STC8976-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8976-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2023-00863-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de agosto de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Camilo Andr\u00e9s Jim\u00e9nez Ronderos instaur\u00f3 contra el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta Capital, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivos 2020-00522. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, (\u2026) defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que: i) \u00abse [declare] la nulidad absoluta de todo lo actuado en el proceso ejecutivo de alimentos, promovido por Diana Mireya Melo Larrota y Mar\u00eda Camila Jim\u00e9nez Melo en [su] contra\u00bb y, ii. \u00abse [cancelen] las medidas cautelares que se hayan proferido\u00bb. <\/p>\n
Para ello adujo que el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, en la \u00abacci\u00f3n ejecutiva de alimentos\u00bb n.\u00b0 2020-00522 que Diana Mireya Melo Larrota y Mar\u00eda Camila Jim\u00e9nez Melo promovieron en su contra, dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00ab\u2018carencia absoluta de t\u00edtulo valor\u2019, \u2018ineptitud sustantiva de la demanda\u2019, \u2018falta parcial de jurisdicci\u00f3n\u2019, \u2018cobro de lo no debido\u2019, \u2018cobro de lo no debido \u2013inexistencia de las obligaciones alimentarias de hija mayor,\u2019 \u2018ejercicio abusivo del derecho\u2019, \u2018prescripci\u00f3n\u2019 y \u2018gen\u00e9rica\u2019 (\u2026)\u00bb y concedi\u00f3 \u00abtodas las pretensiones\u00bb de la parte activa (13 dic. 2022), decisi\u00f3n contra la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n, \u00ab[negado] fundamentando que los procesos ejecutivos de alimentos son de \u00fanica instancia y no procede el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (6 jun. 2023). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con lo anterior, \u00abel juzgado accionado\u00bb incurri\u00f3 en defectos org\u00e1nico, procedimental, sustantivo y f\u00e1ctico y, en \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, porque \u00ab(\u2026) fall\u00f3 una demanda que no corresponde a la jurisdicci\u00f3n de familia; concedi\u00f3 pretensiones que no fueron contra\u00eddas y no constan en el documento aportado y pretermit\u00edo el debido cumplimiento de los presupuestos procesales que le dieran el orden, garant\u00eda y legalidad a la actuaci\u00f3n acusada\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintis\u00e9is de Familia de esta ciudad, relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el pleito objetado y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, arguyendo que \u00aben la sentencia que dict\u00f3 (\u2026) se encuentran plasmadas las razones de derecho que sirvieron de fundamento para considerar que las defensas [no ten\u00edan] de vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego, tras apreciar que el gestor \u00abtuvo la oportunidad de controvertir todo lo relacionado con el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, mediante el recurso de reposici\u00f3n, conforme se prev\u00e9 en el art\u00edculo 430 del C.G. del P. y tambi\u00e9n pedir la nulidad que por esta senda alega, pero lo cierto es que no lo hizo as\u00ed, (\u2026) de modo que debe atenerse a las consecuencias de su incuria o negligencia, sin que pueda venir, ahora, a pretender subsanar el fruto de tal omisi\u00f3n, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor con argumentos similares a los del escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Del escrito genitor y los reparos esgrimidos en la impugnaci\u00f3n, se colige que lo realmente pretendido por Camilo Andr\u00e9s Jim\u00e9nez es que se deje sin efecto la sentencia de 13 de diciembre de 2022, emitida por el Juzgado Veintis\u00e9is de Familia en la lid n\u00b0 2020-00522 porque, en su opini\u00f3n, este \u00abfall\u00f3 injuridicamente\u00bb, con base en \u00abun documento\u00bb que no constitu\u00eda un \u00abt\u00edtulo ejecutivo de alimentos\u00bb y por falta de \u201cjurisdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
