STC8918-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8918-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 26 de julio de 2023, dictado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el amparo que promovi\u00f3 Ovidio Oliveros Cifuentes contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo Tolima, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n 73319-31-03-002-2018-00073-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 dejar sin efectos la decisi\u00f3n judicial tomada en audiencia (18 may. 2023) y, en consecuencia, se le ordene al accionado celebrar la vista p\u00fablica con un nuevo promotor para cumplir con los t\u00e9rminos y etapas procesales correspondientes. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que inici\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante ante el juzgado accionado. En el tr\u00e1mite se dio apertura al proceso (30 oct. 2018), se present\u00f3 proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto (5 ago. 2019), se corrigi\u00f3 (7 oct. 2019), se corri\u00f3 traslado para objeciones (12 nov. 2019), se aprobaron las objeciones presentadas (10 dic. 2021) y se relev\u00f3 del cargo de promotor al abogado del deudor. Posteriormente, se posesion\u00f3 la nueva promotora Claudia Zamira Abusaid (8 feb. 2022), se aprob\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto (2 jun. 2022) y se otorg\u00f3 a la promotora un t\u00e9rmino de 4 meses para aportar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el acuerdo se aprob\u00f3 por el 65% de los acreedores y fue presentado por el deudor en el t\u00e9rmino oportuno (30 sept. 2022), se fij\u00f3 fecha para la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n (13 feb. 2023) y, en esa diligencia (18 may. 2023), la promotora ingres\u00f3 una hora y veinte minutos tarde, la juez permiti\u00f3 a los acreedores presentar sus observaciones aun cuando no era procedente y, dado que la auxiliar de la justicia manifest\u00f3 que no conoc\u00eda el contenido del acuerdo, procedi\u00f3 a decretar la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n por presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea del acuerdo y a ordenar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n simplificada de la persona natural comerciante, decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume al resolver el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el acuerdo no fue extempor\u00e1neo pues se present\u00f3 ante el despacho por el mismo deudor, as\u00ed como que no es correcto condicionar su existencia por la falta de participaci\u00f3n del promotor en su concertaci\u00f3n, pues eso ser\u00eda limitar injustificadamente el principio de autonom\u00eda privada. A\u00f1adi\u00f3 que, en caso de que el acuerdo tuviera falencias el juzgado deb\u00eda suspender la audiencia para su correcci\u00f3n seg\u00fan el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006 y no terminarlo, as\u00ed como que err\u00f3 al ordenar la liquidaci\u00f3n judicial con base en el decreto 772 del 2020 pues el proceso se inici\u00f3 en 2018 por causas distintas a la pandemia del Covid-19. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo relat\u00f3 las actuaciones m\u00e1s relevantes y solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo toda vez que no vulner\u00f3 los derechos del accionante, as\u00ed como no se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez. El Banco Agrario de Colombia S.A. solicit\u00f3 se declare improcedente el amparo en su contra toda vez que no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de la accionada. El curador ad litem manifest\u00f3 que no observa causal para la prosperidad del llamado tutelar. <\/p>\n
3.- El Tribunal declar\u00f3 improcedente el ruego por ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa, puesto que la persona que present\u00f3 la tutela no fue la afectada, sino su apoderado en el tr\u00e1mite concursal, sin haber aportado poder especial para el amparo. <\/p>\n
4.- La actora impugn\u00f3. Esgrimi\u00f3 que no aport\u00f3 poder dado que el accionante, d\u00edas antes de presentar el ruego, estaba en estado de salud cr\u00edtico y aport\u00f3 poder para la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La queja medular de la accionante se dirige contra la decisi\u00f3n del juzgador de entender por no presentado el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, toda vez que el mismo fue radicado por el deudor dentro de los cuatro meses dispuestos para ese fin, as\u00ed como que no puede invalidarse su contenido por el simple hecho de que la promotora no participara en su elaboraci\u00f3n y presentaci\u00f3n y, en caso de encontrar alguna insuficiencia, el juez deb\u00eda suspender la audiencia para su correcci\u00f3n seg\u00fan el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006 y no terminarlo como equivocadamente lo hizo. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los efectos enrostrados, dado que aplic\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 31, 35 y 37 de la Ley 1116 de 2006, el art\u00edculo 6 del Decreto 65 de 2020, el cap\u00edtulo 11, secci\u00f3n 1, del Decreto 1074 de 2015 y el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que la llev\u00f3 a determinar que el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no fue presentado por el promotor dentro del t\u00e9rmino, raz\u00f3n por la cual finaliz\u00f3 el proceso concursal referido. <\/p>\n
