STC8916-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2023-00045-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Rosalba Mesa Casta\u00f1o le formul\u00f3 a la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que instaur\u00f3 Marlene Mosquera contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y el Jugado Tercero de Oralidad de Cali, tr\u00e1mite que le fue extensivo a la recurrente y a los intervinientes en el proceso con rad. 2019-00284-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista pidi\u00f3 ordenar a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional su reintegro en calidad de beneficiaria en salud de su ex c\u00f3nyuge Fabio Arturo Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, quien es pensionado de dicha entidad. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que el 19 de febrero de 1975 contrajo matrimonio cat\u00f3lico con el se\u00f1or Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, cuyos efectos civiles cesaron con la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2019 dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Cali, en la que adem\u00e1s se aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio al que lleg\u00f3 la pareja frente al pago de alimentos a su favor y la continuidad como beneficiaria en el sistema de salud al que se encuentra adscrito su ex c\u00f3nyuge, disfrutando de las mimas coberturas. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, el 09 de febrero de 2023, el Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional expidi\u00f3 constancia del estado de afiliaci\u00f3n, en el que se denotaba que hab\u00eda sido retirada del mismo, situaci\u00f3n que afect\u00f3 sus derechos fundamentales a la salud y vida, dado que actualmente tiene 76 a\u00f1os de edad y padece diferentes diagn\u00f3sticos m\u00e9dicos por los que debe tomar medicamentos diarios y acudir constantemente a controles m\u00e9dicos, sin que a la fecha pueda acceder a dichos servicios de salud por haber sido desafiliada. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia de Cali corrobor\u00f3 lo dicho por la promotora frente a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio que conoci\u00f3, y agreg\u00f3 que en el mes de marzo del corriente a\u00f1o el se\u00f1or Rinc\u00f3n Casta\u00f1o radic\u00f3 demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos la cual fue rechazada. La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional sostuvo que de acuerdo al Decreto 1795 de 2000, la accionante no cumple con los requisitos para ser beneficiaria de su ex c\u00f3nyuge, por lo que aquel debe realizar el respectivo tr\u00e1mite y pago adicional para prestarle los servicios de salud que requiere. Los vinculados Fabio Arturo Rinc\u00f3n Casta\u00f1o y Rosalba Mesa Casta\u00f1o1 se opusieron a las pretensiones de la querellante, para lo cual manifestaron que la desafiliaci\u00f3n al sistema de salud de la actora obedeci\u00f3 al divorcio de la pareja y al hecho de que la se\u00f1ora Mesa Casta\u00f1o es actual compa\u00f1era permanente del afiliado y, por ende, es quien debe ser beneficiaria del sistema de salud al cual se encuentra adscrito. <\/p>\n
3.- El a quo concedi\u00f3 el amparo con fundamento en que la determinaci\u00f3n de desafiliar del sistema de salud a la se\u00f1ora Mosquera era contraria a la jurisprudencia constitucional y por ello orden\u00f3 reestablecer la vinculaci\u00f3n de aquella como beneficiaria del se\u00f1or Rinc\u00f3n Casta\u00f1o. <\/p>\n
4.- La vinculada Rosalba Mesa Casta\u00f1o impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos del escrito de contestaci\u00f3n y adujo que el mecanismo impetrado era temerario, no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad ni hab\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Rosalba Mesa, se advierte que el desenlace opugnado se ratificar\u00e1, al advertirse que el presente mecanismo no es temerario, cumple con los requisitos de subsidiariedad y legitimaci\u00f3n en la causa por activa, aunado a que, del actuar de la accionada Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional en la desafiliaci\u00f3n de la gestora, se vislumbra la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la salud. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Frente a los reparos de temeridad, ausencia de subsidiariedad y legitimaci\u00f3n en la causa, es menester aclarar que lo actuado en la acci\u00f3n de tutela con radicado 2023-00097 fue declarado nulo por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, autoridad que orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las piezas procesales a su hom\u00f3loga de la Sala Familia, tr\u00e1mite al cual se le asign\u00f3 el n\u00famero de radicado 76001-22-10-000-2023-00045-00 y, por tanto, consiste en la salvaguarda que aqu\u00ed nos ocupa. <\/p>\n
El requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, por cuanto la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, a la cual se refiere la impugnante, fue rechazada por el Juzgado Tercero de Familia de Cali por auto del 30 de abril de 20232, adem\u00e1s que la quejosa es una persona de la tercera edad y, por ende, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. Respecto a la legitimaci\u00f3n en la causa, debe aclararse que a la demanda se adjunt\u00f3 el poder que aquella le confiri\u00f3 a la abogada que instaur\u00f3 el presente mecanismo y, en ese sentido, los requisitos de procedencia se cumplen. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con relaci\u00f3n a la inconformidad referente a que la decisi\u00f3n adoptada por el a-quo vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, al ser la actual compa\u00f1era permanente del cotizante Fabio Arturo Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, la Sala debe precisar que el amparo concedido debe mantenerse, en la medida en que la desafiliaci\u00f3n del servicio de salud de la se\u00f1ora Marlene Mosquera del r\u00e9gimen excepcional de la Polic\u00eda Nacional vulner\u00f3 su derecho al debido proceso y al principio de continuidad en salud, ya que, de manera unilateral e inconsulta, le fueron suspendidos los servicios m\u00e9dicos prestados, cercen\u00e1ndole la oportunidad de defensa. <\/p>\n
Sobre la desafiliaci\u00f3n de beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social y de los reg\u00edmenes especiales, la Sala ha compartido la tesis expuesta por la Corte Constitucional, referente a que dicho tr\u00e1mite pese a no estar regulado en la Ley 352 de 1997 ni en el Decreto 1795 de 2000, en todo caso debe respetar el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEsta Corte ha reiterado al respecto que la desafiliaci\u00f3n de una persona del sistema de seguridad social en salud no puede hacerse en forma arbitraria y unilateral, sino que es necesario garantizar las reglas m\u00ednimas del debido proceso. Por ejemplo, en sentencia C-800 de 2003 se\u00f1al\u00f3: \u00abEn todo caso, cuando constitucional y legalmente no corresponda a una EPS continuar un tratamiento m\u00e9dico, lo que se decida al respecto ha de ser producto de un debido proceso b\u00e1sico (art\u00edculo 29, C.P.), precepto desarrollado por el legislador al impedir categ\u00f3ricamente a las EPS desafiliar de forma unilateral y caprichosamente a una persona\u00bb\u2026 Igualmente, en sentencia T-128 de 2005, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: \u00abLas decisiones de las EPS de suspender la prestaci\u00f3n del servicio o desafiliar a una persona del sistema no pueden adoptarse de manera unilateral y caprichosa, pues siempre habr\u00e1 de garantizarse el debido proceso a los afiliados\u00bb\u2026 Las consideraciones expuestas en esas sentencias tienen plena aplicaci\u00f3n tanto en el Sistema General de Seguridad Social como en los reg\u00edmenes especiales, pues los postulados del debido proceso no dependen de la pertenencia o no a un r\u00e9gimen en particular (Sentencia T-919 de 2008)\u00bb (citada en la sentencia de 31 de octubre de 2011, exp. 01278-01)\u00bb. (CSJ STC 08 ab. 2013, rad. 2012-00029-01) <\/p>\n
