STC8972-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8972-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01382-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que ANGELCOM S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001600005020163202900\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto el prove\u00eddo emitido el 23 de junio de 2023 en el asunto de la referencia, en el que fue reconocida como v\u00edctima. <\/p>\n
En compendio, adujo que, ante el Juzgado Cuarenta y Dos Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda 414 Seccional de Administraci\u00f3n P\u00fablica formul\u00f3 imputaci\u00f3n en contra de Francisco Javier y Carlos Mario R\u00edos Velilla como part\u00edcipes intervinientes y, de Felipe R\u00edos Londo\u00f1o en calidad de autor del delito de violaci\u00f3n de r\u00e9gimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el art\u00edculo 408 del C\u00f3digo de Penal (25 abr. 2022). <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la capital adelant\u00f3 la audiencia de \u201cformulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb, oportunidad en la que la Fiscal\u00eda encargada: (i) Vari\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica respeto de Francisco Javier y Carlos Mario, en el sentido de indicar que \u201cel delito imputado era en calidad de coautores de conformidad con los art\u00edculos 56 de la Ley 80 de 1993 y 20 del C\u00f3digo Penal\u201d; (ii) Adicion\u00f3 un testigo t\u00e9cnico experto; (iii) Aclar\u00f3 algunos datos insertos en los documentos; y, (iv) Agreg\u00f3 otros medios de convicci\u00f3n (13 oct.). <\/p>\n
Sostuvo que, en esa misma diligencia, el defensor de Francisco Javier requiri\u00f3 precisi\u00f3n acerca de si exist\u00eda \u201ccoautor\u00eda entre los tres imputados o no, en tal caso, de qu\u00e9 inhabilidad\u201d y solicit\u00f3 la nulidad de la actuado por violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, rogativa que coadyuvaron los otros dos procesados. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el juzgador del circuito desestim\u00f3 la invalidez suplicada, tras advertir que no se configuraba ninguna de las irregularidades exhibidas (13 oct.); empero, el superior revoc\u00f3 parcialmente dicha decisi\u00f3n y, en su lugar, la declar\u00f3 a partir de la \u201caudiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u201d, \u00fanicamente respecto de Felipe R\u00edos (23 jun. 2023). <\/p>\n
Discrep\u00f3 del pronunciamiento del ad quem, comoquiera que desconoci\u00f3 el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, circunstancia que llev\u00f3 \u201cde manera equivocada a concluir que se present\u00f3 una vulneraci\u00f3n de los derechos de Felipe R\u00edos Londo\u00f1o (\u2026) a partir de valoraciones superfluas [y] sin motivaci\u00f3n alguna\u201d, ya que ejerci\u00f3 un \u201ccontrol material general de los actos, (\u2026) anticip\u00e1ndose a debates de la \u00f3rbita probatoria en sede de tipicidad, lo cual corresponde exclusivamente a la etapa de juicio ante el juez de conocimiento\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo esbozado por la Magistratura confutada, los hechos jur\u00eddicamente relevantes si se explicaron de \u201cmanera clara, precisa y sucinta\u201d por la Fiscal\u00eda a cargo y, por tanto, no era viable derruir la labor emprendida por aquella sin \u201cmotivaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que la etapa de \u201cformulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u201d ya se hab\u00eda agotado, es decir, precluy\u00f3 y bajo ese supuesto no era viable acceder posteriormente a la \u201cnulidad\u201d invocada. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 reiter\u00f3 los argumentos insertos en el interlocutorio censurado. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Cuarenta y Dos Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas dijo que lo anhelado por la impulsora escapa de su competencia. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 414 Seccional \u2013 Unidad de Delitos Contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica coadyuv\u00f3 las aspiraciones de la actora, en la medida que el Tribunal con la emisi\u00f3n del auto \u201cdesconoc[i\u00f3] preceptos constitucionales fundamentales\u201d. Igualmente, defendi\u00f3 la legalidad del procedimiento que adelant\u00f3 e insisti\u00f3 en que el ad quem \u201cen sede de nulidad confund[i\u00f3] flagrantemente un hecho jur\u00eddicamente relevante con un tema de prueba que se desarrollar\u00eda en el debate probatorio y sobre el cual no le era dado realizar control material\u201d. <\/p>\n
