STC9187-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9187-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03388-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, y citadas las partes en la acci\u00f3n popular No 2022-00154-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 No. 66001 31 03 002 2020 00154 01, el Tribunal Superior de Pereira \u00abse niega a resolver una reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n, en T\u00c9RMINOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE ART 120 18\/11\/22 Ya son muchas las ocasiones donde he tutelado al juzgador por la misma situaci\u00f3n y ni con tutelas logro se corrija a fin que cumpla terminos perentorios de tiempo paar resolver los recursos en las acciones populares, pues esta es una accion de linaje CONSTITUCIONAL, DE T\u00c9RMINOS DE TIEMPO PERENTORIO Y EXPEDITOS\u00bb, (sic), y pretende inaplicar el art\u00edculo 366 numeral 5 del C\u00f3digo General del Proceso, el que seg\u00fan remisi\u00f3n del art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, \u00abes m\u00e1s claro que al agua del r\u00edo\u00bb, por lo que desconoce la norma, as\u00ed como la sentencia de tutela de la \u00abH CS SC Laboral\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y la Defensor\u00eda del Pueblo, nunca han hecho nada en sus acciones populares, y \u00abME DEJEN SOLO COMO CIUDADANO LEGO EN DERECHO A MI SUERTE…….QUE NO ES EN DERECHO, SINO MAS BIEN AL APARENTE ABUSO EN DERECHO\u00bb (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 se <\/p>\n
(\u2026) i) CONCEDA EL AMPARO DE POBRE PEDIDO POR MI Y SE NOMBRE UN ABOGADO PARA QUE ME REPRESENTE EN ESTA ACCI\u00d3N DE TUTELA, PUES SE QUE NO NECESITO ABOGADO PARA TUTELAR PERO S\u00cd PARA QUE SE AMPARE EN DERECHO LA MISMA, PUES ESTOY MAMAO EN DERECHO DE PERDER MI TIEMPO, VIDA, SALUD MENTAL PRESENTANDO TUTELAS SIN ECO LLAMADAS LAC\u00d3NICAS, CONFUSAS ETS, ETC, ETC, POR LOS JUZGADORES Y POR ELLO PIDO UN ABOGADO PARA QUE ME REPRESENTE Y TERMINE EL APARENTE ABUSO A MI CONTRA DE UNA BUENA VEZ. <\/p>\n
ii) Se ORDENE aplicar las TUTELAS DE LA H CS SC LABORAL, STL1001-2018, MP JORGE L QUIRZ, QUE LE ORDEN\u00d3, IMPUSO A ESTE MESMO (sic) TRIBUNAL TRAMITAR LA ALZADA COMO LO MANDA EL ART 366 NUMERAL 5 CGP STL 14482-18, MP CLARA DUE\u00d1AS DONDE EL MISMO TRIBUNAL TUTELADO CONSIGNA QUE SI APLICA EL ART 366 NUMERAL 5 CGP AL RESPONDER ESA TUTELA se ordene conceder la apelaci\u00f3n amparado SENTENCIA C–089-2002 MP EDUARDO MONTEALEGRE\u00bb (may\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se dispuso la notificaci\u00f3n a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira, pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, porque en la decisi\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n popular No. 002-2022-00154, no se incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, contest\u00f3 en lo que tiene que ver con la representaci\u00f3n del accionante en la solicitud de amparo, que, si lo pretendido es obtener el derecho a que le presten la defensor\u00eda jur\u00eddica de acuerdo con el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, debe solicitar ante la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional del derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Por su parte, los art\u00edculos 26, 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, establecen que, en el tr\u00e1mite de acciones populares, pueden formularse los recursos de, <\/p>\n
i) Reposici\u00f3n contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ii) Reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, contra la providencia que decreta medias previas notificada al demandado simult\u00e1neamente con la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
iii) Apelaci\u00f3n contra la sentencia que se profiera en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el recurso de apelaci\u00f3n solo procede en virtud del principio de taxatividad, seg\u00fan el cual, solamente son apelables las decisiones que expresamente se\u00f1ale la ley, siendo estas la sentencia y el decreto de medidas cautelares previas. <\/p>\n
4. Examinado en el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 002-2022-00154-00 promovida por Mario Restrepo en el que se admiti\u00f3 a Cotty Morales Caama\u00f1o como coadyuvante, contra la Cooperativa de los Trabajadores del Instituto del Seguro Social \u2013 ISS, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, luego de adelantar las etapas propias de este tipo de la actuaciones, profiri\u00f3 sentencia el 12 de agosto de 2022 en la que resolvi\u00f3 amparar el derecho colectivo implorado, y condenar en costas a la parte demandada en favor del actor popular. <\/p>\n
