STC8982-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8982-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03347-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Henry Torres Mari\u00f1o contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 11001600000020180145002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y honra, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que cuando se desempe\u00f1aba como Juez Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad en calidad c\u00f3mplice de los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados y como autor de prevaricato por acci\u00f3n, en sentencia de 10 de septiembre de 2020 a la pena de 60 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada en fallo SP030 de 8 de febrero de 2023. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en ese tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, porque se dejaron de valorar ciertas pruebas y se tergiversaron otras que demostraban su inocencia, adem\u00e1s, se construy\u00f3 un \u00abindicio sin rigor\u00bb y se tuvo por demostrada la comisi\u00f3n de los delitos cuando no se infer\u00eda del caudal probatorio. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las declaraciones y documentos allegados al proceso daban cuenta del error en que se le hizo incurrir, pues los empleados del Centro de Servicios Judiciales no fueron claros en indicar las irregularidades que presentaba el reparto por el cual fue condenado y lo llevaron a emitir una decisi\u00f3n para que se le asignara el asunto y se completaran las piezas faltantes. Incluso, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, la Juez Coordinadora debi\u00f3 ser quien resolviera lo ocurrido, pero sus declaraciones se tomaron \u00absesgadamente y en [su] contra\u00bb e igual se procedi\u00f3 con otros testimonios. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal al juzgarlo por prevaricato, se sustent\u00f3 en una falacia, \u00abdenominada post hoc ergo propter hoc o causa falsa, que indica que no cualquier razonamiento o argumento puede tenerse como fen\u00f3meno\u00bb, y el error existi\u00f3 porque se concluy\u00f3 que ese delito fue causado por el inicial, relativo al fraude inform\u00e1tico, solo porque fue posterior, \u00absiendo que la sucesi\u00f3n temporal no establece la relaci\u00f3n causal\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la decisi\u00f3n de 4 de diciembre de 2015, en la que se otorg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria al procesado en el caso que suscit\u00f3 su condena, se apoy\u00f3 en la multiplicidad de pruebas all\u00ed aportadas, sin que fuera posible que \u00e9l conociera o se enterara de la falsedad de \u00e9stas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, si bien no se le tuvo como autor del delito inform\u00e1tico enrostrado, se concluy\u00f3 indebidamente que era c\u00f3mplice sin que existieran pruebas de esa situaci\u00f3n, porque nada evidenci\u00f3 un concierto previo o concomitante para realizar el delito, as\u00ed como tampoco una \u00abpromesa anterior de [su] parte respecto de las personas que incurrieron en las mencionadas conductas\u00bb. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 que \u00abse declare la ineficacia de la sentencia de 8 de febrero de 2023\u00bb que confirm\u00f3 el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes del proceso censurado y manifest\u00f3 que \u00abel tema planteado en el escrito de tutela fue ampliamente desarrollado en el fallo de segunda instancia, (\u2026) [y] en dicha decisi\u00f3n no se materializ\u00f3 por v\u00eda de hecho la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del procesado JOS\u00c9 HENRY TORRES MARI\u00d1O\u00bb, por lo que pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 lo ocurrido en el caso criticado, se\u00f1al\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, dado que no se cuestion\u00f3 su actuaci\u00f3n en ese asunto y advirti\u00f3 que, en todo caso, el amparo resultaba improcedente porque el actor \u00abno cumpli\u00f3 con la carga argumentativa, respecto de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad, para cuestionar, a trav\u00e9s de este mecanismo, una decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Jos\u00e9 Henry Torres Mari\u00f1o cuestiona las sentencias proferidas en el proceso penal seguido en su contra, y mediante las cuales fue condenado como \u00abc\u00f3mplice de los punibles de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados y autor del delito de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb, pues, en s\u00edntesis, considera que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico ante la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas por parte de los funcionarios involucrados. <\/p>\n
