STC9161-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00362-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de julio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Janet del Carmen Garc\u00eda Barrios contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al accionado que \u00abproceda a resolver de fondo [su] derecho de petici\u00f3n recibido el d\u00eda 28 de octubre de 2022, recibido con acuse de recibo…\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Davivienda -cesionaria Berta Cecilia C\u00e1rdenas Ceballos- promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Janeth Garc\u00eda Barrios, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, el que el 13 de septiembre de 2011 dict\u00f3 providencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 30 de noviembre de 2022, el referido estrado deneg\u00f3 la solicitud de nulidad impetrada por la gestora y corri\u00f3 traslado del aval\u00fao presentado. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que el 28 de octubre de 2022 present\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el despacho acusado solicitando la nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto que ordenaba que Wilfrido Guerrero Romero hiciera entrega formal del predio a la nueva secuestre Margarita Irina Castro Padilla, pues no la enteraron de dicha decisi\u00f3n a su correo, tel\u00e9fono o direcci\u00f3n registrada. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el despacho acusado no pod\u00eda disponer despu\u00e9s de 18 a\u00f1os hacerle entrega formal del inmueble a la nueva secuestre; que Wilfredo Guerrero Romero nunca recibi\u00f3 su apartamento y el acta de secuestro no estaba legalizada porque no se constituy\u00f3 la garant\u00eda con p\u00f3liza judicial y aquel no pertenec\u00eda a la lista de auxiliares desde el a\u00f1o 2011. <\/p>\n
2.5. Adujo que el estrado acusado le dio acuse de recibo a su correo contentivo de la petici\u00f3n, sin embargo, a la fecha hab\u00edan transcurrido 250 d\u00edas, sin que se resolviera la misma, encontr\u00e1ndose vencidos los terminos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena indic\u00f3 que se hab\u00edan venido surtiendo las etapas propias del proceso con apego a las normas que lo reglamentaban; que el 28 de octubre de 2022 la accionante present\u00f3 memorial, el que era netamente jurisdiccional, no administrativo, por lo que se dio traslado respectivo y en auto de 30 de noviembre siguiente se deneg\u00f3 la nulidad impetrada, adem\u00e1s de advertirle que deb\u00eda actuar a trav\u00e9s de apoderado; que en providencia de 6 de junio de 2023 se fij\u00f3 el 23 de agosto siguiente para llevar a cabo el remate del inmueble; que las providencias y los traslados hab\u00edan sido debidamente enterados en el micrositio del despacho; y que no hab\u00eda incurrido en violaci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Harold Zabala N\u00e1der, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Berta Cecilia C\u00e1rdenas Ceballos, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien era posible elevar peticiones invocando el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, el tr\u00e1mite estaba condicionado a la naturaleza propia de dicha petici\u00f3n, debiendose determinar que la misma no persiguiera fines procesales, pues su resoluci\u00f3n no se har\u00eda conforme a la Ley 1755 de 2015, sino a las reglas propias del proceso; que en el caso concreto se present\u00f3 solicitud que versaba sobre el objeto de la litis, por lo que la misma se enmarcaba en el debido proceso; que la nulidad se tramit\u00f3 conforme a las normas procedimentales y no existi\u00f3 actuar lesivo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que la pretensi\u00f3n carec\u00eda de objeto comoquiera que fue resuelta con prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se le dio a conocer la respuesta a su petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud efectuada por la promotora, no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra la solicitud que elev\u00f3 la gestora fue resuelta por el estrado acusado en auto de 30 de noviembre de 2022, notificado en estado de 1\u00ba de diciembre siguiente, decisi\u00f3n que por dem\u00e1s no fue recurrida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la promotora que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que se resuelva la solicitud elevada por la ahora accionante. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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