STC8912-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8912-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00356-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la Federaci\u00f3n Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN frente al fallo proferido el pasado 14 de agosto por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad y el liquidador de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia – CILEDCO, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar \u00aba los accionados reconocer como obligaci\u00f3n de primer grado la acreencia de la FEDERACI\u00d3N COLO[M]BIANA DE GANADEROS como administrador del FNG, en cuant\u00eda de $43.269.945[,] correspondiente a los per\u00edodos adeudados de marzo a diciembre de 2017 y enero a mayo de 2018, con fundamento en el T[\u00ed]tulo ejecutivo aportado al proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la accionante que, ante el estrado convocado, en el proceso de reorganizaci\u00f3n de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia – CILEDCO, se reconoci\u00f3 a su favor y parcialmente (por $59.112.200, cuando deprec\u00f3 $102.382.145) un cr\u00e9dito privilegiado en el primer orden, por concepto de la cuota de fomento ganadero a cargo de la concursada; asunto que culmin\u00f3 con prove\u00eddo de 13 de noviembre de 2020, en el que se dispuso continuar con la fase liquidatoria <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que en el correspondiente juicio de liquidaci\u00f3n present\u00f3 \u00abnuevamente reclamaci\u00f3n para ser reconocido como acreedor Privilegiado de primer grado por la suma de $102.382.145\u00bb; que el 3 de septiembre de 2021 el estrado accionado corri\u00f3 traslado del proyecto de reconocimiento, graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, en el que se incluy\u00f3 la obligaci\u00f3n a favor de FEDEGAN pero s\u00f3lo por los $59.112.200 reconocidos en la reorganizaci\u00f3n, por lo que objet\u00f3 tal trabajo, destacando que aport\u00f3 los documentos que acreditaban su mayor valor, evidenci\u00e1ndose que \u00abse desconoci\u00f3 la deuda en cuant\u00eda de $43.269.945[,] con el argumento que sobre este valor no existe conformidad de la DIAN\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 23 de noviembre de 2022 la autoridad judicial criticada desestim\u00f3 tal objeci\u00f3n, al advertir que se alleg\u00f3 \u00abcertificaci\u00f3n del representante legal de FEDEGAN, pero no aport[\u00f3] la declaraci\u00f3n de conformidad expedida por la DIAN, tal como lo exige el Decreto 2025 de 1996\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el pasado 2 de marzo al desatar el recurso de reposici\u00f3n instaurado por la reclamante. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, la actora se doli\u00f3 de que la autoridad acusada, al no acceder a su objeci\u00f3n, incurri\u00f3 en defecto sustantivo, porque interpret\u00f3 \u00abde manera errada las normas sobre los documentos que se deben aportar al proceso de liquidaci\u00f3n para reconocer una obligaci\u00f3n y la independencia que existe entre el proceso de reorganizaci\u00f3n y el de liquidaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de la ley 1116 de 2006\u00bb, comoquiera que \u00abel T[\u00ed]tulo Ejecutivo expedido por el Administrador de FEDEGAN[,] como administradora del Fondo Nacional del Ganado, es prueba suficiente de la deuda por valor de $43.112.200; que al no haberse podido tramitar en tiempo la Conformidad por los periodos reclamados, no es impedimento legal para reconocer este valor como cr\u00e9dito de primer grado[,] por tratarse de una obligaci\u00f3n parafiscal\u00bb; sin que tampoco sea \u00abde recibo el argumento seg\u00fan el cual en el proceso de reorganizaci\u00f3n no se interpuso recurso contra el rechazo inicial, porque el\u2026 de liquidaci\u00f3n es independiente de aquel y en consecuencia se puede volver a evaluar la reclamaci\u00f3n y corregir esta deficiencia en el nuevo proceso\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la declaraci\u00f3n de conformidad extra\u00f1ada por el estrado judicial \u00absolo es requisito indispensable al momento de hacer exigible la deuda en el proceso ejecutivo, sin embargo, en el presente caso, por tratarse de un proceso liquidatorio, el T[\u00ed]tulo Ejecutivo, es plena prueba de la deuda que tiene CILEDCO a [su] favor\u00bb, el cual satisface todas las exigencias del numeral 5\u00ba del canon 48 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y, con apoyo en el canon 4\u00ba del Decreto 2025 de 1996, destac\u00f3 que \u00abno se predica la declaraci\u00f3n de conformidad para un recaudo ejecutivo, pero s\u00ed para el evento en que las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, ante lo cual corresponde a la entidad recaudadora agotar