3.1 Ciertamente, se encuentra que en esa decisi\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de relatar los antecedentes del asunto, se\u00f1alar los argumentos del fallo de primera instancia y relacionar los motivos de la apelaci\u00f3n propuesta por el aqu\u00ed actor y su defensor, similares a los expresados en este amparo, procedi\u00f3 a fijar como problema jur\u00eddico que deb\u00eda determinarse \u00absi de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad penal de JOS\u00c9 HENRY TORRES MARI\u00d1O\u00bb por los delitos imputados. <\/p>\n
Para resolver lo anterior, procedi\u00f3 a referirse a, i) la estructura de los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico, da\u00f1o inform\u00e1tico y prevaricato por acci\u00f3n, ii) la complicidad como forma de participaci\u00f3n y, iii) la definici\u00f3n del caso concreto. <\/p>\n
3.2 En cuanto a lo primero, record\u00f3 que el art\u00edculo 269A del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1273 de 2009, se\u00f1ala \u00abACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORM\u00c1TICO. El que, sin autorizaci\u00f3n o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema inform\u00e1tico protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el leg\u00edtimo derecho a excluirlo, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
Sobre tal conducta, se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se han se\u00f1alado como caracter\u00edsticas de la misma que, \u00abi) el sujeto activo no es calificado; ii) el sujeto pasivo es la persona natural o jur\u00eddica titular del sistema inform\u00e1tico; iii) provoca la lesi\u00f3n de varios bienes jur\u00eddicos tutelados, entre ellos, la informaci\u00f3n, los datos y la intimidad; iv) s\u00f3lo admite la modalidad dolosa; v) contempla dos verbos rectores, acceder o mantener; vi) como ingrediente normativo, exige la intromisi\u00f3n en el sistema inform\u00e1tico sin autorizaci\u00f3n, o, la permanencia dentro del mismo, excediendo las facultades otorgadas en el permiso\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al da\u00f1o inform\u00e1tico, advirti\u00f3 que el art\u00edculo 269D del C\u00f3digo Penal, adicionado por el art\u00edculo 1 de la Ley 1273 de 2009, indica, \u00abEl que, sin estar facultado para ello, destruya, da\u00f1e, borre, deteriore, altere o suprima datos inform\u00e1ticos, o un sistema de tratamiento de informaci\u00f3n o sus partes o componentes l\u00f3gicos, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, delito sobre el que se\u00f1al\u00f3 que, de acuerdo con la normativa, se compone de los siguientes elementos, \u00abi) el sujeto activo no es calificado; ii) el sujeto pasivo es la persona natural o jur\u00eddica titular de los datos inform\u00e1ticos, el sistema de tratamiento de informaci\u00f3n o sus partes o componentes l\u00f3gicos; iii) provoca la lesi\u00f3n de varios bienes jur\u00eddicos tutelados, entre ellos, la informaci\u00f3n, los datos y la intimidad; iv) s\u00f3lo admite la modalidad dolosa; v) como ingrediente normativo, exige la carencia de facultad o autorizaci\u00f3n para realizar las acciones; y vi) los verbos rectores son destruir, da\u00f1ar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con el prevaricato por acci\u00f3n, cit\u00f3 el art\u00edculo 413 de la Ley 599 de 2000, que prescribe, \u00abEl servidor p\u00fablico que profiera resoluci\u00f3n, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses\u00bb y, respecto de ese delito indic\u00f3 que en abundante jurisprudencia se ha indicado que el mismo s\u00f3lo admite la modalidad dolosa, por