STC9162-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9162-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2023-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de julio de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por William Fredy Uribe Rico contra el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las parte e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y la tutela judicial efectiva y los principios constitucionales de diligencia en la observancia de los t\u00e9rminos procesales, la inaplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial, confianza leg\u00edtima y buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad accionada con la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia el 23 de febrero de 2023 al interior del proceso ejecutivo de alimentos radicado 05001311000620190073800. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se declare la inconstitucionalidad de la mencionada providencia, orden\u00e1ndose al juzgado accionado decrete la prescripci\u00f3n de las cuotas de alimentos causadas 5 a\u00f1os atr\u00e1s, se tenga en cuenta la confesi\u00f3n que hizo Sandra Elena V\u00e1squez Ospina en relaci\u00f3n con la disminuci\u00f3n de la cuota en el a\u00f1o 2010 y se ordene la liquidaci\u00f3n con el valor conciliado, en caso de que se considere que las cuotas s\u00ed se adeudan. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Que el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, el 26 de junio de 2007 profiri\u00f3 sentencia al interior del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso en el cual fueron partes William Fredy Uribe Rico y Sandra Elena V\u00e1zquez, en el cual se establecieron los t\u00e9rminos y condiciones para las cuotas alimentarias en favor de sus menores hijas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, en el mes de septiembre de 2019, Sandra Elena V\u00e1zquez, como representante legal de su hija, quien para entonces era menor de edad, instaur\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en su contra, misma que por reparto le correspondi\u00f3 al juzgado fustigado, quien procedi\u00f3 a librar mandamiento de pago el 10 de octubre de 2019 y, una vez agotados los actos de notificaci\u00f3n, el hoy accionante contest\u00f3 la demanda y propuso las excepciones de m\u00e9rito de temeridad y mala fe, cobro de lo no debido, pago parcial y prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 23 de febrero de 2023, el juzgado fustigado profiri\u00f3 sentencia en la cual declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, no obstante, indica el accionante que en la mencionada providencia no se tuvo en cuenta la falta de pruebas de la ejecutante para respaldar sus reclamaciones puesto que no se aport\u00f3 soporte de los gastos que cubiertos por la suma de dinero reclamada. <\/p>\n
2.4. Aduce el quejoso que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica es precaria, no tiene los recursos necesarios para cumplir con el pago de las cuotas alimentarias vencidas y que el despacho accionado tard\u00f3 5 a\u00f1os en resolver el proceso, debiendo ser un 1 a\u00f1o, situaci\u00f3n frente a la cual no es responsable. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 120 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, manifest\u00f3 que, si se evidenciaba una vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales del accionante, se deb\u00eda proceder a su resguardo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica, realizando un recuento breve de las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo de alimentos cuestionado, indicando que a las partes se les garantizaron las garant\u00edas constitucionales por lo que considera no existi\u00f3 la amenaza alegada por el peticionario, por lo que solicit\u00f3 se declare improcedente el amparo, m\u00e1xime cuando el mismo carece del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia atacada fue proferida en el mes de febrero. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo deprecado, en atenci\u00f3n a que la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado, no se advierte antojadiza o subjetiva. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. Frente a la queja del accionante de cara a la decisi\u00f3n adoptada el 23 de febrero de 2023 por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, que declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el hoy accionante y, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n al interior del procese ejecutivo de alimentos radicado 2019-00738, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, puesto que el despacho judicial, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de cada una de las excepciones alegadas y, en espec\u00edfico, en lo referente a la prescripci\u00f3n de las cuotas de alimentos, estableci\u00f3 que de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el canon 2541 ib\u00eddem, se da la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva en atenci\u00f3n a que se trata de los alimentos para una menor de edad, puesto que para la fecha en que se interpuso el ejecutivo de alimentos e incluso para la fecha en que se contest\u00f3 la demanda, su hija as\u00ed lo era. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio de cara a la decisi\u00f3n de la autoridad fustigada, tras considerar que en el caso concreto, no era posible aplicar la prescripci\u00f3n extintiva frente a las cuotas alimentarias adeudadas por el actor de 5 a\u00f1os atr\u00e1s, como era su pretensi\u00f3m, en cuyo caso, los argumentos esbozados por la autoridad judicial fustigada no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. De otro lado, examinado lo relatado por el actor en los hechos de la acci\u00f3n de tutela, circunscritos a cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por la autoridad fustigada de cara a que no se tuvo en cuenta la ausencia de pruebas por parte de la ejecutada, puesto que no se aportaron los soportes de los gastos cubiertos por esta y frente a los cuales estaba realizado el cobro, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso pudo alegar lo anterior en su contestaci\u00f3n de la demanda, situaci\u00f3n que no se evidenci\u00f3, puesto que en su escrito de r\u00e9plica al interior del proceso ejecutivo de alimentos seguido en su contra, el accionante s\u00f3lo se limit\u00f3 a criticar que no se le inform\u00f3 como ser\u00edan los gastos de cara a estudio y servicios de salud de su hija, sin embargo, en ning\u00fan momento a trav\u00e9s de excepci\u00f3n aleg\u00f3 que no se hab\u00edan allegado al tramite los soportes de los gastos que le estaban cobrando. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Finalmente, frente a la manifestaci\u00f3n del accionante en lo que respecta al t\u00e9rmino en el cual fue proferida la sentencia en el proceso ejecutivo de alimentos que ataca, al indicar que \u00abel despacho tard\u00f3 5 a\u00f1os en resolver el proceso, debiendo ser un a\u00f1o, de lo cual no soy responsable\u00bb, es una cuesti\u00f3n que, de cara a los derechos fundamentes del promotor, resulta intrascendente, pues lo cierto es que, la supuesta mora alegada, no lo exonera del pago de la cuota de alimentos en favor da su hija. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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