STC8910-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8910-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03344-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fresa Producciones y Comunicaciones S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho esencial al debido proceso, presuntamente conculcado por las sedes judiciales acusadas al denegar el mandamiento de pago en el juicio ejecutivo que instaur\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje[n] sin efectos el auto del veintinueve 29 de junio de dos mil veintitr\u00e9s[,] [mediante el cual] el Tribunal [acusado]\u2026 confirm\u00f3 (sic) el\u2026 del 9 de febrero de 2023[;] y\u2026 [\u00e9ste,] proferido por el juzgado [accionado]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que, con apoyo en doce (12) facturas de venta por la suma total de $251.056.810, la accionante promovi\u00f3 contra Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia – RTVC, el 14 de octubre de 2021 el Juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago y el 3 de febrero de 2022 dispuso \u00abadmit[ir] la reforma a la demanda\u00bb que present\u00f3 la primera; prove\u00eddos que revoc\u00f3 el 27 de octubre siguiente para, en su lugar, denegar la orden de apremio, al concluir, en lo medular, que \u00abel ejecutado nunca acept\u00f3 las obligaciones incorporadas en los documentos que se le enrostran, procediendo a rechazar las facturas en el t\u00e9rmino legal, por lo cual el derecho\u2026 reclamado no es exigible v\u00eda ejecutiva\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el pasado 9 de febrero y que el Tribunal convocado confirm\u00f3 el 29 de junio siguiente. <\/p>\n
2.2. En sede tutela, en concreto, la accionante sostuvo que all\u00ed se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al evidenciarse \u00abuna interpretaci\u00f3n restrictiva del soporte probatorio aportado\u00bb que, en su sentir, da cuenta de que i) \u00abse realizaron dos radicaciones frente a la accionada, esto es, el\u2026 24 de enero de 2020, [le] fueron entregados\u2026 un paquete con 12 facturas, denominado como \u201cServicios prestados por Fresa con un total de 12 folios\u201d , radicadas bajo el consecutivo 20205500004292\u00bb; ii) \u00ab[e]n esta radicaci\u00f3n, con dos juegos de facturas originales[,] una para el ejecutante y otra para el ejecutado, la entidad, solamente puso sticker de radicaci\u00f3n en el oficio remisorio\u00bb; iii) el \u00ab27 de febrero se radica nuevamente una comunicaci\u00f3n en la que se le recuerda a la ejecutada del pago de las facturas radicadas en el mes de enero de 2020, y se le entregan a la ejecutada copia de las facturas (lo anterior por cuanto desde el mes de enero contaban con el original de las facturas), no quiere decir esto bajo ninguna circunstancia que los documentos aportados como base de ejecuci\u00f3n sean copias, pues siempre se insisti\u00f3 que se le entregaron copias a la ejecutada, no al despacho\u00bb; iv) \u00ab[l]a ejecutada en las facturas originales que conserva [la ejecutante]\u2026 y que fueron aportadas al presente proceso, al momento de dar el recibido a la comunicaci\u00f3n de febrero donde se le recordaba el pago de las facturas[,] le puso sticker a las 12 facturas como si fuera la primera vez que se radicaran\u00bb; v) \u00ab[e]l rechazo de las facturas se hace sobre la radicaci\u00f3n del 27 de febrero, radicaci\u00f3n en la que a la ejecutada se le entregaron copias, como se indic\u00f3 reiteradamente, lo que hace que el rechazo aportado sea sobre copias y no sobre las originales, pues estas fueron radicadas el 24 de enero de 2020, como se indic\u00f3 en los hechos de la demanda\u00bb; vi) \u00ab[e]n atenci\u00f3n a que desde siempre se indic\u00f3 que las facturas aportadas como base de la ejecuci\u00f3n fueron radicadas el\u2026 24 de enero de 2020, bajo el consecutivo 20205500004292, y la ejecutada insiste en que estas fueron radicadas el 24 de febrero de 2020, no hay duda sobre la originalidad de los t\u00edtulos cartulares base de ejecuci\u00f3n, el objeto de la litis consiste en determinar si el rechazo de las facturas se dio dentro de la oportunidad legal establecida para tal fin y esto es determinando la fecha cierta de la radicaci\u00f3n de las facturas, sin embargo las sedes judiciales que analizaron la controversia no aterrizaron a realizar dichas probanzas con el fin de validar si el rechazo se dio o no en la oportunidad legal\u00bb; y vii) \u00ab[l]o anterior no quiere decir bajo ninguna \u00f3ptica que los t\u00edtulos se aportaran a mitad del proceso, lo que quiere decir es que de las probanzas procesales se verifique la fecha cierta de la radicaci\u00f3n de las facturas, hecho que est\u00e1 en controversia a la fecha, sin que nunca se haya puesto en tela de juicio el valor de los t\u00edtulos ni su originalidad\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo deprecado por la