STC9201-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9201-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01324-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Ernesto Camilo D\u00edaz Estrada frente a la sentencia de 13 de julio de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, ambos de Barranquilla, la Corporaci\u00f3n Universitaria de la Costa, la Corporaci\u00f3n Universitaria Latinoamericana, partes autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 08001-31-05-006-2013-00410-00 (Rad. Interno 90815). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3, en suma, se ordene dejar sin efectos la sentencia CSJ SL2940-2022 (1 ago.) y, en consecuencia, se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n que haga eco de sus pretensiones. <\/p>\n
De escrito inicial y lo medios de prueba aportados se extrae que el promotor instaur\u00f3 demanda ordinaria contra la Corporaci\u00f3n Universitaria de la Costa – CUC y a la Corporaci\u00f3n Universitaria Latinoamericana – CUL para que se declarara que con la CUC existi\u00f3 un contrato realidad desde el mes de enero de 1994 al 15 de julio de 2013 y, paralelamente con la Corporaci\u00f3n Universitaria Latinoamericana – CUL, durante los semestres II de 1995, I y II de 1996, I de 1998, II de 2001, I y II de 2002 y I de 2003; que fue despedido sin justa causa; que el mismo se present\u00f3 como consecuencia de la queja por acoso laboral que elev\u00f3 ante el comit\u00e9 de convivencia laboral de la CUC y el Ministerio de Trabajo conforme a la Ley 1010 de 2006 y, en consecuencia, se ordenara a la primera a pagar todas las prestaciones sociales dejadas de cancelar desde el mes de enero de 1994 a julio de 2007; la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa del art\u00edculo 64 del CST incluyendo todo el tiempo laborado; cesant\u00edas; intereses legales de enero de 1994 al 2007 y la moratoria. Y, la segunda, al pago de la liquidaci\u00f3n final causada en los semestres que labor\u00f3 y, la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST. En subsidio, se condene a la Corporaci\u00f3n Universitaria de la Costa CUC al reintegro con fundamento en la demostraci\u00f3n del acoso laboral del que fue objeto por parte del empleador; el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir; lo ultra y extra petita y costas. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla que accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones (14 jun. 2016), apelaron los litigantes y el Tribunal revoc\u00f3 parcialmente lo as\u00ed resuelto (30 oct. 2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segunda instancia (CSJ SL2940-2022, 1\u00b0 jun.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria toda vez que \u00absin un mayor an\u00e1lisis de la realidad y de las pruebas aportadas, lo que hizo fue confirmar la sentencia del A-quem sin realizar una valoraci\u00f3n integral de la prueba (pruebas documentales y testimoniales) tal como fue valorada por parte del A-quo\u00bb. <\/p>\n
2. La magistratura de cierre acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. Los entes universitarios encartados se opusieron a las pretensiones, defendieron lo actuado y alertaron sobre el presupuesto tempestivo. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que la determinaci\u00f3n confutada evidencia argumentos razonables, con una postura fundada en la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria. <\/p>\n
4. El gestor recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en los reparos expuestos en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal dirigidas a que se declare la existencia de un contrato realidad sin soluci\u00f3n de continuidad y que su terminaci\u00f3n fue sin justa causa, pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n, no solo, no luce descabellada, sino acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna el litigio criticado. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, por cuanto revisado el fallo objeto de escrutinio, el juez colegiado de cierre en materia del trabajo, al adentrarse en el an\u00e1lisis de los cargos enrostrados, se ocup\u00f3 del estudio de los ataques enfilados a cuestionar la valoraci\u00f3n que de las pruebas hizo el Tribunal y en ese sentido una vez soslay\u00f3 los errores de t\u00e9cnica, en la primera censura resalt\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) con el prop\u00f3sito de analizar las particularidades del presente asunto, a fin de determinar si existi\u00f3 o no una sola relaci\u00f3n laboral, conforme a las pruebas denunciadas, debe decir la Sala que, la prosperidad de los cargos en el recurso de casaci\u00f3n, no depende de la discordancia o inconformidad del recurrente, sino de la demostraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n de la ley sustancial, lo cual, del an\u00e1lisis de los mismos, no se evidencia, (\u2026). <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa al ocuparse del an\u00e1lisis del caudal probatorio explic\u00f3 que el juez de la alzada, <\/p>\n