De las pruebas obrantes en el plenario se evidencia que la precursora ten\u00eda la calidad de beneficiaria en salud de su ex c\u00f3nyuge, conforme qued\u00f3 acordado en la conciliaci\u00f3n ratificada en la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2019 dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio (2019-00284), empero qued\u00f3 por fuera de la cobertura del r\u00e9gimen de salud, sin haber sido notificada de ello y as\u00ed garantizar su derecho constitucional al debido proceso, por lo que la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional desconoci\u00f3 los lineamientos que al respecto ha sostenido la jurisprudencia constitucional3, como quiera que pese a haber culminado el vinculado matrimonial, el afiliado cotizante tiene a su cargo una obligaci\u00f3n alimentaria dentro de la cual se incluye la salud, derecho fundamental que requiere ser garantizado, por cuanto la se\u00f1ora Marlene Mosquera presenta diferentes diagn\u00f3sticos m\u00e9dicos cuyo tratamiento no ha culminado, conforme se extrae de las \u00f3rdenes m\u00e9dicas que anex\u00f3 como prueba a su escrito de tutela. <\/p>\n
Frente a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la salud por desconocerse el principio de continuidad, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el principio de continuidad es uno de los elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, cuyo componente se encuentra integrado por: (i) la prohibici\u00f3n de suspender el tratamiento iniciado; y (ii) la obligaci\u00f3n de continuar con el mismo hasta su finalizaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la prestaci\u00f3n del servicio de salud puede ser interrumpida por las entidades promotoras de salud, a fin de controlar la afiliaci\u00f3n de los usuarios en el sistema de salud, siempre que se garantice el debido proceso de aquellos afiliados y una vez se verifique que el servicio m\u00e9dico requerido ha sido asumido de manera integral y efectiva por otra entidad, o que el paciente que se encontraba bajo tratamiento super\u00f3 su estado de enfermedad (CC T-296-2016).\u00bb (STC12073-2021). <\/p>\n
Corolario a lo anterior, y respecto al debido proceso para la desafiliaci\u00f3n del c\u00f3nyuge dependiente, la Sala en prove\u00eddo STC13074-2016, sostuvo lo tambi\u00e9n consentido por la Corte Constitucional frente a que: <\/p>\n
<\/p>\n
Como primera medida, se tendr\u00e1 que precisar por parte de la EPS si subsiste o no entre los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, el deber de alimentos, que comprende la prestaci\u00f3n del servicio de salud, para lo cual ser\u00e1 necesario exigir al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente cotizante la presentaci\u00f3n de una prueba id\u00f3nea que brinde a la EPS la certeza suficiente para proceder a la desvinculaci\u00f3n del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente beneficiario. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, en principio se hace necesario resaltar la obligaci\u00f3n de socorro y ayuda que la ley predica de los c\u00f3nyuges (art\u00edculo 176 C.C.) y el alcance del deber de alimentos sustentado en el principio de reciprocidad. En consecuencia, ser\u00e1n exigibles por parte de la EPS: <\/p>\n
<\/p>\n
(i) En caso de divorcio: se deber\u00e1 verificar en la sentencia judicial de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial, o en la escritura p\u00fablica seg\u00fan corresponda, si se pactaron disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor del c\u00f3nyuge dependiente, ya que en este caso deber\u00e1 seguir afiliado. Pero si en la sentencia judicial de divorcio no se dispuso la trascendencia del deber de alimentos podr\u00e1 ser desafiliado siempre y cuando no se compruebe la existencia de un tratamiento a una enfermedad adquirida con anterioridad a la fecha de divorcio, pues de ser as\u00ed, deber\u00e1 garantiz\u00e1rsele la continuidad e integralidad del tratamiento. (negrilla y subrayado fuera del texto) <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir: (i) que en ning\u00fan evento puede una EPS desafilar abruptamente a un usuario ya sea en la condici\u00f3n de cotizante o de beneficiario, sin antes haber agotado el debido proceso, (ii) que si un usuario se encuentra en tratamiento m\u00e9dico y por alguna circunstancia no puede seguir aportando las cuotas correspondientes, ya sea en calidad de cotizante o beneficiario, deber\u00e1 segu\u00edrsele brindando la atenci\u00f3n en salud para garantizar los principios de continuidad e integralidad; y (iii) que en el caso de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes se debe verificar, adem\u00e1s del debido proceso y la continuidad, si subsiste el deber de alimentos fundado en el principio de reciprocidad. (Sentencia T-035 de 2010). <\/p>\n
