STC9199-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9199-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00844-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Jorge Armando Valderrama Pinz\u00f3n en nombre de L.P.V.S. (en condici\u00f3n de discapacidad) contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, Colpensiones, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-007-2016-00094-00 (Rad. Interno 82552). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia CSJ SL261-2023 (7 feb.) y, en su lugar, \u00abdejar inc\u00f3lume la sentencia del 3 de abril de 2018 de la sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios de convicci\u00f3n y el escrito inaugural se extrae que ante el \u00f3bito de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valderrama Chaparro (10 feb. 2014), Silvia Sep\u00falveda Rey, en representaci\u00f3n de L.P.S.V (hija en condici\u00f3n de discapacidad de Valderrama Chaparro) instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones y de Gloria Polo Cer\u00f3n \u2013 esposa del causante, con el fin de que se suspendiera el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que esta \u00faltima ven\u00eda percibiendo de la entidad accionada y se condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagarle las mesadas pensionales en un 100% a partir de marzo de 2015, con los respectivos intereses moratorios. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esta urbe, quien en fallo de 7 de febrero de 2016 neg\u00f3 las pretensiones y le orden\u00f3 a Colpensiones mantener inc\u00f3lume el acto administrativo que concedi\u00f3 el derecho prestacional en partes iguales para la esposa y la hija. Determinaci\u00f3n que fue apelada por la all\u00e1 demandante donde, adem\u00e1s, se surti\u00f3 el grado de consulta y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto y dispuso el reconocimiento prestacional en un 100% a la descendiente a partir del 10 de febrero de 2014. <\/p>\n
Inconforme Gloria Polo Cer\u00f3n postul\u00f3 casaci\u00f3n y la magistratura acusada cas\u00f3 el veredicto de segundo grado y en sede de instancia confirm\u00f3 el del juzgado (CSJ SL261-2023). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el \u00f3rgano de cierre i) \u00abdesconoci\u00f3 [los] derechos fundamentales como hija del causante y persona en situaci\u00f3n de discapacidad [le asist\u00edan] (\u2026)\u00bb, ii) se apart\u00f3 de las directrices se\u00f1aladas en la sentencia C-515 de 2019 que trata de la aplicaci\u00f3n del inciso final del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, y iii) en el proceso no se acredit\u00f3 la convivencia al momento del deceso del causante. <\/p>\n
2. El juez de conocimiento remiti\u00f3 el enlace del proceso. La magistratura de cierre en materia del trabajo defendi\u00f3 la legalidad de su prove\u00eddo. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones respald\u00f3 la actuaci\u00f3n. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la s\u00faplica al concluir que la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n censurada era razonable. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la parte convocante e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de la gestora, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Pues bien, revisada la providencia objeto de escrutinio CSJ SL261-2023 (7 feb.), con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado por Silvia Sep\u00falveda Rey madre de L.P.V.R. contra Gloria Polo Cer\u00f3n y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los tres ataques que en esa sede formul\u00f3 Gloria Polo Cer\u00f3n \u2013 esposa del causante, el colegiado de cierre en materia del trabajo comenz\u00f3 por resaltar que no era objeto de discusi\u00f3n que; <\/p>\n
(i) que Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valderrama Chaparro y Gloria Polo Cer\u00f3n contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 1974; <\/p>\n
(ii) que en esa uni\u00f3n procrearon a Ximena, Tulia y Andrea Valderrama Polo, todas mayores de edad al momento del fallecimiento de su padre; <\/p>\n
(iii) que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante sentencia del 24 de octubre de 1988, decret\u00f3 la separaci\u00f3n de cuerpos y declar\u00f3 disuelta la sociedad conyugal, lo que se consign\u00f3 en escritura p\u00fablica 496 del 4 de marzo de 1994 otorgada por la Notar\u00eda Octava del Circuito de Bucaramanga, pero que nunca se divorciaron ni hubo cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio; <\/p>\n
