STC8943-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8943-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03256-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Clemencia Loaiza Rodr\u00edguez y Jair Valencia Moreno contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidos en el ejecutivo 2019-00269. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estiman vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Sostuvieron, en s\u00edntesis, que al interior del compulsivo iniciado en su contra por Gloria Carolina M\u00e1rquez Mu\u00f1oz, que actualmente cursa en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, solicitaron la invalidaci\u00f3n de lo actuado con fundamento en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; petici\u00f3n denegada mediante auto de 29 de julio de 2022. <\/p>\n
Dijeron que, contra la anterior determinaci\u00f3n interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; que el primero fue resuelto desfavorablemente a sus intereses el pasado 9 de marzo, mientras que la alzada la desat\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, el 15 de mayo siguiente, en el sentido de ratificar lo decidido por el a quo. <\/p>\n
3. Prove\u00eddos que, a su juicio, adolecen de defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico y sustantivo por desatenci\u00f3n del precedente jurisprudencial, que condujeron al desconocimiento directo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues no tuvieron en cuenta los argumentos contenidos en la petici\u00f3n de nulidad ni los \u00abelementos f\u00e1cticos introducidos\u00bb, careciendo \u00abdel apoyo probatorio que permitiese la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n de negar[la]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicitaron, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos de los autos de primer y segundo grado y, en su lugar, \u00abdeclarar la nulidad de los actos siguientes al auto del 26 de noviembre de 2019\u2026 que libra mandamiento de pago\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia de segundo grado, se opuso a la prosperidad del resguardo, habida consideraci\u00f3n que los razonamientos vertidos en ella \u00abse atemperan a los principios del debido proceso\u00bb, resultando inviable pretender su revocatoria pues \u00abla sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es el m\u00e1s acertado o el m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali advirti\u00f3 que \u00abactu\u00f3 de conformidad con el ordenamiento vigente y aplicable al asunto\u00bb de all\u00ed que \u00abno se evidenci[e] que se hubiere incurrido en defecto que amerite intervenci\u00f3n constitucional\u00bb por lo que solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese estrado judicial. <\/p>\n
3. El Juez Segundo Civil del Circuito de aquella ciudad confirm\u00f3 que, en efecto, adelant\u00f3 el compulsivo objeto de la presente queja hasta la firmeza de la orden de continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, momento en el cual remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a sus hom\u00f3logos ejecutores, perdiendo contacto con el expediente, de modo que \u00abse hace imposible realizar un pronunciamiento asertivo sobre los hechos\u00bb, sin desconocer que mientras detent\u00f3 el conocimiento del asunto \u00abbrind\u00f3 las garant\u00edas constitucionales y legales\u2026 a las partes que actuaron\u00bb. <\/p>\n
4. Un abogado que adujo ser apoderado de los aqu\u00ed gestores en el ejecutivo censurado1, coadyuv\u00f3 las pretensiones formuladas, para lo cual reiter\u00f3 la solicitud de invalidaci\u00f3n presentada ante la c\u00e9lula judicial cognoscente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal Superior de Cali vulner\u00f3, al interior del ejecutivo 2019-00269, la garant\u00eda fundamental invocada por los promotores al confirmar la providencia por medio de la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de aquella ciudad desestim\u00f3 el pedido de nulidad por ellos formulado, incurriendo, supuestamente en defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Sea lo primero indicar que aun cuando los actores extienden el reclamo a cuestionar las decisiones emanadas tanto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali como de la Sala Civil del Tribunal Superior de aquel distrito judicial, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente al prove\u00eddo de segundo grado, por cuanto fue el que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n planteada, habida consideraci\u00f3n que, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la determinaci\u00f3n de nivel inferior pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por los promotores, habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada no solo en las disposiciones legales aplicables y el precedente jurisprudencial, sino tambi\u00e9n en las pruebas legal y oportunamente practicadas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, para no acceder al pedido de nulidad, la corporaci\u00f3n accionada indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Examinado el prisma f\u00e1ctico de este cuestionamiento, se avizora que tanto las citaciones para notificaci\u00f3n personal y los posteriores avisos que se dirigieron, respectivamente, a la se\u00f1ora Mar\u00eda Clemencia Loaiza Rodr\u00edguez y Jair Valencia Moreno, efectivamente, fueron entregados en la avenida 9 Norte No. 56 N \u2013 15, Condominio Pontevecchio, Casa No. 1, donde la empresa de servicio postal certific\u00f3 que all\u00ed s\u00ed resid\u00edan, hecho que no suscita discusi\u00f3n. <\/p>\n
El punto medular de la controversia estriba en que, a pesar de que son titulares del dominio sobre el bien inmueble que corresponde a esa direcci\u00f3n f\u00edsica, realmente, no es su \u201clugar de domicilio y residencia\u201d, ya que, seg\u00fan exponen, la primera habita en la calle 13 B No. 98 \u2013 10, Conjunto Residencial \u201cMulticentro II\u201d, apartamento 307, de esta ciudad, en tanto, el segundo vive en la carrera 13 B No. 3 Sur \u2013 27, barrio \u201cPrados de la Julia\u201d del municipio de Buga <\/p>\n
