STC8908-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8908-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Benavides Nieto, como apoderado especial de la Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Ltda., contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante se\u00f1al\u00f3 que en el juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en favor de la Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Ltda. -respecto del predio denominado \u00abBetel\u00bb, con folio inmobiliario Nro. 226-25151, ubicado en el municipio de Santa Ana, en el departamento del Magdalena-, el 24 de marzo de 2021 el Tribunal acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones; y tras la ejecutoria de ese veredicto, para obtener su cumplimiento, \u00aben reiteradas oportunidades h[a] solicitado el traslado del expediente al juzgado de origen[,] sin obtener respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
Por tal omisi\u00f3n, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente conculcadas por la Corporaci\u00f3n repelida, por lo que solicit\u00f3 ordenarle resolver su solicitud, \u00abde manera id\u00f3nea, de fondo y congruente\u00bb, disponiendo \u00abel traslado del expediente al juzgado de origen para que este cumpla con lo ordenado en el mismo\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 el libelo, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los reportes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, al estimar que \u00abno existe ninguna vulneraci\u00f3n\u2026 a los derechos fundamentales alegados\u00bb, pidi\u00f3 declarar la inviabilidad de la salvaguarda porque atendi\u00f3 la solicitud referida por el accionante, \u00abmediante auto de seguimiento de sentencia[,] explicando que tal pedimento no es procedente, en el entendido que despu\u00e9s de dictar sentencia el Magistrado ponente mantiene la competencia para dictar en posfallo las \u00f3rdenes que garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de las medidas otorgadas a favor de los restituidos conforme lo dispone el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011\u00bb; sumado a que \u00abdispuso redireccionar la comisi\u00f3n que se hab\u00eda conferido para la entrega\u2026[,] habida cuenta [que] el juzgado inicialmente designado para el asunto, fue transformado en su denominaci\u00f3n[,] lo cual[,] al parecer[,] se constituy\u00f3 en un inconveniente para que se elaborara el correspondiente despacho comisorio\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras deprec\u00f3 \u00abdeclarar configurada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, en consecuencia\u2026[,] desvincular[la]\u2026 de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb, comoquiera que \u00ablos hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por ella\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
2. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
[l]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
3. Por otro lado, en todo caso, se observa que en el curso de esta acci\u00f3n de tutela el Tribunal acusado atendi\u00f3 la solicitud referida por el actor, aunque adversamente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del pasado 1\u00ba de septiembre, en el cual dispuso, entre otras cosas: i) \u00ab[n]o acceder a la solicitud presentada por la Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Limitada\u00bb, al ser improcedente \u00abel traslado del expediente al Juzgado que realiz\u00f3 la instrucci\u00f3n\u2026, toda vez que [esa] Sala ostenta la competencia para proferir las decisiones correspondientes para garantizar los derechos de los restituidos\u00bb, de conformidad con lo establecido en el precepto 102 de la Ley 1448 de 2011, seg\u00fan el cual esa Corporaci\u00f3n es la llamada a \u00abdictar en posfallo las \u00f3rdenes que garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de las mediadas otorgadas a favor de los restituidos\u00bb; y ii) \u00ab[r]edire[c]cionar la comisi\u00f3n conferida al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta para que haga efectiva la diligencia de entrega del predio \u201cBetel\u201d a favor de la\u2026 Compa\u00f1\u00eda Comercial y Ganadera Tico Benavides Limitada\u00bb; destacando que si alguna inconformidad tiene la parte accionante frente a lo all\u00ed definido, le compete concurrir\u00e1 plantearlo ante ese fallador natural, mediante los recursos pertinentes, sin que el juzgador constitucional pueda anticiparse a los pronunciamientos que, por ley, le corresponde emitir a aqu\u00e9l. <\/p>\n
Por ende, de cara al debido proceso, como la trasgresi\u00f3n u omisi\u00f3n atribuida se super\u00f3, aunque con posterioridad a la radicaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional (la demanda de amparo se inco\u00f3 por v\u00eda electr\u00f3nica el 17 de agosto \u00faltimo), ning\u00fan tipo de injerencia al respecto encontrar\u00eda raz\u00f3n de cabida; acerca de lo que esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u2026 (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Lo consignado denota la improcedencia del ruego tutelar, por la inviabilidad del derecho de petici\u00f3n en las actuaciones judiciales y por la no conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso en el asunto recriminado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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