STC8988-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8988-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01111-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide de cara a las impugnaciones interpuestas por la convocante y Juan Felipe Gompf Bauer frente a la sentencia del pasado 19 de julio, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Natalia Almansa Guzm\u00e1n, la que adujo fungir como apoderada de Jos\u00e9 Antonio V\u00e9lez Ram\u00edrez y otros1, contra el Juzgado 41\u00b0 Civil del Circuito de esta misma capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La abogada gestora deprec\u00f3 el pronto patrocinio de las prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la [administraci\u00f3n de] justicia (\u2026) e igualdad\u2026\u00bb de las personas naturales y jur\u00eddicas a las que expuso prohijar, presuntamente conculcadas por la c\u00e9lula jurisdiccional repelida. Y en concreto, se ordene restar efecto a lo dirimido -en tiempo reciente-, dentro del expediente de responsabilidad civil n.\u00b0 \u00ab2020-00341\u00bb. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes, los que en breve se develan: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado 41\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se surte el descrito dossier verbal, por demanda de Jos\u00e9 Antonio V\u00e9lez Ram\u00edrez y los dem\u00e1s arriba se\u00f1alados (defendidos ah\u00ed por la profesional del derecho tutelante) respecto a Operadora Urban Royal Calle 26 S.A.S. y Hoteles Royal S.A., en aras del cumplimiento de \u00abLAS PRESTACIONES DEL CONTRATO DE OPERACI\u00d3N Y ADMINISTRACI\u00d3N HOTELERA HN URBAN CALLE 26\u2026\u00bb. <\/p>\n
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3. Providencia ratificada en pronunciamiento de 17 de abril siguiente, en sede de reposici\u00f3n de los all\u00e1 reclamantes, cuya apelaci\u00f3n subsidiaria les fue rechazada por improcedente. <\/p>\n
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4. La promotora de la s\u00faplica de amparo de marras critic\u00f3 lo as\u00ed resuelto, pues con tal determinaci\u00f3n el estrado dispensador accionado quiso pasar por alto que la pretensa \u00absucesora\u00bb se hallaba apropiadamente integrada al pleito, de donde, a la luz del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso quedaba compelida a concurrir en la litis en la fase en que se encontrara, mas no a acaparar oportunidad para ejercer contradicci\u00f3n \u00abde nuevo\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 la jurista que en el caso fluir\u00eda expirado el lapso del canon 121 \u00eddem para la soluci\u00f3n de la instancia. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado 41\u00b0 Civil del Circuito capitalino rindi\u00f3 reporte de lo acontecido en la disputa de responsabilidad civil, de la que brind\u00f3 ingreso digital. Hoteles Royal S.A. se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n y pertinencia de las resoluciones adoptadas por el ente de conocimiento. Varios de los demandantes2 en el certamen en disenso y Juan Felipe Gompf Bauer (quien tambi\u00e9n arguy\u00f3 serlo) comentaron respaldar los ataques y aspiraciones de la quejosa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda \u2013luego de la anulaci\u00f3n que declarara la Corte en CSJ ATC745-2023, 6 jul.\u2013, tras esgrimir que los prove\u00eddos objeto de censuras escapan a la arbitrariedad o el antojo. En adici\u00f3n, en tanto que la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb sugerida ha de impetrarse directamente en el juicio sub examine. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Fueron intentadas por la letrada convocante, con persistencia en los embates y en discrepancia de las conclusiones del Tribunal a-quo y, adem\u00e1s, por el se\u00f1or Gompf Bauer, el que, a su turno, s\u00f3lo hubo de expresar \u00abinconformidad\u00bb con relaci\u00f3n al veredicto de dicha colegiatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en abrigo de las garant\u00edas b\u00e1sicas, susceptible de incoar siempre que sean afectadas o permanezcan en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente refulge, circunscrito el debate a los textos impugnatorios, que la abogada Natalia Almansa Guzm\u00e1n carece de legitimaci\u00f3n para buscar cuestionar en esta senda las aparentes laceraciones ocurridas dentro del expediente de responsabilidad civil n.\u00b0 \u00ab2020-00341\u00bb, toda vez que ella no es parte en esa reyerta, ni aport\u00f3 poder especial id\u00f3neo en procura de acudir aqu\u00ed en nombre de los all\u00e1 demandantes (a diferencia de lo sentado por la corporaci\u00f3n de procedencia), aunado a que dej\u00f3 de pregonar y acreditar los supuestos que certificaran un comparecimiento a\u00fan como \u00abagente oficiosa\u00bb de tales personas. Similar situaci\u00f3n sucede con Juan Felipe Gompf Bauer, quien -en contraste a lo exteriorizado en su respuesta- tampoco es demandante en el cartapacio verbal arriba descrito, pues de la revisi\u00f3n del correspondiente dossier se otea que a lo sumo ser\u00eda representante legal de la empresa Proteka S.A.S., calidad que ni siquiera aleg\u00f3 en la excepcional\u00edsima v\u00eda de auxilio del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
