STC8905-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8905-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 25 de julio de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que Jes\u00fas Alberto Agudelo Guerra le formul\u00f3 al Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso n\u00b0 05002-31-11-015-2022-00474-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia expedida por el despacho convocado el 10 de mayo de 2023, por medio de la cual aprob\u00f3 la conciliaci\u00f3n celebrada entre \u00e9l y Gloria Elena Mar\u00edn Vasco, con la que terminaron el juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que aqu\u00e9lla le promovi\u00f3. En su reemplazo, implor\u00f3 que se ordene al juzgado agotar la totalidad de las fases previstas en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que a trav\u00e9s del acuerdo conciliatorio renunci\u00f3 a \u00ablos derechos gananciales que le pudiesen corresponder\u00bb en la respectiva sociedad conyugal. Sin embargo, el consentimiento que emiti\u00f3 para el efecto est\u00e1 viciado, por cuanto accedi\u00f3 a la f\u00f3rmula de arreglo propuesta por la demandante en virtud de la presi\u00f3n del juez, quien lo amenaz\u00f3 con frases como \u00abusted podr\u00eda salir condenado\u00bb, \u00abusted incurri\u00f3 en violencia\u00bb, \u00ablo condenar\u00eda como c\u00f3nyuge culpable\u00bb, \u00abse podr\u00eda adelantar una acci\u00f3n penal en contra suya\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no estaba en capacidad de entender los alcances de dicho convenio como sus consecuencias, debido a su \u00abanalfabetismo parcial\u00bb, y que el funcionario judicial ni la abogada designada a ra\u00edz del amparo de pobreza que se le confiri\u00f3 le explicaron adecuadamente las \u00aboportunidades y posibilidades que ostentaba en el proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, con miras a tener por cumplidos los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, anot\u00f3 que debe apreciarse que es un sujeto de especial protecci\u00f3n, dada su condici\u00f3n de \u00abanalfabetismo\u00bb, as\u00ed como que se encuentra en una situaci\u00f3n de perjuicio irremediable, puesto que renunciar a su derecho de gananciales significa perder su domicilio, sumado a que carece de los medios econ\u00f3micos para sufragar el pago de un arriendo y est\u00e1 pr\u00f3ximo \u00aba ser parte de la tercera edad\u00bb. <\/p>\n
2.- El fallador convocado defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n. Por su parte, Rosa Gabriel L\u00f3pez, quien fue la abogada que el juzgado design\u00f3 al quejoso para que ejerciera su derecho de defensa, neg\u00f3 la falta de informaci\u00f3n denunciada por \u00e9ste, e indic\u00f3 que en virtud de las aclaraciones suministradas \u00abtuvo claridad y conocimiento de lo que estaba aceptando, pues conforme a sus actuaciones sab\u00eda que no hab\u00eda manera de demostrar lo contrario y este era el mejor camino a tomar para su propio beneficio\u00bb. No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El Tribunal declar\u00f3 improcedente al auxilio por falta del cumplimiento del requisito de subsidiariedad, ya que el actor no aleg\u00f3 en el pleito el constre\u00f1imiento del que se duele, o \u00abacudi\u00f3 al proceso respectivo para aducir el supuesto vicio del consentimiento que pregona\u00bb. <\/p>\n
4.- El censor impugn\u00f3 lo decidido, apoyado en que resultan desproporcionadas las exigencias realizadas para la procedencia de la tutela, dado que \u00abno conoc\u00eda a qu\u00e9 estaba renunciando y no comprend\u00eda cabalmente lo acaecido en audiencia p\u00fablica\u00bb, y en la actualidad \u00abno cuenta con los recursos cognitivos, intelectuales y monetarios para\u00bb promover el juicio mencionado por el a quo constitucional. <\/p>\n
Tambi\u00e9n acot\u00f3 que el Tribunal no decret\u00f3 el interrogatorio que solicit\u00f3 en el escrito de tutela para conocer su \u00abestado de analfabetismo parcial -o retraso educativo- del accionante y la presi\u00f3n realizada que lo llev\u00f3 a que se materializara el vicio de consentimiento en la conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, s\u00ed manifest\u00f3 su inconformidad en la audiencia en la que se aprob\u00f3 el acuerdo, puesto que le advirti\u00f3 al juez que no entend\u00eda la propuesta de soluci\u00f3n del conflicto y al ser requerido por su aval dijo \u00abS\u00ed, toca aceptarla\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reiter\u00f3 que es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional y la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace impugnado se respaldar\u00e1, comoquiera que, en efecto, la acci\u00f3n no satisface el presupuesto de subsidiariedad, y no hay razones que permitan superarlo. <\/p>\n
