STC9216-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC9216-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01699-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 9 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Efra\u00edn Araujo Lara contra el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad y la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado N\u00ba 2023-00033-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y los \u00abecon\u00f3micos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
De acuerdo con el accionante, en el proceso penal se conden\u00f3 \u00ablegalmente (\u2026) [y] econ\u00f3micamente por igual, tanto al deudor principal como al deudor solidario. Art\u00edculo 96 del C\u00f3digo Penal (\u2026). Lo anterior es obvio por tanto Carlos Su\u00e1rez fue intervenido en sus dineros y bienes por la Superintendencia de Sociedades y en consecuencia son los llamados a responder econ\u00f3micamente en [la] demanda\u00bb. <\/p>\n
En providencia de 16 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el mandamiento de pago en el ejecutivo, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y confirm\u00f3 el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad el 2 de junio de 2023. <\/p>\n
Sostiene que formul\u00f3 una \u00absolicitud\u00bb posterior ante el Juzgado del Circuito accionado para lograr el mandamiento de pago, pero esa autoridad vulner\u00f3 su derecho de petici\u00f3n, porque \u00abno se hizo ni la m\u00e1s m\u00ednima alusi\u00f3n a los documentos de la petici\u00f3n (\u2026) [y] da una respuesta incoherente y por ende inconcurrente, es decir, por fuera de lo solicitado con fundamento en documentos y para terminar tampoco emiti\u00f3 respuesta dentro de los t\u00e9rminos estipulados\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar que se reconozcan sus derechos \u00abecon\u00f3micos como lo ordena la sentencia (\u2026) por parte de la Superintendencia de Sociedades (\u2026), donde demostrado est\u00e1 que son los pagadores de Carlos Su\u00e1rez\u00bb y se \u00abampare en el cumplimiento de la sentencia con el apoyo de la sentencia 048 de 2019 de la Corte Constitucional\u00bb. (sic) <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n contra el auto de 16 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, neg\u00f3 librar el mandamiento de pago pretendido por el accionante, providencia que ratific\u00f3 el 2 de junio siguiente. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el solicitante, con posterioridad, le remiti\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb reclamando el reconocimiento de sus derechos e insistiendo los argumentos de la apelaci\u00f3n ya resuelta, reclamo que desestim\u00f3 con auto de 11 de julio de 2023, explicando la improcedencia del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb en actuaciones judiciales y se\u00f1al\u00e1ndole al peticionario que deb\u00eda estarse a lo decidido en el auto de 2 de junio de 2023, y finalmente pidi\u00f3 negar el amparo, porque no ha vulnerado las garant\u00edas del interesado. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades, se opuso a la prosperidad del amparo, porque \u00abno es deudora solidaria del intervenido (\u2026) Carlos Alfredo Su\u00e1rez\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, si bien conoci\u00f3 del proceso de intervenci\u00f3n frente a Carlos Alfredo Suarez en los t\u00e9rminos del Decreto 4334 de 2008, esa circunstancia no permite reprocharle la lesi\u00f3n de los derechos del accionante, porque en sus competencias no se encuentra \u00abel reconocimiento de las prestaciones econ\u00f3micas que se reclaman\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, en el asunto bajo su cargo, el 30 de junio de 2010 orden\u00f3 \u00abel inicio de la medida de liquidaci\u00f3n judicial de Carlos Alfredo Su\u00e1rez (\u2026) y el establecimiento de comercio denominado \u201cProyecciones D.R.F.E.\u201d (\u2026) proceso terminado\u00bb con auto de 2014-01-559394 de 9 de diciembre de 2014, y el 26 siguiente \u00abaprob\u00f3 el informe de gesti\u00f3n y la rendici\u00f3n final de cuentas presentada por la auxiliar de la justicia\u00bb y, de igual modo, se agotaron todas las etapas del litigio para terminarlo y disponer su archivo. