STC8981-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8981-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03311-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Nancy Elvira Pungo Vargas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de extradici\u00f3n con radicado interno No. 60159. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n adelantado en relaci\u00f3n con Franklin Ruyelly Mamiam Mamiam por los posibles delitos ocurridos en Ecuador, present\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 27 de junio de 2023 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb para que profiriera concepto negativo sobre la misma, porque el procesado \u00abpara la fecha de la ocurrencia de los hechos contaba con la edad de 14 a\u00f1os y su hermano a quien lo sindican de c\u00f3mplice, contaba con la edad de dos a\u00f1os y ocho meses, por lo que es imposible\u00bb la imputaci\u00f3n, y adem\u00e1s, ambos hermanos no hab\u00edan salido nunca del departamento del Cauca. <\/p>\n
Expuso que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo \u201324 de agosto de 2023- no hab\u00eda recibido respuesta a reclamaci\u00f3n, porque la Sala accionada solo le envi\u00f3 el oficio de 14 de julio de 2023, en el que indic\u00f3 que le reconoc\u00eda personer\u00eda jur\u00eddica como defensora de Franklin Ruyelly Mamiam Mamiam, pero no se pronunci\u00f3 sobre su reclamo, pese a que el t\u00e9rmino para dar respuesta \u00abya venci\u00f3\u00bb. \u2002\u2002\u2002\u2002\u2002\u2002\u2002\u2002\u2002 <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad accionada dar \u00abrespuesta de fondo a [su] petici\u00f3n (\u2026) conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, indic\u00f3 que el Gobierno de la Rep\u00fablica del Ecuador, mediante Notas Verbales 4-2-333\/2021 de 30 de agosto de 2021 y 4-2-337\/2021 de 31 de agosto de 2021, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n urgente y la extradici\u00f3n de Franklin Ruyelly Mamian Mamian, requerido por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cant\u00f3n Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumb\u00edos, en el proceso penal No. 21251-2012-0807, por la presunta comisi\u00f3n del delito de homicidio. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que por esa circunstancia, el Fiscal General de la Naci\u00f3n el 1\u00ba de septiembre de 2021 decret\u00f3 la captura del requerido con fines de extradici\u00f3n y, tras su aprehensi\u00f3n, luego de surtirse la formalizaci\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n, con oficio de 9 de septiembre de 2021 se enviaron las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para lo de su cargo, por lo que el tr\u00e1mite se encuentra en \u00abla etapa judicial\u00bb y una vez se emita el concepto correspondiente, habr\u00e1 de enviarse el expediente a ese Ministerio para que el Gobierno Nacional decida en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 501 y 503 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y porque que no ha vulnerado los derechos del procesado. <\/p>\n
2. El Ministerio del Interior indic\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, adem\u00e1s, indic\u00f3 la improcedencia del amparo, \u00abpor inexistencia de nexo causal entre la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y el Ministerio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n relat\u00f3 lo ocurrido en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n reprochado y se\u00f1al\u00f3 que esa entidad \u00abno es competente para intervenir dentro del tr\u00e1mite (\u2026) que se adelanta ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), motivo por el que no puede pronunciarse sobre el derecho de petici\u00f3n materia de la presente acci\u00f3n\u00bb ni sobre las dem\u00e1s reclamaciones de la solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
4.El Ministerio de Relaciones Exteriores relat\u00f3 las actuaciones seguidas en la extradici\u00f3n censurada y adujo que el asunto se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal para lo pertinente, por lo que debe ser desvinculado de este asunto, ya que \u00abno obra hecho alguno atribuible a [ese Ministerio] que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante por parte de esa entidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto de requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb y para facilitar la defensa de derechos ajenos, la misma norma estableci\u00f3 la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. <\/p>\n
Sobre la representaci\u00f3n judicial de los accionantes, debe resaltarse que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, para acudir ante el juez de tutela es necesario acreditar el mandato especial que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, puesto que, <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (Subrayado en texto, CSJ. STC1042-2019, STC9902, reiterada en STC256-2022, STC3425-2022, STC10448-2022 y, STC3398-2023, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, y para que opere la figura de la agencia oficiosa, la Sala ha reiterado que la solicitud deber\u00e1 reunir los siguientes elementos, (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026) (CC T-531 de 2002; citada, entre otras, CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. STC17395-2015) (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ. STC1719-2020). <\/p>\n
Tampoco puede olvidarse que la Corte igualmente ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018 y, STC8939-2022 entre otras) <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional reclamada, porque Nancy Elvira Pungo Vargas no est\u00e1 habilitada para acudir en nombre propio a esta acci\u00f3n, porque no es parte o sujeto procesal en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que controvierte, adem\u00e1s, si su pretensi\u00f3n fue la de formular este amparo como representante judicial de Franklin Ruyelly Mamiam Mamiam, tampoco se abre paso el reclamo, puesto que no indic\u00f3 actuar como su abogada en estas diligencias, tampoco aport\u00f3 poder alguno para acreditar esa calidad y, menos manifest\u00f3 concurrir a este tr\u00e1mite como su agente oficiosa, calidad que no puede convalidarse al no estar demostrada la imposibilidad del nombrado para acudir directamente a esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la privaci\u00f3n de la liberad de Franklin Ruyelly Mamiam Mamiam no significa que \u00e9ste no pueda proponer la acci\u00f3n constitucional en su propio nombre toda vez que, esa situaci\u00f3n no comprueba su incapacidad para acudir a esta jurisdicci\u00f3n, ya que aqu\u00e9l tiene a su alcance el \u00abservicio de asistencia jur\u00eddica\u00bb1 en el establecimiento carcelario donde se encuentra. <\/p>\n