(iv) que convivieron por m\u00e1s de catorce a\u00f1os; (v) que el se\u00f1or Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valderrama Chaparro falleci\u00f3 el 10 de febrero de 2014. <\/p>\n
(vii) y, que el ISS por medio de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 94598 del 27 de marzo de 2015, reconoci\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional causada por el deceso del se\u00f1or Valderrama Chaparro, a la hija y c\u00f3nyuge en un 50% en partes iguales, a partir del 10 de febrero de 2014. <\/p>\n
Ahora, como una de las quejas en esa sede se bas\u00f3 en que la c\u00f3nyuge sobreviviente, no divorciada, no ten\u00eda el derecho a percibir una porci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por el hecho de haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, en ese escenario para fulminar la sentencia del Tribunal explico que, <\/p>\n
(\u2026) es evidente el yerro hermen\u00e9utico denunciado en el cargo primero, puesto que la decisi\u00f3n del Tribunal no se acompasa con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en torno a la interpretaci\u00f3n del inciso final del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, seg\u00fan la cual, la vigencia de la sociedad conyugal no resulta necesaria para que el c\u00f3nyuge separado de hecho tenga derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la uni\u00f3n matrimonial. La norma citada reza: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 13. Los art\u00edculos 47 y 74 quedar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 47. Beneficiarios de la Pensi\u00f3n de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
b) [\u2026] <\/p>\n
En caso de convivencia simult\u00e1nea en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, antes del fallecimiento del causante entre un c\u00f3nyuge y una compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensi\u00f3n de sobreviviente ser\u00e1 la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simult\u00e1nea y se mantiene vigente la uni\u00f3n conyugal, pero hay una separaci\u00f3n de hecho, la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente podr\u00e1 reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los \u00faltimos cinco a\u00f1os antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponder\u00e1 a la c\u00f3nyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; [\u2026]. <\/p>\n
En ese escenario, con fundamento en las sentencias CSJ SL1399-2018, reiterada en CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1869-2020, la Colegiatura cuestionada se ocup\u00f3 de los puntos planteados en la apelaci\u00f3n, explic\u00f3 que en lo concerniente a la posibilidad del c\u00f3nyuge separado de hecho o de cuerpo para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, <\/p>\n
(\u2026) la Corte ha clarificado que el referente que le permite al c\u00f3nyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del v\u00ednculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separaci\u00f3n de bienes o la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisici\u00f3n del derecho. <\/p>\n
En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2\u00b0 hace referencia a \u00absociedad anterior conyugal\u00bb y, en el tercero, a \u00abuni\u00f3n conyugal\u00bb, fue resuelta por la Corte a favor de la \u00faltima a trav\u00e9s de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
El art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la \u201cuni\u00f3n conyugal\u201d y la restante con la de la \u201csociedad conyugal vigente\u201d. Estima la Sala, que si la protecci\u00f3n que otorg\u00f3 el legislador fue respecto del v\u00ednculo matrimonial, tal como se destac\u00f3 en sede de casaci\u00f3n, debe otorgarse la pensi\u00f3n a quien acredit\u00f3 que el citado lazo jur\u00eddico no se extingui\u00f3 am\u00e9n de que no hubo divorcio, pues por el especial r\u00e9gimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los c\u00f3nyuges entre s\u00ed y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasi\u00f3n de aquel. <\/p>\n