tanto, se requiere que el sujeto conozca \u00abde la contrariedad entre la providencia o el acto administrativo objeto de reproche y la ley, y a pesar de ello decide voluntariamente proferir la decisi\u00f3n\u00bb, de igual modo, se\u00f1al\u00f3 que se han fijado sus elementos, para indicar que se requiere de \u00abi) un sujeto activo calificado correspondiente a un servidor p\u00fablico; ii) que profiere resoluci\u00f3n, dictamen o concepto; y iii) este pronunciamiento debe ser manifiestamente contrario a la ley, es decir, que de forma clara, patente, ostensible y notoria contravenga el ordenamiento legal -por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia -Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Penal. Sentencia SP5367-2021 del 1 de diciembre de 2021. Radicado 60484 y auto del 29 de julio de 2015. Radicado 44031-\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, y sobre la complicidad como forma de participaci\u00f3n en las conductas punibles, la Sala de Casaci\u00f3n accionada explic\u00f3 que la misma est\u00e1 descrita de la siguiente forma en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal, \u00abQuien contribuya a la realizaci\u00f3n de la conducta antijur\u00eddica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrir\u00e1 en la pena prevista para la correspondiente infracci\u00f3n disminuida de una sexta parte a la mitad\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en relaci\u00f3n con la misma, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que es \u00abuna forma de participaci\u00f3n en la conducta punible, caracterizada por la contribuci\u00f3n dolosa prestada a su autor en la fase ejecutiva, mediante actos precedentes, simult\u00e1neos o posteriores a ella, siempre que medie una promesa anterior determinada por un concierto previo o concomitante – Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Penal. Sentencia SP3630-2022 del 5 de octubre de 2022. Radicado 61914-\u00bb y, adem\u00e1s, se ha advertido que es una figura accesoria a la autor\u00eda porque \u00abel c\u00f3mplice carece del dominio funcional de los hechos, limitando su intervenci\u00f3n a facilitar la conducta del autor en la realizaci\u00f3n de su comportamiento, de manera que se circunscribe a favorecer un hecho ajeno -Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Penal. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Radicado 41758\u00bb. <\/p>\n
3.3 A la luz de lo expresado, la Sala de Casaci\u00f3n accionada procedi\u00f3 a definir el caso concreto, y advirti\u00f3 que deb\u00edan analizarse las pruebas porque la censura de los apelantes se dirig\u00eda de manera espec\u00edfica frente a la valoraci\u00f3n que de las mismas realiz\u00f3 el a quo. <\/p>\n
As\u00ed, tras rese\u00f1ar, in extenso, las declaraciones, documentos y manifestaciones de los ingenieros que dieron cuenta de las manipulaciones del sistema Siglo XXI, concluy\u00f3 que, si bien no se identificaron los autores directos de dicha manipulaci\u00f3n, no hab\u00eda duda sobre \u00abla materializaci\u00f3n de los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados descritos en los art\u00edculos 269A, 269D y 269H (numerales 1, 2 y 5) del C\u00f3digo Penal. Conclusi\u00f3n que adem\u00e1s no fue controvertida por la defensa\u00bb, pues se demostr\u00f3 que el sistema inform\u00e1tico Siglo XXI utilizado en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00abfue accedido sin autorizaci\u00f3n por varios usuarios, con el fin de manipular la informaci\u00f3n de la asignaci\u00f3n del expediente 500013107004200600032, lo cual consum\u00f3 la conducta punible de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el delito de da\u00f1o inform\u00e1tico se consum\u00f3 el 2 de julio de 2015, cuando se alteraron sin autorizaci\u00f3n, \u00ablos datos inform\u00e1ticos del proceso 500013107004200600032 en el aplicativo Siglo XXI, con el fin de asignarlo irregularmente al Juzgado 12 de EPMS de Bogot\u00e1\u00bb, y en concreto, se\u00f1al\u00f3 que la modificaci\u00f3n consisti\u00f3 en cambiar \u00abla historia del proceso seguido en contra de German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez en el sistema, a trav\u00e9s de