STC8941-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8936-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2023-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Guajira el 15 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Idalides Isabel Arias Vence, Jos\u00e9 Juan, Edgar Alfredo y Tatiana Olivella Arias, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el sucesorio n\u00b0 2021-00075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, en la sucesi\u00f3n intestada de Normando Rafael Olivella Zabaleta, el abogado que fung\u00eda como su mandatario en dicho juicio, present\u00f3 ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Villanueva -quien inicialmente conoc\u00eda del juicio-, el correspondiente inventario, \u00abindicando inequ\u00edvocamente que la totalidad de los bienes hace parte de la sociedad conyugal, independientemente [de] que se hayan adquirido unos a nombre de la esposa y otros a nombre del causante\u00bb. <\/p>\n
Que ya bajo el conocimiento del Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, el citado abogado \u00abpresenta inventario y aval\u00faos de la sociedad conyugal (\u2026), manifestando nuevamente de forma clara expresa e inequ\u00edvoca que todos los bienes denunciados, hacen parte de la sociedad conyugal o activos sociales, individualizando seis partidas, soportados los mismos con pruebas documentales\u00bb, mientras que el \u00abapoderado de la heredera Norma Esther Olivella Acosta\u00bb relacion\u00f3 los bienes \u00abmanifestando de manera equivocada, err\u00f3nea o mal intencionada [que] las ocho partidas que presenta, hacen parte de los bienes propios del causante, [y] seguidamente denuncia como \u00fanico bien o exclusivo de la sociedad conyugal, la casa de habitaci\u00f3n a nombre de [la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite] Idalides Isabel Arias Vence\u00bb. <\/p>\n
Que en audiencia del 15 de febrero de 2022, se evidencia \u00abambivalencia entre la declaraci\u00f3n de la totalidad de los bienes inventariados como de propiedad de la sociedad conyugal y la que indica que solo existe uno social, [por lo que], se presentaron unas objeciones\u00bb, cuyo desarrollo tuvo lugar en audiencia del 9 de junio de 2022, siendo objeto de apelaci\u00f3n. Que retomada la actuaci\u00f3n el 9 de noviembre del mismo a\u00f1o, el juzgado se\u00f1al\u00f3 que \u00abaprobados los inventarios se decreta la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abno es del todo cierto lo enunciado en el acta de la audiencia del d\u00eda 8 de noviembre de 2022, pues el inventario no est\u00e1 definitivamente conformado o confeccionado, por cuanto no se han incluido las partidas inicialmente excluidas por la se\u00f1ora juez, en las audiencias de febrero 15 y junio 9 de 2022 como son las partidas correspondientes a los semovientes (\u2026)\u00bb, y que lo resuelto por el superior tras las objeciones, \u00aben nada tiene que ver con la conformaci\u00f3n del inventario y aval\u00faos de los bienes\u00bb. <\/p>\n
Que del trabajo partitivo presentado el \u00ab13 de junio de 2023\u00bb por la auxiliar de la justicia designada, \u00abse ordena el 21 de junio de 2023 correr traslado a las partes\u00bb, empero, \u00abrevisada la informaci\u00f3n del proceso contenida en la plataforma o p\u00e1gina web consulta de procesos nacional unificada, se pueden observar (\u2026) que el 22 de junio de 2023 se fij\u00f3 el estado de notificaci\u00f3n, pero (\u2026) NO es posible verificar el (\u2026) acto de traslado del trabajo de partici\u00f3n, por cuanto este no fue insertado, subido o cargado a la p\u00e1gina\u00bb. <\/p>\n
Que contrario \u00abtodos los bienes que se adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal hace parte de ella, excepto aquellos adquiridos a t\u00edtulo gratuito por cualquier de los c\u00f3nyuges\u00bb, y por ello cuestionan que el trabajo de partici\u00f3n, aprobado por el juzgado el 21 de julio de 2023, tuviera en cuenta \u00abun solo bien como activo de la sociedad conyugal, precisamente el adquirido por la c\u00f3nyuge Idalides Arias Vence\u00bb, y \u00ablos dem\u00e1s adquiridos dentro del tiempo de vigencia de la sociedad [se tomaran] como bienes propios del causante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, critican la inclusi\u00f3n en la partici\u00f3n de un bien \u00abque no existe\u00bb, y semovientes \u00abque no fueron incluidos por el juzgado\u00bb, por lo que, en su sentir, \u00abel inventario no est\u00e1 debidamente conformado o terminado\u00bb, y, adem\u00e1s, que \u00abhace referencia a nueve partidas cuando las actas de audiencias de inventarios y aval\u00faos, s\u00f3lo [refiere] cinco\u00bb. Adem\u00e1s indicaron que \u00abel fallo calendado 21 de julio de 2023 no es objeto o susceptible de recurso alguno\u00bb, no obstante, en el acto de notificaci\u00f3n, el trabajo partitivo no fue \u00absubido o cargado a la p\u00e1gina de la rama judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del juzgado convocado, afirm\u00f3 que \u00abno ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados por los actores, y que la acci\u00f3n de tutela objeto de estudio se torna abiertamente improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el extremo activo pretende utilizar este excepcional mecanismo constitucional para debatir asuntos que deben abordarse en los momentos y oportunidades procesales dentro de la cusa liquidatoria\u00bb. <\/p>\n
