STC9203-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9203-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 19 de julio de 2023 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Iv\u00e1n Dar\u00edo Conde Morantes contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, extensiva a las partes e intervinientes en proceso penal n\u00b0 54001-60-01-134-2022-01000-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 \u00abse decrete la nulidad del preacuerdo [del 22 de junio de 2022]\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba aportados y el escrito inicial se extrae que por hechos acecidos el 9 de febrero de 2022 en contra del promotor se adelant\u00f3 un proceso penal por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y hurto calificado, imputaci\u00f3n por la que se adelant\u00f3 un preacuerdo que aprob\u00f3 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios donde fij\u00f3 la pena a 256 meses de prisi\u00f3n (25 oct. 2022), decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal (31 mar. 2023). En firme el juez de conocimiento profiri\u00f3 sentencia por preacuerdo y en ella conden\u00f3 al promotor a la pena principal de 256 meses de prisi\u00f3n (24 may. 2023). En esta oportunidad no propuso ninguna impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en la actuaci\u00f3n no se tuvo en cuenta que sufre de trastorno mental transitorio debido a la adicci\u00f3n a los alucin\u00f3genos. <\/p>\n
2. La magistratura de la alzada, el Fiscal Seccional de Los Patios, el Procurador 86 Judicial II Penal y el apoderado de las v\u00edctimas resistieron los anhelos. El juez de conocimiento hizo la s\u00edntesis de la actuaci\u00f3n procesal y se opuso a las pretensiones. <\/p>\n
4. El libelista recurri\u00f3 fincado en argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se anuncia que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Conde Morantes recaer\u00e1 de forma exclusiva en el interlocutorio expedido por el Tribunal (31 mar. 2023), pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios (25 oct. 2022) aprobatoria del preacuerdo que celebr\u00f3 con el ente acusador, ya fue sometida al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del remedio vertical, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, STC11805-2021, STC13648-2022, reiterada entre muchas en STC076-2023). <\/p>\n
Pues bien, el juez plural comenz\u00f3 por resaltar que la titularidad de la acci\u00f3n penal que la habilita para llevar a cabo preacuerdos est\u00e1 radicada en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tal como precept\u00faa el art\u00edculo 349 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y en ese asunto resalt\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) por regla general al Juez le est\u00e1 vedado inmiscuirse en los t\u00e9rminos de los preacuerdos suscritos por las partes, pues los descuentos y compromisos a los que aquellas llegasen son de su exclusivo inter\u00e9s; sin embargo, y de manera excepcional, le es posible al operador judicial adentrarse en el fondo del asunto, en aquellos casos en que observe una flagrante y grosera vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, o afrentas contra la correcta impartici\u00f3n de justicia, teniendo la facultad de rechazar dicha negociaci\u00f3n conforme lo indica el art\u00edculo 351 inciso 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
En ese orden de ideas, una vez descendi\u00f3 al caso concreto y fundamentado en el prove\u00eddo CSJ AP4324-2021 (15 sep. Rad. 58372), mediante el cual se fij\u00f3 las directrices para el control de los preacuerdos y negociaciones por parte del Juez de conocimiento, explic\u00f3 que <\/p>\n
(…) el procesado IV\u00c1N DAR\u00cdO CONDE MORANTES, fue imputado como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado, preceptuado en los arts. 103, 104 numeral 3\u00ba, concordante con el art. 27 del C\u00f3digo Penal, y de hurto calificado, consagrado en los arts. 239 y 240 \u00eddem, sin que aceptara los mismos. <\/p>\n
Que, en diligencia del 22 de junio de 2022, la Fiscal\u00eda verbaliz\u00f3 preacuerdo suscrito con el imputado y su defensor, el cual consisti\u00f3 en fijar la pena a imponer en 256 meses de prisi\u00f3n por los referidos delitos, una vez realizado el proceso establecido en el art. 31 del C\u00f3digo Penal, acuerdo que se realiz\u00f3 en virtud de las prohibiciones que exist\u00edan por ser la v\u00edctima un menor de edad \u201313 a\u00f1os para el momento de los hechos\u2013; negociaci\u00f3n que fue aprobada por la primera instancia. <\/p>\n
No obstante, el aqu\u00ed recurrente, atendiendo el poder que le fue conferido con posterioridad del acuerdo, indic\u00f3 en diligencia del 25 de octubre del 2022, que nos encontr\u00e1bamos ante una situaci\u00f3n de inimputabilidad, allegando una consulta externa de un m\u00e9dico psiquiatra donde certificaba que su defendido sufr\u00eda de un trastorno mental transitorio; situaci\u00f3n que ratific\u00f3 en la apelaci\u00f3n <\/p>\n
que present\u00f3. <\/p>\n
