STC9014-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9014-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01802-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Alonso Zuluaga Herrera contra la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo Nacional del Ahorro, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-099885. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por intermedio de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que ante la negativa del Fondo Nacional del Ahorro de acceder al cambio de UVR a pesos, la obligaci\u00f3n hipotecaria que el accionante y su esposa adquirieron en el a\u00f1o 2018, \u00e9ste acudi\u00f3 ante la Superintendencia Financiera de Colombia para que se le reconociera el derecho consagrado en el art\u00edculo 20 de la ley 546 de 1999, demanda de protecci\u00f3n al consumidor que fue admitida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de esa entidad el 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, en audiencia del 10 de noviembre de esa misma anualidad se resolvi\u00f3 la controversia surgida de la relaci\u00f3n establecida entre las partes, declarando civil y contractualmente responsable al FNA, por lo que, en consecuencia, se le orden\u00f3 a dicha entidad: (i) que en un lapso de 8 d\u00edas contados a partir del momento en que el actor entregue junto con su codeudora documentos actuales y que son exigidos para el estudio de su reestructuraci\u00f3n, proceda al estudio del art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, el cual debe hacerse en cada uno de sistemas de amortizaci\u00f3n de cara a: a) la real capacidad de pago del demandante y su codeudora, b) el plazo m\u00e1ximo de 30 a\u00f1os contados desde la fecha de desembolso; c) que la cuota no supere el 30% de los ingresos del demandante; d) el tiempo de expectativa de vida de los deudores; y e) la no afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital. (ii) obtenido este estudio tiene tres (3) d\u00edas para informarlo de manera efectiva al demandante aras que este (sic) lo acepte en cualquiera de sus m\u00e9todos de amortizaci\u00f3n o lo rechace; y (iii) en caso de rechazo o controversia por parte del cliente, en el lapso de la distancia y sin superar dos (2) d\u00edas a partir de radicaci\u00f3n de este documento por el demandante a sus instalaciones por cual (sic) v\u00eda establecida para ello, remita todos los documentos necesarios para que el \u00e1rea competente de la SFC, riego (sic) de cr\u00e9dito, haga el an\u00e1lisis de su competencia y dirima la controversia en los t\u00e9rminos de que trata la norma en comento, art. 20 Ley 546 de 1999 y lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, que se ordene a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia \u00abadelantar de forma <\/p>\n
inmediata las actuaciones a que haya lugar para que la entidad Fondo Nacional de Ahorro no contin\u00fae con la vulneraci\u00f3n de [sus] garant\u00edas fundamentales (\u2026) y [de] su n\u00facleo familiar, por el desconocimiento de la decisi\u00f3n proferida, de las normas y los precedentes jurisprudenciales\u00bb; y por otra parte, que \u00abse compulse[n] copias a la autoridad correspondiente, para que adelante los procesos disciplinarios a que haya lugar, contra los funcionarios que han insistido en desacatar la decisi\u00f3n y no adelantar las acciones necesarias para materializar el fallo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Grupo Contencioso Administrativo Dos de la Superintendencia Financiera de Colombia, solicit\u00f3 denegar el amparo por improcedente, comoquiera que, de conformidad con lo previsto en el num. 11 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, ese organismo de control y vigilancia no puede obligar a la vigilada a que acate la decisi\u00f3n, sino \u00abimponer sanciones sucesivas hasta que se cumpla, por supuesto de encontrarse dicha conducta, lo cual de forma diamantina demuestra que la finalidad que se pretende en sede de tutela ni por asomo tiene conexidad con el juicio incidental que se est\u00e1 llevando a cabo, pues no se puede confundir la acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer en el cumplimiento de la sentencia con el tr\u00e1mite incidental de sanci\u00f3n sucesiva hasta que se acate la decisi\u00f3n, el primero que s\u00ed obliga a su acatamiento, el segundo que como lo expresa la norma busca imponer una sanci\u00f3n jurisdiccional que se causa, sucesivamente, hasta cuando se demuestre la vigilada acat\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Fondo Nacional del Ahorro tambi\u00e9n pidi\u00f3 desestimar lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, toda vez que el fallo emitido el 10 de noviembre de 2022 \u00aben su totalidad, se termin\u00f3 de cumplir el 15 de marzo de 2023 con la decisi\u00f3n de la DELEGATURA PARA RIESGO DE CR\u00c9DITO Y DE CONTRAPARTE de la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio del Memorando de radicado 2022099885-082-000 (\u2026.) donde se indic\u00f3 claramente que, luego del estudio debidamente realizado por esta Delegatura, se indica que el sistema de amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito del se\u00f1or RAUL ALONSO ZULUAGA HERRERA que cumple con los requisitos analizados es el de \u201ccuota constante en UVR (Sistema de Amortizaci\u00f3n Gradual)\u201d\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por incumplir el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que \u00absi lo que el accionante pretende es que se ejecute una determinada sentencia, es claro que con tal prop\u00f3sito debe acudir al juez natural para que resuelva esa espec\u00edfica solicitud. No se olvide que el hecho de que el legislador haya facultado a la Superintendencia Financiera para imponer sanciones en caso de inobservancia de las decisiones dictadas en los procesos de protecci\u00f3n al consumidor (num. 11, art. 58, Ley 1480 de 2011), no impide que el interesado reclame el cumplimiento del fallo por la senda ejecutiva; al fin y al cabo, si da cuenta de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, la ley autoriza a demandar su pago por v\u00eda judicial (art. 422, CGP). <\/p>\n
