STC8895-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8895-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2023-00041-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de junio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Mario Olaya Vera contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y contradicci\u00f3n que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdeclarar la nulidad de todo el proceso, desde el auto que admite la demanda, seg\u00fan lo preceptuado en el art. 133 nums, 5\u00ba, 6\u00ba y 8\u00ba y las consideraciones expuestas…\u00bb; y se le ordene al estrado acusado \u00abrealizar conforme al C.G.P. y la Ley 2213 de 2022, la notificaci\u00f3n de la demanda judicial… y proceder a su efectivo traslado, para ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, violados por el despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diana Melisa Vargas Olaya, en representaci\u00f3n de su hija, promovi\u00f3 juicio de aumento de cuota alimentaria contra Mario Olaya Vera, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Neiva, el que lo admiti\u00f3 el 8 de septiembre de 2022, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n del demandado y requiri\u00f3 a la demandante para que en un t\u00e9rmino no mayor de 30 d\u00edas cumpliera con esa carga. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 26 de octubre siguiente, el estrado acusado deneg\u00f3 la petici\u00f3n del demandado de decretar el desistimiento t\u00e1cito y lo tuvo notificado por conducta concluyente; el 24 de noviembre le envi\u00f3 el enlace del expediente electr\u00f3nico; y con prove\u00eddo de 20 de febrero de 2023 desestim\u00f3 la nulidad impetrada y dispuso que se contabilizara el t\u00e9rmino de contestaci\u00f3n a partir de la remisi\u00f3n del link del proceso, en aras de garantizarle la defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que mediante providencia de 26 de octubre de 2022 se neg\u00f3 la solicitud de declaratoria de desistimiento t\u00e1cito y lo tuvieron por notificado por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda; y que el 11 de noviembre siguiente deprec\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de la demanda, el traslado y remisi\u00f3n del expediente, empero no recibi\u00f3 respuesta alguna. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que su apoderado solicit\u00f3 nuevamente dicha pretensi\u00f3n, pero solo hasta el 24 de noviembre se le remiti\u00f3 el proceso, sin reconocerle personer\u00eda jur\u00eddica a su abogado; y que el 28 de noviembre radic\u00f3 un incidente de nulidad, el que el 20 de febrero de 2023 fue despachado desfavorablemente. <\/p>\n
2.5. Adujo que el fallador actu\u00f3 de forma dolosa y no resolvi\u00f3 las peticiones respetuosas elevadas de remisi\u00f3n del expediente en el t\u00e9rmino legal; que no entend\u00eda el actuar del juzgador acusado al denegar la nulidad; y que el estrado censurado no pod\u00eda esconder sus errores o vicios en el procedimiento. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Neiva realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido e indic\u00f3 que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno, puesto que las actuaciones y decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite fueron adelantadas de conformidad con lo dispuesto por la normatividad vigente, otorg\u00e1ndole a las partes las garant\u00edas procesales; que no hab\u00edan vencido los terminos para controvertir las pretensiones; y que no pod\u00eda permitirse usar la tutela como una instancia adicional. Remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de Neiva se\u00f1al\u00f3 que era procedente el resguardo respecto de la notificaci\u00f3n de la demanda siempre y cuando se estableciera que efectivamente se requer\u00eda; y que la decisi\u00f3n se deb\u00eda cimentar en la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores de edad involucrados. <\/p>\n
3. Diana Melisa Vargas Olaya adujo que la parte demandada buscaba evadir su responsabilidad y atacar el proceso con tutelas; que el abogado del demando no estaba legitimado para interponer acciones constitucionales; que se pretend\u00edan revivir t\u00e9rminos que se dejaron vencer; que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional; que solo se hab\u00edan presentado recursos atacando lo procedimental, sin tener en cuenta lo sustancial; que no se hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que no estaban demostrados los requisitos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Zynthya Tamara Olaya Vargas refiri\u00f3 que se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos por su madre en la contestaci\u00f3n, a los que se adher\u00eda; que era dependiente de sus padres y estudiaba para ejercer una profesi\u00f3n de la que pueda proveer su propio sustento. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la tutela no era una tercera instancia; y que no observaba vulneraci\u00f3n alguna, pues el juzgado acusado hab\u00eda realizado todos los tr\u00e1mites procesales conforme a la ley, puesto que: (i) al momento de denegar la nulidad, orden\u00f3 que se contabilizara el t\u00e9rmino para la contestaci\u00f3n de la demanda a partir de la remisi\u00f3n del link del expediente, pero venci\u00f3 en silencio; (ii) en constancia secretarial del 22 de marzo de 2023 se consign\u00f3 que el 7 de marzo anterior hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para pronunciarse frente al libelo, tiempo en el que no se recibi\u00f3 el escrito; y (iii) el 5 de mayo de los corrientes se continu\u00f3 el tramite por no recibir la referida contestaci\u00f3n, decret\u00f3 pruebas y fij\u00f3 fecha para audiencia, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con la tutela se pretend\u00eda que se reabrieran etapas del proceso que quedaron ejecutoriadas y que no fueron objeto de reparo por parte del hoy accionante; y que no se encontraban vulnerados los derechos invocados, por no superarse cabalmente el presupuesto general de subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el a-quo constitucional no hizo un an\u00e1lisis detallado y minucioso; que antes de la radicaci\u00f3n de la tutela no le hab\u00edan reconocido personer\u00eda jur\u00eddica a su abogado; que el 20 de febrero de 2023 no se dispuso que se contabilizara el t\u00e9rmino de notificaci\u00f3n de la demanda; y que el juzgado no lo notific\u00f3 personalmente como lo dispone el Decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor del resguardo no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 20 de febrero de 2023, con el que se resolvi\u00f3 desestimar la nulidad impetrada y se orden\u00f3 contabilizar el t\u00e9rmino para la contestaci\u00f3n a partir del correo de 24 de noviembre de 2022 con el que se remiti\u00f3 el link del expediente, ni tampoco contest\u00f3 la demanda impetrada en su contra, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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