(\u2026) Para llegar a la conclusi\u00f3n de que la vinculaci\u00f3n fue objeto de varias interrupciones, el Colegiado de la revisi\u00f3n de los contratos de trabajo celebrados por Ernesto Camilo D\u00edaz Estrada con la Corporaci\u00f3n Universitaria de la Costa desde el 11 de julio de 1994 al 15 de julio de 2013, consider\u00f3 que no existi\u00f3 la relaci\u00f3n lineal decidida en primera instancia, porque los acuerdos suscritos entre las partes contaron individualmente con un t\u00e9rmino determinado, aun cuando para ello se valoraron adicionalmente los testimonios de Camilo Moreno Prent, Miguel Antonio Estrada Orozco y Sonia Mantilla Castelar y las certificaciones laborales de los folios 19 y 103, para decir que de ellas tampoco se extractaba dicha circunstancia. <\/p>\n
Verificadas las documentales, teniendo en cuenta que la censura, en forma gen\u00e9rica, denuncia que el error valorativo del fallador de segunda instancia se dio como consecuencia de no tener en cuenta que el v\u00ednculo del actor pese a la transformaci\u00f3n de las modalidades contractuales, fue contin\u00fao, comprueba la Sala que, no le acude raz\u00f3n, porque como se explica, mediaron interrupciones superiores a 30 d\u00edas, lo que descarta la ausencia de soluci\u00f3n de continuidad reclamada (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed luego de analizar cada uno de los contratos celebrados desde el a\u00f1o 1994 infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) analizando la columna del cuadro donde se detalla la cantidad de d\u00edas transcurridos entre la fecha de terminaci\u00f3n de un contrato y la fecha de iniciaci\u00f3n del siguiente [fls. 41 y 42 del fallo], no encuentra la Sala que el Tribunal se hubiere equivocado al concluir que la relaci\u00f3n entre las partes no fue continua, pues aun cuando, su decisi\u00f3n no cont\u00f3 con la claridad deseada al respecto, siguiendo lo ense\u00f1ado por esta Sala, debe decirse que, frente al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, ello solo se presenta cuando median interrupciones breves consideradas como aparentes o meramente formales, lo cual, en ninguna forma se hace extensivo a lapsos superiores a un mes como aqu\u00ed acontece. <\/p>\n
En este orden de ideas y luego de memorar las determinaciones de la Sala permanente CSJ SL4816-2015 reiterada en SL5595-2019 y SL3616-2021, resalt\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) no se observa que procesalmente se haya establecido que en instancias se hubiere discutido si en tales interregnos se acredit\u00f3 la prestaci\u00f3n personal del servicio a la universidad, lo que variar\u00eda la situaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, se examina que, si bien, cuando se discute la existencia de una sola relaci\u00f3n laboral y se prueba un tiempo de servicios inferior al pretendido o varios contratos y no uno, el juez tiene el deber de dictar una condena minus petita que acepte parcialmente las pretensiones de la demanda (sentencias CSJ SL, 5 diciembre 2001, radicaci\u00f3n 17215; CSJ SL806-2013; CSJ SL9112-2014; CSJ SL1012-2015 y CSJ SL4816-2015), en este caso, aunque qued\u00f3 debidamente acreditado que la relaci\u00f3n lineal con la Corporaci\u00f3n Universitaria de la Costa, correspondi\u00f3 \u00fanicamente al periodo comprendido entre el 15 de enero de 2007 al 15 de julio de 2013, de la lectura de las pretensiones de la demanda (f.\u00b0 4 y 5) se extracta lo mismo que dio por acreditado el Tribunal, esto es, que respecto a dicho interregno no se elev\u00f3 reclamaci\u00f3n de prestaciones sociales, conclusi\u00f3n que no fue objeto de controversia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ocup\u00f3, dada las especiales circunstancias de la relaci\u00f3n laboral, de estudiar la posibilidad de regirla bajo las preceptivas del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo seg\u00fan el cual, el contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de ense\u00f1anza se entiende celebrado por el a\u00f1o escolar, salvo que las partes acuerden una duraci\u00f3n diferente y en ese escenario luego de citar apartes de las sentencias CC C-483 de 1995 y CSJ SL17830-2016 exalt\u00f3 que, <\/p>\n
Lo que se demostr\u00f3 en el proceso, fue que las partes acordaron un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n contractual que imped\u00eda acudir a la f\u00f3rmula supletoria del mencionado art\u00edculo 101, lo que de paso conducir\u00eda a entender que las cesant\u00edas, sus intereses y las vacaciones, fueron liquidadas conforme a las reglas generales y no a las particulares del 102, aspecto que, como ya se dijo, no fue objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