el tr\u00e1mite para constituir el t\u00edtulo ejecutivo con el cual se puede reconocer la acreencia en el proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb, lo que, ciertamente, insatisfizo la reclamante, por lo que era infundada su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Fiduagraria S.A. deprec\u00f3 declarar \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n de tutela respecto de [esa] Entidad, toda vez que\u2026 NO ha incurrido en conductas de las cuales se infiera la vulneraci\u00f3n de\u2026 derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. El liquidador de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia – CILEDCO limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar el decurso de la actuaci\u00f3n fustigada, el que, afirm\u00f3, se ajust\u00f3 a las reglas establecidas en el ordenamiento jur\u00eddico frente al particular. <\/p>\n
4. De Silvestri Monsalve Abogados Asociados S.A.S. pidi\u00f3 \u00abACCEDER a las pretensiones que en la tutela se plantean[,] por hallarse configurada la violaci\u00f3n de derechos fundamentales deprecada\u00bb, comoquiera que el estrado convocado, \u00abal requerir la conformidad de la DIAN para validar la exigibilidad del t\u00edtulo\u00bb, incurri\u00f3 \u00aben un exceso ritual manifiesto\u00bb, pues aplic\u00f3 \u00abla norma de una forma exeg\u00e9tica y aislada, toda vez que incluso el numeral 5 del art. 48 de la ley 1116 de 2006 se\u00f1ala\u2026 que se debe \u201callegar prueba de la existencia y cuant\u00eda del mismo (refir[i]\u00e9ndose\u2026 al cr\u00e9dito)\u201d\u00bb. <\/p>\n
5. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por carencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno fue la autoridad que profiri\u00f3 las decisiones con las cuales no est\u00e1 de acuerdo [la quejosa] y considera que fueron vulnerados sus derechos\u00bb; y se opuso \u00aba la totalidad de los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, ya que\u2026 no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Por el contrario[,] su actuar siempre ha estado fundamentado en la Ley y acorde al respeto de los derechos fundamentales de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a \u00abtodos los acreedores e intervinientes reconocidos dentro de la liquidaci\u00f3n judicial de la Cooperativa Industrial Lechera de Colombia – Ciledco\u00bb, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 27 de julio (ATC848-2023), deneg\u00f3 el amparo al concluir que, \u00ab[c]ontrario a la interpretaci\u00f3n dada por el accionante sobre la ley 1116 de 2006, las pruebas presentadas por los acreedores en los procesos de insolvencia deben cumplir con las formalidades de ley seg\u00fan el cr\u00e9dito que quiera hacer valer, adem\u00e1s, se debe entender que el juez del concurso y el liquidador debe evaluar la prueba, caso por caso, dependiendo la situaci\u00f3n que alega cada acreedor\u2026, as\u00ed como la validez jur\u00eddica que ofrecen los documentos que aporta para demostrar la existencia de sus respectivos cr\u00e9ditos, seg\u00fan lo establecido en las normas legales que regulan el cr\u00e9dito correspondiente\u00bb; y lo cierto es que \u00abla decisi\u00f3n del despacho accionado, lejos de ser arbitraria[,] se fundamenta en argumentos de derecho conforme al ordenamiento legal vigente, circunstancia frente a la cual, esboz\u00f3 el accionante contra argumento al respecto, pero considerando que la norma dispone que para la expedici\u00f3n de la Conformidad fundamento del rechazo parcial de la acreencia a favor de FEDEGAN, el Decreto 2025 de 1996, reglamentario de la Ley 101 de 1993, o Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, establece en su art\u00edculo 4\u00ba es que cuando las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidaci\u00f3n, en el recaudo o en la consignaci\u00f3n, el representante legal de la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal, con fundamento en la certificaci\u00f3n prevista en el inciso segundo del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo primero de este decreto, enviar\u00e1 un reporte a la Dependencia del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito p\u00fablico, y que esta dependencia comunicar\u00e1 su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que \u00e9ste, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificaci\u00f3n, que constituye t\u00edtulo ejecutivo, en la cual conste \u00e9l monto de la deuda y su exigibilidad\u00bb; de donde, \u00abno se predica la declaraci\u00f3n de conformidad para un recaudo ejecutivo, pero s\u00ed para el evento en que las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, ante lo cual corresponde a la entidad recaudadora agotar el tr\u00e1mite para constituir el t\u00edtulo ejecutivo con el cual se puede reconocer