STC8961-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8961-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00349-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de agosto de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Rub\u00e9n Dar\u00edo Escobar Arango instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional Medell\u00edn y Rigoberto Luis Franco Arroyave, extensiva a las partes e intervinientes en el consecutivo n.\u00b0 2022-INS-1143, 8 (rad. Interno 98523). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, por medio de apoderado, pidi\u00f3 que \u00abse le tutele el derecho fundamental al debido proceso\u00bb y, para ello indic\u00f3 que el 22 de septiembre de 2022, el estrado accionado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el proceso de insolvencia incoado por Rigoberto Luis Franco Arroyave, prove\u00eddo en el que, entre otras cosas, orden\u00f3 \u00ab(\u2026) comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y c\u00e1maras de comercio que tramiten procesos de ejecuci\u00f3n, de ejecuci\u00f3n de garant\u00edas, de jurisdicci\u00f3n coactiva del domicilio del deudor y a todos los acreedores de la deudora (sic), sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su garant\u00eda por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente: a. El inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n. Para el efecto deber\u00e1 transcribirse el aviso expedido por esta entidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3, que aunque el ente cuestionado \u00abdijo cumplir con lo requerido el 14 de marzo de 2023 bajo radicado n\u00famero 2023-01-134195, allegando entre otros documentos en archivo PDF \u201cPRUEBA COMUNICACI\u00d3N ACREEDORES\u201d que contiene los correos electr\u00f3nicos a los cuales fue remitida la comunicaci\u00f3n del inicio del proceso de Reorganizaci\u00f3n\u00bb, no aport\u00f3 prueba de su enteramiento como acreedor y, solo hasta el 23 de febrero de 2023, cuando ya hab\u00eda fenecido la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006, conoci\u00f3 la existencia de ese pleito. <\/p>\n
En virtud de ello, requiri\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb de lo actuado con fundamento en la causal 8\u00aa del canon 133 del estatuto adjetivo civil (27 feb. 2023), pero fue despachada desfavorablemente (15 mar. 2023), al igual que los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos contra aquella negativa, \u00faltimo rechazado de plano (26 abr. 2023). <\/p>\n
Afirm\u00f3, que err\u00f3 el juez del concurso en la valoraci\u00f3n de los documentos aportados por el deudor para demostrar el lleno de los requisitos de notificaci\u00f3n, pues \u00ab[e]n parte alguna del expediente 98523, aparece enviado mucho menos recibida, comunicaci\u00f3n que ponga en [su] conocimiento (\u2026), el inicio del Proceso plurimencionado a la direcci\u00f3n donde (\u2026) ejerce como productor de caf\u00e9 (Municipio de Betania \u2013 Antioquia), el cual, dicho sea de paso, constituye su domicilio tanto personal como el del asiento principal de sus negocios, ampliamente conocido por el Deudor\u00bb, poniendo de esa manera en evidencia el quebranto alegado. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional Medell\u00edn – inform\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 el Auto 2023-02-011894 del 31 de julio de 2023, poniendo en conocimiento de las partes y dem\u00e1s interesados la acci\u00f3n de tutela y el contenido de su auto admisorio. Este auto se notific\u00f3 por Estados 2023-02-011901 del 1 de agosto de 2023\u00bb, sin que le conste la fecha en que el actor se enter\u00f3 del adelantamiento del procedimiento contenido en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Expuso que, \u00ab[e]n lo que se refiere a la notificaci\u00f3n del auto admisorio, (\u2026) la ley no contempla que este deba notificarse personalmente. Por el contrario, este tipo de autos deben ser notificados por anotaci\u00f3n en el estado del d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia, en los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual indica que \u201cLas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el secretario\u201d (\u2026) [y], las comunicaciones a que refiere el art\u00edculo 19 del estatuto concursal, son un simple medio adicional de informaci\u00f3n, no formas de notificaci\u00f3n. Admitir lo contrario, ser\u00e1 tanto como pensar que: (i) el auto de inicio no podr\u00eda quedar ejecutoriado sino cuando se hubieran notificado todos los acreedores de manera individual; (ii) tampoco