Y continu\u00f3 en su disertaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) respecto a la valoraci\u00f3n de las certificaciones laborales de folios 19 y 104 que conforme a lo aducido por la censura, permit\u00edan dar por probado que el extremo inicial de la relaci\u00f3n de trabajo dat\u00f3 de enero de 1994, no encuentra error esta Corporaci\u00f3n en su apreciaci\u00f3n ni cu\u00e1l es la incidencia real en la decisi\u00f3n teniendo en cuenta lo antes explicado, m\u00e1xime cuando el sentenciador de segundo grado, con dicho prop\u00f3sito razon\u00f3 que el documento de folio 19, que si bien mencionaba que la relaci\u00f3n con la instituci\u00f3n educativa inici\u00f3 en enero de 1994, la misma como tal, hac\u00eda referencia al v\u00ednculo del actor para el primer semestre de 2002, sin que de ella pudiera colegirse la existencia de un lazo \u00fanico e ininterrumpido como el pretendido. Y que, la de folio 104 certific\u00f3 el nexo, pero desde el segundo semestre de 1994, lo que era coincidente con el primer contrato en folio 36 que dat\u00f3 del 11 de julio de 1994, pero con la aclaraci\u00f3n de que la contrataci\u00f3n era por carga horaria. <\/p>\n
Igualmente acot\u00f3 que de la certificaci\u00f3n laboral de folio 19 no se desprend\u00eda, sino que el trabajo contratado inici\u00f3 en enero de 1994 sin que mediara prueba diferente, pues las dem\u00e1s indicaban era el segundo semestre de la misma anualidad, con la aclaraci\u00f3n de que los acuerdos celebrados fueron de hora c\u00e1tedra, por periodos acad\u00e9micos o inferiores. <\/p>\n
En otras palabras, adem\u00e1s de que el colegiado no encontr\u00f3 prueba documental ni testimonial que refrendara el extremo inicial deseado, en todo caso, ello no cuenta con la relevancia capaz de llevar al traste la decisi\u00f3n de segunda instancia, puesto que, el eje central de la decisi\u00f3n gir\u00f3 en torno a la determinaci\u00f3n de la inexistencia de una relaci\u00f3n de trabajo sin soluci\u00f3n de continuidad desde 1994. <\/p>\n
(\u2026) resulta inane la valoraci\u00f3n de las testimoniales que, dicho sea de paso, fueron descartadas por el Colegiado dado que no aportaron conocimiento respecto a la continuidad ininterrumpida del v\u00ednculo del actor, cuando mencion\u00f3 que, Sonia Mantilla Castelar, no precis\u00f3 extremos temporales exactos pero s\u00ed dej\u00f3 entrever que el v\u00ednculo del demandante se dio mediante diversos tipos de contratos sin que de ello se pudiera concluir una relaci\u00f3n \u00fanica; Camilo Moreno Prent quien se retir\u00f3 de la instituci\u00f3n universitaria en 1998, que sin precisar los extremos de la contrataci\u00f3n, inform\u00f3 de la diversidad de contratos por hora c\u00e1tedra y, Miguel Antonio Estrada Orozco, que el testigo no aport\u00f3 conocimiento, pues solo reconoci\u00f3 en forma gen\u00e9rica la labor docente del accionante, lo que no estuvo en discusi\u00f3n. <\/p>\n
Complementario a ello, los testimonios acusados como pruebas err\u00f3neamente apreciadas, no son posibles de estudiar, pues al no tratarse de medios de prueba calificados en casaci\u00f3n laboral, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, sobre ellos no es posible estructurar la comisi\u00f3n de un desacierto f\u00e1ctico ostensible, a no ser que, previamente, se acredite la existencia de un error de igual gravedad sobre un medio probatorio calificado, que no es el caso (CSJ SL3858-2019, CSJ SL4141-2019, CSJ SL4143-2019, CSJ 4596-2019, entre otras). <\/p>\n
(\u2026) Frente al reproche relacionado a la mala fe de los entes universitarios con fines de la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST, se memora que en el recurso extraordinario, se hace indispensable que su ataque se dirija en contra de los verdaderos argumentos de la sentencia acusada y no, a partir de la construcci\u00f3n de argumentos fundados en elucubraciones alejadas de la realidad procesal o premisas falsas. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto no es cierto que el Tribunal haya concluido que el demandante no tuviera derecho a la indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa del art\u00edculo 64 del CST sino que consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la reliquidaci\u00f3n, de all\u00ed, que, consecuencialmente, tampoco se diera lugar a la moratoria del art\u00edculo 65 del CST, sin que se haya detenido a analizar la conducta del empleador, puesto que se relev\u00f3 por sustracci\u00f3n de materia del tema, al establecerse que la relaci\u00f3n de trabajo no fue lineal entre 1994 y 2013, por lo cual, no pudo incurrir en error. <\/p>\n