la acreencia en el proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales; enfatiz\u00f3 que la declaraci\u00f3n de conformidad echada de menos, \u00abtiene como finalidad la iniciaci\u00f3n del respectivo proceso ejecutivo\u00bb, siendo inexigible en el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n reprochado; y destac\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el a-quo constitucional, la discusi\u00f3n propuesta no se contra\u00eda a \u00abuna mera divergencia conceptual\u00bb, comoquiera que \u00abla certificaci\u00f3n que expide FEDEGAN para demostrar la existencia de una obligaci\u00f3n, que es lo que tiene relevancia en un proceso de liquidaci\u00f3n, es de creaci\u00f3n legal, tal como lo establece el Par\u00e1grafo 1\u00ba. Del Art\u00edculo 30 de la Ley 101 de 1993\u00bb, que, acorde con la normatividad y la jurisprudencia sobre la materia, no es t\u00edtulo complejo y constituye un documento contentivo de \u00abuna obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, porque, ciertamente, en el tr\u00e1mite fustigado el Juzgado convocado, bajo el an\u00e1lisis conjunto de las actuaciones surtidas, al mantener el despacho adverso de la objeci\u00f3n propuesta por la accionante con miras a obtener el reconocimiento de una suma mayor a la fijada a su favor en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, expres\u00f3 claramente las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
2.1. En efecto, en el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2022 desestim\u00f3 la objeci\u00f3n propuesta al hallar que se solicit\u00f3 \u00abla inclusi\u00f3n de nuevos valores por las cuotas desde febrero de 2017 a mayo de 2018, para lo cual aport[\u00f3] certificaci\u00f3n del representante legal de FEDEGAN, pero no\u2026 la declaraci\u00f3n de conformidad expedida por la DIAN, tal como lo exige el Decreto 2025 de 1996, a pesar que se anuncia en el escrito de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n, no se relaciona en los anexos y tampoco fue aportado, es decir, FEDEGAN, como en su oportunidad FIDUAGRARIO[,] no acredit\u00f3 el t[\u00ed]tulo ejecutivo compuesto por la certificaci\u00f3n y el documento de conformidad expedido por la DIAN\u00bb. <\/p>\n
Luego, en el auto dictado el 2 de febrero de 2023, para mantener la anterior determinaci\u00f3n, advirti\u00f3 que \u00abel monto de la acreencia a favor de la FEDERACI\u00d3N COLOMBIANA DE GANADEROS por obligaciones parafiscales comprendidas entre febrero de 2017 hasta mayo de 2018[,] en que ces\u00f3 actividades, fue un punto resuelto y definido desde la audiencia del 27 de mayo de 2019[,] en la que resolvi\u00f3 en el numeral 4\u00b0 \u201cincluir dentro de la primera clase la acreencia de aportes parafiscales a favor de la CUENTA NACIONAL DE LA CARNE Y LECHE, en la suma de $59.112.200\u201d. Decisi\u00f3n que no fue recurrida por el acreedor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en tal ocasi\u00f3n \u00abse valoraron los documentos aportados por el acreedor[,] que daban cuenta de la existencia de la obligaci\u00f3n, y como prueba aport\u00f3 declaraci\u00f3n de conformidad emitida por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, una cuenta de cobro y una certificaci\u00f3n de la gerente administrativa y financiera y el jefe de recaudo del encargo fiduciario Cuenta Nacional de Carne y Leche\u00bb; que dicho \u00abt\u00edtulo fue examinado a la luz de la normatividad que rige la materia, la ley 89 de 1993 y el Decreto 2025 de 1996, que establece los mecanismos de control sobre las contribuciones parafiscales del sector agropecuario y pesquero, y prev\u00e9 la auditor\u00eda interna como mecanismo para verificar la correcta liquidaci\u00f3n de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignaci\u00f3n, as\u00ed como su administraci\u00f3n, inversi\u00f3n y contabilizaci\u00f3n, establece en su art. 4\u00b0 un procedimiento cuando las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, indica el par\u00e1grafo 2\u00b0 de la norma que una vez presentado el reporte por parte del ente recaudador, la dependencia Delegada de del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico comunicar\u00e1 su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que \u00e9ste, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificaci\u00f3n, que constituye t\u00edtulo ejecutivo, en la cual conste \u00e9l monto de la deuda y su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Efectuadas tales precisiones, se\u00f1al\u00f3 que en esa oportunidad el acreedor aport\u00f3 \u00abuna cuenta de cobro por las cuotas comprendidas entre los meses de octubre de 2016 a enero de 2018 por valor de $100.526.859 por capital y $24.014.052 por intereses; y la comunicaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales en la que