Aunque el se\u00f1or Zuluaga promovi\u00f3 el tr\u00e1mite incidental de verificaci\u00f3n, este procedimiento especial no tiene la aptitud ni el prop\u00f3sito -como en el caso del proceso ejecutivo regulado en los art\u00edculos 422 y siguientes del CGP- de garantizar el acatamiento de la sentencia, pues su finalidad es sancionar su incumplimiento; eso es todo. Por eso el literal a) y el par\u00e1grafo del numeral 11 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, precisan que las multas que se impongan ser\u00e1n a favor de la entidad administrativa\u00bb. <\/p>\n
La interpuso el actor para insistir en los argumentos de la demanda tutelar y, por tanto, criticar su desestimaci\u00f3n, pues en su sentir, \u00abtampoco resulta aceptable que se pretenda enviar al consumidor, a iniciar un nuevo proceso ejecutivo para hacer valer sus derechos, que lleva reclamando hace m\u00e1s de dos a\u00f1os por v\u00eda administrativa y posteriormente en sede judicial ante la Superintendencia Financiera, con todo y lo que esto conlleva, la mora que actualmente presentan los procesos judiciales, el pago de honorarios, el riesgo de perder su vivienda ante el paso del tiempo y sin recibir ninguna soluci\u00f3n efectiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la Superintendencia Financiera de Colombia vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas, al no tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo fallado dentro de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor adelantada por el gestor contra el Fondo Nacional del Ahorro (n\u00b0 2022-099885). <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del resguardo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Carencia actual de objeto por hecho superado <\/p>\n
En el sub examine la pretensi\u00f3n cardinal se contrae a que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia \u00abadelant[e] de forma inmediata las actuaciones a que haya lugar para que la entidad Fondo Nacional de Ahorro no contin\u00fae con la vulneraci\u00f3n de [las] garant\u00edas fundamentales [del actor]\u00bb, pues en su criterio, no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia proferida en audiencia el 10 de noviembre de 2022, al interior de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor donde result\u00f3 sancionada esa entidad. <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan se acredit\u00f3 dentro de las diligencias, la Coordinadora del Grupo de Calificaci\u00f3n y Cumplimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en audiencia realizada el pasado 24 de agosto de 2023, decidi\u00f3 \u00abSancionar al FONDO NACIONAL DEL AHORRO (\u2026) con MULTA equivalente a $4.178.590,2 por incumplimiento de lo ordenado en el literal iii numeral segundo de la sentencia emitida el 10 de noviembre de 2022\u00bb, en los t\u00e9rminos de que trata el num. 11 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para colegir v\u00e1lidamente, que la circunstancia a la que se atribuy\u00f3 la transgresi\u00f3n fue superada, ya que, con independencia de lo considerado por el querellante, la Superfinanciera s\u00f3lo es competente para tramitar sanciones ante la vigilada por v\u00eda incidental, en estricto acatamiento de la norma en cita, hasta que aqu\u00e9lla cumpla con lo ordenado, tal y como ocurri\u00f3, m\u00e1s no as\u00ed obligar al FNA a que cumpla lo resuelto, raz\u00f3n por la cual, pierde el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose improcedente e inane cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse al respecto, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el ruego tuitivo ante la citada queja se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido se ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Uno de los requisitos de este excepcional mecanismo constitucional es que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial, de ah\u00ed que, su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
En el caso bajo estudio se configura la segunda modalidad, en la medida que, tal y como se refiri\u00f3 anteriormente, como la Superintendencia Financiera de Colombia no puede adelantar acci\u00f3n alguna para que se ejecute la orden judicial proferida en la sentencia, deber\u00e1 el gestor adelantar el respectivo proceso ejecutivo ante el juez civil que por competencia territorial y cuant\u00eda deba asumir el litigio, sin que dicha circunstancia se hubiera acreditado antes de acudir a la tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para esta Sala no puede pasar inadvertido, que la situaci\u00f3n que expone el aqu\u00ed inconforme no ha sido puesta en conocimiento de la autoridad competente, a pesar de ser \u00e9sta a quien le corresponde evaluar los argumentos planteados por el interesado y pronunciarse al respecto, lo que se traduce en el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de acudir al ruego tuitivo. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud del accionante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de los convocados, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, reiterada entre otras, en STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las puntuales razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9014-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9014-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01802-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}