STC9204-2023 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9204-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01362-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Javier Eduardo Aldana Vega contra el fallo de 25 de julio de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal No. 11001600000020170228900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor pretende que se ordene su libertad. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que la Sala Penal <\/p>\n
del Tribunal accionado lo conden\u00f3 como autor penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n en concurso con cohecho propio, a la pena principal de 94 meses de prisi\u00f3n y lo inhabilit\u00f3 para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el t\u00e9rmino de 102 meses; adem\u00e1s, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de esta y la prisi\u00f3n domiciliaria, por lo que dispuso librar orden de captura en su contra (31 mayo 2023). El aqu\u00ed actor promovi\u00f3 recurso de impugnaci\u00f3n especial contra dicha determinaci\u00f3n, por lo que, el pasado 27 de junio, las diligencias fueron remitidas a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio del censor, la magistratura accionada se limit\u00f3 <\/p>\n
a leer lo redactado en la sentencia que profiri\u00f3, en la cual hizo un an\u00e1lisis precario sobre las medidas sustitutivas de la pena, sin aludir a la necesidad, adecuaci\u00f3n y proporcionalidad de la pena que exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; adem\u00e1s, tampoco fueron expuestas con suficiencia las razones de la captura. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que no ha lesionado derechos fundamentales del actor y precis\u00f3 que el interesado tiene a su alcance otros medios defensa como la impugnaci\u00f3n especial que est\u00e1 en tr\u00e1mite, por lo que solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo tras se\u00f1alar que el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho, habida cuenta que se encuentra en curso el recurso de impugnaci\u00f3n especial impetrado por el solicitante. De otro lado se\u00f1al\u00f3 que no advierte \u00abirregularidad alguna en torno a la materializaci\u00f3n de la captura dispuesta en contra de ALDANA VEGA. Es claro que esa medida se adopt\u00f3 por raz\u00f3n de la orden emitida por la autoridad judicial competente, es decir, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, autoridad que estaba habilitada para librarla cuando profiri\u00f3 sentencia de car\u00e1cter condenatorio, habida consideraci\u00f3n que esa es la regla general, y la excepci\u00f3n es que el juez, motivadamente, se abstenga de dictarla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El actor impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos aducidos en el escrito de tutela y precis\u00f3 que, si bien promovi\u00f3 el recurso de impugnaci\u00f3n especial contra la decisi\u00f3n del Tribunal accionado, lo cierto es que dicha defensa \u00abse centr\u00f3 principalmente en atacar la vulneraci\u00f3n de la cadena de custodia, la Indebida valoraci\u00f3n probatoria, la inexistencia de acreditaci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y la aplicaci\u00f3n inadecuada de las reglas de la experiencia (falso juicio de identidad y falso raciocinio), m\u00e1s no la orden de captura librada\u00bb, por lo que s\u00ed estaba habilitado para cuestionar, por la v\u00eda constitucional, que la magistratura no hubiera cumplido con los preceptos establecidos en el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de procedimiento penal respecto de la necesidad de la pena, toda vez que en la audiencia de fallo no adujo razones para justificar su captura inmediata. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que se desconoci\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que \u00abla negativa a los subrogados penales, no es raz\u00f3n suficiente para proceder a disponer la aprehensi\u00f3n inmediata, en la medida que una interpretaci\u00f3n de ese tenor se ofrece restrictiva y contraria a la teleolog\u00eda del sistema penal actual\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Sala a la queja aducida en la impugnaci\u00f3n, se anuncia que el veredicto impugnado ser\u00e1 ratificado, toda vez que en la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal s\u00ed se fundament\u00f3 en debida forma la orden de captura librada en contra del gestor. <\/p>\n
Revisada la sentencia emitida por la Magistratura convocada, se advierte que la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la autoridad judicial condujo a establecer que Javier Eduardo Aldana Vega, en su calidad de Fiscal, incurri\u00f3 en los delitos de prevaricato y cohecho propio. A continuaci\u00f3n, el Tribunal procedi\u00f3 a establecer la consecuencia propia frente a las conductas, efecto para el cual fij\u00f3 la pena, labor en la que tuvo en cuenta el cargo que desempe\u00f1aba el procesado y el concurso de delitos en que incurri\u00f3. Al respecto precis\u00f3: <\/p>\n
En el caso, la decisi\u00f3n manifiestamente contraria a la ley que sustenta el prevaricato por acci\u00f3n se profiri\u00f3 con la finalidad de obtener dinero a cambio; de manera que el fiscal acusado debi\u00f3 legitimar con sus decisiones la administraci\u00f3n de justicia, pero en cambio, con evidente carencia de valores y escr\u00fapulos opt\u00f3 por desconocer la normatividad con una finalidad eminentemente lucrativa. <\/p>\n
En consecuencia, a la pena del delito de cohecho propio individualizada en ochenta y dos (82) meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso, considera esta corporaci\u00f3n ponderado y razonable incrementar por el concurso con el punible de prevaricato por acci\u00f3n doce (12) meses de prisi\u00f3n y de forma ponderada veinte (20) meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la multa, en consonancia con el numeral 4 del art\u00edculo 39 del C\u00f3digo Penal, cuando existe concurso de delitos, su incremento ser\u00e1 aritm\u00e9tico, por lo que a los sesenta y ocho (68) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes del punible de cohecho propio deber\u00e1 aumentarse los sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigente por el delito de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala impondr\u00e1 a Javier Eduardo Aldana Vega por los delitos de cohecho propio en concurso con prevaricato por acci\u00f3n noventa y cuatro (94) meses de prisi\u00f3n, multa de ciento treinta y cuatro punto sesenta y seis (134.66) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones por ciento dos (102) meses. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el cuerpo colegiado tambi\u00e9n expuso las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a conceder la suspensi\u00f3n provisional de la pena y tampoco el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria. Sobre estos \u00edtems dijo: <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 1709 de 2014, vigente para la \u00e9poca de los hechos114, establece los siguientes requisitos para la concesi\u00f3n de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena: i). Que la pena impuesta no sea superior a cuatro (4) a\u00f1os, ii). Que el sentenciado carezca de antecedentes penales y no se proceda por uno de los delitos contemplados en el inciso segundo del art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal y iii). Que en el evento de existir antecedentes penales, las condiciones personales, sociales y familiares del sentenciado permitan concluir que no existe necesidad de ejecutar la pena en establecimiento carcelario. <\/p>\n
En el caso, no se cumple el requisito objetivo, toda vez que la pena privativa de la libertad impuesta es superior a los cuatro (4) a\u00f1os previstos en la norma en cita. <\/p>\n
Y en concreto, sobre la prisi\u00f3n domiciliaria se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) los delitos atentatorios de la administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1n incluidos en el inciso segundo del art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, en los que opera la prohibici\u00f3n de otorgar la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que con el estudio que hizo el Tribunal a lo largo de la sentencia censurada, justific\u00f3 la orden de captura que emiti\u00f3, pue no solo hall\u00f3 probada la ocurrencia de dos conductas punibles que se sancionan con pena de c\u00e1rcel, sino que reproch\u00f3 que las mismas hubiera sido cometidas por alguien que deb\u00eda tener un comportamiento \u00e9tico por su condici\u00f3n de Fiscal; adem\u00e1s, explic\u00f3 las razones por las cuales no era procedente conceder la suspensi\u00f3n provisional de la pena o la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Es decir, la autoridad judicial no incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n, por el contrario puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se convalidar\u00e1 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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