STC9011-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9011-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 15 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2022-00107. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas se pudo extraer, en lo fundamental, que dentro del citado asunto el despacho querellado \u00abNUNCA CUMPLE UN SOLO T\u00c9RMINO PERENTORIO DE TIEMPO QUE ORDENA LA LEY 472\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abEn dicha accion (sic) popular he desistido de ella, ante la mora y la renuencia judicial de la juzgadora, pero esta (sic) siempre me niega MI DESISTIMIENTO\u00bb. <\/p>\n
Sostiene tambi\u00e9n, que ha solicitado sin \u00e9xito dictar sentencia anticipada, la expedici\u00f3n de constancias secretariales, y, que se \u00abme comparta digitalmente copia del libro radicador de audiencias del despacho\u00bb, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La sociedad E.C.T. Soluciones SAS, luego de pronunciarse frente a los hechos expuestos en el escrito inicial, puso de presente que \u00abno ha violado ning\u00fan derecho fundamental, pues la acci\u00f3n popular se ha tramitado acatando los t\u00e9rminos como ordena la ley, y por el cual, EL Tutelante no pude argumentar que ha existido una violaci\u00f3n al debido proceso, por cuanto a la fecha se ha surtido las etapas procesales oportunamente mediante el juzgado y estamos a la espera de una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
3. El jefe de la oficina jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3, en lo que tiene que ver con la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por mora judicial a que hace referencia el actor en el escrito de tutela, que }\u00abtodas las personas que demuestren una condici\u00f3n de imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar por s\u00ed mismas la defensa de sus derechos, as\u00ed como asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial tal como ser\u00eda pretendido por el actor, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad p\u00fablica, en virtud a lo dispuesto en el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; frente a lo cual, corresponde al accionante solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada, y resalt\u00f3 que \u00abson los mismos actores Populares quien con sus solicitudes innumerables y en el mismo sentido, hace que se retarde el tr\u00e1mite de sus acciones Populares, no obstante ser conocedores de las decisiones adoptadas frente a dichas peticiones. (\u2026) El despacho se encuentra congestionado, en especial la secretar\u00eda del mismo, por lo que ni f\u00edsica, ni mentalmente se tiene la capacidad para atender a tiempo tant\u00edsimas peticiones; adem\u00e1s que se tramitan otros asuntos como acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato, consultas y los asuntos de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Aunado a lo anterior las fallas en la conectividad de lo que es conocedor toda la comunidad judicial\u00bb. <\/p>\n
5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Alcald\u00eda de Pereira, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, tras considerar que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que en la audiencia de pacto de cumplimiento \u00abel juzgado neg\u00f3 una petici\u00f3n de desistimiento formulada por el se\u00f1or Restrepo, y contra esa decisi\u00f3n no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso\u00bb; y, el 20 de marzo de los corrientes el actor present\u00f3 nuevamente petici\u00f3n tendiente a que se acepte el desistimiento de la demanda, la cual est\u00e1 pendiente de resolver, por lo que \u00abel asunto se encuentra en tr\u00e1mite, lo cual torna improcedente el amparo en vista de que no puede el juez constitucional suplir al ordinario, siempre que se inadvierta la incursi\u00f3n en un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 que, \u00abLES E XIJO (sic) EN DERECHO acepten mi desistimiento d ela (sic) accion\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada, al (i) no dictar sentencia anticipada, ni (ii) aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n, y, tampoco (iii) expedir constancias secretariales, (iv) y entregar copia digital del libro radicador de audiencias del despacho, dentro de la acci\u00f3n popular seguida por el actor contra E.C.T. Soluciones SAS (n\u00b0 2022-00107). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Razonabilidad de las providencias cuestionadas <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, pero en tanto que, del examen de los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales el despacho querellado ha resuelto cada una de las solicitudes elevadas por el tutelante, no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, y tras reiteradas solicitudes presentadas en id\u00e9ntico sentido por el actor popular, aqu\u00ed interesado, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular presentada por \u00e9l contra E.C.T. Soluciones SAS, la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira ha se\u00f1alado lo siguiente en autos del 12 de diciembre de 2022, 1\u00b0 y 6 de febrero, y 17 de marzo de 2023, respectivamente, a saber: <\/p>\n
Frente al desistimiento de la acci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abal tratarse de una Popular, se deben seguir los procedimientos contemplados en la mencionada Ley 472, debiendo el juez hacer uso de los poderes que el C\u00f3digo le concede con el fin de que no haya lugar a nulidades, debi\u00e9ndose garantizar el debido proceso. <\/p>\n
