STC9010-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9010-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de \u201cX\u201d el pasado 11 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201c01\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado \u201c00\u201d de la misma especialidad y poblaci\u00f3n y las partes e intervinientes en el ejecutivo por alimentos n\u00ba 0000-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el presente asunto, suprimir de la providencia -y de toda futura publicaci\u00f3n de ella- su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando por conducto de apoderado y en representaci\u00f3n de su hija adolescente \u201cC\u201d, acudi\u00f3 a este instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental \u00aba recibir alimentos\u00bb que considera quebrantado por la autoridad convocada \u00abal no adoptar las decisiones judiciales pertinentes que le han sido solicitadas, para facilitar y garantizar que el obligado alimentario\u2026 cumpla con el pago oportuno y cumplido de la cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo resalt\u00f3 que en el Juzgado \u201c01\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d cursa la ejecuci\u00f3n indicada en p\u00e1rrafos precedentes (0000-00000) contra el padre de la menor, \u201cB\u201d, dentro del cual, con auto del pasado 18 de enero, la c\u00e9lula judicial se abstuvo de librar un \u00abnuevo mandamiento de pago\u2026 por las cuotas alimentarias correspondientes al a\u00f1o 2022 y las causadas para el a\u00f1o 2023\u00bb, as\u00ed como de aumentar la cuant\u00eda del embargo decretado sobre el salario del demandado al 50%, aduciendo que dichas peticiones deb\u00edan ser formuladas a trav\u00e9s de una nueva demanda. <\/p>\n
3. A juicio de la gestora, la \u00abactuaci\u00f3n de la jueza accionada ha causado graves consecuencias negativas en la calidad de vida de la ni\u00f1a [pues] no pudo contar con el aporte oportuno y cumplido de\u2026 la cuota alimentaria\u2026 dado que, conforme al enfoque de la jueza\u2026 se debe esperar a que el obligado se ponga en mora y se complete el pago de la \u00faltima liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, sin atribuir a las decisiones que cuestiona defecto alguno que viabilice la procedencia del resguardo contra providencias judiciales, solicit\u00f3: \u00abordenar a la aludida entidad accionada para que adopte las decisiones judiciales que legalmente correspondan, para facilitar y garantizar que el obligado alimentario cumpla con el pago oportuno y cumplido de la cuota alimentaria\u2026 se disponga lo pertinente para que dicho obligado sea registrado en el REDAM [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado convocado dio cuenta de las actuaciones adelantadas en los dos compulsivos promovidos por la gestora, destacando que no ha lesionado derecho fundamental alguno dado que sus determinaciones \u00abse ha[n] ce\u00f1ido al marco de la legalidad y el hecho de que no acceda a las peticiones del profesional, no quiere decir lo contrario\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, contrario a lo se\u00f1alado en el libelo introductor, la cuota alimentaria de la que es beneficiaria \u201cC\u201d se ha venido pagando de forma oportuna, al punto que, a la fecha, la gestora ha recibido, a trav\u00e9s del Banco Agrario, una suma superior a los veintisiete millones de pesos producto de la retenci\u00f3n salarial que, en cumplimiento de la orden de embargo, realiza la entidad para la cual trabaja el obligado. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que el ruego desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad pues, de un lado, no se interpusieron recursos contra los autos que se consideran lesivos y, de otro, la interesada no ha formulado petici\u00f3n alguna tendiente a la inclusi\u00f3n del ejecutado en el REDAM. <\/p>\n
2. \u201cB\u201d, demandado en la causa que origin\u00f3 la queja, manifest\u00f3 \u00abno entender cu\u00e1l es la pretensi\u00f3n del abogado al poner otro proceso ejecutivo cuando ya hay uno y\u2026 se [le] descuenta el 30% de[l] salario mensualmente desde el mes de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez \u201c00\u201d Promiscuo de Familia de \u201cY\u201d confirm\u00f3 que con auto de 13 de febrero de 2023 rechaz\u00f3 la demanda promovida por la ac\u00e1 gestora contra \u201cB\u201d y dispuso su remisi\u00f3n al despacho \u201c01\u201d hom\u00f3logo, desprendi\u00e9ndose del conocimiento del asunto el 2 de marzo siguiente, de all\u00ed que \u00abno le const[en] aquellas aseveraciones contenidas en [los] hechos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo desestim\u00f3 el resguardo al considerar inexistente la lesi\u00f3n atribuida por la promotora comoquiera que \u00abno se advierte que la funcionaria judicial haya quebrantado las garant\u00edas fundamentales de la menor\u2026 en cuyo favor se promovi\u00f3 el proceso ejecutivo de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, advirti\u00f3, el rechazo de la nueva demanda (0000-00001) no comport\u00f3 el quebrantamiento alegado, en tanto que el mandamiento de pago proferido en el asunto 0000-00000 se extendi\u00f3 a \u00ablas cuotas alimentarias mensuales que en lo sucesivo se sigan causando hasta que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, de modo que \u00abnada antojadizo o arbitrario tiene que se hubiere abstenido de librar una nueva orden compulsiva\u2026 respecto de unas cuotas que, por haberse causado con posterioridad al mandamiento ejecutivo, ya estaban contenidas en \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, agreg\u00f3, correspond\u00eda a la interesada formular los recursos pertinentes, tanto contra el auto que no accedi\u00f3 a aumentar el porcentaje de la cautela, como el que se abstuvo de proferir mandamiento de pago en el segundo compulsivo incoado; sin embargo, como no lo hizo, la salvaguarda \u00abdeviene impr\u00f3sper[a]\u00bb por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que tampoco se cumpl\u00eda la exigencia de la inmediatez pues \u00abentre la notificaci\u00f3n de la providencia que suscita la queja constitucional\u2026 y la fecha en que se instaur\u00f3 la tutela\u2026 transcurrieron aproximadamente seis meses y ocho d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los que agreg\u00f3 que la colegiatura de primer grado \u00abcentr\u00f3 su an\u00e1lisis en un r\u00edgido formalismo procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada lesion\u00f3 el derecho fundamental invocado por \u201cA\u201d a favor de su hija, pues, de un lado, se abstuvo de librar un segundo mandamiento de pago e incrementar al 50 % el monto de la retenci\u00f3n salarial a cargo del demandado (0000-00000) y, de otro, rechaz\u00f3 la nueva demanda ejecutiva formulada (0000-00001). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
La promotora acudi\u00f3 al presente instrumento pues, a su juicio, el juzgado accionado quebrant\u00f3 la garant\u00eda fundamental de su hija menor a recibir de forma oportuna alimentos con la expedici\u00f3n de las decisiones de 18 de enero y 4 de abril de 2023 por medio de las cuales, respectivamente, (i) no accedi\u00f3 a librar una segunda orden de apremi\u00f3 y aumentar el porcentaje del embargo decretado (ejecutivo 0000-00000) y (ii) rechaz\u00f3 la nueva demanda incoada (ejecutivo 0000-00001) <\/p>\n
Al revisar el material probatorio recaudado, especialmente los expedientes remitidos en formato digital, advierte la Sala que en las aludidas providencias la c\u00e9lula judicial cognoscente expuso las razones jur\u00eddicas para no acceder a lo pretendido por la gestora y que, contra las mismas, no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que si bien la accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterada de las decisiones que cuestiona, bien pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 con lo que mostr\u00f3 conformidad frente a lo resuelto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Cabe resaltar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del amparo, por la incuria revelada, pues la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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