STC9194-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC9194-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 13 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge -CVS-, contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el amparo N\u00ba 230014003001200901417 y en el desacato seguido a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2011, ampar\u00f3 los derechos de los integrantes de la Asociaci\u00f3n de Lavadores de Veh\u00edculos -ASOLAVAMOS-, y le orden\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Monter\u00eda realizar algunas gestiones y respecto de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge -CVS-, dispuso concretamente exhortarla \u00abpara que en el t\u00e9rmino de dos (2) meses siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, (i) dicte un acto administrativo en el que indique claramente, de acuerdo con las normas ambientales correspondientes, los par\u00e1metros que deben seguir los lavadores de carros para que realicen su actividad sin causar da\u00f1os ambientales o reduci\u00e9ndolos a los m\u00ednimos autorizados y (ii) los acompa\u00f1e en el proceso de adopci\u00f3n de dichas medidas\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que en raz\u00f3n del incidente de desacato propuesto por algunos de los integrantes de ASOLAVAMOS, el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda dio apertura al tr\u00e1mite y, en auto de 13 de julio de 2023 resolvi\u00f3 sancionar \u00abal se\u00f1or CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SAN\u00cdN, representante legal del Municipio de Monter\u00eda (C\u00f3rdoba), y al se\u00f1or ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA, director general de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge a cinco (5) d\u00edas de arresto, los que debe cumplir en las instalaciones del CTI de la ciudad de Monter\u00eda, y multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino legal\u00bb present\u00f3 una solicitud de \u00abinejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta\u00bb la cual envi\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el 18 de julio de 2023, junto con las pruebas respectivas del cumplimiento a la orden de tutela, particularmente, copia de la \u00abResoluci\u00f3n No.3-1117 de fecha 14 de julio de 2023, Por medio de la cual se indican los par\u00e1metros que deben seguir los lavaderos de veh\u00edculos y sus operarios, en el desarrollo de su actividad\u00bb debidamente publicada en la p\u00e1gina web de la entidad y, adem\u00e1s, relacion\u00f3 los dem\u00e1s actos y actuaciones administrativas que se han adelantado para lograr el efectivo acatamiento del mandato constitucional, no obstante, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, el 21de julio siguiente, al pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta confirm\u00f3 las sanciones sin efectuar consideraciones sobre su solicitud. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que desconoce si su escrito de 18 de julio de 2023 fue enviado al ad quem, sin embargo, afirm\u00f3 que prob\u00f3 el acatamiento efectivo de la orden constitucional y por tal motivo procede la revocatoria de las sanciones impuestas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3, \u00abordenar al Juez Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, profiera un nuevo prove\u00eddo en \u00e9l se concluya, que CVS dio cumplimiento a la orden impartida en la SENTENCIA T-458 de 2011 proferida por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, se opuso a la prosperidad del amparo, y afirm\u00f3 que adopt\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en sede de consulta, teniendo en cuenta \u00ablas pruebas documentales que reposaban en el plenario\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda, se\u00f1al\u00f3 que la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n referida por la entidad accionante el 18 de julio de 2023, se agreg\u00f3 al expediente y no pudo ser valorada en el auto con el cual se sancion\u00f3, porque fue proferido antes -13 de julio de 2023-. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en su criterio, resultaba improcedente el amparo solicitado porque el mismo no est\u00e1 previsto como un medio alternativo o adicional a los instrumentos ordinarios de defensa. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Municipal de Monter\u00eda, inform\u00f3 que desde el a\u00f1o 2012 ha adelantado m\u00faltiples actuaciones para acatar la sentencia T-458 de 2011 de la Corte Constitucional, sin haber podido llegar a acuerdo con los miembros de ASOLAVAMOS, porque \u00e9stos no buscan su reubicaci\u00f3n, sino compensaciones econ\u00f3micas a las ya entregadas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite incidental, impuls\u00f3 nuevas gestiones para lograr la reubicaci\u00f3n ordenada, tales como reuniones con la parte actora, la realizaci\u00f3n de \u00abuna nueva caracterizaci\u00f3n que propenda por conocer el n\u00famero actualizado\u00bb de los integrantes de la Asociaci\u00f3n y \u00f3rdenes a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n para localizar un predio en el que se pueda adelantar la reubicaci\u00f3n, teniendo en cuenta el uso de suelos permitido por el POT municipal, todo lo cual muestra la observancia del fallo de tutela objeto del incidente. <\/p>\n
Sostuvo que como se encuentra en condiciones similares a las alegadas por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge \u2013CVS- resulta \u00abprocedente extender a favor del municipio de Monter\u00eda los efectos del fallo de tutela que se llegue a proferir\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 igualmente, que los miembros de ASOLAVAMOS iniciaron una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra el municipio, que se rechaz\u00f3. <\/p>\n