Del plenario se extrae que en audiencia (10 dic. 2021) se relev\u00f3 del cargo de promotor a Luis Carlos P\u00e9rez quien es a su vez el abogado del deudor en el concurso, comoquiera que un acreedor as\u00ed lo pidi\u00f3 dado el posible conflicto de intereses en los que pod\u00eda estar inmerso, y se procedi\u00f3 a nombrar en ese cargo a Claudia Zamira Abusaid (8 feb. 2022). Posteriormente, una vez aprobados los proyectos de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de los derechos de voto, se orden\u00f3 a la promotora, con base en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n en los siguientes cuatro meses. <\/p>\n
El deudor a trav\u00e9s de su apoderado present\u00f3 el referido acuerdo (30 sept. 2022) en el que consta, en los anexos, la participaci\u00f3n de la promotora en su tr\u00e1mite y, mediante auto (13 feb. 2023) se fij\u00f3 fecha para confirmaci\u00f3n del acuerdo. En la referida diligencia (18 may.2023), aunque los acreedores Banco Agrario de Colombia S.A. y Bancolombia S.A. presentaron algunas manifestaciones frente al procedimiento bajo el que se tramit\u00f3 el pacto, la causa espec\u00edfica por la que el Juzgado decidi\u00f3 anular el auto del 13 de febrero de 2023 y tener por no presentado el acuerdo, fue por la ausencia de participaci\u00f3n de la promotora en su negociaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n y presentaci\u00f3n, incumpliendo as\u00ed lo dispuesto por la ley. En efecto, frente a los hechos que dieron lugar al control de legalidad, la autoridad destac\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl panorama que se encuentra es que o lo que nos lleva a la decisi\u00f3n son dos solicitudes, una del Banco Agrario y otra de Bancolombia y otra de las que hemos proferido por el Juzgado y los aconteceres de esta audiencia son los que vamos a responder el d\u00eda de hoy en los siguientes t\u00e9rminos. <\/p>\n
Atendiendo a las solicitudes presentadas en esta audiencia, en lo que respecta a la abogada del Banco Agrario Colombia S.A., como la coadyuvancia de las mismas por parte de quien es apoderado de Bancolombia S.A., aunado a las irregularidades que se han expuesto por este Despacho, frente a los comportamientos asumidos por la promotora de este proceso y tambi\u00e9n por los abogados que han representado al se\u00f1or Ovidio Oliveros directamente el Dr. Luis Carlos P\u00e9rez Rodr\u00edguez, quien en memorial enviado en mensaje de datos del 30 de septiembre de 2022 allega al Despacho el acuerdo de reorganizaci\u00f3n con sus anexos en los cuales se observan actuaciones en las que aparece la intervenci\u00f3n de la promotora, concretamente en el oficio dirigido a los acreedores para que manifestaran la aprobaci\u00f3n o desaprobaci\u00f3n de la propuesta de acuerdo de reorganizaci\u00f3n del deudor persona natural Ovidio Oliveros Cifuentes, no obstante en la audiencia la misma promotora indica que no particip\u00f3 en la elaboraci\u00f3n de dicho documento, aunado a que el apoderado de Bancolombia refiere que en ning\u00fan momento se le puso en conocimiento dicho acuerdo de reorganizaci\u00f3n para que procediera a emitirse aprobaci\u00f3n al mismo, encontrando que el acuerdo no fue realizado por quien corresponde dicha funci\u00f3n y adicionalmente se evidencian irregularidades en la etapa de su aprobaci\u00f3n.\u201d1 <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que el auto del 13 de febrero de 2023, mediante el cual tuvo por confirmado el acuerdo de reorganizaci\u00f3n presentado y se fij\u00f3 fecha para su confirmaci\u00f3n, se profiri\u00f3 bajo el error en el que incurri\u00f3 por considerar que la promotora hab\u00eda participado de la elaboraci\u00f3n de este conforme sus anexos. De igual forma, aclar\u00f3 que las funciones del promotor son indelegables de conformidad con el Decreto 65 de 2020, as\u00ed como con el mismo compromiso de la auxiliar de la justicia en su posesi\u00f3n: <\/p>\n