sociedad gestora, porque la providencia de 29 de junio de 2023[,] con la que\u2026 confirm\u00f3 el auto que el 27 de octubre de 2022 profiri\u00f3 el Juzgado\u2026, es producto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, en concordancia con la jurisprudencia, raz\u00f3n por la cual\u2026 se atiene a las argumentaciones all\u00ed vertidas, en las que se explic\u00f3, en forma clara, los motivos por los cuales, hab\u00eda lugar a revocar la orden de pago all\u00ed librada, para en su lugar negarla[,] al no cumplirse con las exigencias de que trata el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abse fundament\u00f3 en las pruebas decretadas y practicadas en la actuaci\u00f3n cuestionada, por lo que\u2026 en la providencia atacada no se incurri\u00f3 en ninguno de los defectos endilgados, m[\u00e1]s aun cuando el aval de la orden del juez a quo, se emiti\u00f3 al verificarse que no existi\u00f3 una aceptaci\u00f3n expresa, ni t\u00e1cita por parte de la sociedad demandada, pues esta rechaz\u00f3 las facturas[,] y ante la ausencia de voluntad de obligarse para con la empresa ejecutante, la orden de apremio pretendida por la \u00faltima no pod\u00eda abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia – RTVC defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones recriminadas; solicit\u00f3 \u00abNEGAR la\u2026 acci\u00f3n constitucional por improcedente[,] al no cumplir los criterios para [su] prosperidad\u00bb; y resalt\u00f3 que \u00abactualmente existe un proceso de controversias contractuales iniciado por RTVC\u2026 para diferir de las controversias del contrato suscrito con el accionante, y que fue objeto de demanda de reconvenci\u00f3n por parte del mismo\u2026[,] cu[y]a pretensi\u00f3n tambi\u00e9n consiste en el pago de las facturas aducidas, lo que acredita que el t[\u00ed]tulo no acredita los requisitos para su exigibilidad[,] pues existe pleito pendiente en la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. Y que se pretende como una condena declarativa (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 atenerse \u00abal contenido de la providencia objeto de reproche, pues su argumentaci\u00f3n es razonable y de ninguna manera vulnera los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, porque no luce arbitrario el prove\u00eddo mediante el cual, el pasado 29 de junio, el Tribunal acusado ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del a-quo en torno a la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago rogado por la actora. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia, sobre la que recae el presente an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n, el ad-quem atacado delanteramente anticip\u00f3 \u00abla convalidaci\u00f3n de lo fustigado, porque los documentos que fueron aportados no son \u00fatiles para habilitar la ejecuci\u00f3n deprecada\u00bb. <\/p>\n
Para justificar tal aseveraci\u00f3n, record\u00f3 que \u00abla factura de venta \u201ces un t\u00edtulo valor que el vendedor o prestador del servicio podr\u00e1 librar y entregar o remitir al comprador o beneficiaria del servicio\u201d y debe corresponder \u201ca bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito\u201d (art. 772 del C. de Co., modificado por el art. 1\u00b0 de la Ley 1231 de 2008)\u00bb; que \u00abpara que tal documento adquiera naturaleza cartular, se hace necesario que re\u00fana los requisitos previstos en el art\u00edculo 774 del Estatuto Mercantil, modificado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1231 de 2008, tales como, entre otros, la fecha de recibo \u201ccon indicaci\u00f3n del nombre, o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla\u201d, adem\u00e1s de los exigidos en los c\u00e1nones 621 \u00eddem y 617 del Estatuto Tributario; de igual forma, advierte la norma que \u201cno tendr\u00e1 el car\u00e1cter de t\u00edtulo valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales se\u00f1alados en el presente art\u00edculo. Sin embargo, la omisi\u00f3n de cualquiera de estos requisitos no afectar\u00e1 la validez del negocio jur\u00eddico que dio origen a la factura\u201d\u00bb; y que \u00abresulta inviable desconocer el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, pues, aunque la sociedad recurrente pretenda hacer ver que este precepto no puede tenerse como requisito formal para emitir el mandamiento de pago pretendido, lo cierto es que en trat\u00e1ndose de facturas de venta, la disposici\u00f3n all\u00ed contenida opera como presupuesto necesario para darle a los cartulares en menci\u00f3n el calificativo de t\u00edtulo valor, porque de no mediar una entrega cierta y la consecuente aceptaci\u00f3n, aunque se tenga como existente el documento, este no tendr\u00eda la entidad suficiente de vincular a quien adquiri\u00f3 ciertos bienes y\/o servicios\u00bb; supuesto \u00faltimo respecto al cual, destac\u00f3, esta Corte ha dejado dicho