STC9022-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9022-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03349-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Ambuila contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Ministerio de Justicia y el Derecho, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de extradici\u00f3n radicado n\u00ba 2021-01283. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, \u00abderecho a un juicio justo, y a no ser procesado dos veces por el mismo delito\u00bb, supuestamente vulnerados por la Sala Especializada Penal y la cartera ministerial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, fue capturado por autoridades policiales el 23 de abril de 2021 con ocasi\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n que realizara la justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica en su contra (nota verbal n\u00ba 0561 de 8 de abril de 2023 por la conducta de \u00abconcierto para cometer lavado de dinero\u00bb). <\/p>\n
Refiere que, el 3 de mayo de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 concepto favorable al requerimiento extranjero y, posteriormente, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n ejecutiva n\u00ba 127 del 23 de ese mismo mes, concediendo la extradici\u00f3n y disponiendo su entrega a las autoridades judiciales del pa\u00eds requirente, \u00abacto administrativo sobre el cual se interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual se encuentra ad portas de ser resuelto\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona los rese\u00f1ados pronunciamientos, tanto el judicial emitido por la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, como el administrativo expedido por el gobierno nacional que concedi\u00f3 la extradici\u00f3n. Al respecto, alega que no pod\u00eda avalarse su remisi\u00f3n al pa\u00eds norteamericano por cuanto, \u00ablos hechos que motivan [su] extradici\u00f3n son los mismos por los cuales est\u00e1 siendo juzgado en Colombia\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, cuenta que, bajo el radicado n\u00ba 2017-80042 cursa proceso penal en su contra por los delitos de \u00abconcierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico, favorecimiento por servidor p\u00fablico y lavado de activos\u00bb, asunto que conoce el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, y que transita por la etapa de la audiencia preparatoria, en la cual, expres\u00f3 su voluntad de declarar personalmente renunciando a su derecho a guardar silencio, lo que representar\u00eda un ejercicio del derecho a la defensa material que se ver\u00eda truncado con la extradici\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, su defensor, para asegurar esa comparecencia y declaraci\u00f3n, pidi\u00f3 a la judicatura \u2013 jueces de control de garant\u00edas \u2013 la recepci\u00f3n de su testimonio como prueba anticipada, diligencia programada para el pr\u00f3ximo 7 de septiembre de 2023 ante el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, \u00abse anule la Resoluci\u00f3n Ejecutiva n\u00ba 127 del 23 de mayo de 2023 proferida por la Presidencia de la Rep\u00fablica a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia y del Derecho, ordenando se emita una decisi\u00f3n acorde a [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada ponente del pronunciamiento criticado, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en el sentido de conceptuar favorablemente a la extradici\u00f3n del actor al pa\u00eds requirente, en la cual, se abord\u00f3 la discusi\u00f3n sobre el presunto desconocimiento de la garant\u00eda del non bis in \u00eddem atendiendo que en Colombia a\u00fan no existe cosa juzgada frente a los hechos que motivan la extradici\u00f3n de Omar Ambuila; pese a ello, le advirti\u00f3 al Ejecutivo que pod\u00eda diferir la entrega \u00abhasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, o se haya emitido sentencia absolutoria que termine el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, relacion\u00f3 las incidencias del proceso penal que involucra al gestor del amparo por los delitos de \u00abconcierto para delinquir y otros\u00bb, precisando que, transcurre en la etapa de la audiencia preparatoria, concretamente, en la \u00abenunciaci\u00f3n y solicitudes probatorias de las partes\u00bb, y que fij\u00f3 fecha de culminaci\u00f3n para el 12 de octubre de 2023. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Control de Garant\u00edas expuso que, ese despacho \u00fanicamente tuvo conocimiento de una solicitud de pr\u00e1ctica de prueba anticipada solicitada por la defensa del procesado, la cual fue programada para llevarse a cabo el 7 de septiembre de la presente anualidad. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Oficina de Asuntos Internacionales, detall\u00f3 las actuaciones que ha adelantado en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que curs\u00f3 respecto de Omar Ambuila, procedimiento en el que se ha observado y respetado sus derechos y garant\u00edas. <\/p>\n
