradero. <\/p>\n
Luego, indic\u00f3 que muestra de ello es que los ejecutados no pudieron ser notificados de la orden de apremio en la direcci\u00f3n del inmueble afectado con el gravamen, que para \u201ccuando se realiz\u00f3 la diligencia de secuestro el primero (01) de septiembre de 2004 (folio 138 del expediente digitalizado), ninguno de los demandados la atendieron (secuestro del apartamento y parqueadero) sino una persona quien dijo ser representante de la junta administrativa de la Unidad residencial, acompa\u00f1ados del \u201cRondero de la Unidad FLORENCIO ROSERO\u201d; y que \u201ccuando el demandado Carlos Augusto Betancourt, decidi\u00f3 llegar al proceso (\u2026) ni en el poder ni en la solicitud de reconocimiento, se inform\u00f3 la direcci\u00f3n para notificaci\u00f3n a los demandados, de las piezas procesales visibles a folios 203 y 221 del expediente digitalizado se observa que el apoderado en el escrito de solicitud de nulidad tampoco indic\u00f3 la direcci\u00f3n donde su poderdante pod\u00eda ser notificado sino que expres\u00f3 que las partes se notificar\u00e1n en las direcciones que obran en el proceso\u201d. <\/p>\n
Postura que armoniza con la de esta Corporaci\u00f3n, que al respecto ha indicado que la concesi\u00f3n del amparo dirigido a obtener la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias est\u00e1 supeditada1, entre otros aspectos, a que \u201cdirecta o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999 (STC6968-2015, STC3055-2021, STC5013-2022, STC3070-2022, entre otras). <\/p>\n
Y as\u00ed se ha dicho, porque el deber de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, exigible frente a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 19992, surgi\u00f3, entre otras razones, en beneficio de \u00abquienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla\u00bb. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que a finales de los a\u00f1os noventa el pa\u00eds sufri\u00f3 una fuerte crisis financiera que golpe\u00f3 especialmente a los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda. Dicha crisis, suscitada por diversos factores, que no son del caso especificar aqu\u00ed, unida a los t\u00e9rminos en que tales obligaciones deb\u00edan ser sufragadas3, provoc\u00f3 que los colombianos que dejaran de pagarlas fueran demandados para su soluci\u00f3n, perdieran sus viviendas, o desmejoraran sus condiciones de vida en el esfuerzo de cubrir mes a mes la cuota de la deuda4. <\/p>\n
Entonces, en el camino de superar ese estado de cosas, am\u00e9n de los mandatos que la Corte Constitucional imparti\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica, para que cumpliera el deber del Estado de fijar \u00ablas condiciones necesarias para hacer efectivo\u00bb el derecho a la vivienda digna, \u00abas\u00ed como el promover \u2018planes de vivienda de inter\u00e9s social\u2019, y \u2018sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo\u2019\u00bb, se expidi\u00f3 la Ley 546 de 1999, de cuyo art\u00edculo 42 surge el referido deber de reestructurar los cr\u00e9ditos otorgados en UPAC a 31 de diciembre de 2009, como condici\u00f3n para su ejecuci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte Constitucional destac\u00f3 (SU813-07): <\/p>\n
En efecto, como desarrollo de mandatos constitucionales, el legislador modific\u00f3 el sistema de financiaci\u00f3n de vivienda. Con la finalidad de que este nuevo sistema permitiera a los deudores conservar sus viviendas, la Ley 546 de 1999 estableci\u00f3 que los cr\u00e9ditos hipotecarios deb\u00edan ser reliquidados y una vez acordada la reliquidaci\u00f3n entre deudor y acreedor, deb\u00edan terminarse los procesos ejecutivos vigentes a 31 de diciembre de 1999. S\u00f3lo ante un nuevo incumplimiento del deudor, en las condiciones fijadas por la Ley 546 de 1999 mencionada, pod\u00eda comenzar un nuevo proceso para el cobro ejecutivo de la (nueva) obligaci\u00f3n incumplida. En este sentido, el derecho a la terminaci\u00f3n de los juicios era un derecho procesal directamente vinculado con el derecho a conservar una vivienda digna. <\/p>\n
<\/p>\n
En virtud de lo anterior, ante la negativa judicial de terminar el proceso, la parte interesada pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n de tutela para que el juez constitucional protegiera su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho a conservar su vivienda (se enfatiza). <\/p>\n