que: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[S]e torna ver\u00eddico concebir que el funcionario judicial de conocimiento debe indagar por la entrega de las mercanc\u00edas o prestaci\u00f3n de los servicios a la hora de ponderar los presupuestos de la factura, de cara a su reconocimiento como documentaci\u00f3n susceptible de m\u00e9rito ejecutivo, toda vez que, aun cuando a voces del art\u00edculo 774, inciso final de la codificaci\u00f3n de los comerciantes, modificado por el precepto 3 de la ley 1231 de 2008, \u00ab[l]a omisi\u00f3n de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las [aqu\u00ed] se\u00f1aladas (\u2026), no afectar\u00e1 la calidad de t\u00edtulo valor de las facturas\u00bb (grosso modo: fechas de vencimiento, recibo y constancia del estado de pago o remuneraci\u00f3n), cierto es que del franco y hol\u00edstico entendimiento de los actuales c\u00e1nones 772 y 773 de la obra en comento, se hace exigible visualizar adem\u00e1s de aquellas exigencias, la referente a si el comprador de aquellos productos o prestaciones los recibi\u00f3. <\/p>\n
Aspecto que improbable es asumir bajo el entendido de que la validez de las facturas como paginarios capaces de revestir m\u00e9rito ejecutivo, se predica de acreditar, en su cuerpo documentario o en hoja adherida, la mentada constancia de entrega mercanc\u00eda o de suministro de servicio -tal cual lo dirimi\u00f3 el tribunal recriminado sumido en yerro-, por cuanto, sea de dilucidar, el requisito que por esa senda debe analizarse es, sin m\u00e1s, el de la aceptaci\u00f3n de tales t\u00edtulos valores, junto a la menci\u00f3n del derecho que se incorpora, la firma de su creador – vendedor de la mercanc\u00eda o prestador del servicio, las fechas de vencimiento y recibo (en este caso, firma e identificaci\u00f3n del receptor)\u201d. (CSJ STC 7106\/2020 de 9 de septiembre de 2020; negrilla para resaltar). <\/p>\n
Por ese sendero, seguidamente, consign\u00f3 que, \u00absin asomo de duda, se colige entonces que los documentos adosados a la demanda como soporte de la ejecuci\u00f3n, no satisfacen los requisitos que el ordenamiento jur\u00eddico exige para que alcancen m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, en tanto que, \u00aben \u00faltimas, el debate se suscit\u00f3 en relaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de las facturas a la pasiva -como presunta deudora-, y la aceptaci\u00f3n que esta diera de las mismas\u00bb, hallando que: <\/p>\n
\u2026comporta precisar que de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 773, inciso 3\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el 86 de la Ley 1676 de 2013, si transcurridos tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de recibo de la factura el destinatario no reclama en contra de su contenido, bien, mediante devoluci\u00f3n de la misma y de los documentos de despacho, seg\u00fan el caso, ora a trav\u00e9s de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del t\u00edtulo, se considerar\u00e1 irrevocablemente aceptada. <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que, si no obstante el destinatario estima indispensable estudiar el contenido del documento as\u00ed como la calidad de los bienes adquiridos o la idoneidad del servicio prestado, si no emite una de dos manifestaciones, bien aceptaci\u00f3n, ora rechazo de la factura, en forma expresa y dentro de los tres d\u00edas siguientes a su recibo, ello comporta su \u201caceptaci\u00f3n t\u00e1cita\u201d, lo que pone de presente que el procedimiento interno previsto por el obligado no altera las reglas previstas en la ley para entender que se produce el acto de \u201caceptaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 3327 de 2009, seg\u00fan el cual si el comprador del bien o beneficiario del servicio nosuscribe el original de la factura a contra entrega o de forma inmediata, dispone de 3 d\u00edas5, para: 1) firmarla como constancia de su aceptaci\u00f3n y de la recepci\u00f3n de los bienes comprados o servicios adquiridos, o 2) manifestar su rechazo y, en ambos casos, devolverla al emisor, o \u201cla acepte o rechace de forma expresa en documento aparte, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1231 de 2008\u201d; empero, una vez cumplido el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su recibo sin que haya operado alguno de los eventos mencionados, se entender\u00e1 que la factura ha sido aceptada de forma t\u00e1cita e irrevocable, como lo dispone el art\u00edculo 2\u00b0, inciso 3\u00b0 de la Ley 1231 de 2008. <\/p>\n
