STC8931-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8931-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03276-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mara Liliane Brand Sarria instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva al Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00240. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad\u00bb, para que se ordenara a la Corporaci\u00f3n censurada \u00abdejar sin efectos\u00bb la decisi\u00f3n proferida el 4 de julio de 2023 en el juicio de la referencia y, en consecuencia, emitir una nueva \u00abdonde valore de manera adecuada el material probatorio obrante en el proceso y dejar sin efecto la sentencia anticipada de primera instancia (\u2026)\u00bb en el juicio de la referencia. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali, en el pleito verbal que promovi\u00f3 contra Marco Antonio Brand Sarria, Mar\u00eda del Carmen Quintero Calvache, Sergio Manuel Villegas Lozada y Bancolombia S.A. (rad. 2020-00240), dict\u00f3 sentencia anticipada \u00abdeclarando probadas las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa respecto de Marco Antonio Brand Sarria, de prescripci\u00f3n respecto de la nulidad absoluta y de ausencia de causal de inexistencia del negocio jur\u00eddico respecto de la pretensi\u00f3n subsidiaria, negando en consecuencia las pretensiones principales y subsidiarias\u00bb (13 dic. 2022); decisi\u00f3n que, apel\u00f3 y el superior ratific\u00f3 (4 jul. 2023). <\/p>\n
Asever\u00f3 que la Colegiatura querellada incurri\u00f3 en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
b)- \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, seg\u00fan el cual, \u00abno se cuenta de manera objetiva y as\u00ed lo establece en la sentencia SC 09 septiembre de 2103 (sic), exp. 2066 (sic)-00339-01\u00bb, al igual que la \u00abSTC 263-263 (sic)-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, de enero 23 de 2020, recuerda que los precedentes judiciales permiten garantizar los derechos constitucionales y el debido proceso\u00bb; <\/p>\n
c)- Inaplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial\u00bb, porque, se est\u00e1 negando la declaraci\u00f3n de nulidad de un contrato o inexistencia, estando las evidencias pertinentes en el expediente; <\/p>\n
d)- \u00abExceso ritual manifiesto\u00bb, en tanto, \u00ab[l]a condena en costas y perjuicios incluyendo las agencias en derecho se\u00f1aladas, son excesiva e injusta atendiendo a la naturaleza y duraci\u00f3n del proceso\u00bb; y <\/p>\n
e)- En \u00aberror al declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva del se\u00f1or Marco Antonio Brand Sarria, porque, el se\u00f1or Marco Antonio Brand Sarria, fue vinculado al proceso como persona natural, en virtud de la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada establecida por la ley 222 de 1995, por celebrar un contrato de compraventa contrariando lo establecido en los estatutos y la ley en su gesti\u00f3n como representante legal de la SOCIEDAD REISBRANDS LTDA SIA\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 que lo \u00abdecidido por [esa] Corporaci\u00f3n no obedece a una hermen\u00e9utica caprichosa de las normas aplicables al caso concreto, ni a una err\u00f3nea valoraci\u00f3n probatoria, mucho menos a un indebido proceso, por el contrario, resulta ostensible la intenci\u00f3n de utilizar la acci\u00f3n excepcional de la tutela como una \u201cinstancia adicional\u201d para reabrir un debate sobre lo ya decidido en derecho\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Trece Civil del Circuito de esa urbe, dijo que \u00ablas razones de hecho y de derecho por las cuales se adoptaron las decisiones que fueron confirmadas por la autoridad accionada, obran dentro del legajo que se comparte, por lo que el suscrito se atiene a lo que decida la H. Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Marco Antonio Brand Sarria se opuso a la demanda superlativa y destac\u00f3 que \u00abla accionante no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela en un asunto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil. Por el contrario, la accionante est\u00e1 utilizando la acci\u00f3n de tutela para reabrir un debate meramente legal, que hab\u00eda sido debatido y decidido en dos oportunidades por los jueces competentes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia que el amparo no puede abrirse paso, toda vez que el veredicto de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn (4 jul. 2023), que convalid\u00f3 \u00abla sentencia anticipada de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali el 13 de diciembre de 2022\u00bb, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, liminarmente delimit\u00f3 el problema jur\u00eddico de cara a los reproches de la apelante, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisados los reparos formulados por la parte actora que, conforme lo descrito en esta providencia se detienen \u00fanicamente en atacar los argumentos expuestos por el Juez en torno de la materializaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad absoluta, entre otros embates relacionados con la configuraci\u00f3n de dicha nulidad y denuncian la falta de interpretaci\u00f3n de la demanda frente a la responsabilidad del demandado Marco Antonio Brand Sarria como representante legal de la sociedad Reinsbrand Ltda. CIA en liquidaci\u00f3n en los actos dispositivos demandados, debe indicarse de entrada que ninguno de ellos se encuentran llamados a prosperar. <\/p>\n
Ciertamente, en varios de los reparos la apelante acusa al juez de primera instancia de desconocer que los actos jur\u00eddicos demandados se encuentran viciados en la medida que, conforme lo indican los estatutos sociales el representante legal de la sociedad Reinsbrand Ltda. Marco Antonio Brand: 1. requer\u00eda de la autorizaci\u00f3n de la junta de socios para vender el inmueble de marras que representaba el 98,6% del capital social y ello implicaba una reforma que deb\u00eda ser aprobada pues dejaba a la sociedad en estado de disoluci\u00f3n; y; 2. que aquel falt\u00f3 a la obligaci\u00f3n de adelantar el procedimiento que deb\u00eda seguirse cuando un socio falleciera, esto es, el nombrar un representante para continuar la sociedad con los herederos del socio fallecido, o en su defecto, la exclusi\u00f3n de \u00e9ste con la correspondiente devoluci\u00f3n de sus derechos a quien le correspondiere en la respectiva sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para disipar dichos embates, advirti\u00f3 que la recurrente inobserv\u00f3 el \u00abprincipio de congruencia de la sentencia\u00bb, al desbordar con lo enunciado en su alzada, lo peticionado en el libelo inaugural. Por tanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) visto el contenido de la demanda, su fundamento f\u00e1ctico y las pretensiones en ella enarboladas, se tiene que la imputaci\u00f3n que en curso del recurso de alzada plantea ahora la apelante constituye una nueva causal de nulidad no invocada en la demanda, ello, en contrav\u00eda del principio de congruencia de la sentencia. N\u00f3tese que la demanda \u00fanicamente hizo relaci\u00f3n a la alegada falta de autorizaci\u00f3n del juez de familia para la enajenaci\u00f3n de inmuebles cuando existen supuestos derechos de propiedad y\/o herenciales de menores de edad sobre el bien, y no as\u00ed de la falta de capacidad del representante legal de la sociedad para celebrar los contratos y mucho menos la ausencia de voluntad de la sociedad vendedora. <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporaci\u00f3n, <\/p>\n
acatar la congruencia implica que debe haber armon\u00eda entre lo pedido y lo resistido\u201d (SC22036, del 19 dic. 2017, rad. 2009-00114-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, a\u00fan, so capa del alegado incumplimiento del deber judicial de interpretar la demanda, dicha labor no puede ir en contrav\u00eda del principio de congruencia en desmedro de los derechos de defensa y debido proceso de la parte contraria, y mucho menos, extenderse al punto de variar el petitum y la causa petendi. <\/p>\n
Al respecto, debe quedar en claro que, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en precedencia, la necesidad de interpretar la demanda supone que la misma no haga gala de claridad sino de ambig\u00fcedad, oscuridad o ambivalencia y que, por el contrario, si los hechos y pretensiones son claros no hay raz\u00f3n que justifique una intervenci\u00f3n del fallador en ese sentido como ocurre en el presente asunto en donde, revisada la redacci\u00f3n de la s\u00faplica del decreto de nulidad absoluta de las decisiones cuestionadas por una causal espec\u00edfica, la misma no se advierte confusa o contradictoria al punto de ameritar la labor hermen\u00e9utica que se echa de menos. <\/p>\n
No puede perderse de vista que en la demanda y sus pretensiones <\/p>\n
