STC9186-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9186-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03455-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mario Jos\u00e9 \u00c1lvarez Montes promovi\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y a las autoridades partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n No. 47001312100120170007200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia emitida por el Tribunal accionado en el proceso en comento. <\/p>\n
En sustento adujo que, en el a\u00f1o 2004, compr\u00f3 los bienes inmuebles denominados \u00abVoy a Ver\u00bb -FMI No. 226-34109-, \u00abLa Disciplina\u00bb -FMI 226-7621-, \u00abSan Lorenzo\u00bb y \u00abSan Mart\u00edn\u00bb -FMI 226-9500- ubicados en el municipio de Santa Ana (Magdalena); sin embargo, los herederos del vendedor de los terrenos promovieron proceso de restituci\u00f3n de tierras respecto de dichos predios. En el tr\u00e1mite en comento, el aqu\u00ed actor ejerci\u00f3 oposici\u00f3n; sin embargo, el Tribunal accionado la desestim\u00f3 (28 marzo 2023). <\/p>\n
A juicio del censor, la magistratura incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que desconoci\u00f3 el an\u00e1lisis de contexto existente en el proceso, en el que qued\u00f3 consignado que si bien hubo presencia de grupos armados en los municipios cercanos a Santa Ana, no est\u00e1 acreditado que los mismos tuvieran injerencia en el lugar en donde se localizan los predios objeto del debate; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que su calidad de opositor no puede convertirlo en despojador, toda vez que las amenazas que recibi\u00f3 la familia demandante no fueron p\u00fablicas. Tambi\u00e9n adujo que en la valoraci\u00f3n de los testimonios recaudados no se atendieron las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 negado, toda vez que la sentencia censurada es razonable. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por el cuerpo colegiado convocado se encuentra que para resolver sobre el proceso de restituci\u00f3n en comento, luego de describir las circunstancias f\u00e1cticas que rodearon el mismo y ante la existencia de opositores, el cuerpo colegiado se\u00f1al\u00f3 las reglas probatorias que, conforme a la ley, reg\u00edan el asunto. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
Recapitulando todo lo que hasta ahora se ha expuesto, en el proceso ha resultado demostrada la calidad de propietario del se\u00f1or JOSE TOMAS HERRERA AGUILAR sobre los predios Voy a Ver, La Disciplina (FMI 226-7621) y San Lorenzo y San Mart\u00edn, as\u00ed como tambi\u00e9n una base probatoria m\u00e1s que suficiente que permite considerar razonable el despojo de tales inmuebles por hechos asociados al conflicto armado que se alega en la demanda. En tal sentido, resulta aplicable el art\u00edculo 78 de la ley 1448 de 2011, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201cArt. 78. Bastar\u00e1 con la prueba sumaria de la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensi\u00f3n de la v\u00edctima en el curso del proceso de restituci\u00f3n, salvo que estos tambi\u00e9n hayan sido reconocidos como <\/p>\n
desplazados o despojados del mismo predio\u201d. <\/p>\n
Precisado lo anterior, tambi\u00e9n resulta aplicable al presente asunto, el art\u00edculo 77, numeral 2\u00ba, literal a), seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201cSalvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que en los siguientes negocios jur\u00eddicos hay ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita, en los <\/p>\n
contratos de compraventa y dem\u00e1s actos jur\u00eddicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesi\u00f3n o la ocupaci\u00f3n sobre inmuebles siempre y cuando no se <\/p>\n
encuentre que la situaci\u00f3n est\u00e1 prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos: <\/p>\n
a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fen\u00f3menos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la \u00e9poca en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protecci\u00f3n individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la v\u00edctima de despojo, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviv\u00eda o sus causahabientes\u201d. <\/p>\n
Esta presunci\u00f3n recae sobre el negocio jur\u00eddico de compraventa contenido en la Escritura p\u00fablica No. 302 de 21 de septiembre de 2004 de la Notar\u00eda \u00danica de Ariguan\u00ed mediante la cual el se\u00f1or JOSE TOMAS HERRERA vendi\u00f3 al se\u00f1or MARIO JOSE ALVAREZ MONTES los predios San Lorenzo y San Mart\u00edn, Disciplina, La Disciplina y Voy a Ver (Fl. 128-131). <\/p>\n
Como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de esta norma, sobre tal contrato se presumir\u00e1 la ausencia de consentimiento correspondiendo a los opositores desvirtuar esta presunci\u00f3n. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Tribunal analiz\u00f3, uno a uno, los medios suasorios y estableci\u00f3 el valor probatorio que le dar\u00eda cada uno de ellos, lo que le permiti\u00f3 concluir que: <\/p>\n
Es decir, si se tiene por un lado un grupo de testigos vecinos de la zona que afirman no haber tenido conocimiento de amenazas de paramilitares contra el se\u00f1or JOSE TOMAS HERRERA y por otro, un grupo de sujetos desmovilizados de las AUC que afirmaron ante Justicia y Paz haber amenazado al citado se\u00f1or para que abandonara o vendiera en un t\u00e9rmino de dos meses los predios objeto de este proceso, resulta forzoso dar mayor credibilidad a estos \u00faltimos en atenci\u00f3n a que son la fuente directa de los hechos violentos alegados en la demanda y adem\u00e1s, exist\u00eda en la zona un fuerte contexto de violencia protagonizado precisamente por grupos paramilitares. Esta es precisamente la raz\u00f3n por la cual, el hecho de que el se\u00f1or MARIO ALVAREZ MONTES no haya amenazado al se\u00f1or JOSE TOM\u00c1S HERRERA para que vendiera los predios, no puede llevar a concluir que este \u00faltimo haya decidido desprenderse del dominio de sus predios en forma tranquila y pac\u00edfica o desasociada de cualquier presi\u00f3n de grupos paramilitares. Esto es precisamente lo que no alcanza a desvirtuar la oposici\u00f3n del se\u00f1or MARIO ALVAREZ MONTES, quien no aporta prueba contundente y clara que justifique el hecho de que el se\u00f1or JOSE TOM\u00c1S HERRERA haya decidido vender los inmuebles no por amenazas ocurridas en \u00e9poca de apogeo paramilitares en el municipio de Santa Ana y sus alrededores sino por cuestiones familiares o personales. <\/p>\n
En suma, la magistratura dio aplicaci\u00f3n a las exigencias propias de la buena fe exenta de culpa, estableci\u00f3 las presunciones legales y se\u00f1al\u00f3 que, aunque el actor no fue el despojador de la familia Herrera, el negocio celebrado tuvo origen en la presi\u00f3n y amenazas que las AUC realizaron sobre Jos\u00e9 Tomas Herrera, es decir que su consentimiento estaba viciado, circunstancia que no fue desvirtuada por el opositor. De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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