STC8947-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC8947-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01450-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1\u00ba de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Frank David Montero Villegas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Socorro; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el incidente de desacato sobre el que versa la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre y en su calidad de director administrativo de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cesar \u2013 COMFACESAR \u2013, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Socorro el 23 de marzo de 2022 fall\u00f3 en favor de Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez la acci\u00f3n de tutela \u2013 radicado n\u00ba 2022-00021 \u2013 que promovi\u00f3 contra COMFACESAR, amparando el derecho a la vivienda digna y disponiendo que, la accionada en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas \u00abadelante los tr\u00e1mites administrativos y de contrataci\u00f3n para la construcci\u00f3n de una vivienda nueva para el accionante [\u2026] dentro del proyecto de vivienda denominado \u201cVN San Pedro\u201d ubicado en el municipio de Oiba (\u2026) ordenar [a la accionada] que dentro de los 9 meses siguientes [\u2026] le haga entrega de la soluci\u00f3n de vivienda al se\u00f1or Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez\u00bb. Decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil el 18 de mayo de 2022. <\/p>\n
Posteriormente, el all\u00ed accionante, solicit\u00f3 el inicio del incidente de desacato contra la accionada COMFACESAR; en dicho tr\u00e1mite, el incidentado, director de la caja de compensaci\u00f3n familiar accionada, expuso los inconvenientes administrativos y log\u00edsticos para cumplir la orden de tutela, y explic\u00f3 que, dentro de sus facultades hab\u00eda adelantado las gestiones necesarias para la construcci\u00f3n de la vivienda, pero, no se hab\u00eda materializado porque el Banco Agrario incumpli\u00f3 con el desembolso del dinero para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Sin embargo, el juzgado fallador mediante providencia del 24 de marzo de 2023 sancion\u00f3 al director de la entidad accionada por desacato al fallo de tutela de 23 de marzo de 2022, con tres (3) d\u00edas de arresto y multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal en sede de consulta (auto de 12 de abril de 2023). <\/p>\n
Luego, el sancionado radic\u00f3 solicitudes de modulaci\u00f3n del fallo de tutela y de nulidad del incidente de desacato, pero ninguna de ellas prosper\u00f3. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, afirm\u00f3 que ha sido el Banco Agrario el que ha alterado los tiempos de ejecuci\u00f3n del contrato y, por lo tanto, atrasado la construcci\u00f3n de las obras a las que est\u00e1n obligados en virtud del mismo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostuvo que, COMFACESAR ha actuado con diligencia, ha acreditado el cumplimiento de sus deberes contractuales y de la ejecuci\u00f3n de los tr\u00e1mites de su competencia, pero la obra depende de un tercero, el Banco Agrario, que ha omitido sin justificaci\u00f3n el desembolso de los recursos para iniciarla. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, tales circunstancias fueron expuestas en el incidente de desacato como defensa, pero las autoridades accionadas no las tuvieron en cuenta y, por el contrario, siguieron calificando su proceder como \u00abindolente\u00bb y que se estaba sustrayendo deliberadamente del acatamiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Finalmente, insisti\u00f3 en que, se lo est\u00e1 \u00abobligando a lo imposible\u00bb ya que ha sido el Banco Agrario el responsable de la inejecuci\u00f3n del contrato, y pese a ello, no fue objeto de ninguna orden o requerimiento por parte de los juzgadores. <\/p>\n
3. Por todo, pretende que, se deje sin efecto la sanci\u00f3n que le fue impuesta por desacato de tutela en su condici\u00f3n de Director Administrativo de COMFACESAR. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Unidad de V\u00edctimas afirm\u00f3 que solo adelant\u00f3 el proceso en el cual Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez fue elegido como beneficiario del proyecto de vivienda de inter\u00e9s social. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia, reconoci\u00f3 ser la entidad encargada de administrar el subsidio de vivienda de inter\u00e9s rural, y en lo que tiene que ver con el proyecto de vivienda del que fue beneficiario el se\u00f1or Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez, resalt\u00f3 que, no ha realizado los desembolsos para continuar con la obra porque \u00abCOMFACESAR no constituy\u00f3 la p\u00f3liza de garant\u00edas que ampara el dinero del subsidio y, adicionalmente, la dificultad que ha tenido COMFACESAR para la contrataci\u00f3n del trabajo social, pues no se ha logrado encontrar personal dispuesto a realizar el trabajo para un solo hogar en el municipio por el dinero que se ha presupuestado para esta actividad\u00bb. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil defendi\u00f3 las decisiones adoptadas tanto en sede de tutela como en el incidente de desacato, las cuales afirm\u00f3 estuvieron adecuadamente sustentadas. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos reprochados, sancionatorios por desacato a la orden tutelar, se ajustaron a los elementos de juicio incorporados al expediente. Adicionalmente, precis\u00f3 que, como la naturaleza del incidente de desacato no es la sanci\u00f3n en s\u00ed misma sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela, por ello, \u00ab(\u2026) de presentarse una evidente imposibilidad jur\u00eddica por parte del incidentado, lo procedente es demostrar ese aspecto con elementos de juicio id\u00f3neos, y no insistir en aspectos que ya fueron analizados en pret\u00e9rita oportunidad al interior del incidente de desacato con el \u00e1nimo de obtener un an\u00e1lisis que resulte favorable a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso, reiterando las alegaciones del escrito inicial insistiendo en que, con los medios de prueba que aport\u00f3 a la actuaci\u00f3n, demostr\u00f3 que no se encontraban configurados los elementos objetivos y subjetivos para sancionar, y que, la responsabilidad final en la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contractual era del Banco Agrario, entidad financiera a la que no vincularon al tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el aqu\u00ed actor al sancionarlo por desacato a la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Socorro, dentro del incidente radicado n\u00ba 2022-21, promovido por Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez, por, supuestamente, inobservar los elementos probatorios aportados dirigidos a demostrar la imposibilidad de cumplir la orden tutelar. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones en incidentes de desacato. <\/p>\n
La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Ahora bien, en punto de la procedencia de la petici\u00f3n de amparo que se reclama frente a la actuaci\u00f3n que defini\u00f3 el incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, en tanto, la acci\u00f3n de tutela contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente, <\/p>\n
la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sep. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia, cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 providencia sancionatoria. <\/p>\n
3.1. Con vista en la jurisprudencia descrita, en lo que tiene que ver con la eventual vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del accionante \u2013director administrativo de COMFACESAR \u2013 por parte de las autoridades judiciales convocadas, al sancionarlo mediante autos de 24 de marzo y 12 de abril de 2023, este \u00faltimo en sede jurisdiccional de consulta, tras constatar que incumpli\u00f3 lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida el 23 de marzo de 2022 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Socorro, encuentra la Sala que no se advierte ninguno de los supuestos f\u00e1cticos para la procedencia del amparo contra lo all\u00ed decidido. <\/p>\n
3.2. En este caso, el despacho habilitado para ejercer el control y la ejecuci\u00f3n del resguardo que promovi\u00f3 Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez contra COMFACESAR, en el prove\u00eddo recriminado, consider\u00f3 que, en concreto, el aqu\u00ed demandante desatendi\u00f3 la orden tutelar al no proceder de manera diligente y efectiva en el adelantamiento de gestiones conducentes al cumplimiento del mandato. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto al elemento objetivo resalt\u00f3 que, fue evidente la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos o plazos fijados en la sentencia, sumado a que, no resultaba admisible que, <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en relaci\u00f3n con el factor subjetivo, esto es, si el incidentado voluntariamente se apart\u00f3 de la obligaci\u00f3n impuesta en el fallo dijo que, el accionado se mostr\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) negligente y desinteresado en acatar una de las \u00f3rdenes dispuestas, dentro de los t\u00e9rminos que se le otorgaron, a efectos de que se hiciera entrega oportuna de la soluci\u00f3n de vivienda al se\u00f1or Guillermo Jacinto Calder\u00f3n, siendo reprochable que dicha autoridad no haya actuado de manera diligente una vez tuvo conocimiento de la sentencia de instancia (\u2026). <\/p>\n
Hay que advertir, que en este tr\u00e1mite se le ha garantizado al Doctor FRANK DAVID MONTERO VILLEGAS, Representante Legal de COMFACESAR, el respeto de sus derechos al debido proceso y al de defensa, encontr\u00e1ndose demostrado que dicha autoridad ha actuado en forma abiertamente negligente, pues conocedora del fallo de tutela del 23 de marzo de 2022, su confirmaci\u00f3n por prove\u00eddo del 18 de mayo siguiente y ahora esta segunda queja presentada por el incidentante, no ha realizado una gesti\u00f3n diligente, oportuna y completa para que el se\u00f1or CALDER\u00d3N SANCHEZ y su hijo accedan a la soluci\u00f3n de vivienda prometida, con lo cual demuestra su desinter\u00e9s frente a tan apremiante necesidad de dichas personas v\u00edctimas de desplazamiento, sujetos de especial protecci\u00f3n del Estado, exhibiendo a su vez su intenci\u00f3n de rehusarse a dar cumplimiento efectivo al fallo de tutela, y m\u00e1s a\u00fan con su censurable planteamiento de supeditarse a un desembolso que solicit\u00f3 despu\u00e9s de casi 5 meses de emitido el fallo, sin demostrar alguna otra gesti\u00f3n ante el referido Banco para obtener los recursos y desconociendo el compromiso que asumi\u00f3 la entidad cuando expusieran que antes del mes de abril de 2022 suscribir\u00edan contrato para la construcci\u00f3n de la vivienda, realizar\u00edan la primera solicitud de desembolso, para as\u00ed, entre otras gestiones, dar inicio a la construcci\u00f3n de la vivienda. Con todo lo cual ha prolongado el menoscabo de los derechos fundamentales del incidentado y de su hijo\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 indicando que, no existe excusa v\u00e1lida para que, despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o del proferimiento del veredicto constitucional, no se haya acatado el mismo. <\/p>\n