Esa distinci\u00f3n, en eventos como el aqu\u00ed se discute es de especial inter\u00e9s, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligaci\u00f3n de socorro y ayuda mutua, que est\u00e1n plasmados en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo Civil que dispone que \u201clos c\u00f3nyuges est\u00e1n obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida\u201d, y en el propio art\u00edculo 152, modificado por el art\u00edculo 5 de la Ley 25 de 1992, prev\u00e9 que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en sentencia C-533 de 2000, la Corte Constitucional abord\u00f3 la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aqu\u00ed interesa estim\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el matrimonio no es la mera uni\u00f3n de hecho, ni la cohabitaci\u00f3n entre los c\u00f3nyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son m\u00e1s bien personas jur\u00eddicamente vinculadas (\u2026) En el matrimonio (\u2026) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y \u00e9ste a su vez puede darse por voluntad de los c\u00f3nyuges, es menester lograr la declaraci\u00f3n judicial del divorcio para que se produzca la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico a que se ha hecho referencia\u201d. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, es el propio art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica el que se\u00f1ala que \u201clos efectos civiles de todo matrimonio cesar\u00e1n por divorcio con arreglo a la ley civil\u201d, y si a ello se suma la voluntad del legislador de proteger la \u201cuni\u00f3n conyugal\u201d a la que hizo referencia la norma que aqu\u00ed se discute, no ser\u00eda propio negar el otorgamiento de la prestaci\u00f3n cuando la sociedad conyugal est\u00e9 disuelta, pero exista el verdadero v\u00ednculo jur\u00eddico, m\u00e1xime cuando en este evento, el propio Ram\u00f3n Antonio Castrill\u00f3n Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previ\u00f3 el tema pensional e incorpor\u00f3 en la cl\u00e1usula atr\u00e1s trascrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivi\u00f3 con \u00e9l por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
La anterior interpretaci\u00f3n la ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del c\u00f3nyuge, los cuales subsisten mientras el v\u00ednculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la uni\u00f3n. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo e intr\u00ednseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes. <\/p>\n
Al comp\u00e1s de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente econ\u00f3micos, sino m\u00e1s bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta uni\u00f3n la que confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar. <\/p>\n
Pero tampoco resulta acertado enervar el derecho pensional ante figuras tales como la separaci\u00f3n de hecho o de cuerpos, toda vez que en la primera de estas situaciones la obligaci\u00f3n de convivir subsiste y en la segunda tan solo se excluye la de cohabitaci\u00f3n, pero no la de socorro y ayuda mutua que, pese a esas circunstancias, subsiste. <\/p>\n
Para decirlo de otro modo, la separaci\u00f3n de cuerpos, figura jur\u00eddica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitaci\u00f3n, no es un obst\u00e1culo para que el consorte que haya convivido durante 5 a\u00f1os con el causante, acceda a la prestaci\u00f3n. As\u00ed mismo, la separaci\u00f3n de hecho, tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia f\u00e1ctica no extingue de suyo los deberes rec\u00edprocos de los c\u00f3nyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el v\u00ednculo matrimonial. <\/p>\n
Ello explica por qu\u00e9, para el legislador del 2003 a pesar de la separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges, es decir, de la cesaci\u00f3n de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 a\u00f1os, el sup\u00e9rstite puede adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes mientras ese v\u00ednculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en resumen, el c\u00f3nyuge con uni\u00f3n marital vigente, separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 a\u00f1os con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
De igual manera, en lo atinente a la supuesta separaci\u00f3n de los lineamientos se\u00f1alados en la sentencia C-515 de 2019, explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) es cierto, como lo sostiene la r\u00e9plica, que mediante sentencia CC C-515-2019, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad pura y simple de la expresi\u00f3n \u00abcon la cual existe la sociedad conyugal vigente\u00bb, contenida en el inciso final del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, y que en las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del v\u00ednculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simult\u00e1nea. <\/p>\n
