STC9163-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9163-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2023-00759-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c9dgar de Jes\u00fas Olano Henao contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, los juzgados Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, Primero Civil Municipal y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cartagena; la Inmobiliaria Cartagena Ltda., Cali Parking Multiser S.A.S., el Parqueadero Granada Estaci\u00f3n, Citibank Colombia S.A. y Scotiabank Colpatria S.A.. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al \u00abDerecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, Derecho al Buen Nombre, Derecho a la Propiedad Privada, Derecho al H\u00e1beas Data, Derecho al Debido Proceso\u00bb, presuntamente conculcados por las accionadas, en virtud al embargo y secuestro de un veh\u00edculo de su propiedad en atenci\u00f3n a un proceso ejecutivo surtido en su contra , el cual no le ha sido entregado pese a la orden del levantamiento de las medidas cautelares como consecuencia de la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito del tr\u00e1mite en menci\u00f3n, encontr\u00e1ndose el carro en un parqueadero diferente al inicialmente establecido en donde le est\u00e1n cobrando los gastos de parqueadero. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, condenas en abstracto a las demandadas con fines indemnizatorios por las irregularidades alegadas, la entrega inmediata de su veh\u00edculo y las respectivas compulsas de copias a efectos de que se inicien investigaciones disciplinarias para que se investiguen las falencias cometidas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Que en su contra se adelant\u00f3 proceso ejecutivo promovido por la Inmobiliaria Cartagena Ltda., en el cual, en auto del 16 de mayo de 2012, se decret\u00f3 la medida cautelar de embargo y secuestro del veh\u00edculo Hyundai Accent modelo 2005, de su propiedad, el cual fue dejado en el parqueadero Granada Estaci\u00f3n de la ciudad de Cali. <\/p>\n
2.2. Que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, en auto del 30 de octubre de 2017, dio por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, procediendo a levantar las medidas cautelares, sin embargo, dicha cancelaci\u00f3n solo le fue notificado en marzo de 2023. Indica que el 7 de julio del a\u00f1o que avanza, se expidi\u00f3 oficio de desembargo del veh\u00edculo de su propiedad, no obstante, el mismo fue dirigido al parqueadero Granada Estaci\u00f3n de Cali, cuestionando que el veh\u00edculo actualmente se encuentra en un predio de la sociedad Cali Parking Multiser S.A.S. <\/p>\n
2.3. Alega que el traslado de su veh\u00edculo de parqueadero no cuenta con soporte legal, aunado a que debe pagar $43\u2019094.113 por concepto de parqueadero por los a\u00f1os comprendidos entre el 2017 a 2023, pese a la terminaci\u00f3n del proceso, valor que debe estar incluido en las costas del proceso, las cuales debe asumir la parte demandante. <\/p>\n
2.4. Manifiesta que el vehiculo de su propiedad se encuentra en estado de deterioro total, por lo que debe ser reparado, m\u00e1xime cuando, a su juicio, el proceso civil tramitado en su contra tuvo ciertas irregularidades en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, puesto que \u00abya se hab\u00eda proferido mandamiento de pago por valor de $6.598.376 y que exist\u00eda un t\u00edtulo Judicial por valor de $3.396.632,67, lo cual dejaba un saldo de obligaci\u00f3n por valor de 3.201.743.33, por lo tanto, no se encentra explicaci\u00f3n alguna para que se ordenara el embargo de un veh\u00edculo cuyo costo superaba casi cinco (5) veces el valor de la obligaci\u00f3n para ese momento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad Caliparking Multiser S.A.S. indic\u00f3 que no tiene ninguna relaci\u00f3n jur\u00eddica con el veh\u00edculo de propiedad del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali, indic\u00f3 en su escrito de r\u00e9plica que el asunto de la acci\u00f3n de tutela es netamente econ\u00f3mico, lo que hace la misma improcedente, aunado a lo anterior, el actor no demostr\u00f3 que hubiera acudido al proceso ejecutivo as\u00ed como tampoco ha solicitado informaci\u00f3n a los parqueaderos frente a la ubicaci\u00f3n de su veh\u00edculo a fin que pudieran emitir pronunciamiento; finalmente manifest\u00f3 que referente a los cobros por parqueadero, estos deben ser debatidos en otra instancia, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tramite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena aclar\u00f3 que el proceso atacado no le correspondi\u00f3 por reparto para su conocimiento, sin embargo, el 7 de julio de 2023 constat\u00f3 que exist\u00eda un dep\u00f3sito judicial por valor de $3\u2019396.632, frente al cual autoriz\u00f3 la conversi\u00f3n el 12 de julio del a\u00f1o que avanza, encontr\u00e1ndose el mismo a disposici\u00f3n de la secretar\u00eda de los juzgados de ejecuci\u00f3n civil de Cartagena. