STC8907-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8907-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 18 de julio de 2023 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela promovida por Jes\u00fas An\u00edbal \u00c1lvarez S\u00e1nchez contra los Juzgados Promiscuos del Circuito y Municipal de Yolomb\u00f3, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de servidumbre de tr\u00e1nsito con radicado n\u00b0 058904089001-2015-00014-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se deje sin efecto el auto que confirm\u00f3 el decreto de una medida cautelar en su contra (21 feb. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandado en el declarativo objeto de revisi\u00f3n en el que se decret\u00f3 como medida cautelar \u00abpermitir de manera PROVISIONAL, el paso vehicular a la parte demandante hasta el predio denominado Singapur, de propiedad de estos \u00faltimos\u00bb (17 may. 2023). Relat\u00f3 que contra esa determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n subsidiaria de apelaci\u00f3n, sin \u00e9xito (29 jul. 2022 y 21 feb. 2023, respectivamente). <\/p>\n
De esas determinaciones deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales porque, en su criterio, no se apreci\u00f3 adecuadamente las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y normativas relativas al caso concreto. <\/p>\n
2. El juzgado municipal accionado remiti\u00f3 el link del expediente acusado, hizo un relato de las actuaciones a su cargo y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. John Alejandro Mesa Pulgar\u00edn -qui\u00e9n adujo ser apoderado judicial de algunos de los intervinientes en la litis cuestionada- se opuso a la prosperidad del resguardo. <\/p>\n
3. La primera instancia concedi\u00f3 el amparo tras considerar que los juzgados accionados no incluyeron en su motivaci\u00f3n un estudio sobre los requisitos que el literal c del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso impone para la imposici\u00f3n de una cautela innominada. Orden\u00f3 al despacho municipal volver a resolver el asunto. <\/p>\n
4. John Alejandro Mesa Pulgar\u00edn impugn\u00f3, en esencia, porque los autos criticados contienen \u00abun an\u00e1lisis SUFICIENTEMENTE motivado, no as\u00ed amplio, pero si suficiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Sea lo primero manifestar que la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al auto emitido por el ad quem, comoquiera que a trav\u00e9s de \u00e9l zanj\u00f3 la controversia relativa al decreto cautelar en segunda instancia (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada, en STC2133-2023, STC1749-2023, entre otras). <\/p>\n
Advertido lo anterior, se anuncia desde ya que la concesi\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada porque la decisi\u00f3n cuestionada carece de motivaci\u00f3n suficiente, en relaci\u00f3n con las circunstancias f\u00e1cticas y normativas relativas al caso concreto. No obstante, se modificar\u00e1 la orden impartida por el tribunal de primer grado en la medida que es el despacho del circuito querellado quien deber\u00e1 cumplir el mandato superlativo. <\/p>\n
En efecto, revisada la providencia de segunda instancia acusada se constat\u00f3 que el juzgador inici\u00f3 por mencionar algunos presupuestos que consagr\u00f3 el literal c del art\u00edculo 590 del estatuto adjetivo para la procedencia de una cautela de esa naturaleza, de los cuales destac\u00f3 la legitimaci\u00f3n del peticionario, la \u00abamenaza o la vulneraci\u00f3n del derecho (\u2026) la apariencia de buen derecho, (\u2026) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida\u00bb. <\/p>\n
En seguida reliev\u00f3 que en el caso concreto se fij\u00f3 cauci\u00f3n previa al decreto de la cautela cuestionada y la armon\u00eda de su monto conforme a las pretensiones de la causa. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 a la necesidad de \u00abhacer una somera evaluaci\u00f3n de la apariencia de buen derecho\u00bb y explic\u00f3 te\u00f3ricamente en qu\u00e9 consist\u00eda dicho criterio. Luego hizo algunas consideraciones en relativas a la finalidad de las cautelas en el marco del proceso judicial, su car\u00e1cter provisional y reiter\u00f3 la importancia de desplegar \u00abun estudio riguroso sobre la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la cautela deprecada\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el caso concreto se limit\u00f3 a concluir que: <\/p>\n
\u00abConsidero el juzgado, con la discrecionalidad y prudencia que le exige la ley, que no ha sido una decisi\u00f3n arbitraria, acceder a decretar la medida innominada que se ataca, puesto que lo que se busc\u00f3 con ello es la protecci\u00f3n preventiva en contra de una posible amenaza en la cual se coloque en riesgo o pueda causar una desmejora al derecho que se discuta en el proceso. El ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho con el fin de garantizar que la decisi\u00f3n adoptada sea materialmente ejecutada. Estas medidas lo que buscan es, asegurar el cumplimiento de la decisi\u00f3n que se adopte, porque los fallos ser\u00edan ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucci\u00f3n o afectaci\u00f3n del derecho controvertido (Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 2004, pp. 1-2). <\/p>\n
La anterior argumentaci\u00f3n conlleva a que deba ser mantenida la providencia impugnada.\u00bb <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo la autoridad accionada hizo menci\u00f3n de los requisitos que el legislador procesal consagr\u00f3 para la procedencia de medidas precautorias, pero nada dijo sobre las circunstancias f\u00e1cticas relativas al caso concreto y a los medios de prueba que, en su criterio, colmaban dichos presupuestos axiol\u00f3gicos. Por el contrario, la conclusi\u00f3n fue soportada en alusiones gen\u00e9ricas y te\u00f3ricas en torno a la instituci\u00f3n cautelar sin hacer referencia a la subsunci\u00f3n del caso concreto en la normativa en comento; situaci\u00f3n que, a decir verdad, no permite conocer los raciocinios y fundamentos probatorios que llevaron al juzgador a tomar la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, el juzgador de segundo grado se circunscribi\u00f3 a hacer un recuento de los requisitos necesarios para el decreto de las cautelas contenidas en el literal c del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, pero ning\u00fan estudio realiz\u00f3 sobre la integraci\u00f3n del caso concreto respecto de esa pauta legal. <\/p>\n
Ese panorama, deja en evidencia que el ad quem dej\u00f3 de motivar sobre su ejercicio de subsunci\u00f3n normativa en el caso concreto, lo cual vulnera el derecho al debido proceso e impide, como se dijo, realizar un juicio de constitucionalidad dado el silencio sobre el particular. Raz\u00f3n por la que no queda alternativa distinta a confirmar la concesi\u00f3n el auxilio, para que sea ese juzgador del circuito el que resuelva nuevamente conforme a las consideraciones expuestas. <\/p>\n
No en vano, esta Sala en CSJ STC9721-2022 sostuvo: <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el debido proceso de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia exige que sus servidores motiven sus decisiones frente a los hechos probados y las normas aplicables a su caso, a fin de que puedan conocer las razones por las cuales se acogen o desestiman sus solicitudes. Por eso esta Corte ha insistido en que: <\/p>\n
(\u2026) el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
En definitiva, comoquiera que la decisi\u00f3n que zanj\u00f3 la discusi\u00f3n no permite realizar un juicio de constitucionalidad dada la insuficiente motivaci\u00f3n judicial ofrecida, no queda opci\u00f3n diferente a confirmar la concesi\u00f3n del amparo para que sea el juzgador del circuito quien defina nuevamente el asunto en su condici\u00f3n de juez de segundo grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley MODIFICA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, en el sentido de ordenar al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolomb\u00f3 que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto de 17 de mayo de 2022 que decret\u00f3 la cautela objeto de an\u00e1lisis, conforme a las consideraciones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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