podr\u00edan cumplirse las \u00f3rdenes impartidas en la providencia de apertura y, (iii) menos ocurrir\u00eda la separaci\u00f3n de obligaciones en el tiempo, seg\u00fan su fecha de causaci\u00f3n, propia de los reg\u00edmenes de insolvencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00ablas dem\u00e1s comunicaciones contempladas en el r\u00e9gimen, si bien son una forma de dar publicidad al proceso frente a terceros que posteriormente pueden llegar a ser parte de \u00e9l, no constituyen en s\u00ed mismas una forma de notificaci\u00f3n de la providencia, por lo que cualquier falla en ellas no afecta la validez de lo actuado, m\u00e1xime si, como en el presente caso, se le dio suficiente publicidad al proceso a partir de la inscripci\u00f3n en el registro mercantil, realizada el 10 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el gestor desaprovech\u00f3 la oportunidad para formular objeciones y, en todo caso, aun cuenta con la v\u00eda que le ofrece el art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006 para perseguir su cr\u00e9dito. <\/p>\n
Rigoberto Luis Franco Arroyave se opuso al amparo, porque \u00aben su momento no se inform\u00f3 al se\u00f1or Rub\u00e9n de conformidad con que el mismo no se encontraba dentro de la contabilidad, pero que si bien no se inform\u00f3 la ley brinda una etapa procesal para este tipo de acreedores presenten sus respectivas objeciones\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn concedi\u00f3 el resguardo y dispuso dejar sin efecto las providencias que se emitieron frente a la \u00absolicitud de nulidad\u00bb del querellante, a fin de que la misma fuera sometida a un nuevo estudio, por cuanto, a diferencia de lo estimado por la autoridad censurada, \u00abla omisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n del deudor de informar al acreedor accionante el inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n est\u00e1 comprendida dentro de las causales de nulidad del art\u00edculo 133 (8) del CGP\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los art\u00edculos 19 y 26 de la Ley 1116 de 2006 son normas especiales en la materia y contemplan la carga, en cabeza de los administradores del insolvente y del promotor de informar por los medios id\u00f3neos a todos los acreedores la existencia del proceso de reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como de presentar los cr\u00e9ditos con precisi\u00f3n de los titulares y su lugar de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, ya que, tal omisi\u00f3n, puede dar origen a la causal de invalidez invocada. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el yerro cometido habilita el auxilio de cara al art\u00edculo 26 de la Ley 1116 de 2006, porque \u00abla decisi\u00f3n negativa de la nulidad implica para el actor conformarse con lo dispuesto en la norma y, en tal medida, la decisi\u00f3n le resulta decisiva frente a la aspiraci\u00f3n de satisfacci\u00f3n de su acreencia, pues ya no ser\u00e1 considerada ni podr\u00e1 participar del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n judicial. En tal sentido el defecto procedimental advertido se torna determinante\u00bb. <\/p>\n
2. Replic\u00f3 Rigoberto Luis Franco Arroyave, esgrimiendo que \u00abno es posible informar del proceso a acreedores que no se encuentran reconocidos por el deudor en su contabilidad o en los documentos de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, siendo imposible para el deudor informar a acreedores que no se encuentran relacionados en la contabilidad o en el inventario de pasivos como acreedores\u00bb, de ah\u00ed que, en el caso particular, \u00abse dio cumplimiento a lo ordenado por el articulo 19 y 25 de la ley 1116 citado por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, con respecto a los acreedores que ten\u00eda reconocidos en su contabilidad y documentos que fueron presentados en la solicitud de admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, estableciendo como medio id\u00f3neo para informar el inicio del proceso, el env\u00edo de correos electr\u00f3nicos a cada uno de los acreedores que estaban reconocidos en la contabilidad del deudor, reitero, siendo imposible para el deudor informar del inicio del proceso a acreedores que est\u00e9n por 4 fuera de la contabilidad y el inventario de pasivos presentados en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se quej\u00f3 de la falta del requisito de subsidiariedad, en la medida que el precursor no ha agotado el medio ofrecido por el precepto 26 de la Ley 1116 de 2006 para hacer valer sus intereses. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos expuestos por el recurrente, de entrada, se advierte la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
