STC8926-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8926-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00950-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se dejara sin valor ni efecto la sentencia emitida en segunda instancia el 29 de marzo de 2023 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
En compendio sostuvo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el 14 de noviembre de 2019, lo declar\u00f3 responsable de infringir el deber de honradez profesional, a t\u00edtulo de dolo, de conformidad con la falta prevista en el art\u00edculo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, concerniente a \u00abNo entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional (\u2026)\u00bb, en concordancia con el canon 28-8 ib\u00eddem y, lo sancion\u00f3 con \u00absuspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb por 4 meses, en atenci\u00f3n a que \u00ab(\u2026) producto del acuerdo conciliatorio suscrito con el acusado Alberto Z\u00fa\u00f1iga Rangel [rad. 2011 00361] y su apoderado, obtuvo la suma de $2.000-000 de los cuales, descontados sus honorarios m\u00e1s la consignaci\u00f3n efectuada a uno de los beneficiarios y el cruce de cuentas efectuado con otro de ellos, se apropi\u00f3 indebidamente de la suma de $565.000\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, apel\u00f3 la decisi\u00f3n y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la confirm\u00f3 (29 mar. 2023). <\/p>\n
Asever\u00f3 que con la \u00faltima providencia se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque: a) No analiz\u00f3 los t\u00f3picos correspondientes a la tipicidad, antijuridicidad (ilicitud sustancial) y culpabilidad de la conducta, b) Pas\u00f3 por alto que con los quejosos no suscribi\u00f3 ning\u00fan mandato ni contrato de prestaci\u00f3n de servicios, quienes omitieron probar su parentesco con la mandataria (Alba Mar\u00eda Loaiza de Baham\u00f3n), c) Desconoci\u00f3 que la acci\u00f3n disciplinaria estaba prescrita, pues desde el 4 de marzo de 2014 -presunta fecha de la consumaci\u00f3n del hecho disciplinario -, transcurrieron m\u00e1s de los 5 a\u00f1os previstos para ello, a saber, 9 a\u00f1os (arts. 23 y 24 de la Ley 1123 de 2007). <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso al amparo, comoquiera que no es una tercera instancia y en el escrito genitor no se identificaron los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n ni las prerrogativas iusfundamentales transgredidas. <\/p>\n
El titular del Despacho 001 de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Huila inform\u00f3 que se posesion\u00f3 en el cargo el 24 de octubre de 2022, raz\u00f3n por la cual, dijo atenerse a las reflexiones vertidas en el veredicto cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia que el resguardo no puede abrirse paso, toda vez que la determinaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (29 mar. 2023), que refrend\u00f3 la que declar\u00f3 responsable a Germ\u00e1n Giraldo Franco del incumplimiento al deber de honradez profesional, a t\u00edtulo de dolo (arts. 35-4 y 28-8 de la Ley 1123 de 2007) y lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la abogac\u00eda por 4 meses, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, aclar\u00f3 que su competencia se circunscribir\u00eda a analizar \u00fanicamente los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que no evidenciaba la configuraci\u00f3n de alguna causal de nulidad que debiera decretar. <\/p>\n
En punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, precis\u00f3 que la conducta reprochada estaba descrita en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, seg\u00fan el cual, \u00abConstituyen faltas a la honradez del abogado: 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u00bb; tipo disciplinario de cara al cual cavil\u00f3, que se constituy\u00f3, puesto que el investigado \u00abrecibi\u00f3 unos dineros que deb\u00eda entregar a la menor brevedad posible a sus clientes, sin que a la fecha de [dicha] (\u2026) decisi\u00f3n se hubiere acreditado la actuaci\u00f3n que se le reproch\u00f3\u00bb <\/p>\n
En ese orden, infiri\u00f3 que dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico no se estructur\u00f3, debido a que \u00abmientras permanezca vigente la causa que genera la transgresi\u00f3n al deber de honradez\u00bb, la falta es de car\u00e1cter permanente o continuado, pues tan s\u00f3lo finalizar\u00eda cuando desapareciera la afectaci\u00f3n ilegal, esto es, cuando se entregaran al poderdante los dineros recibidos a favor de \u00e9l en la tarea encomendada, data a partir de la cual se podr\u00eda computar el t\u00e9rmino prescriptivo, lo que en el caso objeto de estudio a\u00fan no hab\u00eda acaecido. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n con los cuestionamientos esbozados por Germ\u00e1n Giraldo Franco, tendientes a relievar su labor diligente en la Litis penal, acot\u00f3 que no resultaban pertinentes ni conducentes para derruir la tesis en que se sustent\u00f3 la condena disciplinaria. <\/p>\n
