STC8951-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8951-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00345-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 2 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Pilar Ram\u00edrez Vallejo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el asunto n.\u00b0 2021-00129. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental de \u00abacceso a la justicia y que esta sea pronta y eficaz\u00bb, presuntamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, aduce la promotora que \u00abdesde el a\u00f1o 2021 [adelanta] un proceso divisorio en que se solicita la venta [de] un predio (\u2026), el cual tiene m\u00e1s de 739 copropietarios bajo el radicado 2021 129, el cual ha tenido un tr\u00e1mite muy lento por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot\u00bb, pues \u00abadmitida la demanda hasta el a\u00f1o pasado, en junio de 2022 se orden\u00f3 el emplazamiento de los demandados, se remiti\u00f3 el aviso emplazatorio y desde all\u00ed, se solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de curador ad litem y del link para observar el expediente\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de esta salvaguarda, se haya emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00abel pronunciamiento que implique avance en el proceso y se contin\u00fae dando el tr\u00e1mite correspondiente dentro de los t\u00e9rminos razonables, hasta la culminaci\u00f3n total de todas las actuaciones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot hizo un recuento de las actuaciones surtidas a su cargo, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital y destac\u00f3 que \u00ab[e]l d\u00eda lunes 17 de julio de 2023, la Secretaria del Juzgado, inform\u00f3 (\u2026) [que] hab\u00eda hallado el proceso 2021-00129 pendiente para realizar el emplazamiento, por lo que solicit\u00f3 al Escribiente, proceder inmediatamente a la inclusi\u00f3n de la publicaci\u00f3n, labor que se inici\u00f3 el 18 de julio del presente a\u00f1o. Al d\u00eda de hoy, se encuentra creado el proceso en la plataforma TYBA en la secci\u00f3n de Registro Nacional de Personas Emplazadas y el t\u00e9rmino legal vence el pr\u00f3ximo 14 de agosto de 2023, para ah\u00ed si proceder al nombramiento de Curador Ad-litem y as\u00ed trabar la litis\u00bb, aclarando que \u00abla labor de subir el emplazamiento de m\u00e1s de 740 personas en la plataforma, no es una tarea f\u00e1cil de realizar, sumado a que la capacidad humana del juzgado no es suficiente para el cumplimiento de esa y todas las dem\u00e1s labores\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio tras advertir que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por la parte convocante se encuentra superada, pues \u00abel despacho judicial accionado (\u2026) realiz\u00f3 la inclusi\u00f3n del proceso en el registro nacional de personas emplazadas a fin de comunicar su existencia a los demandados. Actuaci\u00f3n que consta en el expediente (\u2026), y cuya realizaci\u00f3n puede verificarse al consultar (\u2026) la plataforma dispuesta para la \u2018consulta de emplazados\u2019 en la p\u00e1gina web de la rama judicial. En ese orden de ideas, habi\u00e9ndose constatado que la situaci\u00f3n lesiva de los derechos fundamentales de la accionante ces\u00f3, desde que la actuaci\u00f3n que se echaba en falta ya se dio, se presenta aquello que la jurisprudencia constitucional conoce como \u201ccarencia actual de objeto\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el extremo accionante insistiendo en que \u00ab[s]i bien aparece que se ha surtido una actuaci\u00f3n relacionada con el emplazamiento, este solo se vino a cumplir a ra\u00edz de la tutela\u00bb y que \u00abel amparo se solicit\u00f3, porque desde junio de 2.022, se solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un curador y el link correspondiente, lo que no se ha dado a la fecha, ni se ha podido obtener informaci\u00f3n alguna (\u2026), [por lo que] el juez constitucional debi\u00f3 ser un poco m\u00e1s amplio al apreciar la vulneraci\u00f3n, ya que en realidad no se acud\u00eda por la mora en un solo acto; sino por la mora en general durante todo el proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro del asunto rad. n.\u00b0 2021-00129, la autoridad judicial cuestionada lesion\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la gestora, al no realizar oportunamente la inclusi\u00f3n de los demandados en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, en aras de dar impulso al proceso. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC361-2023, 25 en. 2023, rad. 00450-01). <\/p>\n
Examinados los argumentos iniciales de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al juzgado convocado, en relaci\u00f3n a la falta de inclusi\u00f3n de la comunicaci\u00f3n a los demandados en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, a fin de dar continuidad al proceso y como presupuesto para la designaci\u00f3n de curador ad litem que echa de menos -si a ello hubiere lugar-, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, seg\u00fan la constancia de publicaci\u00f3n de 21 de julio de 2023 (archivo 28RegistroNacionalDeEmplazados.pdf). <\/p>\n
Igualmente, diferente a lo alegado por la querellante, quien al impugnar reproch\u00f3 que acudi\u00f3 \u00ab[a]l amparo (\u2026) porque desde junio de 2.022, se solicit\u00f3 (\u2026) el link correspondiente, lo que no se ha dado a la fecha (\u2026) [siendo] lo m\u00ednimo que debe ofrecer una secretar\u00eda en la actualidad\u00bb; se observa que en los archivos 24 y 25 digitales, obra prueba de la remisi\u00f3n del enlace de acceso al expediente, dirigido al correo electr\u00f3nico informado por el apoderado de la hoy accionante, de fechas 30 de agosto y 22 de noviembre de 2022. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo se muestra inviable, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figura esta respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC1761-2023, 1\u00b0 mar. 2023, rad. 00124-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las situaciones descritas como vulneradoras de las garant\u00edas superiores invocadas por el extremo actor, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8951-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8951-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00345-01 Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}