Sin embargo, para la Sala, dicho entendimiento ubica a la pensi\u00f3n de sobrevivientes de manera simple dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio, siendo que el fundamento de la prestaci\u00f3n por muerte es la vigencia de la uni\u00f3n conyugal, habida consideraci\u00f3n de que la pensi\u00f3n se ubica dentro de los efectos personales del matrimonio. <\/p>\n
Tesis que igualmente se acogi\u00f3 en CSJ SL3938-2020, en la que sostuvo, <\/p>\n
(\u2026), mediante sentencia CC C-515-2019, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad pura y simple de la expresi\u00f3n \u00abcon la cual existe la sociedad conyugal vigente\u00bb, contenida en el inciso final del literal b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003. En las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del v\u00ednculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simult\u00e1nea. <\/p>\n
Con todo, tal criterio ubica a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sin m\u00e1s, dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. En cambio, la actual tesis de esta Corporaci\u00f3n entiende que el fundamento de la prestaci\u00f3n por muerte, en estos casos, es la vigencia de la uni\u00f3n conyugal, precisamente porque la pensi\u00f3n se ubica dentro de los efectos personales del matrimonio. <\/p>\n
Ello viene corroborado con el hecho que lo que da lugar a la prestaci\u00f3n es la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, \u00abla ayuda mutua, el afecto entra\u00f1able, el apoyo econ\u00f3mico, la asistencia solidaria y el acompa\u00f1amiento espiritual, que refleje el prop\u00f3sito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (\u2026)\u00bb (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, CSJ SL7299-2015, CSJ SL1399-2018). <\/p>\n
Y es que el matrimonio genera unos derechos y obligaciones que no se extinguen con la separaci\u00f3n de hecho ni con la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, sino solo con su nulidad, el divorcio, o la muerte de uno de los consortes. Por ejemplo, el deber de socorro y ayuda mutua \u00aben todas las circunstancias de la vida\u00bb no desaparece cuando los c\u00f3nyuges se separan de hecho, como tampoco cuando liquidan la sociedad conyugal, por manera que el matrimonio sigue produciendo efectos personales, independientemente de las decisiones de los c\u00f3nyuges acerca de la sociedad patrimonial que se genera con su uni\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, la jurisprudencia consolidada y pac\u00edfica de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia optimiza el principio de solidaridad, pues no se olvida del rol del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite que convivi\u00f3 no menos de 5 a\u00f1os con el causante, en la construcci\u00f3n de la prestaci\u00f3n que, a la postre, le fue reconocida al trabajador. <\/p>\n
El ser humano que trabaja no es una mercanc\u00eda (Declaraci\u00f3n de Filadelfia, 1944), y, por lo tanto, no puede ser asimilado de forma aislada, como una m\u00e1quina que produce, sino necesariamente desde una perspectiva hol\u00edstica, no solo en su rol de trabajador, sino como padre, esposo, hijo, etc. Si se comprende as\u00ed, r\u00e1pidamente podr\u00e1 advertirse que, a\u00fan en estos tiempos, infortunadamente en nuestra sociedad la figura de un hombre que trabaja normalmente supone la de una mujer que se queda en la casa. <\/p>\n
Ese trabajo, que hist\u00f3ricamente ha sido menospreciado por las legislaciones nacionales latinoamericanas, incluyendo a Colombia por supuesto, ha sido cr\u00f3nicamente subvalorado. En esa medida, ante la carencia o insuficiencia de prestaciones propias de la seguridad social para quienes asumen -o les toca asumir- las responsabilidades y las labores propias del hogar, al menos deber\u00eda reconoc\u00e9rseles su importancia cardinal en la construcci\u00f3n de los beneficios que el sistema s\u00ed proh\u00edja en favor del sujeto que lleva a cabo un trabajo asalariado, con arreglo al principio constitucional de la solidaridad, fundante de la seguridad social. <\/p>\n
