STC9185-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC9185-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03448-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Javier Cely G\u00f3mez y B\u00e1rbara Elizabeth Rodr\u00edguez R\u00edos le formularon a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del C\u00edrculo de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo 11001-31-03-035-2000-01033-00 y coercitivos acumulados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Del escrito de tutela y del expediente objeto de queja constitucional se infiere que los accionantes pretenden que se termine el asunto acusado y, en consecuencia, se levante el embargo que afecta el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 50S-40064491 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, de su propiedad. Lo anterior, fundados en que i) la obligaci\u00f3n que se ejecuta a Javier Cely en el proceso acumulado 2001-01519-00, proveniente del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, se encuentra extinguida, en virtud del acuerdo de pago celebrado con la ejecutada Alba Jensy Acosta y el remate de varios bienes que eran de su dominio; ii) conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T581 de 2011 oper\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; iii) se cumplen con los presupuestos para decretar el desistimiento t\u00e1cito, debido a la falta de impulso procesal del extremo actor; iv) el mandamiento de pago no se notific\u00f3 en debida forma; v) hay exceso de embargos; vi) y finalmente, debe procederse como se hizo respecto del predio con folio de matr\u00edcula n\u00b0 50C-1306407, en cuanto se levant\u00f3 el embargo del derecho de usufructo que lo afectaba. <\/p>\n
En consecuencia, para la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y propiedad privada, pidi\u00f3 que se ordene al juzgado \u00abproyectar un auto en derecho que ponga fin al proceso por los menos respecto de sus intereses patrimoniales ordenando levantar el embargo que pesa sobre [sus] predio con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50S-40064491\u00bb, y en consecuencia, se ordene levantar el embargo del mencionado inmueble, al igual que \u00abel desglose y entrega de los t\u00edtulos quirografarios como fue pedido tiempo atr\u00e1s por el apoderado de la ejecutante\u00bb. <\/p>\n
2.- La Secretar\u00eda del Tribunal de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia del enlace contentivo del expediente enjuiciado. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La protecci\u00f3n invocada deviene inf\u00e9rtil, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.1. Frente a B\u00e1rbara Elizabeth Rodr\u00edguez R\u00edos, el resguardo es improcedente por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. As\u00ed, no es parte en el juicio objetado, en tanto no fue convocada a \u00e9l. Adem\u00e1s, aunque es propietaria del inmueble cuyo desembargo pretende, junto al otro actor, quien s\u00ed tiene la calidad de ejecutado, lo cierto es que sus derechos no est\u00e1n comprometidos en el litigio, por cuanto s\u00f3lo est\u00e1 afectada la parte que le corresponde a aqu\u00e9l. <\/p>\n
1.2.- En cuanto a Javier Cely, el amparo deviene inf\u00e9rtil porque frente a algunas de sus denuncias la vulneraci\u00f3n denunciada es inexistente, respecto a otras, hay cosa juzgada constitucional, y frente a varias el resguardo no satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
1.2.1. La inexistencia de la vulneraci\u00f3n se predica frente a las quejas en virtud de las cuales Javier refiere que el proceso debe finalizar en su contra porque el cr\u00e9dito perseguido se extingui\u00f3, y porque se estructur\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito. Ello, porque dichas protestas fueron definidas por las autoridades convocadas y lo que decidieron, al margen de algunas imprecisiones en que pudieron incurrir, se ajusta a lo acontecido en el juicio. <\/p>\n
En efecto, el gestor pidi\u00f3 levantar el embargo del inmueble del que es copropietario argumentando que el cr\u00e9dito ejecutado hab\u00eda sido solucionado, asimismo reclam\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo primero, los despachos accionados indicaron que el predio estaba a \u00f3rdenes del asunto, concretamente del ejecutivo 2001-01519-00, acumulado al coercitivo principal, y donde el accionante es demandado, porque otra autoridad judicial lo dej\u00f3 a disposici\u00f3n de dicho juicio en virtud de un embargo de remanentes, sin que se hubiese terminado o la cautela se hubiese extinguido previamente. En estos t\u00e9rminos lo expuso el Tribunal al desatar la apelaci\u00f3n de la providencia que neg\u00f3 la petici\u00f3n de levantamiento de la medida: <\/p>\n
En lo que dice relaci\u00f3n con el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre el predio identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 50S-40064491, se impone recabar, inicialmente, que al interior del proceso ejecutivo N\u00b0 2001 6248, se orden\u00f3 el desembargo del referido fundo, a causa de la terminaci\u00f3n por pago total que fue decretada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, mediante auto del 29 de abril de 2014. Asimismo, se atisba que, producto de un embargo de remanentes solicitado por el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogot\u00e1, al interior del coactivo N\u00b0 2001-1519 00, instaurado por William Ernesto Calder\u00f3n contra Alba Yensy Acosta y Javier Cely G\u00f3mez -con oficio N\u00b0 3416 del 27 de abril de 2016- el referido inmueble se dej\u00f3 a disposici\u00f3n del glosado estrado judicial. <\/p>\n