4.1 El Juzgado de conocimiento aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas el 24 de octubre de 2022, e inconforme con lo resuelto Mario Restrepo interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2 En providencia de 26 de enero de 2023, mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto diferido. <\/p>\n
4.3 El Tribunal Superior de Pereira el 18 de julio de 2023, luego de efectuar el examen preliminar como lo dispone el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, resolvi\u00f3 declararlo inadmisible, porque de acuerdo con los art\u00edculos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, solamente son susceptibles de este medio de impugnaci\u00f3n el auto que decreta medidas cautelares y la sentencia. <\/p>\n
4.4 Inconforme con lo resuelto el accionante interpuso el recurso de reposici\u00f3n, en el que pidi\u00f3 \u00abde tramite a mi apelaci\u00f3n, amparado art 366 numeral 5 cgp, pues el art 38 ley 472 de 1998 hace remisi\u00f3n expresa al CGP PARA ESTE ASUNTO. amparada tutela stl 10011-18, mp Jorge l. Quiroz alem\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
4.5 El ad quem, en providencia de 15 de agosto de 2023 resolvi\u00f3 no reponer el auto atacado, tras considerar que de acuerdo con los art\u00edculos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, solo son apelables la providencia que decreta medidas cautelares y la sentencia. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que no era procedente aplicar por analog\u00eda el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la norma especial carec\u00eda de vac\u00edos, pues con claridad indic\u00f3 los recursos que proceden frente a determinadas providencias, y si el legislador de forma intencional someti\u00f3 la cuesti\u00f3n a la regla general, as\u00ed deb\u00eda entenderse. <\/p>\n
Explic\u00f3 que se ratificaba en lo resuelto, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas procesales es \u00abirrecurrible en apelaci\u00f3n\u00bb, por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y precedentes de esa Corporaci\u00f3n, la doble instancia en este tipo de actuaciones solo se admit\u00eda respecto de la sentencia de primera instancia y del auto que decrete medidas. <\/p>\n
5. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el demandante aqu\u00ed accionante, como quiera que, el Tribunal Superior cuestionado al efectuar el examen preliminar de que trata el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, se percat\u00f3 que de acuerdo con los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, norma especial que regula las acciones populares, la providencia recurrida de 18 de julio de 2023, no era susceptible de apelaci\u00f3n, y resolvi\u00f3 declararla inadmisible. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la Corporaci\u00f3n accionada no incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente el amparo constitucional implorado, porque resolvi\u00f3 de acuerdo con el principio de \u00abtaxatividad\u00bb contenido en la normativa especial que regula esa acci\u00f3n constitucional, y no puede pretender el solicitante que a ese asunto en particular se le apliquen las reglas generales contenidas en el Estatuto Procesal Vigente. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es claro que la determinaci\u00f3n reprochada se encuentra motivada y no luce arbitraria, en raz\u00f3n a que la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n en las acciones populares, est\u00e1 determinado en la citada normativa, como lo analiz\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-377 de 2002, determinaci\u00f3n que est\u00e1 relacionada con la postura asumida por el Consejo de Estado y por esta Sala, cuando se\u00f1alaron trat\u00e1ndose de las costas, que la remisi\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso no comprende lo relacionado con ese recurso, sino que se refiere a los dem\u00e1s aspectos no contemplados en la normativa especial, y lo que se advertir es la presencia de una divergencia de criterio acerca de la forma como el Juez cuestionado, aplic\u00f3 las normas especiales que regulan la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha indicado que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC1161- 2021, STC 2261-2022, STC5994-2022, STC13294-2022 y STC2992-2023 entre otras). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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