jam\u00e1s se invoc\u00f3 el incumplimiento de los estatutos sociales en los puntos ya referenciados como causal o fuente de la nulidad absoluta reclamada y menos a\u00fan que, como ahora lo pretende indicar la demandante, que tal actuaci\u00f3n debiese evaluarse bajo la senda de la \u201cacci\u00f3n de responsabilidad\u201d de los administradores de que trata el art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995 por los perjuicios ocasionados por el administrador al ente societario en el desarrollo <\/p>\n
de su gesti\u00f3n o, en su defecto, como ocurr\u00eda en el presente asunto, de la acci\u00f3n individual de responsabilidad6 por la cual cualquier persona que haya sufrido perjuicio derivado de actuaciones de los administradores, previa comprobaci\u00f3n del inter\u00e9s jur\u00eddico que le asiste, puede demandar para que se le compensen los da\u00f1os causados al patrimonio personal del asociado o tercero afectado por el hecho\u00bb. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea de interpretaci\u00f3n, esboz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abTampoco, que se haya solicitado que los negocios jur\u00eddicos concluidos por el representante legal de la sociedad Reinsbrand Ltda. SIA en manifiesta contraposici\u00f3n con los intereses del representado sean rescindidos en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 838 del C\u00f3digo de Comercio, como parece ahora intentarse. <\/p>\n
Es decir, la demanda en la forma como fue planteada no tiene el alcance de extenderse al punto de permitir entender que la causal de nulidad invocada es otra, ni de juzgar la responsabilidad del administrador al no existir pretensi\u00f3n alguna al respecto; hecho este \u00faltimo que confirma que no err\u00f3 el a quo en su decisi\u00f3n de tener por probadas las excepciones de m\u00e9rito de falta de legitimaci\u00f3n en la causa del demandado Marco Antonio Brand Sarria al no haberse demandado su responsabilidad por las actuaciones adelantadas como administrador, y de ausencia de la causal de inexistencia respecto de las pretensiones subsidiarias por la omisi\u00f3n total de las formalidades ad substantiam actus o la inobservancia de la forma solemne, pues se insiste, ninguno de los novedosos argumentos planteados en la apelaci\u00f3n, ora como causal de nulidad absoluta o como sustento de la inexistencia contractual, fueron planteados en la demanda ni existe pretensi\u00f3n relacionada al respecto\u00bb. <\/p>\n
Bajo dicho contexto, asever\u00f3 que \u00aboper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones incoadas y ello frustra las pretensiones enarboladas\u00bb, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en cuanto a la alegada excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de las acciones presentada por los demandados, delanteramente debe indicarse que, al existir entre ellos un litisconsorcio necesario que implica que la resoluci\u00f3n del conflicto debe ser uniforme e impone que tenga una suerte com\u00fan, bien sea favoreciendo al conjunto de demandados, o siendo declarada impr\u00f3spera para todos ellos, en el presente asunto tal excepci\u00f3n oportunamente planteada por la demandada Mar\u00eda del Carmen Quintero Calvache se comunica a la sociedad demandada Reinsbrand Ltda. SIA en Liquidaci\u00f3n, \u00fanica demandada quien no la enlist\u00f3 dentro de sus medios de defensa. <\/p>\n
De igual manera que, contrario a lo se\u00f1alado por el a quo en la sentencia de primera instancia, la configuraci\u00f3n de tal fen\u00f3meno extintivo se predica en el presente asunto tanto de las pretensiones principales como subsidiarias, pues trat\u00e1ndose del ejercicio de una acci\u00f3n procesal, la misma es pasible del fen\u00f3meno prescriptivo aun cuando tenga como pretensi\u00f3n la sanci\u00f3n de un acto jur\u00eddico que por su naturaleza y caracter\u00edsticas sustanciales la irregularidad que entra\u00f1a no sea susceptible de ser enmendada por el transcurso del tiempo (prescripci\u00f3n), por ejemplo, como ocurre en el presente asunto con la solicitud de declaraci\u00f3n de inexistencia de un acto jur\u00eddico en donde, ante la ausencia de los presupuestos o condiciones indispensables de existencia, dicho acto no nace a la vida jur\u00eddica y no produce efecto alguno, de donde emerge como consecuencia l\u00f3gica que el acto inexistente nunca podr\u00eda ser susceptible de ratificaci\u00f3n ni de ser \u201cconvalidado\u201d (lenguaje propio de la