2. Mem\u00f3rese que la inconformidad de Rub\u00e9n Dar\u00edo Escobar Arango es con la indebida \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb del auto por medio del cual se abri\u00f3 el \u00abproceso de insolvencia\u00bb que adelant\u00f3 Rigoberto Luis Franco Arroyave ante la Superintendencia criticada, la que, pese a ser atacada por la v\u00eda que ofrece el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del proceso, no fue objeto de un an\u00e1lisis de fondo, tras una interpretaci\u00f3n \u00abparticular\u00bb de las reglas que gobiernan la notificaci\u00f3n a los interesados en asuntos de la naturaleza del analizado, y de aquellas que rigen las nulidades, se limit\u00f3 a apuntalar que \u00abla causal invocada no se enmarca dentro de ninguno de los supuestos consagrados en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al no resultar armonioso dicho entendimiento con el verdadero sentido de la norma, tal como lo expres\u00f3 el a quo, lo comparte esta Sala y no fue reprochado en sede de impugnaci\u00f3n, emerge visible la trasgresi\u00f3n denunciada, en tanto, no obstante haber acudido el afectado al medio de defensa id\u00f3neo para exigir la salvaguarda de sus intereses, \u00e9ste le fue err\u00f3neamente desestimado, sin que exista raz\u00f3n alguna para que, como lo sugiere Rigoberto Luis, aquel deba someterse a la espera y dem\u00e1s efectos (rese\u00f1ados en el fallo de tutela reconvenido) que generar\u00edan el uso del remedio que exhibe el art\u00edculo 26 de la prementada ley 1116. <\/p>\n
En ese orden, acertada resulta la flexibilizaci\u00f3n que el Tribunal Superior de Medell\u00edn hizo del presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, toda vez que, como lo ense\u00f1a el infolio, no fue la desidia de Rub\u00e9n Dar\u00edo la que le impidi\u00f3 acceder de manera efectiva a los instrumentos con los que contaba en el diligenciamiento para reprobar la forma en que fue comunicado el interlocutorio de \u00abAdmisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, sino el defecto procedimental en que incurri\u00f3 la Superintendencia, valga decir, el desconocimiento de la pauta consagrada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 citado. <\/p>\n
Al efecto, esta Sala ha sostenido que, \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13 ag. 2013, exp. 00093-01, reiterada en STC6430-2023, 5 jul., exp. 2023-00142-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha dicho, que: <\/p>\n
(\u2026) existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u201cpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u201d, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso. (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada entre otras en STC4889-2023, 24 may., rad. 00127-02). <\/p>\n
3. Ahora, en cuanto toca con los argumentos del impugnante relativos a la observancia de los art\u00edculos 19 y 25 de la ley de insolvencia, basta decir que, los mismos coinciden con los utilizados para descorrer el traslado de la \u00absolicitud de nulidad\u00bb propuesta por el querellante, los cuales deben ser atendidos en cumplimiento de la orden constitucional de primer grado, esto es, al resolver nuevamente el pedimento edificado en la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, sin que le sea dable al juez ius fundamental entrar a reemplazar al iudex natural <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Corte, que (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026) -STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC6904-2020, STC9022-2021, STC6808-2022 y STC1577-2023-. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, deber\u00e1 el Rigoberto Luis esperar a que la Superintendencia solvente lo pertinente con relaci\u00f3n a los razonamientos efectuados en torno a la tem\u00e1tica que expone en su apelaci\u00f3n, dado que, en contrav\u00eda de su creencia, lo que hizo el Tribunal Superior de Medell\u00edn con su resoluci\u00f3n, fue enderezar el procedimiento, de ah\u00ed que no resulte viable revocarla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8961-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8961-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00349-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76212","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76212\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}