Frente a los alcances del derecho a la vivienda, igualmente la Sala ha precisado: <\/p>\n
[n]\u00f3tese que el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la \u00abObservaci\u00f3n General No. 4: el derecho a la vivienda adecuada (p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 11 del Pacto5)\u00bb, ha dicho que la referida garant\u00eda puede definirse como la posibilidad de \u00abdisponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminaci\u00f3n y ventilaci\u00f3n adecuadas, una infraestructura b\u00e1sica adecuada y una situaci\u00f3n adecuada en relaci\u00f3n con el trabajo y los servicios b\u00e1sicos, todo ello a un costo razonable\u00bb. Asimismo, ha destacado que uno de los criterios para determinar los alcances de la prerrogativa es la \u00abseguridad jur\u00eddica de la tenencia\u00bb, en el sentido de indicar: <\/p>\n
La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (p\u00fablico y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupaci\u00f3n por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupaci\u00f3n de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protecci\u00f3n legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (STC13662-2022). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, la negativa a terminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito se muestra acorde con los lineamientos trazados por esta Corporaci\u00f3n, en tanto se edific\u00f3 en que no se evidencia la afectaci\u00f3n del derecho de vivienda del quejoso, quien, por lo dem\u00e1s, no se esforz\u00f3 en este escenario por desvirtuar las deducciones del juez plural sobre el particular, pues nada dijo acerca de que en el inmueble ligado a la ejecuci\u00f3n desplegara su proyecto vital. <\/p>\n
Por tanto, la injerencia constitucional deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela presentada por Carlos Augusto Betancourth Luna. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 La Sala, en casos en los que existen embargos de remanentes vigentes frente al deudor, ha destacado que, tambi\u00e9n, es importante establecer si este se encuentra en la capacidad de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario (STC5248-2021, mediante la cual se unific\u00f3 el criterio). <\/p>\n
2\u0002 La norma, tras la eliminaci\u00f3n de los apartes declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, tiene el siguiente contenido, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u201cLos deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podr\u00e1n beneficiarse de los abonos previstos en el art\u00edculo 40, (\u2026) la entidad financiera proceder\u00e1 a condonar los intereses de mora y a reestructurar el cr\u00e9dito si fuere necesario (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1o. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2o. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales (\u2026) tendr\u00e1n derecho a solicitar suspensi\u00f3n de los mencionados procesos. Dicha suspensi\u00f3n podr\u00e1 otorgarse autom\u00e1ticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde {dentro del plazo} la reliquidaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en este art\u00edculo el proceso se dar\u00e1 por terminado y se proceder\u00e1 a su archivo sin m\u00e1s tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 La UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era el instrumento mediante el cual, antes de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, se calculaba el monto de los cr\u00e9ditos hipotecarios; se actualizaba, inicialmente, de acuerdo con el \u00cdndice de Precios del Consumidor. Pero con el paso de los a\u00f1os, y las medidas tendientes a controlar el sistema financiero, dicha Unidad, empez\u00f3 a depender de la Tasa de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino Fijo (DTF), que, seg\u00fan el Banco de la Rep\u00fablica, es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captaci\u00f3n de los Certificados de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino (CDT) a 90 d\u00edas, que reconoce el sistema financiero a sus clientes. Dicho valor alcanz\u00f3, a mediados de los 90, valores hist\u00f3ricos, lo que encareci\u00f3 los cr\u00e9ditos hipotecarios, al punto superar la capacidad de pago de los deudores. <\/p>\n