Sin embargo, es lo cierto que la acreedora estaba compelida, por inter\u00e9s p\u00fablico, a recabar en torno al lugar donde pod\u00eda recibir notificaciones personales su contraparte y, as\u00ed, poder integrarla al juicio, antes que, por ignorancia supina, se rehusara a hallar una direcci\u00f3n f\u00edsica o electr\u00f3nica de contacto a su alcance, con el fin de provocar un emplazamiento que, en cuesti\u00f3n pr\u00e1ctica, no tiene la misma eficacia. <\/p>\n
Es por ello que, al encontrar que el bien ra\u00edz afecto a gravamen hipotecario fue objeto reciente de compraventa, conforme a la Escritura P\u00fablica 876 del 21 de marzo de 2019, y que la demanda compulsiva, radicada el 12 de noviembre de 2019, deb\u00eda dirigirla contra los actuales propietarios, la recaudadora no ten\u00eda otra alternativa que inferir que en ese sitio podr\u00edan ellos recibir las misivas de notificaci\u00f3n, como suele suceder com\u00fan y ordinariamente en el foro judicial, entonces, en l\u00ednea de principio, ninguna otra conducta le deber\u00eda ser exigible. <\/p>\n
Ya librado el mandamiento de pago por las obligaciones insolutas, la ejecutante, como era apenas su deber procesal, adelant\u00f3 las diligencias de notificaci\u00f3n en la avenida 9 Norte No. 56 N \u2013 15, Condominio Pontevecchio, Casa No. 1, de esta capital, es decir, en la casa de habitaci\u00f3n que estaba gravada con hipoteca abierta y que era actualmente de propiedad de los se\u00f1ores Mar\u00eda Clemencia Loaiza Rodr\u00edguez y Jair Valencia Moreno, a trav\u00e9s de la empresa de mensajer\u00eda \u00abServientrega\u00bb, la cual, en todas sus \u00abconstancias de entrega\u00bb, diligenci\u00f3 que el respectivo destinatario s\u00ed \u00abreside o labora en la [nomenclatura] indicada\u00bb, luego, tal conducta est\u00e1 ajustada a derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo del precedente jurisprudencial2, resalt\u00f3 que, independientemente de que el lugar informado por los ejecutantes tuviera o no \u00abvocaci\u00f3n de recibir comunicaciones de \u00edndole judicial\u00bb, ning\u00fan elemento demostrativo daba cuenta de que aquella parte supiera \u00abque los llamados a comparecer\u2026 ten\u00edan otro paradero o que supuestamente no resid\u00edan en el lugar donde se llev\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso, situaci\u00f3n que detracta la conformaci\u00f3n de la nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, agreg\u00f3, el hecho de que los documentos contentivos del acto procesal de enteramiento hubieren sido entregados en la recepci\u00f3n del conjunto residencial donde se encuentra ubicada la unidad habitacional, no configuraba el vicio invalidatorio aducido dado que \u00abesa pr\u00e1ctica es avalada por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Llama poderosamente la atenci\u00f3n de la Sala que, pese a que los hoy ejecutados hab\u00edan adquirido el bien inmueble por compraventa de manera reciente y asumieron la hipoteca que constituy\u00f3 el anterior propietario, aproximadamente nueve (9) meses antes del env\u00edo de la correspondencia judicial a la recepci\u00f3n del conjunto residencial, hayan abandonado totalmente la administraci\u00f3n que era de su carga, sin que hayan atendido los m\u00faltiples requerimientos que, de manera acostumbrada, se allegan al respectivo casillero del apartamento para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, aunque lo anterior no fuera una imposici\u00f3n para el copropietario del bien sometido a propiedad horizontal, por sentido com\u00fan y por experiencia misma, la persona que compra una unidad de estas gravada con hipoteca debe ser precavida y providente sobre la verdadera y real situaci\u00f3n del bien, monto adeudado, existencia de otras obligaciones conexas o garantizadas con la hipoteca y dem\u00e1s vicisitudes que de ordinario se presentan y no son poca, entonces, la conducta esperable era que gestionara con el vendedor del bien o el acreedor hipotecario el finiquito de la deuda y la cancelaci\u00f3n de la garant\u00eda, o, en su defecto, prestara atenci\u00f3n a alguna notificaci\u00f3n en tal sentir, que no dejar a la suerte o al desgaire la situaci\u00f3n jur\u00eddica de su propiedad ra\u00edz. <\/p>\n
No tiene justificaci\u00f3n que, en esas condiciones, no se est\u00e9 pendiente de la correspondencia que arriba a la recepci\u00f3n de la unidad inmobiliaria cerrada, o que, en el mejor de los casos, se deje a la administraci\u00f3n los datos de contacto para que, ante una novedad de talante judicial, sean avisados inmediatamente o sea redirigida la misiva al lugar donde actualmente habitan, de ser el caso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de los documentos aportados por los incidentantes para soportar el pedido de nulidad, recalc\u00f3 que los mismos \u00abno tienen, en primer lugar, la suficiente fuerza demostrativa para llevar al convencimiento que esos son sus \u00fanicos lugares de residencia y, en segundo lugar, no desdicen que tambi\u00e9n resid\u00edan, se pudieran hallar o recib\u00edan notificaciones\u2026 [en el] bien inmueble de su propiedad y donde se entregaron los anuncios judiciales\u00bb, de all\u00ed que los interesados hubieran \u00absoslaya[do] la carga persuasiva que pesaba sobre sus hombros, puesto que el recaudo probatorio es escaso, por decir lo menos, lo que deja exp\u00f3sito el supuesto error en la notificaci\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Cali no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en los precedentes de esta Colegiatura y en las pruebas v\u00e1lidamente allegadas. <\/p>\n
No se evidencia, pues, la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por los gestores es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas, las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y de la jurisprudencia aplicable, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sin embargo, no aport\u00f3 documento alguno que acreditara tal condici\u00f3n ni poder especial conferido para intervenir en esta especial acci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 SCJ STC de 3 de sep de 2009, rad. 2010-00906; STC16709-2014, 5 de dic., rad. 2014-00440 y STC15169-2021, 10 de nov., rad. 2021-03945. <\/p>\n
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