STC8932-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8932-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 10 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Antonio Barrios Ospino contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00ba 2000-00618. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que, dentro del juicio de sucesi\u00f3n de Ram\u00f3n Barrios P\u00e9rez, adelantado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena por Elzael, Reynal y Lelia Barrios P\u00e1ez, el 4 de agosto de 1988 se profiri\u00f3 \u00absentencia de adjudicaci\u00f3n sobre el bien inmueble Las \u00c1nimas\u00bb, siendo protocolizada \u00abmediante escritura p\u00fablica No. 3210 del 24 de octubre de 1988 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 31 de julio de 1998, la se\u00f1ora Clovis Barrios de Chico, promovi\u00f3 proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia\u00bb, cuyo conocimiento se asign\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena (rad. 2000-0618); que proferidas las sentencias en las respectivas instancias y desatarse recurso de casaci\u00f3n, en sede de tutela definida por la Corte Constitucional con sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017, se dej\u00f3 en firme el fallo estimatorio proferido en primer grado. <\/p>\n
Que, tras la reconstrucci\u00f3n del expediente y la intervenci\u00f3n de otros interesados, en relaci\u00f3n con el \u00abtr\u00e1mite de refacci\u00f3n de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb, el accionado \u00abasume la competencia el d\u00eda 12 de marzo de 2019\u00bb, adelant\u00e1ndose enseguida actuaciones que han sido objeto de debate tanto en primera como en segunda instancia, principalmente respecto del reconocimiento \u00abpor transmisi\u00f3n\u00bb de algunos herederos. <\/p>\n
Que el 17 de mayo de 2023 su abogado solicit\u00f3 \u00ab[i] la aceptaci\u00f3n de un contrato de cesi\u00f3n o venta de derechos herenciales y aceptaci\u00f3n de participaci\u00f3n de los cesionarios en el tr\u00e1mite de la refacci\u00f3n; [ii] las medidas cautelares de secuestro de dos bienes inmuebles\u00bb, y, \u00ab[iii] que se ordene al partidor presentar nuevo trabajo de partici\u00f3n\u00bb, incluy\u00e9ndolo a \u00e9l, a sus hermanos y cesionarios. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 15 de junio de 2023 (\u2026) present\u00e9 al despacho accionado memorial [n\u00famero 4] solicitando que declare la p\u00e9rdida de competencia en el proceso de la referencia, ya que hasta ese momento no hab\u00eda respondido las tres solicitudes anteriores\u00bb, frente a lo cual, con auto del 6 de julio de 2023, el juzgado \u00abresolvi\u00f3 solamente los memoriales 1 y 3 (\u2026) pero sin pronunciamiento alguno sobre el memorial No. 2 [medidas cautelares] y tampoco [el] memorial No. 4 que solicita la p\u00e9rdida de su competencia en el proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
Que el 12 de julio de 2023 pidi\u00f3 \u00abnulidad del auto del 6 de julio de 2023 por p\u00e9rdida de competencia (art\u00edculo 121 del C.G.P.)\u00bb, y \u00abadici\u00f3n del auto del 6 de julio de 2023\u00bb advirtiendo que \u00abel hecho [de] que solicite adici\u00f3n de la providencia (\u2026) para que responda sobre las peticiones de medidas cautelares y p\u00e9rdida de competencia, no significa que yo est\u00e9 convalidando su competencia [pues de ella] carece desde la presentaci\u00f3n de mi solicitud el d\u00eda 15 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 19 de julio de 2023, [el juzgado] profiri\u00f3 auto publicado en el estado electr\u00f3nico No. 0122 del 21 de julio de 2023, donde adicion\u00f3 el auto del 6 de julio de 2023 [referido a] la cesi\u00f3n o venta de derechos herenciales (\u2026), de igual manera resolvi\u00f3 negar el memorial 3 relacionado con las medidas cautelares (\u2026), pero nada dijo sobre el memorial No. 4 que alude a la p\u00e9rdida de su competencia (\u2026), tampoco se ha pronunciado con referente a la solicitud de nulidad de todo lo actuado incluyendo el auto del 6 de julio de 2023 por haber alegado su p\u00e9rdida de competencia el d\u00eda 15 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 26 de julio de 2023 (\u2026) present\u00e9 al despacho accionado memorial solicitando nulidad del auto del 19 de julio de 2023 por p\u00e9rdida de competencia (art\u00edculo 121 del C.G.P.)\u00bb, y \u00abrecurso de reposici\u00f3n en subsidi\u00f3 de apelaci\u00f3n contra los autos del 6 y 19 de julio de 2023 (\u2026), sin convalidar su competencia\u00bb. <\/p>\n
Que el querellado \u00abincurri\u00f3 en defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n al proferir los autos del 6 y 19 de julio de 2023\u00bb, e igualmente, que \u00abcuando interpuse nulidades recursos y otras solicitudes m\u00e1s, el juzgado entra en mora judicial porque siempre supera el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas para proferir el respectivo auto\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda se proceda a \u00abrevocar los autos del 6 y 19 de julio de 2023, [y se] ordene al despacho accionado decretar su p\u00e9rdida de competencia y cumpla con lo predicado en el art\u00edculo 121 del C.G.P., [por consiguiente], remita el expediente (\u2026) al juzgado de familia de Cartagena que le sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE VINCULADOS <\/p>\n