declara la conformidad de la certificaci\u00f3n No 0007 de mayo 19 de 2017, expedida por el auditor interno de la cuenta nacional de la carne y la ley \u2013 CNCL MADR, por valor de $59.112.200 correspondientes a las cuotas de junio de 2016 a enero de 2017\u00bb; pero no se alleg\u00f3 \u00abconformidad sobre las cuotas comprendidas entre junio de 2016 y enero de 2017\u00bb; la que, de cara a la alegaci\u00f3n actual, tampoco se trajo \u00aben la apertura al proceso de liquidaci\u00f3n judicial\u00bb, comoquiera que no \u00abse aport\u00f3 conformidad de las cuotas de los periodos anteriores hasta abril de 2018, habi\u00e9ndose otorgado el t\u00e9rmino para presentar las acreencias al liquidador, y a pesar que la acreedora formul\u00f3 la reclamaci\u00f3n oportunamente, no alleg\u00f3 el documento indicado de declaraci\u00f3n de conformidad[,] como s\u00ed lo hizo por los periodos de junio de 2016 hasta enero de 2017\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente resalt\u00f3 que aunque la inconforme, al igual que lo adujo en el escrito de tutela g\u00e9nesis del tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe, afirm\u00f3 que dicha \u00abdeclaraci\u00f3n de conformidad \u00fanicamente se requiere para el cobro ejecutivo de la obligaci\u00f3n\u00bb, lo cierto era que \u00abla norma no supedita la expedici\u00f3n de esta declaraci\u00f3n de conformidad \u00fanicamente para el cobro ejecutivo, por el contrario, expresamente lo que la norma dispone en el art. 4\u00b0 es que cuando las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidaci\u00f3n, en el recaudo o en la consignaci\u00f3n, el representante legal de la entidad administradora del respectivo Fondo Parafiscal, con fundamento en la certificaci\u00f3n prevista en el inciso segundo del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo primero de este decreto, enviar\u00e1 un reporte a la Dependencia del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito p\u00fablico, y que esta dependencia comunicar\u00e1 su conformidad o inconformidad al representante legal de la entidad administradora, para que \u00e9ste, en caso de conformidad, produzca la correspondiente certificaci\u00f3n, que constituye t\u00edtulo ejecutivo, en la cual conste \u00e9l monto de la deuda y su exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en todo ello, de forma conclusiva, estableci\u00f3 que deb\u00eda ratificar su determinaci\u00f3n inicial porque, contrario a lo aducido por la reclamante, \u00abno se predica la declaraci\u00f3n de conformidad para un recaudo ejecutivo, pero s\u00ed para el evento en que las cuotas no se paguen en tiempo o se dejen de recaudar, ante lo cual corresponde a la entidad recaudadora agotar el tr\u00e1mite para constituir el t\u00edtulo ejecutivo con el cual se puede reconocer la acreencia en el proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb; postura exteriorizada \u00abdesde la audiencia del 27 de mayo de 2019, y que a la fecha de resoluci\u00f3n de [ese] recurso de reposici\u00f3n no var\u00eda[,] por cuanto el acreedor no ha allegado la declaraci\u00f3n de conformidad que permita constituir el t\u00edtulo ejecutivo por los montos solicitados\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la censora, muy a pesar de sus alegaciones, ciertamente, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n que el Juzgado convocado efectu\u00f3 para v\u00e1lidamente concluir, bajo una interpretaci\u00f3n conjunta de las normas que encontr\u00f3 aplicables al caso, especialmente del Decreto 2025 de 1996 (Por el cual se reglamenta parcialmente el cap\u00edtulo V de la Ley 101 de 1993, y las leyes 67 de 1983, 40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118 y 138 de 1994) y la Ley 1116 de 2006 (Por la cual se establece el R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial en la Rep\u00fablica de Colombia y se dictan otras disposiciones), que, como ya lo hab\u00eda exteriorizado en la etapa de reorganizaci\u00f3n, resultaba necesario el aporte de la declaraci\u00f3n expedida por la DIAN para la exigibilidad de la suma pretendida, de acuerdo al canon 4\u00ba del mentado Decreto, sin que ello tampoco se hubiere satisfecho en la posterior etapa de liquidaci\u00f3n, aunque se cont\u00f3 con la oportunidad de hacerlo, por lo que la decisi\u00f3n actual no pod\u00eda ser diferente; en cuyo caso, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8912-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8912-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00356-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la Federaci\u00f3n Colombiana de Ganaderos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76170","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76170\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}