2.- Cuando lo enjuiciado es una actuaci\u00f3n judicial la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 supeditada a que el accionante haya agotado los instrumentos que ten\u00eda en el proceso respectivo para remediar los yerros que alega frente a la decisi\u00f3n. De modo que si no hizo uso de ellos la injerencia supralegal es inviable (CSJ STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC13745-2022, STC3600-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
3.- En el caso, como lo advirti\u00f3 el Tribunal y se infiere de la vista p\u00fablica en la que se surtieron las actuaciones enjuiciadas, el interesado no protest\u00f3 contra la aprobaci\u00f3n del acuerdo conciliatorio, o frente a los t\u00e9rminos de \u00e9ste. Tampoco aleg\u00f3 que su consentimiento fuera el fruto de las presiones que ahora denuncia. <\/p>\n
3.1.- Ahora, que el gestor haya alegado falta de comprensi\u00f3n cuando el juez le corri\u00f3 traslado de la propuesta de \u00abacuerdo conciliatorio\u00bb, no es un hecho que pueda tenerse como reproche sobre el punto. F\u00edjese que esa r\u00e9plica tuvo lugar al inicio de la reuni\u00f3n, mientras que el aval del convenio se produjo luego de que el accionante tuvo la oportunidad de conocer las circunstancias relativas a la oferta. Igualmente, no constituye protesta alguna la circunstancia de que el actor, a la pregunta de si aceptaba el acuerdo, respondiera: \u00abS\u00ed, toca aceptarla\u00bb, pues de esa manifestaci\u00f3n no se infiere inconformidad alguna, con mayor raz\u00f3n cuando fue el producto de las deliberaciones entre \u00e9l y su abogada de oficio. <\/p>\n
3.2.- Por otro lado, no hay razones para superar el presupuesto comentado y descender al fondo de la controversia, sin que lo sea el analfabetismo denunciado por el actor, por las razones que se expone a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, las personas analfabetas merecen un tratamiento diferencial, pues debido a dicha circunstancia se encuentran en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, que les impide defender efectivamente sus derechos. De all\u00ed que incumba a las autoridades jurisdiccionales adoptar acciones afirmativas que les permitan el pleno goce de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Sin embargo, el actor no acredit\u00f3 hacer parte de ese grupo, sumado a que esa condici\u00f3n queda descartada con los diversos memoriales que ha presentado en el proceso acusado, en los cuales no manifest\u00f3 la situaci\u00f3n que ahora denuncia. <\/p>\n
Por otra parte, no ten\u00eda por qu\u00e9 decretarse el interrogatorio solicitado en el escrito de tutela para que se verificara su nivel de escolaridad, pues le incumb\u00eda allegar con el libelo las evidencias que dieran cuenta de su estado. Adem\u00e1s, con miras a determinar si a causa de su \u00abanalfabetismo parcial\u00bb estaba imposibilitado para debatir el acuerdo conciliatorio y su aprobaci\u00f3n, no resultaba -ni resulta- necesario apreciar evidencias distintas a las que reposan en el expediente reprochado, pues es all\u00ed en donde deben constatarse aquellas denuncias. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, y a vuelta de revisar la audiencia celebrada el 10 de mayo de 2023, la Sala descarta que el recurrente no estuviera en condiciones de defender sus derechos. Para ello, es suficiente advertir que i) cuando el juzgador le corri\u00f3 traslado de la propuesta, levant\u00f3 la voz para manifestar que no la comprend\u00eda; ii) que el funcionario, luego de solicitar a la representante judicial del censor que le explicara, le indic\u00f3 que si no entend\u00eda, en todo caso, pod\u00eda pedirle las aclaraciones de rigor; y iii) que luego de vencido el tiempo conferido para esa finalidad, aqu\u00e9l no protest\u00f3 y en se\u00f1al de que la conversaci\u00f3n con su abogada hab\u00eda dado frutos, expres\u00f3 que estaba conforme con los t\u00e9rminos de la conciliaci\u00f3n. Luego, el solicitante estuvo en capacidad de expresar que entend\u00eda y que no, otra cosa es que al t\u00e9rmino de la charla con aquella profesional hubiese optado por asentir, sin r\u00e9plica alguna. <\/p>\n
Como puede verse, de las diligencias criticadas se advierte, contrario a lo alegado por Jes\u00fas Alberto Agudelo, que \u00e9l tuvo la oportunidad de oponerse al acuerdo de conciliaci\u00f3n, as\u00ed como frente a su aprobaci\u00f3n; sin embargo, decidi\u00f3 adherirse a \u00e9l. <\/p>\n
4.- Siendo as\u00ed no es procedente que la Sala revise el fondo de las directrices reprochadas, pues, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC 26 en. 2011, rad. 2011- 00027-01, reiterada entre muchas otras en STC7060-2023). <\/p>\n
5.- Asimismo, el perjuicio que le pueda irrogar el cumplimiento del pluricitado convenio no es raz\u00f3n para superar el requisito de subsidiariedad, ya que el mismo ser\u00eda el resultado de la firmeza de la sentencia que lo aprob\u00f3. <\/p>\n
6.- Bajo esos derroteros, se ratificar\u00e1 el veredicto objetado, en cuanto declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n suplicada por ausencia del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
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