\u201cTodos estos comportamientos de parte de los apoderados del se\u00f1or Ovidio como de la promotora misma, van en contrav\u00eda de la buena fe y la lealtad procesal que debe regir en cualquier actuaci\u00f3n procesal de parte de todos los intervinientes y evitar de esta manera hacer incurrir al Despacho en un error como del que se gener\u00f3 cuando con auto del 13 de febrero de 2023 este Despacho consider\u00f3 que se hab\u00eda presentado en t\u00e9rmino el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y votos de que hace referencia el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 lo que gener\u00f3 que se fijara la fecha de la presente audiencia cuando en realidad lo que se estaba dando o produciendo era la inexistencia o falta de presentaci\u00f3n del acuerdo por cuanto el mismo debe estar conforme a dicha disposici\u00f3n elaborado por el promotor con fundamento en el plan de reorganizaci\u00f3n de la empresa y el flujo de caja elaborado para atender el pago de las obligaciones, funci\u00f3n que a la luz del decreto 65 de 2020 se torna indelegable y en caso de que se empleen profesionales o t\u00e9cnicos como apoyo de dicha funci\u00f3n, se debe informar al Despacho previamente para del articulo 2221123 del Decreto 65 de 2020, aspecto del cual tambi\u00e9n se comprometi\u00f3 bajo la gravedad de juramento la promotora cuando se posesiona en dicho cargo tal como consta en acta de 8 de febrero de 2022 que sobre el particular se indic\u00f3 \u201cadicionalmente el promotor dar\u00e1 estricto cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por el juez del concurso y no podr\u00e1 delegar ni subcontratar sus funciones ni ser sustituido en el cargo a menos que obre una orden de dicho juez, el promotor reconoce y acepta que es responsable de las acciones y omisiones del personal profesional o t\u00e9cnico de apoyo con el cual cuente para el desarrollo de su funci\u00f3n\u201d2. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que el juez tiene el deber de efectuar un control de legalidad en cada etapa del proceso conforme lo establece el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso y que, en el presente asunto, es claro que el abogado del deudor, quien hab\u00eda sido removido como promotor, fue quien elabor\u00f3 y present\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y no la auxiliar de la justicia posesionada, motivo por el cual el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no fue presentado acorde con lo preceptuado en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 dentro del t\u00e9rmino, por lo que proced\u00eda aplicar las respectivas consecuencias: <\/p>\n
\u201cSea lo primer indicar que el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General faculta al juez para efectuar un control de legalidad de las actuaciones surtidas y si se encuentran irregularidades sobre las mismas se proceder\u00e1 a su saneamiento. En el caso presente como ya se anot\u00f3 la irregularidad se avizora en esta audiencia, se retrotrae al auto del 13 de febrero de 2023 en el que se fij\u00f3 fecha para la audiencia de confirmaci\u00f3n que se est\u00e1 celebrando el d\u00eda de hoy bajo el criterio de que hab\u00eda presentado en t\u00e9rmino el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, como ya se mencion\u00f3, dicho acuerdo no fue presentado por la promotora sino por la firma P\u00e9rez Consultores a trav\u00e9s del apoderado de Ovidio Oliveros Cifuentes, el doctor Luis Carlos P\u00e9rez Rodr\u00edguez, pero en esta audiencia la promotora ha manifestado que dicho acuerdo no fue efectuado por aquella, que no tuvo conocimiento del mismo y por ende era imposible que hubiere participado en este, constituyendo ese documento en ineficaz ante la falta de autenticidad de la autor\u00eda de quien corresponde dicha funci\u00f3n y en ese orden de ideas, no es viable considerar que el documento haya sido presentado dentro del t\u00e9rmino y por ende corresponde dejar sin efectos el auto del 13 de febrero de 2023 y en su lugar habr\u00e1 de declarar la no presentaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y su consecuente tr\u00e1mite de remitir el proceso a lo contemplado en la disposici\u00f3n del art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006 que valga adelantarse este se encuentra suspendido conforme lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 772 de 2020 en concordancia con el art\u00edculo 15 del Decreto 560 de 2023 cuyos efectos se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2023, seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 2277 de 2022 art\u00edculo 96.3 <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa entonces el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el querellante, en el entendido que, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en la providencia reprochada contiene un criterio razonable e independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
En efecto, mem\u00f3rese que el oficio del promotor es p\u00fablico y tiene ciertas calidades espec\u00edficas que justifican que sea \u00e9l quien debe presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. El art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dentro del plazo para la celebraci\u00f3n del acuerdo, el promotor con fundamento en el plan de reorganizaci\u00f3n de la empresa y el flujo de caja elaborado para atender el pago de las obligaciones, deber\u00e1 presentar ante el juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, un acuerdo de reorganizaci\u00f3n debidamente aprobado con los votos favorables de un n\u00famero plural de acreedores que representen, por lo menos la mayor\u00eda absoluta de los votos admitidos (\u2026)\u201d <\/p>\n