5. El Procurador Delegado de Intervenci\u00f3n Primero para la Casaci\u00f3n Penal solicit\u00f3 se declare improcedente la acci\u00f3n de amparo ya que, la extradici\u00f3n es un procedimiento netamente administrativo y concluye con la expedici\u00f3n de un acto administrativo, por lo tanto, es susceptible de control judicial \u00abante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa bajo las demandas de nulidad simple y nulidad y restablecimiento de los derechos, para poder desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que est\u00e1n revestidos\u00bb. <\/p>\n
6. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto \u00abel accionante al haber interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n de extradici\u00f3n, busca ahora y con los mismos argumentos de la impugnaci\u00f3n, un mecanismo paralelo y subsidiario al recurso, sin justificar un perjuicio irremediable, para generar una suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, desconociendo el procedimiento adelantando, ante lo cual resulta improcedente esta pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. El Ministerio de Relaciones Exteriores, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Sala de Casaci\u00f3n Penal y el Ministerio de Justicia y del Derecho vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el quejoso, al conceptuar favorablemente (CP108-2023, de 3 de mayo de 2023) y conceder el pedido de extradici\u00f3n del gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (Resoluci\u00f3n 127 de 23 de mayo de 2023), respectivamente, desconociendo, supuestamente, que en Colombia es procesado por los mismos hechos que la motivaron, constituy\u00e9ndose en una vulneraci\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Seg\u00fan puede extraerse de la demanda tutelar, y al margen de que el actor tambi\u00e9n discute la actuaci\u00f3n que, en el marco de su competencia espec\u00edfica, adelant\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que lo involucra, su reclamaci\u00f3n se contrae a cuestionar la determinaci\u00f3n que finalmente adopt\u00f3 el Ejecutivo (Presidencia de la Rep\u00fablica y Ministerio de Justicia y del Derecho) de acceder al requerimiento formulado en su contra por el Estado extranjero. <\/p>\n
Dado ese panorama, para la Sala la protecci\u00f3n invocada resulta inviable, toda vez que, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n que el gestor del amparo propone \u2013 que es objeto de doble incriminaci\u00f3n y juzgamiento por los mismos hechos \u2013, lo cierto es que, en casos como el expuesto, es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad, el mecanismo id\u00f3neo para demandar la ilegalidad de la resoluci\u00f3n gubernamental que aprob\u00f3 la solicitud de la justicia norteamericana. <\/p>\n
Sobre el particular, en pronunciamientos precedentes la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el [\u2026] c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d, (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (CSJ STC2451-2017). <\/p>\n
Entonces, debe reiterarse, que el juez constitucional tiene vedado inmiscuirse en una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordada y definida por el juzgador competente, por lo que, en esas condiciones, y seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se declarar\u00e1 la improcedencia del presente auxilio, ya que, como se puntualiz\u00f3, es a trav\u00e9s de los medios de control previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante esa justicia a la que se debe recurrir para rebatir la extradici\u00f3n referida. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, cabe destacar que existe la posibilidad de pedir ante esa jurisdicci\u00f3n la suspensi\u00f3n provisional del acto atacado, sin perjuicio de la eventual nulidad (Resoluci\u00f3n n\u00ba 127 de 23 de mayo de 2023 y la que resuelva el recurso de reposici\u00f3n formulado), aspecto regulado en los art\u00edculos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del precepto 233 ejusdem puede resolverse incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en precedencia dijo: \u00ab(\u2026). [a]dem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en STC7687-2015, STC11056-2015 y STC594-2016). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n se recalc\u00f3 que: \u00ab(\u2026) de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01). <\/p>\n
Con todo, lo rese\u00f1ado permite concluir que la salvaguarda no puede prosperar tampoco como instrumento de protecci\u00f3n temporal o transitorio, considerando que en la acci\u00f3n judicial aludida existe la alternativa jur\u00eddica de solicitar medidas cautelares, previstas para anticipar la materializaci\u00f3n del perjuicio que se denuncia de las decisiones administrativas censuradas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente la garant\u00eda invocada, comoquiera que es evidente que subsisten otras v\u00edas judiciales id\u00f3neas para atacar la legalidad del acto administrativo a trav\u00e9s del cual se dispuso la extradici\u00f3n de Omar Ambuila a los Estados Unidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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