Ahora bien, verificada, en su totalidad, la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida se observa que, con sentencia desestimatoria de las excepciones planteadas -adiada del 24 de octubre de 2003- el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogot\u00e1 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; sin hallarse terminada, por pago total de la obligaci\u00f3n, la rese\u00f1ada contienda judicial. Tampoco se encontr\u00f3 en el legajo solicitud elevada por el extremo demandante tendiente a desembargar la aludida heredad y mucho menos se avizora que el indicado compulsivo aparezca desistido; panorama suasorio que, a la luz de las previsiones del art\u00edculo 597 del C. G del P., sin m\u00e1s, impide el levantamiento cautelar deprecado por la parte recurrente, en virtud de que no se da ninguno de los presupuestos de la regulaci\u00f3n en cita (auto 9 de marzo de 20231). <\/p>\n
Todo lo cual se puede constatar en las diligencias acusadas, por cuanto revelan que al coercitivo 2000-01033-00, que promovieron Pedro Enrique Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez e Ismael Galindo contra Luis Eduardo Ord\u00f3\u00f1ez y Alba Yency Acosta, se acumularon varios ejecutivos, entre ellos el n\u00b0 2001-01519-00, aqu\u00ed acusado, adelantado por William Calder\u00f3n Nieto contra el aqu\u00ed accionante y Alba Acosta; y que el bien cuyo desembargo pretende el actor qued\u00f3 a \u00f3rdenes de dicho litigio porque el Juzgado Primero Civil del Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 lo dej\u00f3 a disposici\u00f3n del mismo, en virtud de un embargo de remanentes. <\/p>\n
Adicionalmente, revisado el cuaderno contentivo de la causa 2001-01519-00 se advierte que si bien se celebr\u00f3 un acuerdo de pago dirigido a ponerle fin, lo cierto es que no produjo efectos, pues, como lo inform\u00f3 el ejecutante William Calder\u00f3n en el interrogatorio que rindi\u00f3, el convenio fue incumplido, raz\u00f3n por la cual el juicio contin\u00fao hasta dictarse sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la negativa a levantar la cautela que afecta el inmueble de propiedad se muestra razonable, ajustada a los hechos acontecidos en la controversia. <\/p>\n
Por otro lado, se advierte que el hecho de que se hubiese cancelado el embargo del usufructo constituido sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-1306407, a favor del ejecutado de Luis Ord\u00f3\u00f1ez, ejecutado en el proceso principal, no es raz\u00f3n para tildar de caprichosa la pluricitada negativa, pues como se observa en el expediente, esa actuaci\u00f3n difiere de los supuestos en los que se encuentran el quejoso; all\u00e1 esa medida se levant\u00f3 en virtud de la extinci\u00f3n del usufructo por la muerte de su titular, mientras que ac\u00e1 el embargo del predio de dominio del promotor subsiste porque el litigio en el que se decret\u00f3 se encuentra vigente. <\/p>\n
Respecto del desistimiento t\u00e1cito, debe advertirse que las razones esgrimidas por el Tribunal para desestimarlo son desacertadas, pues el aval de la negativa del despacho de primer grado se edific\u00f3 en que el actor \u201cno hace parte de ninguno de los extremos de la relaci\u00f3n sustancial objeto del cobro judicial que se pretende terminar bajo los apremios del art\u00edculo 317 del C. G. del P.\u201d, cuando lo cierto es que el inter\u00e9s del peticionario en reclamar su aplicaci\u00f3n se deriva del hecho de ser ejecutado en uno los procesos acumulados, cuya suerte depende del tr\u00e1mite principal. Sin embargo, en todo caso, cualquier imprecisi\u00f3n al respecto es intrascendente, debido a que como lo advirti\u00f3 el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no se dan los presupuestos para aplicar el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
As\u00ed, comoquiera que las diligencias reprochadas cuentan con sentencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, para que dicha figura opere, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es necesario que haya existido inactividad por el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os; par\u00e1lisis que no se configura en el caso, ya que para la \u00e9poca en que el actor pidi\u00f3 la clausura de la causa -8 feb. 2022-2 , la \u00faltima actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la providencia emitida por el despacho convocado el 12 de noviembre de 2021, mediante la cual en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por esta Corporaci\u00f3n (STC11286-2021), resolvi\u00f3 a favor de Luis Ord\u00f3\u00f1ez la solicitud de levantamiento del embargo del usufructo constituido sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-1306407. <\/p>\n
