STC9190-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9190-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-03421-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro, Ang\u00e9lica Julieth y Sandra Liliana Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior y los Juzgados Cuarenta y Uno Civil del Circuito y Cuarenta y Uno Civil Municipal, todos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citados la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur de esta ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio de radicado no. 11001310304120190037400 y en el despacho comisorio de radicado no. 1100140034120220093300. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifestaron que Jos\u00e9 F\u00e9lix Adolfo Morera y Myriam Urrego Barrera promovieron acci\u00f3n reivindicatoria en contra de Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro, con el fin de recuperar la posesi\u00f3n del inmueble ubicado en la calle 137 B sur No. 14 \u2013 12 de Bogot\u00e1, identificado con la matr\u00edcula 50S-932345, junto con los frutos civiles y naturales causados. <\/p>\n
Expresaron que en primera instancia el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 25 de febrero de 2021 accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria de dominio y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble al propietario, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de octubre de 2021. <\/p>\n
Afirmaron que para materializar la restituci\u00f3n del predio, se comision\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, se debe \u00abdetener, suspender y\/o anular, hasta tanto no se realice el control de cumplimiento de la Ley 1185 de 2008 en los t\u00e9rminos descritos sobre el inmueble identificado con MI No. 50S-932345 de la ORIP de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Sur, por tener inscrita la limitaci\u00f3n al dominio, como inmueble de inter\u00e9s cultural bajo los postulados de dicha norma (\u2026) junto con el curso y finiquito de los procesos que procurar la nulidad de las E.P. 971 del 13 de septiembre de 2018, de la notar\u00eda \u00fanica del c\u00edrculo del L\u00edbano (Tolima) y E.P. 4618 del 21 de diciembre de 2017, de la notar\u00eda 32 del c\u00edrculo de Bogot\u00e1, D.C., (\u2026) adem\u00e1s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra del proceso declarativo de Reivindicaci\u00f3n de Dominio radicado con el n\u00famero 11001310304120190037400\/01\u00bb, a efectos de evitarles la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la vinculaci\u00f3n de la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n y Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur de esta ciudad y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, enfatizaron que deben pronunciarse sobre la irregularidad advertida. <\/p>\n
En adici\u00f3n, expusieron que actualmente ostentan la calidad de poseedores, con \u00e1nimo de se\u00f1oras y due\u00f1as del inmueble en discusi\u00f3n desde el 21 de enero de 2008 y el 21 de diciembre de 2017, \u00abintervirtiendo el t\u00edtulo y su acreditaci\u00f3n conforme a la ley en los escenarios procesales respectivos, fechas y factos que se pondr\u00e1n de presente en las acciones judiciales correspondientes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicitaron ordenar \u00abdetener y\/o suspender toda actuaci\u00f3n judicial hasta tanto se resuelvan ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria los derechos de mis representadas y accionantes constitucionales por v\u00eda de tutela, derivados del derecho de posesi\u00f3n sobre el bien objeto de la presente acci\u00f3n constitucional en garant\u00eda eficaz de los derechos contenidos en la ley ordinaria a favor de mis representadas, hasta agotar el curso del tr\u00e1mite procesal que en derecho corresponde (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Requirieron, adem\u00e1s, que se ordene a las entidades vinculadas les haga entrega de la documentaci\u00f3n e informes relacionados con las circunstancias descritas, \u00abpor tratarse de un inmueble con limitaci\u00f3n al dominio \u2013 inmueble de inter\u00e9s cultural, numeral 1.2 art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1185 de 2008 (folio de M.I. No. 50S-932345 de la ORIP \u2013 Zona Sur)\u00bb, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones necesarias para garantizar sus derechos. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el link del expediente objeto de esta acci\u00f3n constitucional y se refiri\u00f3 a las actuaciones que en segunda instancia ha proferido. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, realiz\u00f3 un recuento del proceso reivindicatorio y destac\u00f3 que lo actuado se ajusta a derecho, con observancia de los postulados constitucionales y normativos que rigen esta clase de litigios. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que, de su parte, no se han vulnerado los derechos de las accionantes, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para concurrir a este debate y resalt\u00f3 la ausencia del requisito de subsidiariedad del amparo. <\/p>\n
5. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos – Zona Sur de Bogot\u00e1, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en atenci\u00f3n a que la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las accionantes no conciernen a esa entidad. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n expres\u00f3 que no evidencia que, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, haya desconocido las garant\u00edas constitucionales que reclaman las accionantes. Igualmente, explic\u00f3 que \u00abcorresponde a la parte interesada, elevar petici\u00f3n ante esta entidad, solicitando la intervenci\u00f3n o el inicio de acciones\u00bb. <\/p>\n
7. El abogado quien dice actuar como apoderado judicial de Jos\u00e9 F\u00e9lix Adolfo Puentes Morera y Miriam Urrego Barrera, demandantes en el juicio reivindicatorio en estudio, se opuso a la prosperidad del amparo, con sustento en que, en oportunidad anterior, la se\u00f1ora Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro hab\u00edan pretendido entorpecer la entrega del inmueble aludido. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puso de presenta la no satisfacci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez y agreg\u00f3 que la entrega del predio objeto de reivindicaci\u00f3n atiende el cumplimiento de las sentencias proferidas en el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las decisiones y actuaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado, <\/p>\n
\u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021 y STC5841-2023). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional se contrae a que i) se suspenda la diligencia de entrega ordenada en el proceso reivindicatorio promovido por Jos\u00e9 F\u00e9lix Adolfo Morera y Myriam Urrego Barrera contra Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez, as\u00ed como cualquier actuaci\u00f3n judicial hasta tanto la jurisdicci\u00f3n resuelva sobre las acciones ordinarias y extraordinarias (recurso de revisi\u00f3n), relacionadas con los derechos de posesi\u00f3n que reclaman las accionantes respecto del inmueble ubicado en la calle 137 B sur No. 14 – 12 de Bogot\u00e1, identificado con la matr\u00edcula 50S-932345 y hasta que se discuta lo atinente al \u00abcontrol de cumplimiento de la Ley 1185 de 2008 en los t\u00e9rminos descritos sobre el inmueble (\u2026) por tener inscrita la limitaci\u00f3n al dominio, como inmueble de inter\u00e9s cultural bajo los postulados de dicha norma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
ii) que se ordene a la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n y Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que les haga entrega de la documentaci\u00f3n relacionada con las circunstancias descritas, \u00abpor tratarse de un inmueble con limitaci\u00f3n al dominio \u2013 inmueble de inter\u00e9s cultural, numeral 1.2 art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1185 de 2008 (folio de M.I. No. 50S-932345 de la ORIP \u2013 Zona Sur)\u00bb. <\/p>\n
3. Al cotejar lo expuesto por las accionantes, con el expediente allegado a este tr\u00e1mite, se advierte la inviabilidad del amparo por las siguientes razones, <\/p>\n
3.1 Lo primero que se advierte, es que la se\u00f1ora Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro ya hab\u00eda acudido a esta v\u00eda constitucional, con el prop\u00f3sito que se dejara sin efectos las sentencias proferidas en el proceso reivindicatorio referido y se suspendiera la diligencia de entrega. <\/p>\n
En aquella ocasi\u00f3n, esta Sala, en sede de primera instancia, decidi\u00f3 negar el amparo por no cumplirse el presupuesto de la inmediatez, toda vez que entre la fecha en que se profirieron las sentencias cuestionadas y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, transcurri\u00f3 m\u00e1s de seis meses, plazo m\u00e1ximo que no debe superarse desde la ocurrencia del hecho generador de la amenaza y la radicaci\u00f3n de la queja, conforme la jurisprudencia desarrollada por esta Corte. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en aquella decisi\u00f3n se explic\u00f3 que, \u00aben torno a la aspiraci\u00f3n de la precursora, esto es, \u201csuspender la diligencia de entrega dentro del asunto cuestionado\u201d, se advierte que no es viable acudir a esta herramienta para \u201csuspender, retrotraer o invalidar\u201d el desarrollo y\/o acatamiento de las \u201cdiligencias de entrega\u201d que tienen origen en fallos en firme, respaldados en el procedimiento surtido por el juez competente\u00bb, decisi\u00f3n en la que se resalt\u00f3 que la entrega ordenada en un proceso judicial no es generadora por s\u00ed sola de un perjuicio irremediable, ya que tales medidas responden a decisiones emitidas por autoridades jurisdiccionales en cumplimiento de sus mandatos y atribuciones legales, que no pueden supeditarse a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela (STC12536-2022 de 21 de sept., exp. 2022-02996). <\/p>\n