nulidad) por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia o caracter\u00edstica de tipo sustancial (que algunos doctrinantes definen como imprescriptibilidad), que en el presente asunto fue err\u00f3neamente entendida e interpretada por el a quo de cara a la interposici\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva en contra de la acci\u00f3n de inexistencia (fen\u00f3meno procesal) en tanto aquella no es predicable del ejercicio de la acci\u00f3n frente a la que se itera, s\u00ed es pasible del fen\u00f3meno prescriptivo y se aplican las reglas generales de su configuraci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, esto es, el paso del tiempo por el lapso se\u00f1alado en la ley y la inacci\u00f3n del interesado. <\/p>\n
No puede perderse de vista que la doctrina moderna abandon\u00f3 la teor\u00eda cl\u00e1sica que ubicaba la acci\u00f3n como un elemento del derecho material subjetivo y desde finales del siglo pasado, se considera la acci\u00f3n como independiente del derecho subjetivo, no s\u00f3lo por ser algo distinto de \u00e9l, sino porque su presencia no requiere la existencia de aquel, ni su violaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, debe quedar en claro que uno es el acto jur\u00eddico sustantivamente considerado (derecho material) y otro distinto es la acci\u00f3n como fen\u00f3meno procesal que surge como un derecho aut\u00f3nomo e independiente que se distingue del derecho material subjetivo y de la pretensi\u00f3n que se busca satisfacer. <\/p>\n
Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el presente asunto el juez de primera instancia no se pronunci\u00f3 respecto de la referida excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n en torno de la pretensi\u00f3n subsidiaria, compete a la Sala hacerlo, indicando de entrada que la misma tambi\u00e9n se halla llamada prosperar. Ello por cuanto es claro que, entre el d\u00eda 17 de agosto de 2005, fecha en la que la demandante Mara Liliane Brand Sarria cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad y el 7 de diciembre de 2020 fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, transcurrieron 15 a\u00f1os y 3 meses, tiempo que supera el lapso de 10 a\u00f1os fijado por el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil para que se materialice el se\u00f1alado fen\u00f3meno extintivo y no existe prueba en el proceso que d\u00e9 cuenta de su interrupci\u00f3n ora natural o civil, y en todo caso, por cuanto no hay lugar a considerar ninguno de los argumentos expuestos por la apelante como factores subjetivos que influyen en conteo del t\u00e9rmino prescriptivo, tal y como se expone a continuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 el argumento de la gestora, seg\u00fan el cual, \u00abla contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n no puede evaluarse simplemente como un fen\u00f3meno objetivo de conteo de t\u00e9rminos y que, por el contrario, en el an\u00e1lisis de su materializaci\u00f3n deben observarse factores subjetivos que influir\u00edan en ella\u00bb, el que no estim\u00f3 suficiente para derruir, \u00abla materializaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva\u00bb, por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como bien lo indic\u00f3 en el juez de primera instancia en su decisi\u00f3n y ha sido posici\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia que, trat\u00e1ndose de la pretensi\u00f3n de invalidez de un acto o negocio sujeto a registro, en cuya celebraci\u00f3n no haya participado el demandante es la inscripci\u00f3n en el respectivo registro el hito a partir del cual a partir del cual inicia el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo dados los fines de publicidad y oponibilidad del \u00e9ste, sino porque adem\u00e1s, no existe prueba alguna en el expediente que acredite, por ejemplo, que la demandante se hallaba en imposibilidad absoluta de consultarlo o que el registro presentaba un error, nada de lo cual ocurri\u00f3 en el presente asunto. <\/p>\n
Igual suerte, corre el argumento seg\u00fan el cual, al cumplir la socia Brenda Eliseth Brand Pel\u00e1ez su mayor\u00eda de edad s\u00f3lo hasta el d\u00eda 2 de agosto de 2022 \u201cel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad absoluta no estar\u00eda consumado\u201d, pues dicha persona no funge como demandante en el presente asunto y la actora tampoco representa sus derechos al no existir ning\u00fan tipo de representaci\u00f3n que as\u00ed lo acredite\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dedujo: <\/p>\n