4. Quien dijo actuar como abogado de Alfonso P\u00e9rez Ortiz y Alfredo Mart\u00ednez Fl\u00f3rez – incidentantes en el desacato reprochado-, se opuso a la prosperidad del amparo, porque, en su criterio, el municipio de Monter\u00eda no ha cumplido con la sentencia T-458 de 2011 de la Corte Constitucional, puesto que no ha existido \u00abreubicaci\u00f3n ni cumplimiento al m\u00ednimo vital de los 54 lavadores\u00bb, cuesti\u00f3n que advirtieron los Juzgados accionados y por lo cual sancionaron a los funcionarios correspondientes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el municipio cit\u00f3 a los integrantes de ASOLAVAMOS a una mesa de trabajo para el 26 de julio de 2023, pero no han llegado a acuerdos porque esa autoridad consider\u00f3 que el incidente se propuso para lograr reconocimientos econ\u00f3micos, pero nada se ha hecho para garantizar el m\u00ednimo vital de los \u00ablavadores\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, concedi\u00f3 el amparo reclamado y orden\u00f3 \u00abDEJAR SIN EFECTOS el prove\u00eddo del 21 julio de 2023 proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, en su lugar ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda que emita nueva providencia atendiendo las directrices esbozadas en la parte considerativa de este prove\u00eddo (factor objetivo y subjetivo \u2013 acervo probatorio), para lo cual se le otorgar\u00e1 el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que evidenci\u00f3 la vulneraci\u00f3n al debido proceso de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge -CVS- accionante, porque no se tuvo en cuenta el escrito que present\u00f3 el 18 de julio de 2023, las pruebas que aport\u00f3 en esa oportunidad y la finalidad del incidente de desacato, el cual permite \u00abacreditar en cualquier momento el cumplimiento del fallo incluso en el tr\u00e1mite de la consulta, situaci\u00f3n que se present\u00f3 en el caso bajo estudio\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que deb\u00eda tenerse en consideraci\u00f3n el restante \u00abacervo probatorio arrimado por parte de la CVS y el Municipio de Monter\u00eda, incluso estando en tr\u00e1mite la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Fue formulada por quien dijo actuar como abogado de Alfonso P\u00e9rez Ortiz y Alfredo Mart\u00ednez Fl\u00f3rez, y adem\u00e1s de reiterar las manifestaciones expuestas al contestar este amparo, indic\u00f3 que no debi\u00f3 accederse al amparo, porque \u00abel incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acci\u00f3n de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace\u00bb, como ocurri\u00f3 en el asunto controvertido. <\/p>\n
2. Requerido en esta instancia el mencionado abogado para que aportara poder especial para acudir a este amparo en nombre de las personas que afirm\u00f3 representar, alleg\u00f3 el mandato otorgado por Alfonso P\u00e9rez Ortiz para el efecto y, en relaci\u00f3n con Alfredo Mart\u00ednez Fl\u00f3rez aport\u00f3 un documento llamado \u00abcontrato de mandato\u00bb en el que afirma actuar como representante legal y presidente de la Asociaci\u00f3n de Lavadores de Veh\u00edculos -ASOLAVAMOS- para que \u00abrealice peticiones, otorgue poderes, realice conciliaciones a todo nivel, sean administrativas, penales o seg\u00fan sea el caso, mediante poderes otorgados a profesionales del derecho para la defensa de los derechos de ASOLAVAMOS\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, corresponde se\u00f1alar, que si bien en este asunto logr\u00f3 acreditarse que el abogado que formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n se encuentra facultado para proponerla en nombre de Alfonso P\u00e9rez Ortiz, no ocurre lo mismo en relaci\u00f3n con Alfredo Mart\u00ednez Fl\u00f3rez, porque \u00e9ste no le confiri\u00f3 poder especial para acudir a este tr\u00e1mite en nombre propio o como representante legal de ASOLAVAMOS y el \u00abcontrato de mandato\u00bb que anex\u00f3 no permite tener por habilitado al abogado impugnante. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, debe tenerse en cuenta que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, para acudir ante el juez de tutela es necesario acreditar el mandato especial que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, puesto que, <\/p>\n
(\u2026) La legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (Se subraya, CSJ. STC1042-2019, STC9902, reiterada en STC256-2022, STC3425-2022, STC10448-2022 y STC3398-2023, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en este asunto se resolver\u00e1 la impugnaci\u00f3n propuesta en nombre de Alfonso P\u00e9rez Ortiz, porque no resulta suficiente la documentaci\u00f3n aportada por el abogado en relaci\u00f3n con Alfredo Mart\u00ednez Fl\u00f3rez, toda vez que, se insiste, en concreto, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en representaci\u00f3n de los intereses de \u00e9ste. <\/p>\n
3. Ahora, revisado el asunto, se observa que el amparo se formul\u00f3 respecto de las providencias de 13 de julio de 2023 y 21 de julio siguiente, con las cuales, en la primera, el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda sancion\u00f3 al representante legal del municipio de Monter\u00eda (C\u00f3rdoba), y al director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge con cinco (5) d\u00edas de arresto y multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, para cada uno, al incumplir la sentencia T-458 de 2011 de la Corte Constitucional y, en la segunda, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n en sede de consulta. <\/p>\n