Acto seguido, recalc\u00f3 que, de acuerdo al obrar recriminado, no importaba esclarecer \u00ablas condiciones de ejecuci\u00f3n del mandato\u00bb ni \u00ablos valores o costos de los que se comprometi\u00f3 a realizar el profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hall\u00f3 demostrado: <\/p>\n
\u00abEl Dr. GERM\u00c1N GIRALDO FRANCO, recibi\u00f3 un poder que lo facult\u00f3 para solicitar una audiencia de reparaci\u00f3n integral dentro del proceso penal adelantado por el delito de lesiones personales, en el que hab\u00eda sido reconocida como v\u00edctima la madre de los quejosos se\u00f1ora Alba Mar\u00eda Loaiza de Baham\u00f3n y se le confiri\u00f3 la facultad de recibir, desistir (\u2026). <\/p>\n
Por lo anterior, el abogado (\u2026) celebr\u00f3 un acuerdo conciliatorio con el se\u00f1or Alberto Z\u00fa\u00f1iga Rangel (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, (\u2026) Giraldo Franco recibi\u00f3 la suma de $1,000,000.oo correspondiente al acuerdo conciliatorio, adem\u00e1s de $535,000.oo de un t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial consignado y $465,000.oo entregados en marzo de 2014, es decir la suma de $2,000,000.oo, sin embargo, de acuerdo con los elementos probatorios, se ha evidenciado que solo entreg\u00f3 las sumas de $400,00.oo al se\u00f1or Julio Baham\u00f3n y $500,000.oo a la se\u00f1ora Alba Lucero Baham\u00f3n Loaiza- correspondiente a un cruce de cuentas-, lo que significa que el abogado a\u00fan tiene en su poder la suma de $1,000,000.oo correspondientes al acuerdo conciliatorio y que debieron ser entregados a sus clientes (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisando la estructura probatoria obrante en el plenario, encontramos que (\u2026) de acuerdo con el dicho de los quejosos, el valor consignado en el dep\u00f3sito judicial, que los quejosos manifestaron que esa suma correspond\u00eda a los honorarios del abogado disciplinado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dedujo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se encuentra demostrado que [Germ\u00e1n] no (\u2026) entreg\u00f3 la suma de (\u2026) ($565.000.oo) m\/cte, cifra sobre la cual ha de manifestarse que la falta disciplinaria a la honradez se estructura, sin tener en cuenta el monto o la cantidad de documentos que el investigado no hay \u2013sic- devuelto, sino la condici\u00f3n de transgredir el deber consagrado en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007 de manera antijur\u00eddica, tal como se ha demostrado en tanto no existe [circunstancia] que lo excuse de haberlo transgredido y con este haber materializado la falta contemplada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 del mismo cuerpo normativo\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, discurri\u00f3 que \u00ablas partes acordaron que los gastos profesionales quedar\u00edan pactados en $500,000 para el abogado y $1,500,000 para sus representados\u00bb, de modo que el dinero que el togado no entreg\u00f3 a los quejosos no correspond\u00eda a sus honorarios ni vi\u00e1ticos, como lo pretende hacer ver \u00e9ste. <\/p>\n
En lo tocante a la ausencia de pago de honorarios, asent\u00f3 que la carga de lealtad \u00e9tica y honradez del apoderado tambi\u00e9n concern\u00eda a \u00abla obligaci\u00f3n de establecer [en] los t\u00e9rminos del mandato su contraprestaci\u00f3n y la forma de pago\u00bb, pero cuando a ello no se proced\u00eda, lo correcto era intentar un acuerdo, promover un incidente de regulaci\u00f3n de honorarios o una acci\u00f3n ordinaria laboral, de ah\u00ed que fuese inaceptable \u00abque de manera unilateral el profesional del derecho se encuentre legitimado para definirlos [y retenerlos], en detrimento de los derechos de sus representados\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, resumi\u00f3 y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se trata de un abogado que asisti\u00f3 a sus clientes en un proceso penal que se adelant\u00f3 por el delito de lesiones personales que sufri\u00f3 su madre, de modo que, subrogados en los derechos de esta, les fue concedida una indemnizaci\u00f3n como resultado del incidente de reparaci\u00f3n directa, dineros que recibi\u00f3 el abogado en desarrollo de profesi\u00f3n y por cuenta de sus representados, sin que los hubiera entregado a estos a la menor brevedad posible, de modo que sin tener en cuenta el monto de la suma, la falta a la \u00e9tica se sit\u00faa en la falta a la honradez, que afecta el deber funcional de manera directa, ya que esta actuaci\u00f3n resquebranta el tejido social de las v\u00edctimas de un injusto punible, a quienes les fue reconocida una suma l\u00edquida, como mecanismo resarcitorio por el sufrimiento que de manera ileg\u00edtima debieron soportar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Corte avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el impulsor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC5095-2023). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, la queja supralegal debe fracasar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Germ\u00e1n Giraldo Franco. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8926-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC8926-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00950-00 (Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}