(\u2026) Igualmente, en lo que compete al error respecto a la prescripci\u00f3n de las cesant\u00edas e intereses a las cesant\u00edas de 1994 a 2007 (4\u00ba error de hecho), no acude tampoco raz\u00f3n al censor, porque, esta se declar\u00f3 respecto a las cesant\u00edas e intereses a las cesant\u00edas 1994 a 2003, con la aclaraci\u00f3n de que, las causadas con posterioridad al 15 de enero de 2007 no fueron objeto de reclamo. <\/p>\n
(\u2026) respecto al reproche en el sentido de que el Colegiado dej\u00f3 de tener en cuenta que dentro del proceso existi\u00f3 una tacha de falsedad la cual fue a favor del demandante debido a que el empleador hab\u00eda presentado, en la contestaci\u00f3n de la demanda, unos presuntos documentos de pagos de liquidaciones finales, que por dem\u00e1s son vanos, ante la improcedencia de la declaraci\u00f3n de la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo ininterrumpida entre las partes, que redund\u00f3 en la prescripci\u00f3n de las reclamaciones anteriores a 2013, esa tem\u00e1tica no pod\u00eda ser planteada por la v\u00eda f\u00e1ctica fundada en la ocurrencia de errores de hecho, por tratarse de cuestionamientos sobre la validez o eficacia probatoria. <\/p>\n
Circunstancia ante la cual esta Sala tiene ense\u00f1ado que por tratarse de aspectos relativos a la producci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, validez y decreto de la prueba, deben esgrimirse por la v\u00eda de puro derecho, bajo la violaci\u00f3n medio de las normas procesales pertinentes, ya que precisamente, en esos casos, el supuesto desatino cometido por el ad quem no proviene de la valoraci\u00f3n de una prueba, sino precisamente de la vulneraci\u00f3n de normas procesales que gobiernan la producci\u00f3n, aducci\u00f3n y validez de los medios de convicci\u00f3n legalmente admisibles, lo que impide en principio adentrarse en el an\u00e1lisis del contenido de dicha probanza desde el punto de vista f\u00e1ctico (CSJ SL SL1439-2018). <\/p>\n
De otra parte, ante la improsperidad del primer cuestionamiento se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis del segundo cargo propuesto en sede casacional y sobre ello explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) para acreditar el impago de prestaciones sociales al trabajador en ejecuci\u00f3n de su labor, no hay exigencia de tarifa legal en materia probatoria, como lo estima al parecer el recurrente, en tanto el legislador en el art\u00edculo 61 del CPTSS, estableci\u00f3 la facultad para los jueces de esta especialidad, formar libremente su convencimiento con aquellas probanzas que mejor lo persuadan, atendiendo las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
(\u2026) En lo que concierne a la Corporaci\u00f3n Universitaria Latinoamericana, no es posible que la censura en sede casacional plantee que el Tribunal no tuvo en cuenta que las codemandadas representaban una unidad de empresa, porque dicha situaci\u00f3n fue previamente dilucidada en primera instancia, cuando se dijo que no existi\u00f3 solidaridad entre la CUC y la CUL porque eran dos instituciones educativas totalmente diferentes y aut\u00f3nomas, independientes entre s\u00ed y, con certificado de existencia y representaci\u00f3n legal distintos, situaci\u00f3n ante la cual el actor mostr\u00f3 conformidad en su alzada al no incluirlo dentro de los temas de su reproche, lo cual, estructura un medio nuevo en el recurso extraordinario frente al que la Sala est\u00e1 impedida a pronunciarse, con fundamento en la protecci\u00f3n del derecho de defensa y debido proceso que acude a ambas partes (CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36922, reiterada en la decisi\u00f3n CSJ SL5179-2019 y m\u00e1s recientemente en CSJ SL1202-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para no casar la sentencia de segundo grado, se advierte que por una parte, por la formulaci\u00f3n de los cargos y la falta de t\u00e9cnica procesal del casacionista, se desaprovech\u00f3 el mecanismo extraordinario con el que se contaba, sin que sea este el escenario propicio para rehacer un estudio sobre esas mismas inconformidades, y por la otra, en ella se expuso de forma clara el alcance de los medios de prueba recaudados, las normas aplicables, y la jurisprudencia por medio de la cual se concluy\u00f3 que la relaci\u00f3n laboral perseguida sin soluci\u00f3n de continuidad desde el a\u00f1o 1994, era inexistente. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC15922-2022 memoradas en STC7786-2023). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9201-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9201-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01324-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Ernesto Camilo D\u00edaz Estrada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}