Para ello, record\u00f3 que el inventario y aval\u00fao \u00abfue aprobado en audiencia del 8 de noviembre de 2022, luego de que en audiencia del 15 de febrero de ese a\u00f1o fuera confeccionado por los apoderados de los interesados participantes en el sucesorio, a quienes se les corri\u00f3 el respectivo traslado\u00bb; que en la audiencia \u00abdonde qued\u00f3 establecida una (1) partida como bien social y ocho (8) partidas como bienes propios del causante, lo que fue ratificado y aceptado por todos los apoderados, incluido el de quien entonces representaba los intereses de los hoy tutelantes\u00bb, y que presentada la partici\u00f3n, se corri\u00f3 traslado y sin reparo alguno, fue aprobada mediante sentencia \u00abnotificada por estado el 24 de julio de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Eberto Enrique O\u00f1ate P\u00e9rez, quien dijo fungir como apoderado judicial de Yamileth, Lilia Matilde, Adela Mayerlis y Normando Francisco Olivella Acosta; Alfredo Olivella M\u00e1rmol, Eberto Enrique O\u00f1ate Perez y Rafael Cogollo Daza, pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, \u00abpor ser dilatoria, irrespetuosa, temeraria y de mala fe, y porque en los hechos y pretensiones se han consignado circunstancias que no son ciertas\u00bb, y porque \u00abno existe la vulneraci\u00f3n de los derechos aqu\u00ed invocados\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Rafael Cogollo Daza, \u00abobrando en mi condici\u00f3n de apoderado judicial de la heredera Norma Olivella Acosta\u00bb, se opuso a lo pretendido al manifestar que esta acci\u00f3n \u00abdebe ser declarada improcedente, toda vez que el extremo tutelado no vulner\u00f3 derecho alguno del demandante, [puesto que] se cumplieron todas las etapas y los litis consortes fuimos notificados de todas las actuaciones seguidas en el proceso\u00bb, y por ello, \u00abel apoderado judicial del extremo tutelante, debi\u00f3 realizar dicha solicitud a trav\u00e9s de los recursos que la ley faculta y establece para este clase de proceso\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado Jhon Smith Garrido Barrios, asever\u00f3 que \u00absi bien act\u00fae en parte del proceso [sucesorio] como apoderado de [la c\u00f3nyuge sobreviviente y de algunos herederos], y cuya gesti\u00f3n culmin\u00f3, con mi renuncia [antes del cierre de la etapa de inventarios], no es menos cierto, que debo ratificarme en que todos los bienes inventariados, fueron y son de la sociedad conyugal, y as\u00ed quedo sentado en audiencia y en escritos, por lo que radicaron y la actuaci\u00f3n de los abogados Cogollo y O\u00f1ate, se debe apreciar como una maniobra para inducir al partidor y al juez (\u2026) en el error judicial, el aprobar una liquidaci\u00f3n abiertamente contraria a la ley\u00bb. <\/p>\n
5. El Juez Primero Promiscuo del Circuito de Villanueva, dijo que su despacho conoci\u00f3 inicialmente del liquidatorio, el cual fue remitido por p\u00e9rdida de competencia al Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, quien adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n que ahora se censura. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que \u00abno se satisface el requisito de subsidiariedad que permita la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto los accionantes encontr\u00e1ndose vinculados al proceso de sucesi\u00f3n (\u2026) y representados a trav\u00e9s de profesional del derecho que resguardara sus intereses, no hicieron uso al interior del litigio de las herramientas jur\u00eddicas a su disposici\u00f3n para oponerse a la aprobaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos acaecida el 8 de noviembre de 2022) conforme lo dispone el art\u00edculo 501 del C.G.P. y objetar el trabajo de partici\u00f3n\u00bb. Sobre la publicidad de las actuaciones, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse encuentra probado sumariamente que s\u00ed se surti\u00f3 por parte del despacho accionado, el traslado descrito en la normatividad se\u00f1alada y posteriormente se profiri\u00f3 sentencia definitiva en el asunto, providencia que se notific\u00f3 por los canales autorizados por la Rama Judicial\u00bb. Y finalmente a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno se observa la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable [que] habilite al juez de tutela a decidir sobre la legalidad y validez de decisiones judiciales ejecutoriadas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los querellantes para insistir en los argumentos y pretensiones de su querella, destacando que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 509 del estatuto adjetivo general, el juez debi\u00f3 ordenar rehacer la partici\u00f3n \u00aba\u00fan con ausencia de objeciones\u00bb, para con ello \u00abgarantizar la primac\u00eda de lo sustancial sobre las formalidades\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los demandantes, al aprobar la partici\u00f3n dentro del liquidatorio n\u00b0 2021-00075. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela y en particular de la subsidiariedad. <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las se\u00f1aladas exigencias, destac\u00e1ndose de la subsidiariedad, que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir al instrumento excepcional consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y regulado en el Decreto 2591 de 1991, en tanto no ha sido incorporado en el ordenamiento jur\u00eddico para tenerse en lugar del sendero ordinario que el legislador previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional. <\/p>\n