Cabe tener en cuenta, adem\u00e1s, que la jurisprudencia de esta Sala de la Corte constituye el derecho viviente (CC C-418-2014) en torno a la calidad de beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que ostenta el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite no divorciado con sociedad conyugal disuelta, puesto que se trata de una interpretaci\u00f3n judicial consistente, que ha sido relevante para fijar el significado de la norma, y que, adem\u00e1s, est\u00e1 consolidada. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea de pensamiento concluir que, <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal incurri\u00f3 en la transgresi\u00f3n normativa que se le endilga, pues a pesar de que la sociedad conyugal que existi\u00f3 entre Gloria Polo Cer\u00f3n y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Valderrama Chaparro fue disuelta y liquidada, lo cierto es que la uni\u00f3n conyugal persisti\u00f3 hasta la muerte de este, en la medida en que no medi\u00f3 divorcio ni cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio que as\u00ed lo dispusiera. <\/p>\n
As\u00ed, no estando en discusi\u00f3n que la se\u00f1ora Gloria Polo Cer\u00f3n convivi\u00f3 con el causante desde el d\u00eda de su matrimonio hasta el a\u00f1o 1987, como lo asever\u00f3 y acept\u00f3 la propia demandante, es decir, por un lapso de catorce a\u00f1os, entonces es claro que esta tiene derecho a la proporci\u00f3n de la pensi\u00f3n que reclama. <\/p>\n
(i) Asegura que el juez no tuvo en cuenta el tiempo de convivencia de la persona natural demandada, pues si esta convivi\u00f3 con el causante durante catorce a\u00f1os, la proporci\u00f3n de la pensi\u00f3n debi\u00f3 hacerse con base a ese lapso, y no en un 50% para cada una de las partes. <\/p>\n
(ii) Considera que la jurisprudencia ha establecido que, en casos como el presente, donde el causante enferma, es necesario que la consorte lo acompa\u00f1e en su enfermedad, pero la se\u00f1ora Gloria Polo Cer\u00f3n no convivi\u00f3 con el causante desde el a\u00f1o 1988, y por lo tanto no lo acompa\u00f1\u00f3 en este periodo de su vida prest\u00e1ndole auxilio y lealtad. <\/p>\n
(iii) Estima como mal valoradas las pruebas documentales, y m\u00e1s exactamente las referidas a los escritos de inmigraci\u00f3n que demuestran c\u00f3mo la demandada entraba y sal\u00eda de pa\u00eds, lo que deja en evidencia que no existi\u00f3 un v\u00ednculo de familia y lealtad. <\/p>\n
En este orden de ideas anticip\u00f3 que tales reparos no tendr\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad porque: <\/p>\n
(i) En cuanto a lo primero, se evidencia una confusi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las normas, pues el pago proporcional de la pensi\u00f3n de sobrevivientes se predica cuando los beneficiarios son el c\u00f3nyuge y el compa\u00f1ero permanente, de forma proporcional al tiempo convivido con el causante, al tenor del art\u00edculo 47 de la Ley 100, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, literal b), inciso segundo. Es decir, en modo alguno ello aplica cuando el otro beneficiario es un hijo inv\u00e1lido, como en el caso bajo estudio, pues la norma que regula entonces la situaci\u00f3n es la estatuida en el literal c) de la misma norma. <\/p>\n
Al respecto, es del caso resaltar que el Decreto 1833 de 2016 \u201cPor medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones\u00bb dispone: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 2.2.8.2.1. Distribuci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. La pensi\u00f3n de sobrevivientes se distribuir\u00e1, en los sistemas generales de pensiones y de riesgos laborales, as\u00ed: <\/p>\n
1. El 50% para el c\u00f3nyuge o compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente del causante, y el otro 50% para los hijos de \u00e9ste, distribuido por partes iguales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al existir dos beneficiarios con igual derecho, ha de dividirse en partes iguales, como lo hizo Colpensiones y el juez. <\/p>\n
(ii y iii) Los restantes dos reparos est\u00e1n encaminados a atacar el concepto de convivencia que imper\u00f3 en la relaci\u00f3n, partiendo de la errada idea de que este debi\u00f3 ser en los \u00faltimos a\u00f1os de vida en raz\u00f3n de la enfermedad que afect\u00f3 al causante, y que durante ese tiempo no existi\u00f3 una ayuda, lealtad y vocaci\u00f3n de familia. <\/p>\n