El Procurador 30 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que lo reprochado por la gestora \u201cno t[iene] la trascendencia y relevancia constitucional exigida que afecten los derechos fundamentales de las partes intervinientes\u201d. <\/p>\n
La Empresa de Transporte del Tercer Milenio (Transmilenio S.A.) asever\u00f3 que \u201cno existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n imputable\u201d a ella y que no se satisfacen los requisitos de procedibilidad de la \u201cacci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u201d. <\/p>\n
Carlos Mario R\u00edos Velilla afirm\u00f3 que la directriz controvertida \u201cno presenta ning\u00fan defecto que amerite (\u2026) tutel[ar] los derechos fundamentales\u201d y se opuso al amparo. <\/p>\n
Felipe R\u00edos Londo\u00f1o apoy\u00f3 los raciocinios de la providencia combatida. <\/p>\n
Javier R\u00edos Velilla pidi\u00f3 negar las pretensiones de la quejosa, puesto que \u201cla decisi\u00f3n judicial [est\u00e1] motivada, acorde y sustentada a una clara postura jur\u00eddica respetuosa de unos m\u00ednimos esenciales para el ejercicio del derecho de defensa y el respeto al debido proceso\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo, por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en contra de Felipe R\u00edos Londo\u00f1o se adelanta un proceso penal por el delito de Violaci\u00f3n del r\u00e9gimen legal o constitucional de Inhabilidades e Incompatibilidades, en calidad de autor en la modalidad dolosa (\u2026). <\/p>\n
La realidad f\u00e1ctico procesal permite concluir que el presupuesto de subsidiariedad no se cumple en este caso, porque la acci\u00f3n de tutela se dirige contra un proceso penal que se halla en curso. Por ende, los cuestionamientos y solicitudes que el accionante eleva en este escenario constitucional deben ser discutidas al interior de esa actuaci\u00f3n judicial. Pues, ese el escenario natural de discusi\u00f3n, y porque el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela impide al juez constitucional interferir en las competencias judiciales ordinarias (STP11326-2022) …\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la precursora expresando su inconformidad respecto de la inviabilidad de la salvaguarda pregonada, toda vez que se soslayaron \u00abaspectos elementales y suficientes para estudiar de fondo el caso (\u2026) sin siquiera realizar un acercamiento a los verdaderos presupuestos argumentativos requeridos para este tipo de decisiones, como la que declar\u00f3 la nulidad de la imputaci\u00f3n contra Felipe R\u00edos\u00bb. A partir de all\u00ed, iter\u00f3 los argumentos del escrito primigenio, puesto que no basta \u00abcon que se encuentre el proceso en curso (\u2026), hace falta analizar si los mecanismos con los que cuenta la v\u00edctima en el proceso penal seg\u00fan la etapa procesal en la que se encuentre, son id\u00f3neos y efectivos (\u2026) frente a graves afrentas procesales como las acaecidas con la declaratoria de nulidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del socorro y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto refutado, toda vez que la determinaci\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (23 jun. 2023), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, liminarmente trajo a colaci\u00f3n el escenario expuesto por Felipe R\u00edos, \u00fanico apelante, que soport\u00f3 \u00abla solicitud de nulidad\u00bb a saber: <\/p>\n