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena relat\u00f3 las actuaciones m\u00e1s relevantes del proceso objeto de queja constitucional, indicando que en virtud de la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito se procedi\u00f3 a levantar las medidas cautelares, emiti\u00e9ndose los oficios correspondientes, los cuales no fueron reclamados por el interesado y se procedi\u00f3 con el archivo del proceso, permaneciendo en el archivo central por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, hasta que el presente a\u00f1o se solicit\u00f3 la actualizaci\u00f3n de los oficios, los cuales fueron remitidos por el juzgado. <\/p>\n
As\u00ed pues, arguy\u00f3 que en presente caso se advirti\u00f3 incuria por parte del accionante frente al levantamiento de las medidas cautelares puesto que, para la fecha de terminaci\u00f3n del proceso, esto es, para los a\u00f1os 2017 y 2018 correspond\u00eda a una carga de la parte la remisi\u00f3n de oficios y no del despacho. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que, de cara a la petici\u00f3n de ser exonerado por los gastos por concepto de parqueo, la misma fue puesta en conocimiento del juzgado, estando la misma pendiente de resolver pr\u00f3ximamente, cumpli\u00e9ndose con el orden de ingreso de memoriales, que pretende saltarse el actor, sin tener en cuenta que dicha dependencia judicial tiene m\u00e1s de 5000 procesos a cargo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s inconformidades consider\u00f3 que no se satisface el requisito de subsidiariedad as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Sobre el desacuerdo del accionante de que el veh\u00edculo hubiera sido trasladado, supuestamente, de parqueadero, lo cual est\u00e1 relacionado con la pretensi\u00f3n de que el bien le sea entregado, no consta que el accionante hubiera acudido ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena para solicitar la explicaci\u00f3n correspondiente ni ante los respectivos parqueaderos. <\/p>\n
2.2. Respecto del pago por concepto de parqueadero, es una cuesti\u00f3n que se encuentra en curso, tal como lo inform\u00f3 en su respuesta el mencionado Juzgado. <\/p>\n
2.3. En cuanto a la petici\u00f3n del actor sobre ser reparado y todas las pretensiones relacionadas con establecer condenas en abstracto para ser indemnizado, se consider\u00f3 que el quejoso debe acudir a los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, ya sea para buscar el resarcimiento por parte de los particulares (Jurisdicci\u00f3n Ordinaria) o del Estado (Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, espec\u00edficamente, a trav\u00e9s del medio de control de reparaci\u00f3n directa). <\/p>\n
2.4. Acerca de compulsar copias a las autoridades disciplinarias, se estim\u00f3 que el tr\u00e1mite de tutela no es, en principio, el mecanismo id\u00f3neo para solicitar la apertura de investigaciones disciplinarias o penales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. Frente a la queja del accionante de cara al decreto de las medidas cautelares decretadas al interior del proceso ejecutivo radicado 20009-00516, advierte la Sala que la solicitud de resguardo, en este punto especifico, carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que dichas determinaciones datan de los a\u00f1os 2011 y 2012, entonces, desde esas calendas y la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 11 de junio de 2023, han transcurrido por mucho, m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, as\u00ed como tampoco se evidencia alguno de los escenarios en los cuales la Sala ha decidido dejar de lado dicho requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3.2. Con base en lo expuesto supra, se advierte que el amparo se torna prematuro, por cuanto no se ha resuelto por el juez ordinario la petici\u00f3n formulada por el quejoso, por lo que la intervenci\u00f3n en este asunto a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela desatender\u00eda el principio de subsidiariedad, connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
4. De otro lado, respecto a la alegaci\u00f3n del impugnante, enfiladas a que se profieran condenas en abstracto con el fin de indemnizarlo por las p\u00e9rdidas pecuniarias por las presuntas irregularidades alegadas, considera la Corte que el reclamo resulta improcedente porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente tr\u00e1mite, el gestor no ha esgrimido las prenotadas circunstancias, por las v\u00edas procesales pertinentes, ante el fallador natural, esto es, ante la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria en caso de los particulares o la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa en caso de alg\u00fan da\u00f1o por parte del Estado. <\/p>\n
4.1. En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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