STC8975-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8975-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00848-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de agosto de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Jos\u00e9 Enrique Mart\u00ednez Orejuela instaur\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta capital y la Comisaria Octava de Familia de Kennedy II de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2020-00241 y 2021-00236. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, m\u00ednimo vital y vivienda digna\u00bb, para que \u00abme sea devuelta la vivienda para poder habitarla ya que soy un adulto mayor de 60 a\u00f1os y en este momento me encuentro totalmente desamparado y arrimado en la casa de un amigo que me dio posada, pero temporalmente\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y las piezas allegadas al dossier se tiene que en la medida de protecci\u00f3n que Lucila Mun\u00e9var Rodr\u00edguez promovi\u00f3 frente al actor, la Comisaria Octava de Familia de Kennedy II, en audiencia de tr\u00e1mite y fallo de 30 de junio de 2020, le orden\u00f3 a este desalojar el inmueble ubicado en la Calle 42-F Sur 95 A 16 Barrio la Rivera en Bogot\u00e1 con el fin de cesar todo acto de violencia intrafamiliar (rad. 2020-00241). El gestor recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n esa decisi\u00f3n y el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta capital la confirm\u00f3 el 24 de agosto de 2021 (rad. 2021-00236). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el precursor que no se tuvo en cuenta por las autoridades cuestionadas las pruebas aportadas ni la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho dictada por el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 el 15 de enero de 2010. <\/p>\n
Sostuvo que la Comisaria confutada incurri\u00f3 en desacato al no analizar lo argumentado por el \u00abJuzgado D\u00e9cimo de Familia\u00bb el cual otorg\u00f3 la opci\u00f3n de compartir la vivienda si estructuralmente fuera posible. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que ratific\u00f3 el veredicto de la Comisaria de Familia, emitido el 30 de junio de 2020 (24 ag. 2021), determinaci\u00f3n que se encuentra debidamente ejecutoriada, sin manifestaci\u00f3n alguna de Jos\u00e9 Enrique. <\/p>\n
El Veinte de Familia de la misma urbe afirm\u00f3 que la \u00abuni\u00f3n marital de hecho\u00bb que Jos\u00e9 Enrique Mart\u00ednez Orejuela adelant\u00f3 contra Mun\u00e9var Rodr\u00edguez, culmin\u00f3 con pronunciamiento de 15 de enero de 2010; posteriormente el querellante radic\u00f3 directamente en esa sede, demanda de \u00abdeclaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, por lo que en auto de 2 de febrero de 2023 remiti\u00f3 las diligencias a la oficina judicial para el respectivo reparto (rad. 2007-902). <\/p>\n
La Comisaria Octava de Familia de Kennedy II dijo que el 30 de junio de 2020, impuso \u00abmedidas de protecci\u00f3n definitivas\u00bb a favor de Lucila Mun\u00e9var, por lo que su expareja deb\u00eda abstenerse de realizar agresiones de car\u00e1cter f\u00edsico, verbal o psicol\u00f3gico, decretando el \u00abdesalojo\u00bb de la casa de habitaci\u00f3n por cuanto su presencia constituir\u00eda una amenaza para la vida, integridad f\u00edsica y salud de la v\u00edctima. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que entre las partes no existi\u00f3 una \u00abuni\u00f3n marital de hecho\u00bb, sin la posibilidad de una disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial en vista que la obligaci\u00f3n prescribi\u00f3 seg\u00fan lo dispuso el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lucila Mun\u00e9var Rodr\u00edguez se opuso al auxilio, arguyendo que el predio cuestionado lo adquiri\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 2804, el cual fue debatido en el proceso n.\u00b0 2007-00902 ante el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1, cuyas resultas fueron acordes a sus intereses. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el amparo, porque \u00ablas pretensiones de la demanda no tienen en cuenta el principio de inmediatez de la acci\u00f3n de tutela, pues la situaci\u00f3n objeto de la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales se present\u00f3 desde el aproximadamente el 30 de junio de 2020, fecha en que se decidi\u00f3 por parte de la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy ll la medida de protecci\u00f3n instaurada por do\u00f1a Lucila Mun\u00e9var Rodr\u00edguez contra don Jos\u00e9 Enrique Mart\u00ednez Orejuela, en la que se impuso en favor de la primera y en contra del all\u00ed accionado el desalojo del bien ubicado en la calle 42 F Sur No 95 a16, Barrio La Rivera, aunado al hecho de que dicha providencia fue objeto de la interposici\u00f3n de recurso de apelaci\u00f3n por el actor, y confirmada por parte del Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 el 24 de agosto de 2021, por lo que, en consecuencia, no est\u00e1 llamado a prosperar el amparo de los derechos invocados, pues la acci\u00f3n presentada, referente a este punto, no se compadece con los principios con que fue creada, esto es, para responder de manera inmediata a la protecci\u00f3n que debe hacerse de los derechos fundamentales, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, durante el estado de Emergencia Sanitaria, la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, mantuvo la prestaci\u00f3n del servicio a trav\u00e9s de los diversos medios virtuales\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 el querellante con similares planteamientos a los del pliego superlativo, adicionando que \u00abla declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, desde 2010 y en la actualidad en el juzgado 20 de familia versa otra, que est\u00e1 en proceso donde pruebo mi convivencia sigue compartiendo techo lecho y comedor con dicha se\u00f1ora hasta el 2020\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, por incumplirse el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque desde que el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 refrend\u00f3 la decisi\u00f3n expedida por la Comisaria Octava de Familia de Kennedy II por medio de la cual \u00aborden\u00f3 el desalojo de Jos\u00e9 Enrique Mart\u00ednez Orejuela del lugar de residencia de propiedad de Lucila Mun\u00e9var Rodr\u00edguez ubicada en la calle 42F Sur No. 95 A 16 Barrio la Rivera Bogot\u00e1 (\u2026)\u00bb, (24 ag. 2021) y la radicaci\u00f3n de la demanda constitucional (21 jul. 2023), transcurrieron un (1) a\u00f1o, diez (10) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el resguardo. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
<\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC8192-2022 y STC2024-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, toda vez que, si el tutelante se demoro en interponer la queja supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al iudex convocado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados, m\u00e1xime cuando en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en la providencia STC3949-2021 para dar por superada dicha exigencia, en tanto, Jos\u00e9 Enrique Mart\u00ednez Orejuela no menciono alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en comparecer oportunamente a esta especial v\u00eda. <\/p>\n
2-. As\u00ed las cosas, se impone el acompa\u00f1amiento de la directriz refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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