Para desestimarlo, pertinente es recordar que no es cierto que la jurisprudencia de esta Corte exija que, cuando se trate de titulares de pensi\u00f3n, la convivencia de la c\u00f3nyuge se deba acreditar en sus \u00faltimos a\u00f1os de vida. <\/p>\n
Basta recordar, tal y como qued\u00f3 dicho en casaci\u00f3n, que, en el caso bajo estudio, la convivencia pod\u00eda acreditarse en cualquier tiempo, y las pruebas recolectadas en el juicio son suficientemente demostrativas de que, durante los catorce a\u00f1os de uni\u00f3n, existi\u00f3 una vocaci\u00f3n de familia, en la que se constituy\u00f3 un hogar y se procrearon tres hijos. <\/p>\n
Esta Corte, en el prove\u00eddo CSJ SL3813-2020 record\u00f3 elementos esenciales de la convivencia, as\u00ed: <\/p>\n
[\u2026] en sentencia CSJ SL1399-2018, la Corte se\u00f1al\u00f3 que la convivencia real y efectiva \u00abentra\u00f1a una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensi\u00f3n, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y f\u00edsico, y camino hacia un destino com\u00fan. Lo anterior, excluye los encuentros pasajeros, casuales o espor\u00e1dicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en las sentencias CSJ SL5169-2019, CSJ SL5260-2021, CSJ SL2015-2021 y CSJ SL1158-2022 que no es un requisito legal el mantener los lazos afectivos o familiares, la comunicaci\u00f3n solidaria y el apoyo hasta el momento del fallecimiento del afiliado, cuando se trata del c\u00f3nyuge separado de hecho con v\u00ednculo matrimonial vigente. En esa oportunidad adoctrin\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] de la normativa trascrita se colige que, en el caso de la c\u00f3nyuge con v\u00ednculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditaci\u00f3n para el momento de la muerte de alg\u00fan tipo de \u00abv\u00ednculo afectivo\u00bb, \u00abcomunicaci\u00f3n solidaria\u00bb y \u00abayuda mutua\u00bb que permita considerar que los \u00ablazos familiares siguieron vigentes\u00bb para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.\u00ba del literal b). N\u00f3tese que en el texto de la aludida disposici\u00f3n se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido. (Las negrillas son del texto). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ese es el alcance que al precepto en comento le ha dado esta Corporaci\u00f3n, pues su jurisprudencia de manera reiterada ha adoctrinado que \u00abla convivencia de la consorte con v\u00ednculo marital vigente y separaci\u00f3n de hecho con el pensionado o afiliado en un periodo de 5 a\u00f1os\u00bb, puede ser acreditado en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aport\u00f3 a la construcci\u00f3n del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019). <\/p>\n
(\u2026) el juez dispuso mantener inc\u00f3lumes los efectos jur\u00eddicos de la Resoluci\u00f3n 94598 del 27 de marzo de 2015 que orden\u00f3 redistribuir la mesada en partes iguales a partir del 10 de febrero de 2015, decisi\u00f3n que, como ya se ha visto, est\u00e1 dotada de legalidad. Asimismo, el a quo le orden\u00f3 a la demandante la devoluci\u00f3n del dinero entregado, orden que esta Sala mantendr\u00e1 por ser favorable a los intereses de la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
El anterior recuento permite colegir que la autoridad judicial s\u00ed valor\u00f3 las pruebas existentes en el expediente, lo que condujo a que concluyera que las mismas daban cuenta del derecho que le asist\u00eda a la esposa a percibir los emolumentos de conformidad con la ley y la jurisprudencia, aunado a que, como lo se\u00f1al\u00f3 la magistratura de cierre en lo laboral, los porcentajes de asignaci\u00f3n de las mesadas fueron en proporciones iguales. <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, al contrario lo que pone en evidencia es que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora estima que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, STC11767-2022, reiterada entre muchas en STC1453-2023). <\/p>\n
Por lo expuesto, como se anticip\u00f3, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALV0 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9199-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9199-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00844-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de junio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76271\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}