1. Eberto Caraballo Z\u00fa\u00f1iga, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a aspectos sustanciales del pleito en cuesti\u00f3n, m\u00e1s no sobre los puntos objeto de alegaci\u00f3n mediante esta senda excepcional. <\/p>\n
2. Hernando Mart\u00ednez Oliver, manifest\u00f3 \u00abcoadyuvar e impulsar procesalmente esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El demandante, por intermedio de su mandatario judicial, pidi\u00f3 se declare \u00abpresunci\u00f3n de veracidad [en tanto el accionado opt\u00f3] por no presentar informe\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00abel 26 de julio de 2023\u00bb, el querellante \u00abhab\u00eda interpuesto recursos y formulado una solicitud de nulidad que a\u00fan no han sido resueltos dentro del proceso [rad. 2000-00618], lo que permite afirmar que la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada resultaba prematura\u00bb, precisando que \u00ablos recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n [se dirigen] contra las 2 providencias que ataca por esta v\u00eda, esto es, contra los autos proferidos el 6 y el 19 de julio de 2023, a lo cual se suma que [en la misma data], pidi\u00f3 al juzgado declarar la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, del segundo prove\u00eddo en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo aduciendo que si bien \u00abtodav\u00eda est\u00e1 pendiente por resolver las nulidades y recursos presentados [los interesados] se quedan sin mecanismo de defensa por la omisi\u00f3n del despacho accionado al no pronunciarse sobre la p\u00e9rdida de competencia (art. 121 del C.G.P.), ya que no puedo atacar una providencia que no existe\u00bb, y que al tribunal le correspond\u00eda resolver \u00absobre la mora judicial injustificada [del encartado] al no contestar sobre la solicitud de p\u00e9rdida de competencia (\u2026) que present\u00e9 desde el 15 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del accionante, en particular las derivadas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque no ha otorgado impulso procesal al litigio radicado bajo el n\u00b0 2000-00618. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2454-2023, 15 mar., rad. 00039-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotej\u00e1ndolos con las pertinentes piezas procesales, la Sala revocar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo y en su lugar lo conceder\u00e1, porque al interior del tr\u00e1mite de refacci\u00f3n de partici\u00f3n adelantado tras el pleito de petici\u00f3n de herencia n\u00b0 2000-00618, el accionado no ha dado soluci\u00f3n de fondo a las solicitudes que elev\u00f3 el demandante con soporte en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo, constituyendo una situaci\u00f3n de mora judicial o dilaci\u00f3n injustificada del litigio. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo aducido por el fallador a-quo, lo pretendido por el querellante no s\u00f3lo se dirigi\u00f3 a reprochar lo actuado con posterioridad a la supuesta falta de competencia del juzgado, frente a lo cual el accionante interpuso recursos y nulidades que no han sido definidos, sino que fue enf\u00e1tico en enrostrar \u00abmora judicial injustificada\u00bb en lo que refiere al curso de sus reiteradas peticiones para que se pronuncie sobre la p\u00e9rdida de competencia y nulidad derivadas de la normativa en comento. <\/p>\n
N\u00f3tese que la inicial petici\u00f3n para el prop\u00f3sito en comento, fue elevada por el actor el 15 de junio de 2023, y la reiter\u00f3 el 12 y 26 de julio de la misma anualidad, sin que, independientemente de su sentido, el convocado se hubiera pronunciado al respecto, pues el expediente digital muestra que los autos proferidos el 6 y el 19 de julio de 2023, omitieron tratar el punto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo que evidencian las respectivas piezas procesales, al no haberse respondido la presente acci\u00f3n por parte de la funcionaria querellada, tal comportamiento ratifica la veracidad de lo aseverado por el reclamante conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00absi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
En este orden, por cuanto en el caso bajo estudio la titular de la agencia judicial accionada no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, al omitir una pronta, completa y eficaz respuesta a las peticiones formuladas dentro del juicio, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional sentenci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
De la misma manera, ha sostenido que la dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite de los asuntos jurisdiccionales, es reprochable constitucionalmente, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y en su lugar, se amparar\u00e1n las prerrogativas invocadas en el sentido analizado en esta instancia. Como consecuencia, se impartir\u00e1 orden para que el juzgado accionado, en el t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas, si no lo ha hecho antes, con pleno respeto por su autonom\u00eda, resuelva de fondo, completa y congruentemente las peticiones sobre p\u00e9rdida de competencia elevadas por el actor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia deprecados por el demandante. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Juez S\u00e9ptima de Familia de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 2000-00618, resuelva de fondo las solicitudes elevadas en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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