las anotaciones por parte del usuario externo \u201crariaso\u201d relativas a la informaci\u00f3n de los sujetos, la condena en el formato incorrecto, la palabra \u201creparto\u201d con una fecha extempor\u00e1nea y la nota \u201cavocar proceso repartido en el grupo varios con preso el d\u00eda 27 de junio de 2015\u201d introducida el 11 de agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre la responsabilidad del procesado, aqu\u00ed accionante, como c\u00f3mplice de los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados, asegur\u00f3 que estaba probado que ayud\u00f3 a la materializaci\u00f3n de esas conductas, toda vez que omiti\u00f3 las irregularidades que se evidenciaban en el expediente 500013107004200600032 y procedi\u00f3 a \u00abordenar que el asunto fuera asignado a su despacho\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la alteraci\u00f3n de los datos del proceso inici\u00f3 el 2 de julio de 2015, hasta cuando \u00abuna carpeta del expediente \u201capareci\u00f3\u201d inexplicablemente en el despacho del juez TORRES MARI\u00d1O\u00bb y, tras lo anterior, el nombrado decidi\u00f3 proferir \u00abel auto del 20 de octubre de 2015\u00bb para asumir el asunto y, con esto, dar \u00abapariencia de legalidad a lo sucedido y ocult\u00f3 la comisi\u00f3n de las conductas punibles\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que estaba acreditado que el entonces Juez all\u00ed imputado, \u00abtuvo conocimiento de la extra\u00f1a \u201caparici\u00f3n\u201d de la carpeta del radicado 500013107004200600032 en su despacho sin haber sido repartido en debida forma, y en lugar de denunciar estas irregularidades y solicitar que el expediente fuera sometido a reparto correctamente\u00bb, orden\u00f3 que se completaran los datos faltantes en el sistema y que se le asignara a su despacho el conocimiento del asunto, sin que existieran \u00abrazones jur\u00eddicas\u00bb para actuar de esa forma, cuesti\u00f3n que testific\u00f3 la antigua asistente administrativa de ese despacho, quien sostuvo que \u00aben el mes de octubre de 2015 encontr\u00f3 encima de su escritorio un cuaderno del expediente 500013107004200600032 con una ficha t\u00e9cnica. A continuaci\u00f3n, les pregunt\u00f3 a sus compa\u00f1eros del despacho si conoc\u00edan el origen de ese cuaderno y ellos le manifestaron que no\u00bb, asimismo, inform\u00f3 que \u00abel radicado estaba asignado al Juzgado 12 de EPMS de Bogot\u00e1, pero \u00e9ste no tuvo una entrada regular, pues ni siquiera ten\u00eda n\u00famero interno y no estaba relacionado en la planilla que ella usaba para recibir los procesos en el despacho\u00bb, cuestiones todas ellas ratificadas por una empleada del Centro de Servicios Judiciales y conocidas por el actor, entonces funcionario, quien seg\u00fan esa empleada, le pregunt\u00f3 c\u00f3mo hacer para que el proceso figurara \u00abal despacho\u00bb, frente a lo que ella le indic\u00f3 que necesitaba una \u00aborden\u00bb, lo que motiv\u00f3 la emisi\u00f3n del auto referido de 20 de octubre de 2015. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n accionada expres\u00f3, entonces, que los argumentos de la apelaci\u00f3n, relativos a que \u00abel procesado orden\u00f3 completar la informaci\u00f3n faltante del proceso en el sistema y asignar el asunto a su despacho por instrucciones de los empleados de la oficina de reparto\u00bb no prosperaban, pues se demostr\u00f3 que los empleados \u00able solicitaron que expidiera el auto para librarse de toda responsabilidad ante la exigencia del juez de obviar la inexistencia del reparto del caso y cargarlo a su despacho\u00bb, en lugar de ordenar su env\u00edo \u00aba los jueces de ejecuci\u00f3n de penas de Villavicencio o incluso radicarlo nuevamente y someterlo a la asignaci\u00f3n aleatoria, conforme se lo dijo el auxiliar Wilmer Pati\u00f1o, tal como ocurr\u00eda con todos los expedientes que llegaban al centro de servicios de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que del expediente no se conclu\u00eda ninguna raz\u00f3n para que el proceso se tramitara en Bogot\u00e1, pues, seg\u00fan las declaraciones de la \u00abt\u00e9cnica investigadora II de la Fiscal\u00eda\u00bb que