3.3. Lo anterior, lo ratific\u00f3 el ad quem en sede de consulta, al resaltar que, aunque el sancionado pudo demostrar con suficiencia las circunstancias que le impidieron cumplir con el amparo tutelar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se conform\u00f3 con informar mediante memorial allegado al tr\u00e1mite incidental desde su inicio pero a trav\u00e9s de su apoderado judicial, quien a su vez, estaba facultado para dar respuesta al presente tr\u00e1mite, que la entidad que representa siempre ha tenido voluntad para dar cumplimiento a la orden de tutela cuestionada, en tanto que en sus intervenciones fue reincidente en indicar que el 11 de agosto de 2022 se solicit\u00f3 al Banco Agrario de Colombia S.A. que efectuara el giro del primer desembolso equivalente al 50% del valor total del subsidio de construcci\u00f3n de vivienda nueva en sitio propio asignado al se\u00f1or Guillermo Jacinto Calder\u00f3n S\u00e1nchez y su grupo familiar, aportando la documentaci\u00f3n necesaria para tal fin. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dependen de que el Banco Agrario realice ese primer desembolso, para dar inicio a las actividades de construcci\u00f3n, observ\u00e1ndose de esta manera una respuesta evasiva, un prolongado lapso para gestionar con la entidad bancaria y una pasividad que se traduce en su total desinter\u00e9s por allanarse a las \u00f3rdenes dadas por el juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 se\u00f1alando que, dicha actitud revelaba una sustracci\u00f3n consciente del acatamiento a la tutela y que desde que le fue notificada, ha transcurrido 1 a\u00f1o y 7 meses, sin que se hayan impulsado de manera efectiva las gestiones requeridas y necesarias para finiquitar la obra, por lo que concluy\u00f3 el tribunal puntualizando que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la negligencia y su falta de inter\u00e9s para cumplir con lo ordenado, dentro del incidente de desacato, en especial con posterioridad a la apertura, consolida la responsabilidad subjetiva necesaria para soportar la sanci\u00f3n que a la postre le fue infligida, dado que el representante legal sancionado, pudiendo ejercer las acciones pertinentes al interior de COMFACESAR y ante el Banco Agrario para efectuar lo ordenado en el fallo de tutela, en especial con la solicitud de desembolso del subsidio de construcci\u00f3n de vivienda del cual result\u00f3 beneficiario el actor, se desinteres\u00f3 por cumplir con sus obligaciones de materializar lo ordenado y sin que se pueda comprobar la mediaci\u00f3n de alguna causa justificada que lo pudiera exonerar de acatarlo lo que conllev\u00f3 a que coercitivamente se pretenda hacer cumplir por esta especial v\u00eda, m\u00e1xime cuando ha contado con un tiempo suficiente para gestionar y materializar lo ordenado\u00bb. <\/p>\n
3.4. De lo rese\u00f1ado, se puede colegir que, a\u00fan despu\u00e9s de considerar las explicaciones rendidas por el incidentado, en sede de consulta el tribunal decidi\u00f3 mantener la sanci\u00f3n, de suerte que, no se observa que en la actuaci\u00f3n que se adelant\u00f3 y llev\u00f3 a su fin el incidente de desacato, se hubiera incurrido en alguno de los defectos aludidos, o desconocido los derechos de quien en esta ocasi\u00f3n tiene la condici\u00f3n de accionante, por lo que en forma razonada se explicaron los motivos que de conformidad con la norma aplicable y con los hechos acreditados, permitieron concluir la pertinencia de la sanci\u00f3n por desacato que se impone en esos casos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que los accionados actuaron con competencia para imponer la sanci\u00f3n rese\u00f1ada, en la cual, se reitera, se\u00f1alaron las razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que los llevaron a adoptar esas determinaciones, sin que se observe capricho o arbitrariedad de su parte, habida cuenta que el desacuerdo respecto de la valoraci\u00f3n de los elementos de prueba allegados al tr\u00e1mite incidental cuestionado, carece de entidad para tachar las providencias como v\u00edas de hecho, pues el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como las reprochadas s\u00f3lo porque el actor no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la que se concret\u00f3 en tal pronunciamiento. <\/p>\n
No obstante lo anterior, como en precedencia ha precisado esta Corporaci\u00f3n respecto a ataques v\u00eda tutela contra providencias judiciales que, <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ SC, 5 abr. 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2673-2016 y, STC7670-2016, 9 jun. rad. 00751-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirma la negativa del resguardo por cuanto, frente a la resoluci\u00f3n del incidente, no se avizora que los accionados hubieran incurrido en defecto alguno de procedibilidad de la tutela con la fuerza de quebrantar lo all\u00ed decidido, encontr\u00e1ndose razonable la sanci\u00f3n por desacato impuesta. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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