Ahora bien, con relaci\u00f3n a la afiliaci\u00f3n concurrente como beneficiarias del se\u00f1or Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, de su actual compa\u00f1era permanente y de su ex c\u00f3nyuge con quien tiene una obligaci\u00f3n alimentaria vigente, resulta importante traer a colaci\u00f3n el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 20 de la Ley 352 de 1997, norma que prev\u00e9 que \u00abtodas aquellas personas que por declaraci\u00f3n judicial de nulidad o inexistencia de matrimonio, por sentencia judicial de divorcio v\u00e1lida en Colombia o por separaci\u00f3n judicial o extrajudicial de cuerpos, perdieren el derecho a la prestaci\u00f3n de servicios seg\u00fan lo ordena el art\u00edculo 23 par\u00e1grafo 2o. de la presente ley, podr\u00e1n ser beneficiarios del SSMP siempre y cuando el afiliado cancele, en los t\u00e9rminos que fije el CSSMP, el costo total de la PPCD para recibir el Plan de Servicios de Sanidad del SSMP\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 23 de la misma ley, en el literal a) #3 consagra como excepci\u00f3n de la causal de extinci\u00f3n del derecho a la salud por sentencia de divorcio que \u00ablos hechos que dieron lugar a divorcio, a la separaci\u00f3n de cuerpos, a la ruptura de vida en com\u00fan, se hubieren causa (sic) sin culpa imputable al c\u00f3nyuge beneficiario de estos derechos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige que en el presente evento el ex polic\u00eda cuenta con la obligaci\u00f3n vigente de suministrar alimentos en favor de su ex pareja y de mantenerla afiliada como beneficiaria del sistema de salud; por lo que la actora conforme a lo anterior y a la normatividad en cita, tiene derecho a permanecer en el sistema y a continuar recibiendo el tratamiento m\u00e9dico que le fue interrumpido. <\/p>\n
Con todo, la disputa administrativa que sobrevenga entre la Direcci\u00f3n de Sanidad y el cotizante Fabio Arturo Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, quien es alimentante de la tutelante Marlene Mosquera, en cuanto a los descuentos y pago de los aportes que debe realizar conforme a las disposiciones normativas previamente se\u00f1aladas, no puede afectar la prestaci\u00f3n del servicio de salud a la aqu\u00ed convocante, dado que en reiteradas ocasiones se ha pregonado por esta Corporaci\u00f3n que \u00abninguna discusi\u00f3n de \u00edndole contractual, econ\u00f3mica o administrativa justifica la negativa de las [instituciones que deben suministrar el servicio p\u00fablico de salud] a seguir suministrando un tratamiento necesario que se encuentre en curso; y en consecuencia, no puede ser interrumpido el servicio\u2019 (T-438\/07)\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2011, rad. 2010-00339-01, citada en STC17147-2017 y STC1584-2018). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por \u00faltimo, frente a la queja de que la impulsora cuenta con la posibilidad de que un hijo mayor la afilie como beneficiaria en salud, debe decirse que en la actualidad dicha carga corre por cuenta del se\u00f1or Fabio Arturo Rinc\u00f3n, quien tiene la posibilidad de exponer cualquier inconformidad ante el Juez de Familia para que, dentro de un proceso distinto y aut\u00f3nomo, tal autoridad se pronuncie sobre la viabilidad de la reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria en lo que ata\u00f1e al concepto de la seguridad social, sin que pueda utilizarse el presente resguardo para discutir esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 Actual compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Fabio Arturo Rinc\u00f3n Casta\u00f1o, de quien se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n en auto de nulidad ATC728-2023. <\/p>\n
2\u0002 Conforme se evidencia en el aplicativo de consulta unificada de procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, Sentencias T-185-2010, T-848-2013, entre otras. <\/p>\n
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