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que de ninguna manera en sus decisiones puede extraerse que se haya convertido en \u00abadministradora y pagadora\u00bb del intervenido \u00abya que, en primer lugar, las decisiones de reconocimiento de afectados y la ejecuci\u00f3n de planes de pago para lograr la devoluci\u00f3n a los afectados reconocidos, est\u00e1 en cabeza del agente liquidador designado para el proceso y no de la Superintendencia como Juez del proceso de intervenci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 estarse a lo probado en el proceso ejecutivo materia de queja y envi\u00f3 el enlace virtual correspondiente para su verificaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo porque no encontr\u00f3 irregularidad en el proceso ejecutivo reprochado, porque el auto de 2 de junio de 2023 \u00abno adolece de ning\u00fan defecto sustantivo y (\u2026) el derecho de petici\u00f3n resulta improcedente en actuaciones judiciales\u00bb. Sobre lo primero, puntualiz\u00f3 que la decisi\u00f3n se ajustaba al ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que con ella se confirm\u00f3 la negativa a librar el mandamiento de pago contra la Superintendencia de Sociedades, ante la inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo frente a esa autoridad, pues \u00abdebe tenerse en cuenta que en trat\u00e1ndose de ejecuciones por sumas de dinero, lo procedente es aportar t\u00edtulo ejecutivo del que se desprenda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo del deudor o herederos, \u00faltimo aspecto que no encontr\u00f3 reunido el funcionario encargado del estudio de los documentos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a lo segundo, se\u00f1al\u00f3 que la solicitud del actor tras la emisi\u00f3n de la rese\u00f1ada providencia \u00abno corresponde a una situaci\u00f3n administrativa, sino que su prop\u00f3sito fue la de reiterar los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n, misiva que fue resuelta en auto del 11 de julio de 2023, en donde se indic\u00f3 que se estuviera a lo dispuesto en prove\u00eddo anterior. Decisi\u00f3n que tampoco puede calificarse como contraria a derecho, porque responde a lo peticionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 reafirmarse en las alegaciones realizadas en el escrito inicial, y, adicionalmente, advirti\u00f3 confusamente que en esta instancia deb\u00eda inform\u00e1rsele \u00abSI LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ACOGI\u00d3 O NO LOS DERECHOS DE LAS V\u00cdCTIMAS PARA LA REPARACI\u00d3N INTEGRAL Y POR QUIENES VIENEN A SER LOS RESPONSABLES PARA TAL EFECTO. CON ESTAS ACLARACIONES SE TENDR\u00cdA CLARO CU\u00c1L SER\u00cdA A FUTURO EL PROCEDIMIENTO LEGAL O SI POR EL CONTRARIO LOS LLAMADOS A RESPONDER (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES) CONTINUAN EN LA IMPUNIDAD, PESE A QUE SE AUTOCONSTITUYERON EN LOS ADMINISTRADORES Y PAGADORES A NOMBRE DE CARLOS SU\u00c1REZ, CON LAS FACULTADES QUE LES CREARON LOS DECRETOS 4333 Y 4334 DEL 2008. SOBRA RECORDAR QUE PARA ELLO SE AUTOPROFIRIERON LA DECISION 003 del 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. CON LO CUAL INTERVINIERON LOS BIENES DEL SE\u00d1OR CARLOS SU\u00c1REZ CON EL \u00daNICO PROP\u00d3SITO DE PAGAR A LOS AFECTADOS, Y LA PREGUNTA ES \u00bfSI LAS V\u00ccCTIMAS DEL PROCESO PENAL NO LO SOMOS?\u00bb. (sic) <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, o fundada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Examinada la queja constitucional y el expediente allegado a este tr\u00e1mite, la Sala establece que el se\u00f1or Jos\u00e9 Efra\u00edn Araujo Lara cuestiona i) la actuaci\u00f3n del proceso ejecutivo que impuls\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades, porque se neg\u00f3 el mandamiento de pago, pese a que, en su criterio, esa entidad est\u00e1 obligada a responder \u00absolidariamente\u00bb por los valores que se impusieron al se\u00f1or Carlos Alfredo Su\u00e1rez en el proceso penal en el que fue condenado por captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, en concurso heterog\u00e9neo con lavado de activos, para indemnizar a las v\u00edctimas de tales delitos y, ii) la \u00abrespuesta\u00bb suministrada a la petici\u00f3n que elev\u00f3 ante el Juzgado del Circuito accionado, insistiendo en las quejas aqu\u00ed planteadas. <\/p>\n
3. La Sala concluye el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada y, por tanto, confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pues como lo consider\u00f3 el a quo, no se advierte irregularidad en la gesti\u00f3n de los funcionarios judiciales accionados en la ejecuci\u00f3n materia de reproche, particularmente, en las providencias de 2 de junio y 11 de julio de 2023, con las cuales, en su orden, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la negativa del mandamiento de pago y, resolvi\u00f3 desestimar el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que con posterioridad present\u00f3 el accionante. <\/p>\n