3.1 Tales providencias, de acuerdo con el a quo, vulneraron los derechos de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge, aqu\u00ed accionante, porque el juez de la consulta, desconoci\u00f3 los documentos con los cuales esa entidad, tras la decisi\u00f3n sancionatoria de primer grado, atendi\u00f3 el mandato constitucional. <\/p>\n
3.2 La impugnaci\u00f3n materia de esta providencia se fundament\u00f3, en s\u00edntesis, en que deb\u00edan ampararse los derechos invocados por los accionantes, toda vez que la sentencia T-458 de 2011 de la Corte Constitucional contin\u00faa siendo incumplida por el municipio de Monter\u00eda, pues no ha existido \u00abreubicaci\u00f3n ni cumplimiento al m\u00ednimo vital de los 54 lavadores\u00bb de ASOLAVAMOS y aunque se ha intentado llegar a acuerdos con el municipio, a la fecha esto no se ha logrado. <\/p>\n
4. Fijado el anterior escenario y revisado el asunto materia de queja, la Sala concluye la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, pues, aun cuando en estas diligencias la \u00fanica accionante fue la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y del San Jorge, en realidad lo ordenado por el a quo consisti\u00f3 en la revisi\u00f3n, nuevamente, de los documentos aportados por la CAR, tras la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en primera instancia y de los recientes soportes que alleg\u00f3 el municipio en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n constitucional, determinaci\u00f3n que no contrar\u00eda los derechos de los impugnantes y que se dirige, a conseguir el efectivo acatamiento de la orden constitucional. <\/p>\n
4.1 Se destaca que en cuanto a la gesti\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge -CVS-, el Juzgado municipal al imponer la sanci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que en la sentencia T-458 de 2011 se resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00abCUARTO.- EXHORTAR a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge CVS, para que en el t\u00e9rmino de dos (2) meses siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, (i) dicte un acto administrativo en el que indique claramente, de acuerdo con las normas ambientales correspondientes, los par\u00e1metros que deben seguir los lavadores de carros para que realicen su actividad sin causar da\u00f1os ambientales o reduci\u00e9ndolos a los m\u00ednimos autorizados y (ii) los acompa\u00f1e en el proceso de adopci\u00f3n de dichas medidas. <\/p>\n
QUINTO. – EXHORTAR a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge CVS, para que en el evento de iniciar la investigaci\u00f3n ordenada en el art\u00edculo tercero de la parte resolutiva de la Resoluci\u00f3n No. 13020 de 2009, garantice el debido proceso de los presuntos infractores durante el tr\u00e1mite respectivo\u00bb. <\/p>\n
Y, respecto de la actividad de esa entidad, determin\u00f3 imponer las sanciones del caso porque, en concreto, \u00abno existe en el plenario un acto administrativo en el que indique claramente, de acuerdo con las normas ambientales correspondientes, los par\u00e1metros que deben seguir los lavadores de carros para que realicen su actividad sin causar da\u00f1os ambientales o reduci\u00e9ndolos a los m\u00ednimos autorizados, orden dada en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la providencia en cita\u00bb. <\/p>\n
4.2 Como lo manifest\u00f3 la entidad actora, el 18 de julio de 2023 aport\u00f3 al asunto una \u00absolicitud de inejecuci\u00f3n\u00bb de las sanciones, porque mediante la \u00abResoluci\u00f3n No.3-1117 de fecha 14 de julio de 2023\u00bb, debidamente notificada, hab\u00eda dado cumplimiento a lo dispuesto en la se\u00f1alada sentencia, pues a trav\u00e9s de ese acto administrativo \u00abse indican los par\u00e1metros que deben seguir los lavaderos de veh\u00edculos y sus operarios, en el desarrollo de su actividad\u00bb, oportunidad en la que, adem\u00e1s, explic\u00f3 las distintas gestiones adelantadas para acatar la sentencia, entre estas \u00abjornadas pedag\u00f3gicas de tr\u00e1mites ambientales, como talleres y foros, siendo la \u00faltima actividad en fecha 31 de agosto de 2022, donde se invitaron todos los propietarios de los lavaderos\u00bb. <\/p>\n
4.3 Ahora, en cuanto al municipio accionado, se observa que, como lo sostuvo el Tribunal Superior, recientemente aport\u00f3 algunos documentos que deben ser revisados en aras de establecer el obedecimiento de la sentencia T-458 de 2011. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la orden de primera instancia porque la misma resulta suficiente en aras de promover un nuevo estudio por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, en cuanto hace a la observancia de los mandatos constitucionales establecidos en la sentencia T-458 de 2011 de la Corte Constitucional, sin que, se insiste, tal gesti\u00f3n perjudique a la parte impugnante, porque de la verificaci\u00f3n de las gestiones de las entidades inicialmente accionadas, puede derivarse y, eventualmente, suscitarse, el efectivo cumplimiento de la anotada sentencia de tutela. <\/p>\n
Debe tenerse presente que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala en m\u00faltiples ocasiones, el incidente de desacato no tiene por finalidad, de manera exclusiva, la imposici\u00f3n de sanciones, sino obtener el efectivo cumplimiento de la sentencia de tutela, (CSJ. STC DE 3 de octubre de 2013, 2013-00068-02, reiterada en ATC630-2023 y ATC377-2023, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9194-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC9194-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00150-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}