STC8963-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8963-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00153-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se dejara sin efecto la sentencia que el estrado convocado emiti\u00f3 el 9 de febrero de 2023, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3 libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en su contra y a favor de Juan Camilo Gil Echeverri por la suma de $43.000.000, m\u00e1s los intereses moratorios, respaldada en un pagar\u00e9 (9 dic. 2019). <\/p>\n
Posteriormente, resolvi\u00f3 desfavorablemente las excepciones de: \u00ab1. Falta de requisito de ley de forma y de fondo del t\u00edtulo valor motivo de recaudo en su creaci\u00f3n y cobro, se encuentran viciados de nulidad absoluta por cuanto el demandante incurri\u00f3 en abuso de confianza, en fraude procesal, falsedad en documento privado, estafa, entre otros\u00bb, \u00ab2. Temeridad y mala fe\u00bb y, \u00ab3. Cobro de lo no debido\u00bb, declar\u00f3 pr\u00f3spera la tacha de falsedad de la carta de instrucciones que \u00abse dio por el endosante, es decir, por el se\u00f1or Rodrigo Gil P\u00e9rez, puesto que el demandante sigue siendo un tenedor de buena fe exenta de culpa\u00bb y, en consecuencia, dispuso seguir adelante con el cobro (3 jun. 2021); decisi\u00f3n que el superior ratific\u00f3 (9 feb. 2023). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con la \u00faltima determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque no se analizaron en debida forma las pruebas que evidenciaban: i) La inexistencia de buena fe exenta de culpa del tenedor, quien conoc\u00eda el negocio causal y sus detalles, ii) La falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, puesto que \u00abel negocio o el dinero era de [o pertenec\u00eda a] Rodrigo Gil P\u00e9rez\u00bb (endosante y padre del ejecutante) y, iii) Los abonos a la deuda por $17.300.000. Tampoco, efectu\u00f3 el control de legalidad oficioso frente al t\u00edtulo objeto de recaudo. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartad\u00f3 narr\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el compulsivo controvertido, sosteniendo que los desenlaces adoptados no han sido caprichosos ni arbitrarios, en vista se atendieron las reglas de la sana cr\u00edtica y la experiencia, a m\u00e1s que los hechos y argumentos en que se sustenta el pliego introductor no fueron objeto de recurso de apelaci\u00f3n, oportunidad procesal que resultaba pertinente para ello. <\/p>\n
El Primero Civil Municipal de esa sede destac\u00f3 la legalidad de su actuar y enfatiz\u00f3 que lo pretendido por el gestor es convertir este especial mecanismo en una \u00abinstancia adicional\u00bb. <\/p>\n
Juan Camilo Gil Echeverri se opuso al amparo, porque no satisface el presupuesto de la inmediatez, en tanto el a quo dict\u00f3 veredicto el 3 de junio de 2021, esto es, hace m\u00e1s de 26 meses, frente al que inco\u00f3 otro auxilio (n\u00b0 332-2021). Solicit\u00f3 que se compulsaran copias al togado que representa los intereses del impulsor ante la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, para que lo investigue \u00abpor su actuar mal intencionado\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Medell\u00edn observ\u00f3 cumplido el requisito temporal que gobierna la demanda superlativa, en tanto, el prove\u00eddo rebatido se emiti\u00f3 el 9 de febrero de 2023; no obstante, neg\u00f3 el resguardo porque dicha providencia corresponde a un criterio razonable, al paso que \u00abera el ejecutado quien ten\u00eda la carga de acreditar la mala fe alegada y demostrar el conocimiento del negocio causal por el ejecutante, si a partir de esto pretend\u00eda enervar las obligaciones derivadas t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque las inconformidades relacionadas con la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y el \u00abdesconocimiento de los abonos\u00bb no fueron planteadas como reparos contra el desenlace de primer grado en el coactivo. <\/p>\n
4.- El precursor replic\u00f3, aduciendo que el despacho acusado: a) No se pronunci\u00f3 en torno a la \u00abinexistencia de buena f\u00e9 exenta de culpa del tenedor\u00bb que estaba acreditada a trav\u00e9s de pruebas indiciarias, ni la aplicaci\u00f3n de los \u00ababonos\u00bb a la deuda, b) Pas\u00f3 por alto que la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb debe declararse por el juzgador cognoscente oficiosamente, sin que se requiera su rogativa (num. 3\u00b0 art. 278 C.G.P.) y, c) Desacat\u00f3 el deber de realizar el control oficioso de legalidad en punto al t\u00edtulo valor y la orden de apremio, sin que pueda justificarse en las deficiencias de la alzada, pues a ello est\u00e1 obligado incluso