4. Para definir la censura contra la primera determinaci\u00f3n referida, la Sala advierte que Jos\u00e9 Efra\u00edn Araujo Lara, aqu\u00ed accionante, formul\u00f3 la demanda ejecutiva contra la Superintendencia de Sociedades y pretendi\u00f3 el pago de los valores que se reconocieron a las v\u00edctimas en la sentencia proferida por el Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Pereira el 11 de agosto de 2011, modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, providencia no casada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
El Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, inadmiti\u00f3 la demanda para que se subsanara, entre otras, cuestiones, en el sentido de informar porqu\u00e9 se planteaba el cobro contra la Superintendencia de Sociedades cuando el condenado fue el se\u00f1or Carlos Alfredo Su\u00e1rez, adem\u00e1s, requiri\u00f3 aportar \u00abel documento que condene solidariamente\u00bb a la mencionada Superintendencia. <\/p>\n
El actor advirti\u00f3 que subsanaba su demanda, e insisti\u00f3 en la solidaridad de la Superintendencia de Sociedades por tramitar el proceso de intervenci\u00f3n respecto del citado sentenciado, cuesti\u00f3n que, en su criterio, hab\u00eda sido avalada en el asunto penal en el que se profirieron las sentencias que pretendi\u00f3 ejecutar. <\/p>\n
La anterior providencia fue recurrida en apelaci\u00f3n y el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto de 2 de junio de 2023 la confirm\u00f3 porque de las sentencias aportadas para la ejecuci\u00f3n no se extra\u00eda \u00abque la Superintendencia de Sociedades haya sido condenada a pagar suma alguna en favor del [all\u00ed] ejecutante o alguna otra carga de la cual se pueda desprender una obligaci\u00f3n a cargo de dicha entidad de manera directa o de forma solidaria, ni en contra de alg\u00fan agente interventor a su cargo\u00bb, asimismo, anot\u00f3 que la alusi\u00f3n a un \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb que firm\u00f3 el condenado \u00aben calidad de indemnizante\u00bb, tampoco permit\u00eda advertir la configuraci\u00f3n de un t\u00edtulo complejo y, menos, una obligaci\u00f3n a cargo de la entidad ejecutada. <\/p>\n
5. Fijado lo anterior, es evidente que en ninguna vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales ocurri\u00f3, porque, en realidad, de la revisi\u00f3n de las sentencias penales y de las alegaciones del peticionario, no puede extraerse una obligaci\u00f3n ejecutiva a cargo de la Superintendencia de Sociedades por el hecho de haber conocido del proceso de intervenci\u00f3n contra el sentenciado Carlos Alfredo Su\u00e1rez, asunto que, en todo caso y como aqu\u00ed lo inform\u00f3 esa autoridad, termin\u00f3 desde el 26 de diciembre de 2014, con la aprobaci\u00f3n del \u00abinforme de gesti\u00f3n y la rendici\u00f3n final de cuentas presentada\u00bb por el agente liquidador all\u00ed designado. <\/p>\n
6. Resta anotar igualmente que del pronunciamiento de 11 de julio de 2023, proferido por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y en el que le indic\u00f3 al actor la improcedencia del \u00abderecho de petici\u00f3n en actuaciones jurisdiccionales, tampoco se extrae desafuero, porque explic\u00f3 que en el marco de las actuaciones judiciales tal garant\u00eda no tiene asidero, conforme a la jurisprudencia (C.C. T-298 de 1997), adem\u00e1s respecto de los reproches del accionante, fundados, de nuevo, en la viabilidad de la ejecuci\u00f3n que plante\u00f3, le inform\u00f3 que deb\u00eda estarse a la decisi\u00f3n de 2 de junio de 2023, determinaci\u00f3n que, se insiste, no luce arbitraria o irregular. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala en casos similares, ha se\u00f1alado que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, \u00abNo resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n (\u2026), cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que (\u2026) el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Ver CSJ. STC5343-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Las razones expuestas se consideran suficientes para confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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