STC9160-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9160-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03243-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Manuel Jos\u00e9 Galvis Mantilla contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene a los accionados \u00abdejar sin efecto las decisiones adoptadas que declararon activo el proceso… por negar el desistimiento t\u00e1cito…\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Manuel Montealegre Calder\u00f3n y Mar\u00eda Lucia Olaya de Montealegre promovieron juicio ejecutivo contra Manuel Jos\u00e9 Galvis Mantilla, Mar\u00eda Patricia Rivera de Galvis, Galvis y Villaveces Ltda. y Garay Ltda., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y, posteriormente, fue siendo asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 15 de septiembre de 2022 el referido estrado de ejecuci\u00f3n deneg\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito de la demanda, decisi\u00f3n que recurrida se mantuvo y fue confirmada por el Tribunal acusado el 27 de enero de 2023. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que desde el 5 de agosto de 2019 el expediente permaneci\u00f3 en la secretar\u00eda del despacho sin actuaci\u00f3n por parte de los ejecutantes, por lo que se infer\u00eda que decidieron desistir de la actuaci\u00f3n; que pasados 680 d\u00edas de inactividad, esto es, del 2 de agosto de 2019 al 21 de junio de 2021, se orden\u00f3 el archivo del expediente. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el 14 de julio de 2021 la ejecutada Mar\u00eda Patricia Rivera de Galvis pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de la medida de embargo y secuestro sobre la cuota parte del bien de su propiedad, sin embargo, el estrado acusado guard\u00f3 silencio 398 d\u00edas y no termin\u00f3 el juicio de oficio como lo dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; y que el 11 de julio de 2022 aquella radic\u00f3 un segundo memorial reiterando la solicitud de culminaci\u00f3n del juicio y levantamiento de cautelas. <\/p>\n
2.5. Adujo que el 16 de agosto de 2022 el expediente ingres\u00f3 al despacho y en la misma fecha se recibi\u00f3 memorial con solicitud de nombrar auxiliar, petici\u00f3n inocua, pues aquel ya se hab\u00eda posesionado; que el 23 de agosto se le puso de presente a la ejecutada que deb\u00eda actuar con abogado, por lo que el 27 siguiente acredit\u00f3 dicha representaci\u00f3n, quien coadyuv\u00f3 las peticiones radicadas el 11 y 14 de julio anterior; y el 30 de agosto se requiri\u00f3 al secuestre para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el expediente permaneci\u00f3 en secretar\u00eda 1106 d\u00edas, desde el 5 de agosto de 2019 hasta el 16 de agosto de 2022; que se dilat\u00f3 el tr\u00e1mite de las solicitudes de la ejecutada -\u00faltima el 27 de agosto de 2022- y se decidi\u00f3 reactivar el proceso el 30 de agosto, tras recibir un memorial en la misma fecha, por ventanilla, con violaci\u00f3n manifiesta del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el 15 de septiembre de 2022 no se accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n que se recurri\u00f3 pero se mantuvo; que la petici\u00f3n de culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite fue anterior a la de relevar el secuestre; y que el 22 de febrero de 2023 se notific\u00f3 el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase la decisi\u00f3n del superior. <\/p>\n
2.8. Relat\u00f3 que el juzgador acusado desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que se encontraba vencido el t\u00e9rmino; y que se deb\u00eda tener en cuenta lo indicado por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que las determinaciones adoptadas se tomaron teniendo en cuenta los principios de publicidad y oponibilidad, as\u00ed como la normatividad aplicable; que adem\u00e1s de incluir dichas decisiones en el sistema de gesti\u00f3n judicial, las hab\u00eda notificado a cada uno de los correos de los intervinientes; y que con providencia de 15 de septiembre de 2022 se neg\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que fue confirmada por el ad-quem. <\/p>\n
2. Martha Fabiola Mart\u00edn Rinc\u00f3n, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Mar\u00eda Lucia Olaya de Montealegre, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que mediante providencia de 27 de enero de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 15 de septiembre de 2022, luego de encontrar que no se cumplieron los requisitos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para dar por desistida t\u00e1citamente la actuaci\u00f3n; que la determinaci\u00f3n censurada se adopt\u00f3 con estricto apego a los lineamientos sustanciales y procesales; y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Oralidad del mismo lugar inform\u00f3 que el 5 de marzo de 2015 remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias; y que todas las actuaciones desplegadas por ese despacho se encontraban enmarcadas dentro del ordenamiento legal. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la providencia censurada de 27 de enero de 2023 y la interposici\u00f3n de la tutela el 17 de agosto de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
En cuanto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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