Pues bien, advierte la Sala, con ocasi\u00f3n de la inconformidad que refiere el apelante, que en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n realizada contra IV\u00c1N DAR\u00cdO CONDE MORANTES, el 10 de febrero de 2022, ante el respectivo Juez de control de garant\u00edas, el aqu\u00ed procesado NO present\u00f3 discapacidad mental, intelectual o sensorial, que le impidiera conocer y comprender los cargos que le fueron comunicados con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, as\u00ed como decidir con voluntad libre y consciente, la renuncia a sus derechos a no auto incriminarse y al juicio oral, garant\u00edas establecidas en el art. 8\u00ba de la Ley 906 de 2004; evidenci\u00e1ndose que CONDE MORANTES estaba debidamente asesorado por su defensor, sin que presentara alg\u00fan estado de inconsciencia o de salud que le impidiera ejercer su derecho a la defensa material. <\/p>\n
Aunado a ello, ni el apoderado que asisti\u00f3 al procesado en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, ni mucho menos la Fiscal\u00eda, as\u00ed como la Juez de Garant\u00edas que presidi\u00f3 la diligencia, informaron o advirtieron, que CONDE MORANTES, presentara alg\u00fan tipo de diagn\u00f3stico que afectara sus facultades mentales generales y comunicativas, situaci\u00f3n que se repite, tampoco se vio reflejada en el comportamiento adoptado por el procesado en la mencionada diligencia. <\/p>\n
De la misma manera, con los EMP allegados por la Fiscal\u00eda, se prob\u00f3 que CONDE MORANTES para el momento de cometer los hechos NO padec\u00eda alg\u00fan tipo de trastorno mental, por el contrario, se corrobor\u00f3 con la entrevista que se le realiz\u00f3 a la v\u00edctima, con los informes de captura, as\u00ed como con lo expuesto por los agentes captores, que el imputado estuvo consciente en los hechos, pues en ning\u00fan momento se mostr\u00f3 ajeno a los mismos, recordando lo ocurrido, indic\u00e1ndole a los funcionarios lo acontecido, por lo que comprend\u00eda la ilicitud de su comportamiento, tal como lo indic\u00f3 de manera acertada la primera instancia. <\/p>\n
Por lo tanto, si bien el aqu\u00ed recurrente alleg\u00f3 una documentaci\u00f3n m\u00e9dica \u2013del 26 de mayo del 2021\u2013 en la que se diagnosticaba que el procesado padec\u00eda de una serie de trastornos mentales producto del consumo de estupefacientes, tambi\u00e9n lo es que de manera alguna el apelante demostr\u00f3 que para el momento de la comisi\u00f3n del delito CONDE MORANTES padeciera de alg\u00fan trastorno que hubiera segado su capacidad de entender la ilicitud de lo que realizaba, por el contrario, los medios que se aportaron desvirt\u00faan la tesis expuesta por el defensor. <\/p>\n
En este orden de ideas concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026), dentro de la actuaci\u00f3n se acredit\u00f3 que IV\u00c1N DAR\u00cdO CONDE MORANTES, cuando celebr\u00f3 el preacuerdo con la Fiscal\u00eda y el defensor que lo asist\u00eda en esa oportunidad, renunci\u00f3 al juicio oral de manera libre, consciente, informada y debidamente asistido, lo cual constat\u00f3 el se\u00f1or Juez a-quo, sin que presentara alg\u00fan estado de inconsciencia o de salud que le impidiera comprender el acuerdo que hab\u00eda aceptado, motivo por el que no hubo vulneraci\u00f3n de derechos en dicho acto procesal. <\/p>\n
Del anterior recuento, resulta razonable que el Tribunal infiriera la necesidad de respaldar el multicitado preacuerdo, como quiera que el juez de conocimiento fue respetuoso de la normatividad procesal que rige la materia (art\u00edculo 348 y ss. de la Ley 906 de 2004) y la jurisprudencia de la hom\u00f3loga en lo penal, adem\u00e1s de la correspondiente verificaci\u00f3n de las circunstancias especiales de las partes involucradas en los hechos por los cuales se adelant\u00f3 en contra del quejos la causa penal, aunado a las prohibiciones que exist\u00edan por ser la victima una menor de edad (art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal), circunstancias estas que inhabilitan la injerencia del juez del amparo. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, se compartan o no, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, STC4613-2021, memorada en STC3373-2023). <\/p>\n
De otra parta y para ahondar en argumentos, el desenlace ser\u00eda el mismo, porque si el promotor entiende que la determinaci\u00f3n mediante la cual se le impuso una condena de 256 meses vulner\u00f3 sus prerrogativas superiores, estaba habilitado para interponer el recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de 24 de mayo de 2023 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios, herramienta id\u00f3nea dispuesta por el legislador para plantear sus discrepancias en ese proceso y de la que no hizo uso, pese a que era el mecanismo adecuado y eficaz para obtener un pronunciamiento del juzgador en relaci\u00f3n con las censuras de las cuales ahora extra\u00f1a una soluci\u00f3n; incuria que resulta imposible subsanar por esta v\u00eda especial, dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional: <\/p>\n
\u00ab[ (\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC3579-2020, STC8092-2021, STC8281-2022 memoradas en STC072-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, se impone convalidar la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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