STC8953-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8953-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03152-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Augusto Pastrana Romero, quien dijo fungir como \u00abAGENTE OFICIOSO\u00bb de Pedro Israel Rodr\u00edguez D\u00edaz y Lidia del Carmen Mart\u00ednez Casarrubia, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras, la Alcald\u00eda y la Polic\u00eda Metropolitana, todos de Monter\u00eda, extensiva al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras. Al tr\u00e1mite fueron integrados los part\u00edcipes en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales a la \u00abpropiedad, dignidad humana, vivienda digna, m\u00ednimo vital, salud, vida e integridad\u00bb -en sinton\u00eda con el debido proceso- de sus pretensos prohijados, presuntamente conculcadas por las autoridades repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, ordenar \u00abla suspensi\u00f3n definitiva de la entrega\u00bb a realizarse. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento expuso que Pedro Israel Rodr\u00edguez D\u00edaz recibi\u00f3 \u00abde buena fe\u00bb -de Boris Antonio Corena Hoyos- \u00abun predio rural de 5.000 metros cuadrados (1\/2 hect\u00e1rea), ubicado en las Parcelas de Costa de Oro, corregimiento de Tres Piedras, municipio de Monter\u00eda, mediante contrato de COMPRAVENTA\u00bb, el 16 de abril de 2018; fecha desde la cual el \u00abadquirente\u00bb, junto con su compa\u00f1era Lidia del Carmen Mart\u00ednez Casarrubia, ha ejercido \u00abla posesi\u00f3n material, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb del inmueble en menci\u00f3n, \u00abutiliz\u00e1ndolo como casa de habitaci\u00f3n, domicilio y lugar de donde obtienen [el] sustento\u00bb, sin conocerse \u00absituaci\u00f3n irregular alguna\u00bb, pues el \u00abvendedor\u00bb fue expl\u00edcito en indicar que el bien ra\u00edz era fruto de \u00ab[h]erencia\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la \u00abmayor extensi\u00f3n\u00bb del referido fundo (de nombre \u00abParcela 10\u00bb) hubo de ser sometido a restituci\u00f3n de tierras por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a trav\u00e9s de fallo de 20 de enero de 2020, dentro del juicio de esa especialidad seguido en favor de Rina Rosa Ruiz Padilla y otros, frente a Miguel \u00c1ngel Berrocal Herrera y otros (Rad. n.\u00b0 \u00ab2018-00004\u00bb). <\/p>\n
El tutelante critic\u00f3, en estricto compendio, que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, ente comisionado por el Tribunal para fines de la \u00abentrega\u00bb del predio en comento, querr\u00eda \u00abdesalojar\u00bb, en diligencia de 11 de agosto postrero, a los se\u00f1ores Rodr\u00edguez D\u00edaz y Mart\u00ednez Casarrubia \u00abde la media hect\u00e1rea de tierra que poseen, [que] es su \u00fanico patrimonio de toda una vida de trabajo y sacrificio\u2026, sin importa[r] la avanzada edad y (\u2026) la suerte que pudieran correr\u00bb, m\u00e1xime si tampoco se hizo estudio de la condici\u00f3n de ellos en la contienda restitutiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 impulso al pliego supralegal. Y en paralelo desestim\u00f3 la medida provisional suplicada, am\u00e9n de librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama por insatisfacci\u00f3n de la subsidiariedad y brind\u00f3 enlace del dossier en disenso. La Procuradur\u00eda 20 Judicial II enunci\u00f3 que no se colma el requisito de legitimaci\u00f3n. El Juzgado resalt\u00f3 que su rol es el de acatar la comisi\u00f3n en sus manos encomendada. La Polic\u00eda Metropolitana, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras acotaron, por aparte, que los ataques les son extra\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas b\u00e1sicas, susceptible de invocar siempre que resulten afectadas o en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe excepcionalmente y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Refulge que el promotor Jos\u00e9 Augusto Pastrana Romero carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar la potencial celebraci\u00f3n de la diligencia de \u00abentrega\u00bb cuya \u00absuspensi\u00f3n\u00bb solicita por esta senda, toda vez que \u00e9l no es parte dentro del paginario de restituci\u00f3n de tierras del que proviene tal convocatoria, ni aport\u00f3 apoderamiento id\u00f3neo en procura de comparecer en nombre de Pedro Israel Rodr\u00edguez D\u00edaz y Lidia del Carmen Mart\u00ednez Casarrubia -aducidos propietarios y poseedores de una porci\u00f3n del inmueble a entregar-, aunado a que omiti\u00f3 acreditar los supuestos que validaran su aut\u00e9ntico acudimiento como \u00abAGENTE OFICIOSO\u00bb de los \u00faltimos se\u00f1ores, con m\u00e1s soporte si los motivos expresados en torno a la aparente imposibilidad de accionar no fluyen suficientes al efecto. <\/p>\n
Sobre la habilitaci\u00f3n para activar este implemento iusfundamental, los c\u00e1nones 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta conculcaci\u00f3n generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron -o aspiran ser- reconocidos en calidad de intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, tocante al alcance del aludido precepto 10, la Corte constitucional decant\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela (CC T-406\/17). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en vista de que el tutelante Pastrana Romero no acredit\u00f3 su pretendida acudida como \u00abAGENTE OFICIOSO\u00bb de los se\u00f1ores Rodr\u00edguez D\u00edaz y Mart\u00ednez Casarrubia, es evidente que adolece de legitimaci\u00f3n para incoar la reclamaci\u00f3n de salvaguarda de marras, a la que, por ende, se impone cerrarle paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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