Despu\u00e9s, aplicando todo ello al caso concreto, estableci\u00f3 que, \u00abde las pruebas adosadas por los enfrentados\u00bb, contrario a lo aducido por la quejosa, \u00abexiste certeza que las facturas de venta Nos. 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 y 1089 se presentaron asertivamente ante la ejecutada el\u2026 27 de febrero de 2020[,] tal y como se lee de los sellos con c\u00f3digo de barras impuestos por la convocada en la documentaci\u00f3n arrimada por la misma sociedad demandante como soporte de la ejecuci\u00f3n, lo cual no solo guarda paridad con la documental que acompa\u00f1\u00f3 a la reforma de la demanda, sino tambi\u00e9n con los elementos de demostraci\u00f3n tra\u00eddos por su contradictor\u00bb; aunado a que, \u00aben lo que respecta a la puntual aceptaci\u00f3n o rechazo de las facturas\u2026[,] tampoco existe dubitaci\u00f3n alguna en cuanto a su fecha, la cual fue el 3 de marzo de 2020, esto es, dentro de la oportunidad legal contenida en el inciso 3\u00b0 del canon 773 del Estatuto Mercantil Colombiano y no el 4 de marzo siguiente como lo indic\u00f3 err\u00f3neamente la apelante, pues la entidad encartada, acredit\u00f3 con el n\u00famero de gu\u00eda RA247793453CO del correo certificado 4-72, que la entrega del rechazo expreso se materializ\u00f3 el 3 de marzo de 2020\u00bb. <\/p>\n
A lo cual, para derruir de ra\u00edz los planteamientos de la inconforme, categ\u00f3ricamente agreg\u00f3: <\/p>\n
Prec\u00edsese que aun cuando la recurrente aleg\u00f3 una extemporaneidad en el aludido rechazo de las facturas, lo cierto es que tal reparo no cont\u00f3 con los soportes id\u00f3neos para su prosperidad[,] toda vez que se limit\u00f3 a exponer que \u201cen comunicaci\u00f3n de fecha 4 de marzo de 2020, radicada al demandado bajo el consecutivo 20205510012312, se deja constancia que la comunicaci\u00f3n de rechazo fue recibida solo hasta el 4 de marzo\u201d, sin que le sea dable a la interesada desconocer el principio general de derecho probatorio consistente en la imposibilidad de crearse a su favor su propia prueba. <\/p>\n
Con todo, si bien la demandante manifest\u00f3 que en realidad las facturas se las present\u00f3 para el cobro a la pasiva el 24 de enero de 2020 y que las radicadas tanto el 27 de enero, como el 27 de febrero posterior solo se trat\u00f3 de recordatorios de pago, debe indic\u00e1rsele que dicho supuesto f\u00e1ctico no lo demostr\u00f3, es m\u00e1s, al afirmar que \u201cla comunicaci\u00f3n radicada el d\u00eda 27 de febrero de 2020, constitutiva del segundo requerimiento de cobro y el cual se acompa\u00f1\u00f3 de las copias de las facturas\u201d -se resalta-, lo \u00fanico que evidencia es que la actora trajo como t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n, documentos que ella misma asevera no tratarse de los originales, cuando estos \u00faltimos en menci\u00f3n son los que prestan m\u00e9rito ejecutivo y no otros. <\/p>\n
Con fundamento en todas esas disquisiciones, coincidi\u00f3 con el Juzgado acusado en cuanto a que \u00abno existi\u00f3 una aceptaci\u00f3n expresa, y mucho menos t\u00e1cita por parte de la convocada a juicio, pues esta rechaz\u00f3 las facturas el 3 de marzo de 2020, por lo que, ante la ausencia de voluntad de obligarse para con la empresa ejecutante, la orden de apremio pretendida por la \u00faltima no pod\u00eda abrirse paso\u00bb, evidenci\u00e1ndose que \u00abno se cumpli\u00f3 a cabalidad con las exigencias contenidas en el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por lo dicho, la Corte concluye que las consideraciones contenidas en la decisi\u00f3n criticada en cuanto a la ausencia de documentos que satisficieran los requisitos de t\u00edtulos valores para soportar el cobro pretendido, no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, y resultaban suficientes para confirmar el veredicto del a-quo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, con apoyo en las normas que gobiernan la espec\u00edfica materia sometida a discusi\u00f3n y el estudio conjunto de las pruebas allegadas, el ad-quem concluy\u00f3, en s\u00edntesis, que las doce facturas allegadas como base de recaudo, a pesar de ser radicadas ante la ejecutada el 27 de febrero de 2020, \u00e9sta las rechaz\u00f3, devolvi\u00e9ndolas a su emisor el 3 de marzo siguiente, por lo que no se produjo su aceptaci\u00f3n expresa ni t\u00e1cita, resultando inexigibles por la v\u00eda ejecutiva, al insatisfacer los presupuestos de los c\u00e1nones 773 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, aunado a que aunque la acreedora indic\u00f3 que, en realidad, tales t\u00edtulos los present\u00f3 para su pago, a la deudora, el 24 de enero de 2020, y que los radic\u00f3 ante ella desde el d\u00eda 27 siguiente, \u00abdicho supuesto f[\u00e1]ctico no lo demostr\u00f3\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Luego, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este fallo, oportunamente env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8910-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8910-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03344-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fresa Producciones y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}