Esta Sala, en un caso an\u00e1logo, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEl hecho de que Nelson Enrique Quintero Hern\u00e1ndez se encuentre privado de la libertad, no le impide acceder al servicio de justicia, pues aqu\u00e9l puede hacer uso de los canales virtuales habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura, en cada uno los diferentes despachos judiciales del pa\u00eds, o por medio de la \u201casistencia jur\u00eddica\u201d implementada en los establecimientos de reclusi\u00f3n en disposici\u00f3n del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u00bb (CSJ. STC3883-2020, reiterada en STC4999-2022). <\/p>\n
Igualmente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en otro asunto similar, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) La Corte no encuentra que en el presente caso est\u00e9n dados los presupuestos que permitan justificar la configuraci\u00f3n de la figura de la agencia oficiosa de PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ de cara al amparo del derecho fundamental al debido proceso de sus hijos, por las siguientes razones: <\/p>\n
i. (\u2026) en el escrito inicial no se explica, as\u00ed sea de manera somera, cu\u00e1les son las razones por las que Jorge Eduardo y Hern\u00e1n Dar\u00edo Hoyos Vargas no pueden concurrir de manera directa a solicitar el amparo de sus propios derechos fundamentales. <\/p>\n
ii. Al respecto, vale decir que el simple hecho de que ellos est\u00e9n privados de su libertad no implica que no puedan interponer de manera directa su propia acci\u00f3n de tutela, o que no puedan otorgar un poder para que un abogado lo haga en nombre de ellos. La evidencia de esta circunstancia est\u00e1 dada por el hecho de que, en la pr\u00e1ctica judicial habitual, es muy com\u00fan encontrar amparos elevados de manera directa por personas privadas de su libertad. <\/p>\n
iii. Del mismo modo, en el escrito inicial no se indic\u00f3 que los hijos del actor estuvieran en aislamiento, o sufrieran de alg\u00fan tipo de discapacidad que les impida acudir por sus propios medios a solicitar la garant\u00eda o protecci\u00f3n de sus propios derechos fundamentales. Si ello es as\u00ed, es evidente que ellos no se encuentran en incapacidad f\u00edsica o jur\u00eddica para elevar acciones de amparo y, en consecuencia, no se estructura el segundo requisito constitutivo de la figura de la agencia oficiosa. <\/p>\n
iv. Por lo dem\u00e1s, y como consecuencia de la anterior l\u00ednea argumentativa, es evidente que PEDRO PABLO HOYOS JIM\u00c9NEZ no tiene legitimidad en la causa por activa para interponer el presente mecanismo de amparo en procura de la protecci\u00f3n de unos derechos fundamentales ajenos. Lo anterior, m\u00e1xime cuando sus hijos son mayores de edad y tienen la autonom\u00eda de tomar sus propias decisiones en lo que concierne a la forma en la que ellos puedan demandar el respeto de sus derechos fundamentales\u00bb (CSJ, STP15321-2021). <\/p>\n
Finalmente, se destaca que el anterior criterio, tambi\u00e9n ha sido acogido por la Corte Constitucional, quien ha expresado: <\/p>\n
\u00ab[E]l [agenciado], a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto obstaculizado el ejercicio aut\u00f3nomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y solicitudes puestos a su alcance. Adem\u00e1s, no se aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno que permitiera establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez constitucional, como tampoco existe ratificaci\u00f3n de su parte respecto de la demanda de tutela interpuesta por su compa\u00f1era permanente\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 2017). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la tutela promovida por Nancy Elvira Pungo Vargas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 154. Asistencia jur\u00eddica. \u201cLa Defensor\u00eda del Pueblo, de acuerdo con la Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fijar\u00e1 y controlar\u00e1 los defensores en cada establecimiento para la atenci\u00f3n jur\u00eddica de los internos insolventes. El Director del establecimiento respectivo informar\u00e1 peri\u00f3dicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al Defensor del Pueblo, quien deber\u00e1 tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes\u201d. <\/p>\n
\u201cLos directores de los establecimientos promover\u00e1n convenios con aquellas instituciones de educaci\u00f3n superior que, en el marco de su autonom\u00eda, hayan determinado que sus estudiantes del programa acad\u00e9mico de Derecho pueden cumplir con las pr\u00e1cticas correspondientes al consultorio jur\u00eddico, brindando asistencia jur\u00eddica a las personas privadas de la libertad que sean de escasos recursos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, los directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n podr\u00e1n vincular de forma ad hon\u00f3rem a los estudiantes que hayan culminado su plan de estudios del Programa Acad\u00e9mico de Derecho, y que deseen cumplir con el requisito de grado de la judicatura brindando asistencia jur\u00eddica o las personas se\u00f1aladas en el inciso anterior. En este caso, la duraci\u00f3n de la misma ser\u00e1 de seis meses y la certificaci\u00f3n de su cumplimiento ser\u00e1 expedida por los respectivos directores de los establecimientos de reclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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