No obstante, pronto se anuncia el decaimiento del amparo y, por ende, la refrendaci\u00f3n del veredicto de primer grado, debido a que la providencia combatida, mediante la cual, entre otras cosas, se declararon impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito signadas \u201ccarencia absoluta de t\u00edtulo valor\u201d, \u201cineptitud sustantiva de la demanda\u201d, \u201cfalta parcial de jurisdicci\u00f3n\u201d, \u201ccobro de lo no debido\u201d, \u201ccobro de lo no debido \u2013 inexistencia de las obligaciones alimentarias de hija mayor,\u201d \u201cejercicio abusivo del derecho\u201d, \u201cprescripci\u00f3n\u201d y la \u201cgen\u00e9rica\u201d\u00bb no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, el iudex confutado empez\u00f3 explicando que, <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de la Corte Constitucional precisa que \u201cLos t\u00edtulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligaci\u00f3n \u201c(i) sean aut\u00e9nticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme (\u2026) Las segundas, exigen que el t\u00edtulo ejecutivo contenga una prestaci\u00f3n en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. <\/p>\n
Es clara la obligaci\u00f3n que no da lugar a equ\u00edvocos, en otras palabras, en la que est\u00e1n identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligaci\u00f3n y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacci\u00f3n misma del documento, aparece n\u00edtida y manifiesta la obligaci\u00f3n. Es exigible si su cumplimiento no est\u00e1 sujeto a un plazo o a una condici\u00f3n, dicho de otro modo, si se trata de una obligaci\u00f3n pura y simple ya declarada\u201d1. (subrayado y resaltado fuera del texto)\u00bb <\/p>\n
Acto seguido, asever\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el documento venero de ejecuci\u00f3n \u201cacuerdo\u201d, se establecieron obligaciones alimentarias claras, expresas y exigibles en favor de la demandante quien en su momento estaba representada legalmente por su progenitora y a cargo del demandado. <\/p>\n
De una atenta lectura del documento, se puede evidenciar claramente, que a la fecha de la celebraci\u00f3n del acuerdo (23 de agosto de 2017), las partes concretaron en la suma de $4.800.000, el saldo que por alimentos adeudaba en ese momento el demandado; Igualmente, establecieron el valor de la cuota alimentaria a regir a partir de septiembre de 2017, en la suma de $200.000 mensuales cada una, documento que tras ser firmado por las partes, fue presentado ante la Fiscal\u00eda cognoscente de la denuncia por inasistencia alimentaria, seg\u00fan se desprende de la constancia vista a folio 4, PDF 1, Cuaderno 1 del legajo digital. <\/p>\n
Dicho \u201cacuerdo\u201d junto con la constancia emitida por la Fiscal\u00eda Local No. 104, presta m\u00e9rito ejecutivo para demandar las obligaciones claras, expresas, y exigibles all\u00ed contenidas, pues, por un lado, fue extendido con ocasi\u00f3n de un asunto penal en los t\u00e9rminos del art. 74 y 522 le Ley 906 de 2004; y, del otro, no fue desvirtuada la presunci\u00f3n de autenticidad de que goza tal documento, al punto que fue reconocido expresamente por el demandado en el interrogatorio de parte absuelto dentro de este proceso ejecutivo (Minuto 44:15, Archivo 16). <\/p>\n
En ese sentido, carecen de sustento jur\u00eddico las excepciones tituladas \u201ccarencia absoluta de t\u00edtulo valor\u201d, \u201cineptitud sustantiva de la demanda\u201d, fundamentadas en la falta de requisitos formales del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, tanto m\u00e1s cuando el demandado no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto mandamiento de pago, conforme lo establece el canon 430 del Estatuto Procesal: <Los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso> <\/p>\n
As\u00ed mismo, contrario a lo indicado por la parte ejecutada, los t\u00edtulos valores establecidos en el c\u00f3digo de comercio colombiano (619 ss. C. Comercio), no son los \u00fanicos instrumentos potencialmente destinados a prestar m\u00e9rito ejecutivo. Como se dijo anteriormente, el art\u00edculo 422 del CGP, consagra una amplia gama de documentos que, sin ser t\u00edtulos valores propiamente dichos, pueden contener obligaciones claras, expresas y exigibles en contra del deudor, como en este caso, en el que se aport\u00f3 un acuerdo suscrito por el obligado, el cual constituye plena prueba contra \u00e9l, en los t\u00e9rminos del plexo normativo. <\/p>\n
Refuerza la anterior premisa, lo ha establecido por la doctrina, al indicar que; \u201cEs equivocada la idea, que ha hecho carrera en nuestro medio, debido a que la mayor\u00eda de los procesos de ejecuci\u00f3n se basan en ellos, de que s\u00f3lo prestan m\u00e9rito ejecutivo los t\u00edtulos valores [\u2026]. Lo que sucede es que esos t\u00edtulos valores como puede acontecer con muchos otros documentos, se ajustan a los requisitos del art. 422 y por eso prestan m\u00e9rito para ejecutar. Pero de ah\u00ed a sostener que son los \u00fanicos, grande es la diferencia [\u2026] El art\u00edculo 244 del CGP dota de la presunci\u00f3n de autenticidad a todos los documentos provenientes de las partes\u201d2.} <\/p>\n