actu\u00f3 como \u00abpolic\u00eda judicial\u00bb, pudo identificar un \u00absalto en los movimientos del proceso\u00bb, toda vez que no exist\u00eda \u00abregistro de la salida del expediente del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas de Villavicencio al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas de Bogot\u00e1\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abregistro de ninguna solicitud del expediente, no hay comunicaci\u00f3n alguna de ninguna autoridad sobre la captura o sobre la puesta a disposici\u00f3n de la persona implicada y no hay requerimiento del Juzgado 12 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 al juzgado de ejecuci\u00f3n de penas de Villavicencio, lo que quiere decir que la carpeta nunca sali\u00f3 de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la defensa, relativos a que \u00aben el expediente que \u201capareci\u00f3\u201d en el despacho del Juzgado 12 de EPMS de Bogot\u00e1 obraba un oficio del 17 de abril de 2015, mediante el cual el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, Mauro de Jes\u00fas \u00c1vila Tibata\u00bb con el que se enviaba el proceso a los \u00abjuzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de Bogot\u00e1, y junto con \u00e9ste una ficha t\u00e9cnica del expediente, la cual indicaba que el condenado Espinosa Fl\u00f3rez se encontraba recluido en la c\u00e1rcel La Picota de Bogot\u00e1\u00bb, advirti\u00f3 que esa circunstancia no permit\u00eda la revocatoria de la condena, pues, adem\u00e1s de ser evidente los errores en el reparto y la asignaci\u00f3n del asunto al despacho del procesado, de acuerdo con la inspecci\u00f3n judicial de la t\u00e9cnica investigadora de la Fiscal\u00eda al expediente, \u00aben la actuaci\u00f3n no reposaba alg\u00fan auto que justificara jur\u00eddicamente la remisi\u00f3n del expediente a Bogot\u00e1, tampoco una comunicaci\u00f3n de alguna autoridad sobre la captura o sobre la puesta a disposici\u00f3n de la persona implicada ni un requerimiento del Juzgado 12 de Ejecuci\u00f3n de Penas de esta ciudad a alg\u00fan juzgado de Villavicencio\u00bb, por tanto, al hallarse en libertad el all\u00ed procesado, la vigilancia de la pena le correspond\u00eda a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas de la circunscripci\u00f3n territorial del despacho que profiri\u00f3 el fallo condenatorio, para el caso, los jueces de Villavicencio. <\/p>\n
A lo anterior agreg\u00f3 que, el proceso fue irregularmente remitido con un oficio de abril de 2015, cuando el procesado Germ\u00e1n Orlando Espinosa Fl\u00f3rez a\u00fan estaba en libertad, pues la \u00abentrega voluntaria\u00bb de \u00e9ste en la c\u00e1rcel La Picota en Bogot\u00e1, la que en realidad respondi\u00f3 a un \u00abplan elaborado por el abogado German Cifuentes Rodr\u00edguez, para que le fuera concedida la prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia\u00bb, tuvo lugar hasta el 31 de julio siguiente. <\/p>\n
Posteriormente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal resalt\u00f3 que el procesado Espinosa Fl\u00f3rez en su juicio oral <\/p>\n
(\u2026) reconoci\u00f3 que pag\u00f3 la suma de 250 millones de pesos al abogado German Cifuentes Rodr\u00edguez a cambio de que le fuera otorgado el beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia. Asimismo, para lograr la concesi\u00f3n de este beneficio, el abogado Cifuentes Rodr\u00edguez le indic\u00f3 al condenado que el tr\u00e1mite se deb\u00eda realizar en Bogot\u00e1, y en consecuencia deb\u00eda presentarse en una c\u00e1rcel de la capital y esperar la concesi\u00f3n del beneficio por parte de un juez de ejecuci\u00f3n de penas de esta ciudad. <\/p>\n