De suerte que cuando la unidad judicial enjuiciada precis\u00f3 que \u201cno se accede a la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, tenga en cuenta que dentro del proceso se han surtido actuaciones (literal c) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso), motivo por el cual no es posible aplicar la sanci\u00f3n descrita en la norma en cita\u201d3, no incurri\u00f3 en arbitrariedad alguna que deba ser conjurada en este sendero. <\/p>\n
Por supuesto, lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que m\u00e1s adelante se estructuran los supuestos que permitan clausurar el litigio por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
1.2.2.- Respecto de la protesta seg\u00fan la cual debi\u00f3 declararse la prescripci\u00f3n extintiva de la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la acci\u00f3n es improcedente porque hay cosa juzgada constitucional. En efecto, en anterior oportunidad el censor plante\u00f3 un resguardo con el fin de cuestionar la negativa del juzgado a estimar dicho reclamo, y esta Sala mediante fallo STC11205-2020 (12 dic.) confirm\u00f3 su improcedencia por la omisi\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n que resultaban pertinentes para defender sus derechos. <\/p>\n
1.2.3. En torno a la indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio, hay falta de inmediatez, toda vez que la nulidad que el gestor invoc\u00f3 para conjurarla fue rechazada el 1\u00b0 de diciembre de 2017, y conforme lo ha se\u00f1alado la Sala, este mecanismo debe activarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la materializaci\u00f3n del perjuicio que pretende remediarse4. <\/p>\n
1.2.4. Finalmente se echa de menos el requisito de subsidiariedad frente a las alegaciones del exceso de embargos, ya que, si ello es de su inter\u00e9s, el peticionario bien puede pedir al juez su reducci\u00f3n con estribo en el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual <\/p>\n
[e]n cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos se\u00f1alados en el cuarto inciso del art\u00edculo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerir\u00e1 al ejecutante para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, manifieste de cu\u00e1les de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble el cr\u00e9dito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretar\u00e1 el desembargo de los dem\u00e1s, a menos que \u00e9stos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el cr\u00e9dito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados. <\/p>\n
Y es que, si en criterio del actor, como lo manifest\u00f3 en el escrito de tutela, debe determinarse el estado de la obligaci\u00f3n con miras a regularizar su situaci\u00f3n como la del inmueble de su propiedad, le incumbe mostrar al fallador competente las condiciones en las que se encuentra el cr\u00e9dito, bien sea ante el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 o ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias respectivo, una vez el expediente sea remitido al Centro de Servicios que apoya la labor de dichos despachos especializados. Labor que en modo alguno le corresponde realizar al juez constitucional, pues sus facultades se restringen a verificar si con ocasi\u00f3n de las actuaciones denunciadas los derechos fundamentales del interesado fueron lesionados. <\/p>\n
2.- En suma, la protecci\u00f3n invocada no puede abrirse paso. As\u00ed, B\u00e1rbara Elizabeth Rodr\u00edguez R\u00edos carece de legitimaci\u00f3n en la causa para presentar el auxilio por no ser parte en el proceso objeto de queja constitucional, ni irrogarle agravio alguno las diligencias reprochadas. En cuanto a Javier Cely, se concluye que la negativa a levantar el embargo del inmueble de su propiedad y negar el desistimiento t\u00e1cito del juicio que se le sigue es razonable. En torno a la viabilidad de declarar la prescripci\u00f3n extintiva de la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra, la tutela es improcedente por cosa juzgada constitucional. Respecto a la indebida notificaci\u00f3n invocada, hay ausencia de inmediatez. Y frente al exceso de embargos denunciado, no se cumple el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto no demostr\u00f3 haber provocado un pronunciamiento al respecto ante el juez natural. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el resguardo formulado por B\u00e1rbara Elizabeth Rodr\u00edguez R\u00edos, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
SEGUNDO. NEGAR la acci\u00f3n de tutela formulada por Javier Cely G\u00f3mez. <\/p>\n
TERCERO. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La acci\u00f3n de tutela cumple el requisito de inmediatez en este punto, toda vez que fue presentada el 5 de septiembre, es decir, d\u00edas antes de que pasaran los seis meses que esta Corporaci\u00f3n ha estimado razonables para su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 De ello da cuenta el consecutivo \u201c10Solicitudlevantarmedida\u201d, \u201c01Cuaderno1Digitalizado\u201d, enlace expediente remitido por la Secretar\u00eda del Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3\u0002 Consecutivo \u201c12Auto09042022\u201d, \u201c01Cuaderno1Digitalizado\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Ver Cuaderno Incidente de Nulidad, enlace expediente remitido por la Secretar\u00eda del Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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