\u00abi) Critica la coautor\u00eda en comisi\u00f3n por omisi\u00f3n – derivada de un rol de garante sin que la fiscal\u00eda mencione un acuerdo com\u00fan previo concomitante, plan criminal ni divisi\u00f3n de funciones, lo que denota incongruencia f\u00e1ctica y jur\u00eddica; ii) Se viol\u00f3 el debido proceso porque la imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n fueron indeterminadas, ya que no se fundament\u00f3 la fuente de posici\u00f3n de garante que obligaba al procesado a evitar la adjudicaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n, es decir, hubo falta de motivaci\u00f3n frente a la infracci\u00f3n al deber; agrega que las fuentes normativas que se invocaron no van al caso; iii) La acusaci\u00f3n est\u00e1 soportada en hechos que no son jur\u00eddicamente relevantes, contrariando el principio de legalidad, proporcionalidad, por pretender la fiscal\u00eda encuadrar como delictiva una conducta at\u00edpica, ya que el delito exige la presencia de un servidor p\u00fablico que en el \u00e1mbito de sus competencias tenga relaci\u00f3n con la contrataci\u00f3n p\u00fablica, lo que aqu\u00ed se incumple, dado que el acusado no ten\u00eda atribuciones en materia contractual con la entidad que celebr\u00f3 el contrato, siendo un imposible la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, pues R\u00edos Londo\u00f1o en su cargo de concejal no era funcionario de la empresa de transporte; iv) No se resalt\u00f3 con precisi\u00f3n ni claridad las circunstancias en las cuales se concret\u00f3 la conducta se\u00f1alada como delictiva, fundament\u00e1ndose en hechos imprecisos, vagos, sin ninguna claridad, lo que limita arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa, ya que no se explic\u00f3 cu\u00e1l era el deber legal que le asiste a su defendido para desplazarse al lugar de la adjudicaci\u00f3n para impedir u oponerse al contrato, m\u00e1xime que los verbos rectores del art\u00edculo 408 del C.P. son de acci\u00f3n, tales como, intervenir, aprobar y celebrar; v) Desde la imputaci\u00f3n trat\u00f3 de advertir las irregularidades y en el escrito de acusaci\u00f3n los vac\u00edos fueron reiterados de manera id\u00e9ntica, referente a la falta de precisi\u00f3n de motivar el deber legal que omiti\u00f3 conforme a su impedimento y conforme a su investidura; vi) la descripci\u00f3n que realiza la fiscal\u00eda tanto en la imputaci\u00f3n como en la acusaci\u00f3n es ambigua, carentede adecuada fundamentaci\u00f3n pues el delito imputado no puede ser cometido o consumado por omisi\u00f3n y, anfibol\u00f3gica por la imposibilidad de realizar en comisi\u00f3n por omisi\u00f3n un delito que por naturaleza no admite ese dejar de hacer de una persona, que no tiene relaci\u00f3n funcional con la contrataci\u00f3n; no est\u00e1 de acuerdo con que: vi) Se pueda diferir para la sentencia, la valoraci\u00f3n de una atipicidad objetiva en las circunstancias en que se ha dado la imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, pues en este supuesto de atipicidad es una afectaci\u00f3n desproporcionada de varios derechos fundamentales, cuya soluci\u00f3n est\u00e1 en la invalidez de la actuaci\u00f3n y no a trav\u00e9s de la absoluci\u00f3n, lo que genera un desgaste innecesario a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, previo a solventar la alzada, puntualiz\u00f3 acerca del \u00abcontrol judicial y material de los actos de parte\u00bb que, aun cuando por regla general \u00able est\u00e1 vedado\u00bb ejercer ese an\u00e1lisis sobre \u00abactos de parte de la Fiscal\u00eda como son la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n\u00bb, dicha restricci\u00f3n se flexibiliza cuando, <\/p>\n
\u00abtal acto quebrante o compromete de manera grosera garant\u00edas fundamentales, dicho de otras palabras (\u2026), salvo que se trate de caso de evidente violaci\u00f3n de los derechos fundamentales, como lo puede ser, por ejemplo, la vulneraci\u00f3n del debido proceso cuando la comunicaci\u00f3n f\u00e1ctica del ente acusador sea tan ambigua, incierta e indeterminada, que le impida al procesado defenderse de manera material y t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, reliev\u00f3 la normatividad que gobiernan las figuras jur\u00eddicas de la \u00abnulidad (\u2026), el principio de congruencia (\u2026) [y de] los hechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb, desarrollando de forma acuciosa cada uno de esos postulados y, a partir de all\u00ed, aplicados al caso concreto, coligi\u00f3, luego de transcribir lo acaecido en la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb, que la Fiscal asignada, en ese momento \u00abno comunic\u00f3 de manera clara y concisa los hechos jur\u00eddicamente relevantes que le pretende endilgar a Felipe R\u00edos Londo\u00f1o, hecho que fue advertido por la defensa en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, sin que tuviera eco tal pretensi\u00f3n; no obstante, se hace ostensible tal indeterminaci\u00f3n en la comunicaci\u00f3n del pliego de cargos, lo que constituye una vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y defensa\u00bb. <\/p>\n
Para corroborar dicha aserci\u00f3n, revel\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPor una parte, para la conducta atribuida se requiere de un sujeto activo cualificado, es decir, se necesita de un servidor p\u00fablico que en ejercicio de sus funciones intervenga en el tr\u00e1mite, aprobaci\u00f3n o celebraci\u00f3n de un contrato, en este caso, ser\u00eda el criticado Contrato de Concesi\u00f3n N.\u00b0 001 de 1\u00b0 de agosto de 2011, derivado del proceso licitatorio No. TMSA-LP-003 de 2011, el cual fue suscrito entre Transmilenio S.A. y RECAUDO BOGOT\u00c1. <\/p>\n
En este evento, no se desconoce que R\u00edos Londo\u00f1o para el per\u00edodo constitucional 2008-2011, seg\u00fan indic\u00f3 la fiscal\u00eda fungi\u00f3 como Concejal de Bogot\u00e1, por lo que, para esa \u00e9poca tuvo el rol de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
No obstante, el ente acusador no explic\u00f3 cu\u00e1l fue la participaci\u00f3n de R\u00edos Londo\u00f1o en dicho proceso de contrataci\u00f3n, (si lo fue desde su inicio hasta su terminaci\u00f3n o en solo un aspecto de este) con ocasi\u00f3n al ejercicio de sus funciones en el Concejo de Bogot\u00e1, pues de la rese\u00f1a en la audiencia de imputaci\u00f3n, as\u00ed como, en el escrito de acusaci\u00f3n, no se observa la participaci\u00f3n directa o indirecta derivada en el mencionado contrato, tampoco se expuso por la fiscal\u00eda, si hubo por parte del funcionario alguna gesti\u00f3n en el mismo, cu\u00e1l es la injerencia que se le achaca o si dio su aval para un tema espec\u00edfico no solo del transporte masivo de la ciudad sino en lo relacionado con la adjudicaci\u00f3n y\/o suscripci\u00f3n del contrato cuestionado; aspectos de suma trascendencia para evaluar el asunto referente a la tipicidad de la conducta. <\/p>\n
De igual manera, no se dio a conocer constitucional y legalmente las funciones del Concejo de Bogot\u00e1 para la \u00e9poca de marras, si a la fecha ha sufrido alguna modificaci\u00f3n, en todo caso, si esas atribuciones explican el \u00e1mbito de competencia que pretende la delegada\u00bb. <\/p>\n
Ergo, en atenci\u00f3n a que la Fiscal\u00eda no especific\u00f3 el sustrato f\u00e1ctico y jur\u00eddico que implicaron a Felipe R\u00edos en las actuaciones investigadas, relacionadas con el contrato de concesi\u00f3n n.\u00b0 001 de 1\u00b0 de agosto de 2011, tal anomal\u00eda origin\u00f3, per se, la invalidez de lo tramitado, en tanto, en esas condiciones resultaba insubsanable y no era convalidable, quedando \u00ab(\u2026) sin piso (\u2026) la remisi\u00f3n normativa que se hace del il\u00edcito de violaci\u00f3n de r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades respecto de los art\u00edculos 126 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 6\u00b0 de la Ley 190 de 1995 y 8\u00b0 numeral 1\u00b0, literal f), par\u00e1grafo 3\u00b0 de la Ley 80 de 1993 destacando que la \u00faltima norma \u2013 par\u00e1grafo – fue adicionada por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 2014 de 2019 (posterior a los hechos cuestionados), aspecto que no fue explicado por la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.- Con base en lo cavilado, se refrendar\u00e1 el fallo apelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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