en la segunda instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte que en el sub j\u00fadice se encuentra atendida la exigencia \u00abtemporal\u00bb que caracteriza este selecto sendero, en la medida que entre la fecha del fallo de 9 de febrero de 2023 que el actor anhela derruir, y presentaci\u00f3n de la demanda tuitiva (4 ag.), transcurrieron cinco (5) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas; esto es, no se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Sin embargo, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la refrendaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, toda vez que la resoluci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Apartad\u00f3 que confirm\u00f3 la de primer nivel (9 feb. 2023), que desestim\u00f3 las excepciones de \u00abFalta de requisito de ley de forma y de fondo del t\u00edtulo valor motivo de recaudo en su creaci\u00f3n y cobro\u00bb, \u00abTemeridad y mala fe\u00bb, y \u00abCobro de lo no debido\u00bb, declar\u00f3 probada la tacha de falsedad frente a la carta de instrucciones del pagar\u00e9 y, dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 en punto a la \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb por activa, que radica en el ejecutante \u00aba quien, en su calidad de acreedor no se le ha pagado la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo valor presentado a cobro\u00bb y, por pasiva en el sujeto que registra \u00abcomo deudor de la obligaci\u00f3n que consta en el pagar\u00e9 objeto de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, memor\u00f3 el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio que establece como requisito general de los t\u00edtulos valores, entre otros, \u00abLa firma de qui\u00e9n lo crea\u00bb, que puede ser desvirtuado a trav\u00e9s de la \u00abtacha de falsedad\u00bb (art. 269 y 270 C.G.P.); figura jur\u00eddica respecto de la cual puntualiz\u00f3, fue decretada en el sub judice por el juez de primera instancia y, al no haber sido objeto de reparo en el recurso vertical contra el veredicto, se abstendr\u00eda de emitir concepto alguno. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que el cartular cuyo cobro se busca se cre\u00f3 el 21 de septiembre de 2017, para ser pagadero el 21 de septiembre de 2018 y, fue endosado \u00aben propiedad\u00bb por Rodrigo Gil P\u00e9rez a Juan Camilo Gil Echeverri (demandante) el 17 de julio de 2018; modalidad de negociaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la cual asever\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) transmite la propiedad del t\u00edtulo, es el \u00fanico endoso que produce todos los efectos que le corresponden; supone la existencia de una relaci\u00f3n o negocio jur\u00eddico subyacente entre el endosante y el endosatario; por eso el endosante al transmitir la propiedad del t\u00edtulo, lo hace con todos sus efectos. Esta obligaci\u00f3n es aut\u00f3noma con respecto a la primera existente entre girado y girador y tambi\u00e9n a la existente entre girador y beneficiario, por esto el endoso se parece a una nueva emisi\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
En virtud del principio de autonom\u00eda hace que a este nuevo acreedor no se le puedan oponer las excepciones que el deudor pudiera tener contra el endosante, ya que el endosatario adquiere un derecho nuevo, limpio de toda m\u00e1cula que pudiera encontrarse en el derecho del transmisor\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al haberse entregado el instrumento cambiario antes de que venciera (17 jul. 2018), el endosatario \u00abadquiere todos los derechos del t\u00edtulo conferido, este recibe un derecho original, un derecho aut\u00f3nomo que no depende de las propiedades o vicios del derecho que ten\u00eda el endosante, lo que impide que el endosatario le propongan las excepciones personales que ten\u00edan contra aquel\u00bb, a saber, la \u00abtacha de falsedad decreta[d]a a la carta de instrucciones realizada por el se\u00f1or Rodrigo Gil\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, reflexion\u00f3 que no asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente en torno a que, por haberse declarado probada la referida \u00abtacha\u00bb el documento a la orden resultaba afectado de nulidad, porque: a) Como fue \u00abendosado en propiedad antes de su vencimiento este adquiere plenos efectos del endoso, caso diferente ocurriera si fuera endosado fecha despu\u00e9s de su endoso que los efectos serian de la cesi\u00f3n de derecho\u00bb, pues \u00abAl ser el t\u00edtulo valor aut\u00f3nomo, es decir, al desprenderse de su relaci\u00f3n o negocio causal, no cabe oponer excepciones en cuanto a esto. En cambio, en la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos s\u00ed es posible presentar excepciones con respecto a su nexo causal, ya que se conservan los beneficios y desventajas del negocio. (\u2026)\u00bb., y b) El \u00abdemandado afirm\u00f3 haber suscrito el titulo valor\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 835 del C\u00f3digo de Comercio, concluy\u00f3 que Juan Camilo Gil Echeverri era un tenedor de buena fe exenta de culpa, en raz\u00f3n a que no estaba demostrada su mala fe en punto a la \u00abtacha de falsedad\u00bb y, en tal virtud, el ejecutado se estaba imposibilitado para formular excepciones derivadas del negocio por cuenta del cual se cre\u00f3 el pagar\u00e9. Ello dado que: <\/p>\n