Para ejecutar este plan, German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez acudi\u00f3 junto con el abogado el 31 de julio de 2015 a un almuerzo con quien supuestamente era el director de la c\u00e1rcel La Picota. Posteriormente, el mencionado funcionario ingres\u00f3 en una camioneta a Espinosa Fl\u00f3rez al centro penitenciario, en donde luego de esperar en una oficina fue llevado a las celdas primarias. Adicionalmente, se pudo establecer que el condenado ingres\u00f3 a la c\u00e1rcel con una boleta de captura que ten\u00eda la firma falsificada del Juez Cuarto Especializado del Circuito de Villavicencio, Mauro de Jes\u00fas \u00c1vila Tibata. La falsificaci\u00f3n de la firma se demostr\u00f3 en juicio con el testimonio del experto en grafolog\u00eda forense, Luis Antonio Espitia Rodr\u00edguez\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, se concluy\u00f3 que el aqu\u00ed accionante, Jos\u00e9 Henry Torres Mari\u00f1o, en realidad, al disponer que los datos del proceso se completaran en el sistema y que el caso se le asignara, configur\u00f3 su \u00abparticipaci\u00f3n a t\u00edtulo de c\u00f3mplice en los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados. Toda vez que, con su actuar doloso prest\u00f3 una ayuda posterior a la materializaci\u00f3n de las conductas mencionadas, pues con ello ocult\u00f3 y le dio un car\u00e1cter de legalidad a la manipulaci\u00f3n sufrida por el sistema Siglo XXI desde el 2 de julio de 2015, con el fin de que fuera asignado a su despacho el proceso 500013107004200600032 seguido contra German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez\u00bb, por tanto, para el ad quem qued\u00f3 demostrado que si bien el procesado Torres Mari\u00f1o no manipul\u00f3 el sistema por s\u00ed mismo y que tampoco ten\u00eda dominio sobre las conductas punibles mencionadas, s\u00ed prest\u00f3 \u00abuna ayuda posterior a la realizaci\u00f3n de las mismas por concierto previo o concomitante, pues gracias a su intervenci\u00f3n la alteraci\u00f3n de la informaci\u00f3n del expediente fue legalizada para que \u00e9l pudiera asumir el conocimiento del asunto y posteriormente conceder beneficios al condenado\u00bb, pues, anot\u00f3 que no se pod\u00eda explicar de otra forma su inter\u00e9s y actuar \u00abpara que, a toda costa, obviando el hecho de que el expediente no hab\u00eda sido repartido correctamente a su juzgado y que no exist\u00edan soportes jur\u00eddicos para que asumiera la competencia del caso, ordenara a los empleados del centro de servicios que completaran la informaci\u00f3n faltante en el sistema y asignaran el proceso a su despacho\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, sostuvo que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica probada permit\u00eda la inferir, sin duda, la participaci\u00f3n del actor en los delitos endilgados, m\u00e1xime si como regla de la experiencia se tiene que \u00abcuando un proceso no es sometido al reparto aleatorio estando obligado a ello, esto obedece a alg\u00fan motivo habitualmente delictivo para que un funcionario judicial determinado conozca el asunto\u00bb. <\/p>\n
3.4 En relaci\u00f3n con el delito de prevaricato por acci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo que el procesado como Juez Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, \u00abprofiri\u00f3 el auto del 4 de diciembre de 2015, mediante el cual concedi\u00f3 al sentenciado German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez, la sustituci\u00f3n de la pena intramural por prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia y le otorg\u00f3 permiso para laborar fuera del domicilio\u00bb, decisi\u00f3n que result\u00f3 ser manifiestamente contraria a la ley porque ese juzgador no ten\u00eda competencia para decidir, porque, como antes se advirti\u00f3, asumi\u00f3 el conocimiento del caso a pesar de las irregularidades en el reparto, y asimismo, \u00abdescart\u00f3 arbitrariamente la gravedad de la conducta y sin corroborar los fundamentos de la petici\u00f3n del abogado German Cifuentes Rodr\u00edguez, le concedi\u00f3 plena credibilidad a los documentos aportados con la solicitud, los cuales posteriormente resultaron ser falsos\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la autoridad accionada destac\u00f3 que el entonces Juez procesado descart\u00f3 irregularmente la gravedad de la conducta imputada a German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez, quien, <\/p>\n