Se le hace saber al recurrente que el despacho es garante en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los t\u00e9rminos, en la medida que el mismo actor lo permita y dependiendo de las innumerables solicitudes que hace en sus acciones populares, obstaculizando la correcta marcha del proceso. <\/p>\n
Se pone en conocimiento de las partes que este Estrado Judicial le ha dado cumplimiento a lo estipulado en los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de1998, aunque casi siempre no se puede cumplir a cabalidad con los t\u00e9rminos que dispone la misma, dada la congesti\u00f3n Judicial causada por la parte actora al no colaborar y entorpecer los tr\u00e1mites para culminar en debida forma el proceso. <\/p>\n
Al accionante se le hace saber, como tambi\u00e9n se le ha manifestado en innumerables peticiones que se llevan en este Estrado Judicial, que la solicitud de desistimiento en esta clase de acciones no es procedente, por tratarse de derechos colectivos, mismo que son irrenunciables ya que pertenecen a la comunidad en general y no a un solo individuo, sumado al hecho de dada la nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia a partir del 01 de diciembre de 2018, el tramite debe ser impulsado oficiosamente por el Juez\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones para que se dicte sentencia anticipada: <\/p>\n
\u00abla solicitud no es procedente si se tiene en cuenta que el tr\u00e1mite de las Acciones Populares lo establece la Ley 472 de 1998, por lo tanto, debe garantizarse el derecho de defensa y debido proceso sin que se pueda pasar por alto cada una de las etapas procesales\u00bb. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la expedici\u00f3n de constancias secretariales con fecha de cada etapa realizada dentro de la acci\u00f3n popular: <\/p>\n
\u00abse le informa [al peticionario] que la ley no contempla que los secretarios expidan constancias secretariales a las partes, ello se realiza dentro de los procesos, y es en cada proceso en particular que debe la parte mirar cuales (sic) son las constancias secretariales que se han realizado (\u2026) extra\u00f1ando a su vez el despacho que el solicitante insista que no se le est\u00e1n compartiendo los enlaces de los expedientes de las acciones populares, si se observa en la plataforma de oneDrive que la carpeta de este asunto, se encuentra compartida al accionante, mediante la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico trabajoenequipoes2021@gmail.com\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, en cuanto a la solicitud de copia digital del libro radicador de audiencias, la falladora indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ablas fechas (d\u00edas y horas) h\u00e1biles para se\u00f1alar audiencias son habilitadas en la medida en que van quedando en firme los autos y providencias que as\u00ed lo disponen en todos los procesos que se llevan en este Estrado Judicial. As\u00ed mismo, se le informa a las partes que este Despacho judicial siempre obra de buena [fe] y programa las audiencias en las fechas m\u00e1s pr\u00f3ximas posibles y disponibles y se ha dado cumplimiento a lo estipulado en los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998, aunque casi no se puede cumplir a cabalidad con los t\u00e9rminos que dispone la misma, dada la congesti\u00f3n judicial causada por la parte actora al no colaborar y entorpecer los tr\u00e1mites para culminar en debida forma el proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se informa al accionante que el libro de audiencias no es p\u00fablico ya que es de uso exclusivo del despacho, y las fechas de las audiencias de conocen por las partes en los estados que fija el despacho en el micrositio de la p\u00e1gina web y no se encuentra digitalizado ya que es un libro empastado\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, las decisiones atacadas no adolecen de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole, en la medida en que se fundan en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el solo hecho que el gestor disienta de lo resuelto frente a sus reiteradas solicitudes, no abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que las providencias se muestren arbitrarias por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y continu\u00f3 precisando que: \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abme informen dia (sic), mes y a\u00f1o en que presentaran a mi nombre accion (sic) de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora judicial, falla en la prestaci\u00f3n (sic) del servicio\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante las citadas dependencias sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
4.2. Aunque en el escrito de impugnaci\u00f3n el gestor se\u00f1al\u00f3 que debe declararse la nulidad de lo actuado por falta de competencia del tribunal a quo para decidir la acci\u00f3n, basta con precisar que las quejas esbozadas en el escrito inicial est\u00e1n dirigidas puntualmente contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, y si bien la demanda se dirigi\u00f3 tambi\u00e9n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, al revisar el portal web de la Rama Judicial no se encontraron actuaciones de segundo grado al interior de la acci\u00f3n popular criticada, por lo que la censura no pod\u00eda extenderse a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se avalar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, pero porque las decisiones adoptadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el querellante pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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