\u201cla literalidad, en particular, determina la dimensi\u00f3n de los derechos y las obligaciones contenidas en el t\u00edtulo valor, permiti\u00e9ndole al tenedor atenerse a los t\u00e9rminos del documento, sin que, por regla general, puedan opon\u00e9rsele excepciones distintas a las que de \u00e9l surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagraci\u00f3n de la literalidad es una garant\u00eda para quien desconoce los motivos que indujeron la creaci\u00f3n o la emisi\u00f3n del t\u00edtulo, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que \u00e9l en su circulaci\u00f3n, es obvio que ella est\u00e1 consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias.\u201d <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Frente a las criticas del memorialista, concernientes al desconocimiento en que incurri\u00f3 el juzgado querellado frente a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, sustentada en que el negocio o el dinero pertenec\u00eda a Rodrigo Gil P\u00e9rez\u00bb y, los abonos realizados a la obligaci\u00f3n por $17.300.000, qued\u00f3 acreditado que \u00e9l apel\u00f3 la providencia que accedi\u00f3 a la \u00abtacha de falsedad de la carta de instrucciones del pagar\u00e9\u00bb y dispuso proseguir con el coactivo (3 jun. 2021), pero all\u00ed no formul\u00f3 tales reparos o inconformidades. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el suplicante tuvo la oportunidad de exponer ante el juzgador criticado las irregularidades que ahora exhibe en este sendero, y no lo hizo, dado que omiti\u00f3 expresar tales situaciones en la alzada que interpuso frente a la sentencia de primer grado. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Magistratura tiene dicho que <\/p>\n
(…) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC3506-2022 y STC1437-2023. <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020, STC3506-2022 y STC1769-2023, entre otras). <\/p>\n
4.- Ahora, se advierte que, si bien, el director del proceso tiene la \u00abpotestad – deber\u00bb de control \u00aboficioso\u00bb frente al legajo objeto de ejecuci\u00f3n al momento de resolver si existe m\u00e9rito para continuar el cobro y, \u00e9sta recae sobre los \u00abrequisitos formales y sustanciales\u00bb (art\u00edculo 430, en armon\u00eda con los c\u00e1nones 4\u00b0, 11 y 42-2\u00b0 C.G.P.), tambi\u00e9n lo es, que el estudio de las censuras referidas a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y la amortizaci\u00f3n que el ejecutado le hizo a la deuda, debieron ser planteadas por \u00e9ste a trav\u00e9s de los medios exceptivos, para que fuese objeto de prueba y refutaci\u00f3n, sin que se pueda reclamar del juzgador su revisi\u00f3n ex oficio, al paso que son asuntos que no pod\u00eda evidenciar de la literalidad del t\u00edtulo b\u00e1culo del compulsivo sino del ejercicio de la defensa, contradicci\u00f3n y del debate probatorio que debi\u00f3 suscitar en el litigio el demandado. <\/p>\n
En torno a dicha figura jur\u00eddica la Sala ha predicado: <\/p>\n
(\u2026) la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (\u2026), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb\u2026 <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. (CSJ STC4808-2017, reiterada en STC433-2018 y STC1018-2023). <\/p>\n
5.- Finalmente, la rogativa de Juan Camilo Gil Echeverri enfilada a expedir copias con destino a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial para que investigue el \u00abactuar mal intencionado\u00bb en el que supuestamente incurri\u00f3 el abogado del tutelante, escapa a la \u00f3rbita supralegal, en la medida que ata\u00f1e al interesado comparecer directamente a dicho estamento para poner las denuncias que crea pertinentes, haci\u00e9ndose responsables de su gesti\u00f3n y consecuencias. <\/p>\n
6.- Lo discurrido conlleva a refrendar el pronunciamiento opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8963-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8963-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2023-00153-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}