En ese sentido, los reclamos de la se\u00f1ora Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, porque ya fueron resueltos en el amparo mencionado, sin que se adviertan circunstancias que impongan un nuevo pronunciamiento en esta sede, menos aun si se tiene en cuenta que, como supuestos \u00abque permiten que una misma persona interponga nuevamente la acci\u00f3n de tutela, sin que dicha situaci\u00f3n configure temeridad (\u2026): (i) cuando surgen circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas adicionales; o, cuando (ii) no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n constitucional sobre la pretensi\u00f3n incoada (T-162 de 2018)\u00bb (CSJ. ATP1423-2021), los cuales no fueron alegados ni se hallan acreditados. <\/p>\n
Se reitera, que la accionante activ\u00f3 este mecanismo constitucional para censurar una actuaci\u00f3n que ya hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, el que dispone que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
3.2 Ahora, solo en gracia de discusi\u00f3n, no le asiste raz\u00f3n a la actora constitucional cuando afirma, como motivo para la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, que las autoridades accionadas no se pronunciaron respecto a la limitaci\u00f3n al dominio que pesa sobre el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n, por ser de inter\u00e9s cultural, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2 art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1185 de 2008. <\/p>\n
En efecto, en sentencia de 20 de octubre de 2021, decisi\u00f3n que defini\u00f3 la controversia, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sostuvo que, \u00ablos bienes de inter\u00e9s cultural que yacen en manos de particulares no tienen restricci\u00f3n alguna para su compra, venta o hipoteca, como lo regla el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1185 de 2008, que modific\u00f3 el art\u00edculo 11\u00b0 de la Ley 397 de 1997 (\u2026) [d]e modo que, atendiendo el tenor literal del precepto transcrito, la primera opci\u00f3n para que la entidad p\u00fablica adquiera los bienes de inter\u00e9s cultural, opera solamente respecto de \u201cmuebles\u201d, lo que no sucede con los \u201cinmuebles\u201d que pueden ser enajenados libremente. En esas precisas circunstancias, carece de fundamento lo aducido por la recurrente, lo que lleva a desechar su reproche en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
3.3 Similar es la situaci\u00f3n relacionada con las se\u00f1oras Ang\u00e9lica Julieth y Sandra Liliana Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez, pues si bien no intervinieron en la acci\u00f3n de tutela aludida ni en el juicio reivindicatorio, la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega no puede abrirse paso por esta v\u00eda constitucional, puesto que, como se dijo, esa actuaci\u00f3n propende por acatar las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas en las respectivas instancias, atendiendo los postulados, competencias y atribuciones conferidas por la ley, sin que el juez constitucional pueda interferir en las mismas, so pena de desconocer su autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
Sin bien, lo concerniente con los derechos posesorios que reclaman y las dem\u00e1s irregularidades que advierten no pueden atenderse en este escenario, aun cuentan con la posibilidad de que sus alegaciones sean escuchadas, precisamente, al momento de efectuarse la diligencia de entrega, en la que el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 (comisionado) deber\u00e1 individualizar el inmueble correspondiente, conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la que habr\u00e1 de despejarse cualquier inconsistencia que surja al respecto y en la que las se\u00f1oras Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez, si a bien lo tienen, podr\u00e1n intervenir y manifestar lo que a bien tengan, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 309 ib\u00eddem. <\/p>\n
Motivos que llevan a concluir que, respecto a ellas, el amparo solicitado es prematuro. <\/p>\n
3.4 En lo que tiene que ver con la documentaci\u00f3n solicitada de la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n, Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur y Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las accionantes no demostraron que, antes de acudir a este amparo, se dirigieron a esas entidades para obtener la informaci\u00f3n pretendida, para lo cual pudieron haber hecho uso del derecho de petici\u00f3n regulado en la Ley 1755 de 2015, lo que revela la improcedencia de tal requerimiento por ausencia del requisito de la subsidiariedad y, de paso, descarta la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 declarada improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Vilma Ram\u00edrez Chavarro, Ang\u00e9lica Julieth y Sandra Liliana Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez, contra la Sala Civil del Tribunal Superior y los Juzgados Cuarenta y Uno Civil del Circuito y Cuarenta y Uno Civil Municipal, todos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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