STC8924-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8924-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01573-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que interpuso Luz Dary Cetina Corredor frente al fallo proferido el 26 de julio \u00faltimo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil, dentro de la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra los Juzgados Cuarenta y Tres Civil del Circuito y Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Penas, ambos de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo 11001310304320180041000, contra ella promovido por Jos\u00e9 Julio Luna Guayara. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis adujo que el 24 de junio de 2016 constituy\u00f3 hipoteca sobre el inmueble ubicado en la calle 67 A -Bis- n.\u00b0 17G-12 sur de Bogot\u00e1 y posteriormente dos pagar\u00e9s, los cuales fueron endosados en favor del ejecutante. Con ocasi\u00f3n de estas obligaciones Luna Guayara inici\u00f3 tr\u00e1mite ejecutivo en su contra en modalidad singular, m\u00e1s no hipotecaria. <\/p>\n
3. En consecuencia el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago, la cual le fue notificada por aviso a una direcci\u00f3n que no es la suya y con destino a una persona distinta, frente a la cual agot\u00f3 incidente de nulidad que no le fue favorable. <\/p>\n
4. Que con auto de 12 de junio de 2019 se libr\u00f3 orden adicionando el mandamiento de pago proferido el 14 de agosto de 2018, argumentando que se adicion\u00f3 de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. Cuestiona en s\u00edntesis la quejosa (i) que se le notific\u00f3 de un proceso ejecutivo dirigido a un tercero, Norida Lorena Luna Antury (cedente del ejecutante) y (ii) que se adicionara el mandamiento de pago sin que en la demanda se hubiese solicitado el reconocimiento del se\u00f1or Luna como cesionario hipotecario ni endosatario de los t\u00edtulos ejecutivos de la se\u00f1ora N\u00f3rida Lorena Luna Antury, as\u00ed como su extemporaneidad, pues ya hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de su ejecutoria, de donde deviene su improcedencia pues en su criterio \u201clos autos solo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe relacionado con el expediente 2018-00410. Advirti\u00f3 que \u00abcon ocasi\u00f3n de la fijaci\u00f3n de fecha para llevar a cabo remate del bien cautelado se intent\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, para que se deje sin valor y efecto el auto del 12 de junio de 2019 que adicion\u00f3 el mandamiento de pago del 14 de agosto de 2018 y con ello la nulidad de todo lo actuado \u00e9ste despacho por auto del 20 de septiembre de 2022 se\u00f1al\u00f3 que contra dichas providencias no solo no se hab\u00edan formulado en tiempo por la demandada los recursos de ley, sino que, esta se encontraba a derecho, decisi\u00f3n que fue objeto de recursos, nuevamente sin \u00e9xito\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo por incuria de la parte, pues consider\u00f3 que \u00abdesde que se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Julio Luna Gayar\u00e1, el mismo se tramit\u00f3 como un proceso ejecutivo para hacer efectiva la garant\u00eda hipotecaria que respaldaba el cr\u00e9dito exigido. Luego no es cierto lo afirmado por la accionante en el libelo genitor, pues el mismo ha sido un proceso ejecutivo hipotecario\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la nulidad, neg\u00f3 por inmediatez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que al margen del silencio guardado, lo cierto es que el proceso debe tramitarse bajo los par\u00e1metros de legalidad del caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Mem\u00f3rese que las quejas de la accionante radican en rebatir la legalidad de (i) el tr\u00e1mite de nulidad por la presunta indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago y (ii) que la adici\u00f3n del mandamiento de pago se hizo por fuera de su ejecutoria. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del inconforme, frente a la primera de las quejas se impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado porque la solicitud de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso por carecer del presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que la decisi\u00f3n de orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en el proceso cuestionado (2021), y el 13 de julio \u00faltimo, cuando interpuso la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, transcurri\u00f3 un lapso superior al de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que el quejoso demostrara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, para desestimar la salvaguarda, dijo esta Colegiatura: <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido… pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01) (CSJ STC11872-2016, 25 ag., rad. 2016-00788-02). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
4. Ahora bien, frente a la segunda queja, se advierte la incuria que adem\u00e1s reconoce la quejosa, toda vez que en efecto guard\u00f3 silencio frente al auto del 12 de junio de 2019 y solo hasta el 3 de agosto de 2022 formul\u00f3 recursos contra dicha providencia, sin que ello haya frenado su participaci\u00f3n en otras oportunidades en el interregno, pues si actu\u00f3 para cuestionar la legalidad de la notificaci\u00f3n, por ejemplo, seg\u00fan consta en los cuadernos de incidente de nulidad adosados al plenario. <\/p>\n
Ciertamente, esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los planteados por la promotora del resguardo, cuando no se agotaron los instrumentos id\u00f3neos para ello, destacando que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el quejoso tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de impetrar dicho medio extraordinario y no lo hizo, con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad de obtener su revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano m\u00e1ximo de la justicia ordinaria y mostr\u00f3 conformidad o desinter\u00e9s frente a la condena impuesta en segunda instancia\u2026 el accionante debi\u00f3 acudir al medio de defensa previsto en la ley penal para cuestionar el veredicto del Tribunal, habida cuenta que\u2026 no es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u2026 Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta improcedente (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 01590-01; reiterada en STC10865-2014, 14 ag. 2014, rad. 2014-01231-01; y STC5078-2015, 29 abr. 2015, rad. 2015-00280-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado, pero por las consideraciones que anteceden. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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