\u00abPor \u00faltimo, en torno de la alegaci\u00f3n presentada en torno de la excesiva fijaci\u00f3n de las costas procesales, debe recordarse al apelante que no es el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la sentencia el escenario procesal en el que se deban discutir los aspectos relacionados la fijaci\u00f3n de las costas y su cuant\u00eda, pues las misas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del art\u00edculo 366 del C.G.P. solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
4.5.6 De esta manera, teniendo en cuenta que ninguno de los reparos presentados por la apelante tuvo m\u00e9rito de prosperidad, se confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia y, conforme lo dicho, se declarar\u00e1 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de inexistencia formulada como pretensi\u00f3n subsidiaria, condenando en costas procesales de segunda instancia al apelante\u00bb. <\/p>\n
1.1.- Independientemente que esta Corte avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la impulsora, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018, STC2544-2021 y STC5095-2023). <\/p>\n
1.2.- Adicionalmente, en cuanto al escrutinio que se procura, imputando \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb e \u00abinaplicaci\u00f3n del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial\u00bb, por la presunta omisi\u00f3n de examinar el caudal suasorio de la pugna objetada, ha reiterado esta Colegiatura, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada, entre muchas otras, en STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00) \u2013Se resalta-. <\/p>\n
1.3.- Tampoco se vislumbra \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, dado que las \u00absentencias\u00bb mencionadas en el escrito incoatorio, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 11001310304320060033901 y la STC263-2020, 23 en., ambas dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, no \u00abconstituyen un precedente\u00bb horizontal, que sea vinculante y obligatorio, espec\u00edficamente porque, en ellas deber\u00eda existir una l\u00ednea jurisprudencial que instituya un derrotero a seguir (STC6026-2021); no obstante, en estas no se afianz\u00f3 una \u00abpostura jur\u00eddica\u00bb frente a lo aqu\u00ed discurrido y, corresponden a situaciones con dis\u00edmiles \u00abproblemas jur\u00eddicos y factuales\u00bb al aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
S\u00famese a ello que, cada uno de los \u00abasuntos en tutela\u00bb, como la ya citada STC263-2020, tienen particularidades que los diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a solventar de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando los veredictos dentro de \u00ablas acciones constitucionales\u00bb generan efecto interpartes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y STC5396-2022). <\/p>\n
2.- Finalmente, en torno al presunto \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb que le endilg\u00f3 a la actuaci\u00f3n de la Magistratura cuestionada, porque \u00ab[l]a condena en costas y perjuicios incluyendo las agencias en derecho se\u00f1aladas, [es] excesiva e injusta atendiendo a la naturaleza y duraci\u00f3n del proceso\u00bb, el amparo resulta presuroso; en tanto, los aspectos relacionados con la liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho, \u00abs\u00f3lo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb (n\u00fam. 5\u00b0, art. 366 del C.G.P.) y, seg\u00fan da cuenta el infolio, no se ha emitido el proveimiento que disponga sobre aqu\u00e9l t\u00f3pico. <\/p>\n
Mientras no se desentra\u00f1e la mencionada etapa procesal, no es posible incursionar en este \u00e1mbito supralegal, dado que, dicha circunstancia, indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los falladores ordinarios (Cfr. CJS STC1985-2018, reiterada en la STC5758-2022). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se impone la negativa de la ayuda supralegal rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mara Lilianne Brand Sarria. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8931-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC8931-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03276-00 (Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Mara Liliane Brand Sarria instaur\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}