De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no es viable acudir a dicho remedio, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. As\u00ed, cuando frente a dicho impedimento no se antepone un evento que permita su flexibilizaci\u00f3n, la improcedencia del auxilio por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, pues, se itera, debe haber justificaci\u00f3n para que la parte actora hubiese dejado de utilizarlos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del ruego tuitivo, por cuanto incumple el requisito de subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al dirigirse la censura contra la sentencia proferida por el accionado el 21 de julio de 2023, mediante la cual aprob\u00f3 el trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n dentro del juicio sucesorio n\u00b0 2021-00075, se establece la desidia de los ahora inconformes al no haber acudido a los instrumentos ordinarios que prev\u00e9 la ley para refutar las decisiones que dieron cabida a tal actuaci\u00f3n, sin que para ello se avizore motivo que justifique tal comportamiento procesal. <\/p>\n
En efecto, no obstante venir actuando por intermedio de apoderado judicial debidamente reconocido dentro del pleito, los querellantes mostraron conformidad frente a la confecci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos finalmente concretada en audiencia del 8 de noviembre de 2022, en particular, sobre la calificaci\u00f3n dada a las partidas que integraron el activo de la sociedad conyugal objeto de liquidatorio dentro de la causa mortuoria, tras lo cual, con observancia en los art\u00edculos 501 y 507 del C\u00f3digo General del Proceso, se dio cabida a la etapa de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, elaborado el trabajo partitivo por la auxiliar de la justicia nombrada para tal evento, mediante prove\u00eddo del 21 de junio de 2023, la agencia judicial convocada dispuso correr traslado de la misma a todos los interesados \u00abpor el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, dentro del cual podr\u00e1n formular objeciones con expresi\u00f3n de los hechos que les sirvan de fundamento\u00bb, y al no mediar objeci\u00f3n alguna, la aprob\u00f3 mediante sentencia del 21 de julio de 2022. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, comoquiera que ninguna de las partes en contienda se hallaba en las circunstancias descritas en el numeral 5\u00b0 del precepto en cita, es decir, de ellas no se evidenciaba incapacidad, ausencia o carencia de representante judicial, que ameritara pronunciamiento oficioso, y en esas condiciones, la aprobaci\u00f3n del trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n se torn\u00f3 inapelable conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 309-2 ibidem. <\/p>\n
N\u00f3tese que las providencias en menci\u00f3n, fueron debidamente notificadas mediante las herramientas tecnol\u00f3gicas establecidas legal y reglamentariamente, en especial, a trav\u00e9s de los estados electr\u00f3nicos 41 y 51 publicados en el micrositio de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial1, el 22 de junio y el 24 de julio de 2023, respectivamente, lo cual tambi\u00e9n desvirt\u00faa el reproche que en tal sentido expresaron los hoy tutelantes. <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, la protecci\u00f3n implorada deviene improcedente, pues, como reiterada y constantemente lo ha dicho esta Sala, cuando una persona invoca el resguardo sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato que caracteriza dicha acci\u00f3n, y dado que no se advierte motivo alguno que justifique la incuria, su inviabilidad constituye un criterio jur\u00eddico insuperable, y, por tanto, el demandante que sujeto a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Sobre el particular, de vieja data la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio ordinario, se ha sosteniendo que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC8165-2023, 17 ago., rad. 00422-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud e idoneidad del medio ordinario de defensa judicial que los ac\u00e1 quejosos desaprovecharon al interior de la actuaci\u00f3n recriminada, no probaron la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que hagan posible la prosperidad de la acci\u00f3n bajo tal modalidad. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que no supera el esencial requisito de la subsidiariedad, en tanto los actores no hicieron uso de los medios de defensa judicial que ten\u00edan a su disposici\u00f3n para rebatir la actuaci\u00f3n ac\u00e1 reprochada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n