Frente a la naturaleza del cargo del promotor, del liquidador y del interventor, el art\u00edculo 2.2.2.11.1.1. del Decreto 1074 de 2015 establece: <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 2.2.2.11.1.1. Naturaleza de los cargos de promotor, liquidador e interventor. Los promotores, liquidadores y agentes interventores son auxiliares de la justicia y su oficio es p\u00fablico, ocasional e indelegable. Estos cargos deben ser ejercidos por personas de conducta intachable, deben gozar de excelente reputaci\u00f3n y ser id\u00f3neos para cumplir con su funci\u00f3n, la cu\u00e1l deben desarrollar con imparcialidad e independencia. <\/p>\n
Los promotores, liquidadores y agentes interventores se seleccionar\u00e1n y designar\u00e1n de la lista de auxiliares de la justicia elaborada y administrada por la Superintendencia de la Sociedades. Los honorarios respectivos constituyen la total y equitativa retribuci\u00f3n del servicio y no podr\u00e1n exceder los l\u00edmites establecidos en el presente decreto y en la ley. <\/p>\n
Los cargos de promotor, liquidador y agente interventor se designan en atenci\u00f3n a la calidad de la persona. En consecuencia, el auxiliar no podr\u00e1 delegar ni subcontratar sus funciones y no podr\u00e1 ser sustituido en el cargo a menos que medie una orden del juez del concurso. Sin embargo, el auxiliar de la justicia podr\u00e1 contar con personal profesional o t\u00e9cnico de apoyo por cuyas acciones u omisiones respondera directamente.\u201d <\/p>\n
Finalmente, el art\u00edculo 6 del Decreto 65 de 2020 que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.2.11.1.2. del Decreto 1074 de 2015, en torno al cargo del promotor, dispuso: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 2.2.2.11.1.2. Del cargo de promotor. El promotor es la persona natural o jur\u00eddica que participa en la negociaci\u00f3n, el an\u00e1lisis, el diagn\u00f3stico, la elaboraci\u00f3n del plan de negocios y del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como en la emisi\u00f3n o difusi\u00f3n de la informaci\u00f3n financiera, administrativa, contable o de orden legal de la entidad en proceso de reorganizaci\u00f3n, y quien ejerce las dem\u00e1s funciones previstas en la ley, sin ser coadministrador, salvo cuando se trate del representante legal con funciones de promotor. La intervenci\u00f3n del promotor en las audiencias del proceso de reorganizaci\u00f3n es indelegable.\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la exigencia del Juzgado de la intervenci\u00f3n del promotor en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no obedece a un criterio arbitrario ni desmedido y, por el contrario, se ajusta a la legislaci\u00f3n concursal citada. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
2.- Ahora, frente a la queja del accionante con relaci\u00f3n al inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial del Decreto 772 de 2020, cuando el mismo no era aplicable por haberse iniciado el concurso de forma previa a su expedici\u00f3n y no tener origen la crisis econ\u00f3mica en la Emergencia Sanitaria de la pandemia del Covid-19, debe tenerse en cuenta que, si bien interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n del juzgado en audiencia4, ning\u00fan reparo o reproche hizo frente a este punto espec\u00edfico, incumpliendo as\u00ed con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
En este orden de ideas la impulsora desperdici\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para debatir la consecuencia jur\u00eddica aplicada por el Juzgador al declarar la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n, comoquiera que no interpuso los recursos ordinarios a su alcance frente a ese ataque. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, la Sala ha reiterado que el actor no puede acudir al amparo constitucional \u00ab(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC9227-2022) <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital; Audiencia del 18 de mayo de 2023; Archivo \u201cz152AudArt35Parte2.mp4\u201d minutos 5:03 a 7:05: <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital; Audiencia del 18 de mayo de 2023; Archivo \u201cz152AudArt35Parte2.mp4\u201d minutos 7:06 a 9:31. <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital; Audiencia del 18 de mayo de 2023; Archivo \u201cz152AudArt35Parte2.mp4\u201d minutos 14:16 a 16:30 <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital; Audiencia del 18 de mayo de 2023; Archivo \u201cz152AudArt35Parte2.mp4\u201d minutos 46:04 a 54:34 <\/p>\n
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STC8918-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8918-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00211-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 26 de julio de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}