(\u2026) fue finalmente condenado. As\u00ed, en la sentencia SP2637-2015 del 11 de marzo de 2015 , se relat\u00f3 que en el a\u00f1o 2005 en el municipio de Puerto Gait\u00e1n (Meta) miembros del Ej\u00e9rcito Nacional en un veh\u00edculo conducido por Espinosa Fl\u00f3rez en compa\u00f1\u00eda de F\u00e9lix Antonio Bernal Mart\u00edn encontraron trescientos veintinueve mil trescientos dos (329.302) gramos de coca\u00edna y una pistola Browning Morgan, 9mm, con un proveedor y ocho (8) cartuchos para la misma, hechos por los cuales, luego de declarar la prescripci\u00f3n del delito de porte de armas, esta Sala impuso una pena definitiva de 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Conforme a lo anterior, era imposible afirmar, como sorprendentemente lo hizo TORRES MARI\u00d1O para conceder el beneficio solicitado, que la posesi\u00f3n de 329 kilogramos de coca\u00edna y un arma de fuego no fueran conductas de extrema gravedad sancionadas con penas altas que pon\u00edan en peligro la seguridad p\u00fablica, a la sociedad y a los hijos menores del condenado. Igualmente, esto tambi\u00e9n descarta que el sentenciado haya sido un simple comerciante de profesi\u00f3n, como lo pretendi\u00f3 hacer ver el juez implicado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juez procesado argument\u00f3 erradamente que Espinosa Fl\u00f3rez cometi\u00f3 los delitos por los que se le conden\u00f3 por amenazas de grupos al margen de la ley, pues en el proceso penal frente a \u00e9ste se descart\u00f3 esa justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo, advirti\u00f3 que los documentos aportados por el sentenciado German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez para lograr el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria resultaron falsos, pero, adem\u00e1s, el funcionario no debi\u00f3 limitarse a dichas pruebas, puesto que en sus obligaciones estaba decretar otras que le permitieran establecer la situaci\u00f3n real de los hijos menores de edad de Espinosa Fl\u00f3rez y si era posible que estuvieran a cargo de otros familiares, sin embargo, esto fue omitido deliberadamente por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, determin\u00f3 que en la comisi\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n el accionante actu\u00f3 a t\u00edtulo de autor, porque procedi\u00f3 dolosamente, \u00abpor cuanto ten\u00eda conocimiento de la ilegalidad de su auto del 4 de diciembre de 2012, y a pesar de ello, decidi\u00f3 voluntariamente proferirlo para conceder inmerecidamente el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia a German Orlando Espinosa Fl\u00f3rez\u00bb y, con todo, anot\u00f3 que se descartaba \u00abque la decisi\u00f3n contraria a la ley, haya sido producto de la inexperiencia, desidia, impericia e ignorancia del agente, puesto que, el acusado para el momento de los hechos ten\u00eda una amplia experiencia judicial y se hab\u00eda desempe\u00f1ado como juez de ejecuci\u00f3n de penas durante 16 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, no se establece desafuero o arbitrariedad en los razonamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues esa autoridad defini\u00f3 el asunto bajo su conocimiento atendiendo a las normas y jurisprudencia aplicable y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el asunto, de las cuales extrajo la procedencia de confirmar la condena impuesta por el a quo por los delitos de acceso abusivo a un sistema inform\u00e1tico y da\u00f1o inform\u00e1tico agravados, en calidad de c\u00f3mplice, y de prevaricato por acci\u00f3n, como autor. <\/p>\n
Se advierte que esa autoridad analiz\u00f3 con suficiencia los alegatos de los apelantes y determin\u00f3 que estaba probado, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que el accionante era penalmente responsable, toda vez que los elementos probatorios permitieron llegar a esa conclusi\u00f3n, lo que de ning\u00fan modo significa arbitrariedad en la actuaci\u00f3n, pues como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (Ver entre otras CSJ STC, 7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Henry Torres Mari\u00f1o contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC8982-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC8982-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03347-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Henry […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}