Sobre la habilitaci\u00f3n para activar este escenario iusfundamental, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta conculcaci\u00f3n por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, acerca del alcance del mencionado canon 10, la Corte constitucional decant\u00f3 que, <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u2026 (CC T-878\/07). <\/p>\n
Consecuentemente, ese m\u00e1ximo tribunal ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa \u2013ninguno de los cuales fue aqu\u00ed aseverado ni satisfecho\u2013, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia(\u2026) ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela\u2026 (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, vislumbrado que ni Gompf Bauer ni Almansa Guzm\u00e1n son partes o intervinientes en la responsabilidad civil n.\u00b0 \u00ab2020-00341\u00bb, as\u00ed como que la abogada no alleg\u00f3 poder apto a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de los ah\u00ed reclamantes, ni adujo o demostr\u00f3 los supuestos que posibilitaran la condici\u00f3n de \u00abagente oficiosa\u00bb, es evidente que ambos adolecen de legitimaci\u00f3n para promover y respaldar el presente reclamo tutelar. Cabe resaltar que los mandatos especiales anexos al libelo constitucional fueron conferidos a la profesional del derecho pero en aras del adelanto de la controversia verbal en cita, que no para la iniciaci\u00f3n y prosecuci\u00f3n del implemento tutelar de marras. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, recu\u00e9rdese que, tal cual se ha doctrinado en este nivel, \u00ab[l]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u2026\u00bb (\u00c9nfasis. CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01; reiterada en STC8139, 25 jun. 2015, rad. 00365-01 y STC11880, 5 sep. 2019, rad. 01378-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, revalidar el dictamen del Tribunal de origen, aunque por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jos\u00e9 Agust\u00edn Garz\u00f3n Cadena, Luz Herminia Mu\u00f1oz Cadena, M\u00f3nica Yineth y Mario Fernando Garz\u00f3n Mu\u00f1oz; Hern\u00e1n Horacio Ortiz Delgado, Nancy Gonz\u00e1lez de Su\u00e1rez, Carlos Valbuena Infante, Magda Cecilia Velandia C\u00e1rdenas, Carlos Alberto Garc\u00eda Padilla, Blanca Hilda Torres Simbaqueba, Emma Yolanda Fajardo, Lucy Yanneth Reyes Velosa, Ana Paulina Camacho Castellanos, Francia Elena Rodr\u00edguez Barrag\u00e1n, Jorge Arturo Ruge Rubio, Uriel Mu\u00f1oz Ceballos, Diana Isabel Puerto Ni\u00f1o, Jorge Fernando Hassig, Mar\u00eda del Pilar Fonseca Ortega, Bermon S.A.S., Juan Manuel Su\u00e1rez D\u00edaz, Fernando, Ricardo y Sonia Arias Lemos; Julia Emma Castro Gonz\u00e1lez, M\u00f3nica Jim\u00e9nez Castro, Manuel Sanabria Chac\u00f3n, M\u00f3nica Patricia Pinilla Pardo, Hern\u00e1n Parra Chac\u00f3n, Jos\u00e9 Manuel Castro Su\u00e1rez, Proteka S.A.S., Sandra Liliana Carranza Moreno, Juanita Casta\u00f1o Ba\u00f1os, Carmenza Paz G\u00f3mez, Juan Felipe Romero Mu\u00f1oz, \u00c1ngela Marcela Sanmiguel Moreno, Larma S.A.S., Inversiones Uribe Restrepo & C\u00eda. S.A.S., Jaime Avdelasis Ram\u00edrez Perilla, Mar\u00eda Guiomar Nates Parra, Camilo e Indiana Ram\u00edrez Nates; Janeth Hurtado de Castillo, Mar\u00eda Teresa Castillo Torres, Augusto Javier Londo\u00f1o L\u00f3pez, Natalia Marulanda Mej\u00eda, Germ\u00e1n Alonso Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, Doris G\u00f3mez Escobar, Manuel Jos\u00e9 Ram\u00edrez Ram\u00edrez, Luz Edit Ram\u00edrez G\u00f3mez, Helena Traslavi\u00f1a Camacho, Teresa de Jes\u00fas y Marina del Carmen Sierra Severiche; Anderson Alexander Tautiva Pe\u00f1a, Dora Patricia Huertas Prieto, Alfonso Barrera Laverde, Aurora Buenaventura Vargas, Jorge Alexander Garz\u00f3n Valderrama, Paola Amadei, Inversiones 902 S.A.S. y Ruiz Rivera Hnos. S.A.S. <\/p>\n
2\u0002 Blanca Hilda Torres Simbaqueba, Francia Elena Rodr\u00edguez Barrag\u00e1n, Carlos Alberto Garc\u00eda Padilla, Hern\u00e1n Parra Chac\u00f3n, Teresa de Jes\u00fas y Marina del Carmen Sierra Severiche; Emma Yolanda Fajardo, Mar\u00eda Teresa Castillo Torres, Helena Traslavi\u00f1a Camacho, Jos\u00e9 Antonio V\u00e9lez Ram\u00edrez, Juanita Casta\u00f1o Ba\u00f1os, Jos\u00e9 Manuel Castro Su\u00e1rez, Julia Emma Castro Gonz\u00e1lez, M\u00f3nica Jim\u00e9nez Castro, Jorge Arturo Ruge Rubio, Lucy Yanneth Reyes Velosa, Juan Manuel Su\u00e1rez D\u00edaz, Fernando, Ricardo y Sonia Arias Lemos; Alfonso Barrera Laverde, Aurora Buenaventura Vargas, Mar\u00eda Guiomar Nates Parra, Larma S.A.S., Ruiz Rivera Hnos. S.A.S., Magda Cecilia Velandia C\u00e1rdenas, Hern\u00e1n Horacio Ortiz Delgado, Carmenza Paz G\u00f3mez, Diana Isabel Puerto Ni\u00f1o, Carlos Valbuena Infante, Germ\u00e1n Alonso Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, M\u00f3nica Patricia Pinilla Pardo, Anderson Alexander Tautiva Pe\u00f1a, Indiana Ram\u00edrez Nates; Sandra Liliana Carranza Moreno, Jorge Fernando Hassig, Mar\u00eda del Pilar Fonseca Ortega, Jaime Avdelasis Ram\u00edrez Perilla, Juan Felipe Romero Mu\u00f1oz, Dora Patricia Huertas Prieto, Luz Edit Ram\u00edrez G\u00f3mez y Natalia Marulanda Mej\u00eda. <\/p>\n
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