Ahora, carece de total respaldo probatorio la alegaci\u00f3n del excepcionante acerca de las presuntas \u201cpresiones\u201d ejercidas para que suscribiera el acuerdo. En primer lugar, porque visto el referido documento y la firma all\u00ed impuesta por el demandado, no se observa ninguna anotaci\u00f3n que ponga en tela de juicio su consentimiento; y, en segundo lugar, tampoco hay evidencia que soporte la tesis de que el documento haya sido extendido y firmado sin la aprobaci\u00f3n de la pasiva, o de que esta \u00faltima hubiese accionado la nulidad del acuerdo por vicios del consentimiento (art., 1502 del C.C.), lo que lleva a concluir que el demandado al suscribir el convenio asumi\u00f3 el pago de las obligaciones alimentarias all\u00ed contenidas\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3, frente a la \u00abexcepci\u00f3n de falta parcial de jurisdicci\u00f3n\u00bb, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a voces del n\u00fam. 1ro del art. 100 del CGP, eventualmente se estar\u00eda frente a una excepci\u00f3n previa, la cual debi\u00f3 ser alegada tambi\u00e9n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n por expreso mandato del n\u00fam. 3ro del art. 442 ibidem. Sin embargo, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto mandamiento de pago proferido en este asunto, el demandado no elev\u00f3 ning\u00fan reproche al respecto, tanto as\u00ed que plante\u00f3 su reparo por la v\u00eda equivocada, incluso cuando ya le hab\u00eda precluido la oportunidad legal (art. 117 del C.G.P). <\/p>\n
Con todo, no le asiste raz\u00f3n a la pasiva en su alegaci\u00f3n, toda vez que las obligaciones que aqu\u00ed se demandan son de naturaleza alimentaria y, por ende, su ejecuci\u00f3n corresponde ante esta especialidad jurisdiccional, acorde con el n\u00fam. 7\u00b0 del art. 21 del CGP. Para este despacho, no cabe duda que en el documento base de la ejecuci\u00f3n, las partes plasmaron de manera inequ\u00edvoca su voluntad de saldar el pago de las sumas adeudadas por alimentos, conviniendo por tal concepto el monto total de $4.800.000, suma cuyo origen se explica del convenio que de tiempo atr\u00e1s las partes hab\u00edan celebrado ante la Comisar\u00eda 9\u00aa de Familia, en el a\u00f1o 2010, conforme lo se\u00f1al\u00f3 el propio ejecutado en el interrogatorio absuelto. <\/p>\n
Ahora, la venta del automotor indiscutiblemente era el medio, m\u00e1s no el \u00fanico, para que el demandado se pusiera al d\u00eda con dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
En efecto, la circunstancia de que no se haya concretado ning\u00fan negocio sobre el veh\u00edculo, por las razones que informaron las partes en sus interrogatorios, no le resta validez al compromiso del demandado de ponerse al d\u00eda en la suma de $4.800.000 por alimentos, mayormente cuando el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n no puede quedar perennemente condicionada a la venta de un automotor que, cabe anotar, no se encuentra al d\u00eda en las obligaciones tributarias, ni cuenta con la documentaci\u00f3n legal para la venta, seg\u00fan los expresaron las partes en los interrogatorios, pues en ese caso, la condici\u00f3n seria fallida en los t\u00e9rminos del art. 1537 del C.C., lo cual no puede afectar los derechos fundamentales de la alimentaria\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reflexion\u00f3 que: <\/p>\n
Finalmente \u00ab[declar\u00f3] parcialmente pr\u00f3spera la excepci\u00f3n \u201cpago de las obligaciones alimentarias a cargo del demandado\u201d y (\u2026) [orden\u00f3] seguir adelante la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento ejecutivo, pero aplicando los pagos parciales que quedaron demostrados\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, independientemente que esta Colegiatura avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el auspiciante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de instancia adicional para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018l, STC2544-2021 y STC2419-2023). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, se impone el acompa\u00f1amiento de la directriz impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8976-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8976-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2023-00863-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}