STC9218-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9218-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03402-00 <\/p>\n
11001-02-03-000-2023-03537-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela instaurada por Fernando Marim\u00f3n Romero, Eduardo Jos\u00e9 Cantillo Romero, Manuel Esteban Malambo Avil\u00e9s y Jos\u00e9 del Carmen Orozco Pacheco, a la que se acumul\u00f3 la promovida por An\u00edbal Alviz Ru\u00edz, todos, todos contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001-31-04-016-2013-00011 (62981). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderada y el \u00faltimo, en nombre propio, reclamaron la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, garant\u00edas judiciales y seguridad jur\u00eddica y principio de la cosa juzgada\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura censurada, \u00abi) admitir las demandas de casaci\u00f3n\u00bb presentadas por Fernando, Eduardo Jos\u00e9, Manuel Esteban y An\u00edbal, aplic\u00e1ndoles \u00abel precedente fijado en la sentencia SP196-2023\u00bb y, ii) Resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica del no recurrente en casaci\u00f3n, Jos\u00e9 del Carmen, con base en el mismo pronunciamiento, de conformidad con \u00abel art\u00edculo 229 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidieron que se conminara a la Sala enjuiciada tramitar la \u00absolicitud de aclaraci\u00f3n presentada\u00bb por Eduardo Jos\u00e9 y \u00abdeclarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, en calidad de determinadores. <\/p>\n
En resumen, adujeron que dicha autoridad en la causa penal adelantada en su contra, inadmiti\u00f3 las demandas de casaci\u00f3n (AP669-2023, 8 mar.) propuestas contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (23 may. 2022) que modific\u00f3 parcialmente el fallo condenatorio de primera instancia (23 mar. 2021), notificando aquella determinaci\u00f3n, \u00abpor Estado el 24 de marzo de 2023 a los procesados y sus abogados, con excepci\u00f3n del apoderado del accionante Eduardo Cantillo Romero, Alejandro Bernier V\u00e9lez, quien fue notificado el 18 de abril 2023\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que Fernando Marim\u00f3n interpuso el mecanismo de insistencia, mientras Eduardo Jos\u00e9 requiri\u00f3 la aclaraci\u00f3n del interlocutorio rese\u00f1ado, todos rechazados por la querellada (10 abr.), lo que se repiti\u00f3 frente a la cesaci\u00f3n de procedimiento por \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb incoada por los \u00abcasacionistas\u00bb (20 abr. y 3 may.), pese a que tal fen\u00f3meno acaeci\u00f3, para el caso de Fernando, Eduardo Jos\u00e9 y Manuel, el 6 de abril, cuando se cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo Penal y \u00abpara mayo de 2022\u00bb respecto de Alviz Ru\u00edz, quien dijo remitirse \u00aba los expedientes de su recurso de apelaci\u00f3n contra el juez 16 Penal del Circuito y reiterado en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resaltaron que Jos\u00e9 del Carmen cuenta con 75 a\u00f1os de edad y sufre de c\u00e1ncer de pr\u00f3stata e hipertensi\u00f3n, por lo que demanda un \u00abtrato diferencial\u00bb, en aras de flexibilizar el an\u00e1lisis de procedibilidad de esta herramienta en su caso, por cuanto, si bien no recurri\u00f3 en casaci\u00f3n, ello obedeci\u00f3 a que confi\u00f3 en el profesional que representaba sus intereses, quien descuid\u00f3 sus deberes. <\/p>\n
Acusaron las resoluciones descritas de incurrir en: i) Desconocimiento del criterio constitucional fijado en las sentencias SU 635 de 2015 y SU 962 de 1999; ii) \u00abDefecto sustantivo\u00bb por \u00abinsuficiencia y ausencia de motivaci\u00f3n\u00bb, iii) \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb por transgredir los privilegios invocados, \u00abante la inexistencia de material probatorio que permita aplicar el supuesto contenido en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal (determinaci\u00f3n) y la atipicidad de la conducta (peculado por apropiaci\u00f3n agravado)\u00bb; y iv) \u00abDefecto material\u00bb por inaplicar los principios de favorabilidad, interpretaci\u00f3n propersona y prolibertatis, previstos en el art\u00edculo 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal memor\u00f3 que mediante sentencia C-534 de 1992, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 40 del Decreto 2591 de 1991, lo que se traduce en la inviabilidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales ejecutoriadas\u00bb como las atacadas en el particular. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rese\u00f1\u00f3 el decurso materia de reproche y se opuso al auxilio, por no concurrir \u00abninguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de tutela contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena dio cuenta de los juicios de esa naturaleza, all\u00ed adelantados, informando que, en la actualidad se encuentran archivados. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n afirm\u00f3 que la \u00abinvestigaci\u00f3n\u00bb criticada \u00abfue estudiada y analizada en las diferentes instancias\u00bb y lo decidido cuenta con adecuada motivaci\u00f3n, de tal manera que la ayuda superlativa debe \u00abrechazarse\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Los gestores recriminan, en primer lugar, el prove\u00eddo AP669-2023 de 8 de marzo, notificado el 24 siguiente, que \u00abinadmiti\u00f3 las demandas de casaci\u00f3n interpuestas en favor de FERNANDO MARIM\u00d3N ROMERO, EDUARDO CANTILLO ROMERO, AN\u00cdBAL ALVIS RUIZ, IGNACIO FONTALVO YABRUDY y MANUEL ESTEBAN MALAMBO AVIL\u00c9S\u00bb, el cual no muestra subjetividad, arbitrariedad o capricho, trat\u00e1ndose, por tanto, de una labor que no puede ser discutida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para soportar su conclusi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal examin\u00f3 la pertinencia de la t\u00e9cnica de cada uno de los embates formulados con miras a establecer si eran susceptibles de estudio bajo el tamiz propio del control legal y constitucional que se acomete en dicha sede, estableciendo que ninguno de ellos satisfac\u00eda \u00ablas exigencias establecidas en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 212 de la Ley 600 de 2000, que precisa enunciar la causal de casaci\u00f3n y formular el cargo con indicaci\u00f3n clara y puntual de sus fundamentos y de las normas que se estimen infringidas\u00bb. <\/p>\n
1.1.- En torno al principal ataque de la defensa de Marim\u00f3n Romero, por \u00abafectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales, dada la ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia sobre el instituto de la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, encontr\u00f3 que \u00abcontraviene el principio de correcci\u00f3n material\u00bb, en tanto endilga un reproche que no corresponde a la realidad procesal, \u00abpues la sentencia impugnada motiv\u00f3 con amplitud su decisi\u00f3n en torno a esa figura jur\u00eddica\u00bb, precisando, al respecto, que el ad quem, <\/p>\n
\u00abse\u00f1al\u00f3 que \u00abser\u00eda del caso realizar el estudio pertinente si no fuera porque en atenci\u00f3n a los pronunciamientos adoptados por la Sala de Decisi\u00f3n del H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 como el del 26 de octubre de 2018\u2026y a las decisiones de la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Penal como la del 9 de octubre de 2019, bajo el radicado 55704 Dr. Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, es menester mantener la l\u00ednea decisoria trazada por tales autoridades\u00bb. Y, al efecto, transcribi\u00f3 apartes de esos pronunciamientos, as\u00ed como de la norma transitoria adoptada para enfrentar la emergencia surgida por el COVID-19 \u2013Decreto 546 de 2020-, luego de lo cual concluy\u00f3 que \u00aben el asunto de la especie se observa que si bien es cierto los condenados, salvo FERNANDO MARIM\u00d3N ROMERO, podr\u00edan ser beneficiarios de la medida en vista de ser personas que han cumplido 60 a\u00f1os de edad o m\u00e1s (art\u00edculo 2 \u00eddem), no menos cierto es que el referido estatuto estableci\u00f3 que se excluye de este beneficio a los condenados por punibles como peculado por apropiaci\u00f3n (art\u00edculo 6 \u00eddem), por lo que los aqu\u00ed acusados sancionables no podr\u00e1n ser beneficiarios de dicho subrogado transitorio por incumplimiento del requisito objetivo\u00bb. <\/p>\n
Sobre el \u00abprimer cargo subsidiario\u00bb, tendiente a evidenciar la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 23 del Decreto Ley 100 de 1980 sobre el concepto de determinador e indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 397 del C.P., dado que la sentencia construy\u00f3 la determinaci\u00f3n en el conocimiento del procesado de la ilicitud de su actuar, su experiencia laboral y, sus relaciones de cercan\u00eda territorial y amistad con sus clientes\u00bb, record\u00f3 que la v\u00eda elegida \u00absupone considerar que la norma escogida para resolver el caso es la correcta, s\u00f3lo que la hermen\u00e9utica dada por el fallador es equivocada, lo cual impone evidenciar el errado sentido otorgado al precepto, as\u00ed como las consecuencias de dicha falencia en la declaraci\u00f3n de justicia contenida en la sentencia\u00bb, labor\u00edo que el recurrente incumpli\u00f3, en tanto, <\/p>\n
\u00abno otorg\u00f3 razones para demostrar su afirmaci\u00f3n en tanto se limit\u00f3 a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria de las instancias. Adicionalmente, de manera contradictoria con la v\u00eda de ataque seleccionada, se\u00f1al\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 397 del C.P., circunstancia que implica considerar errada la selecci\u00f3n normativa de los falladores, lo cual resulta incompatible con el defecto de interpretaci\u00f3n aducido\u00bb. <\/p>\n
Con todo, aclar\u00f3 al libelista que <\/p>\n
\u00aben el fallo se especificaron y sustentaron los elementos de ese instituto [se refiere a la figura del determinador] de la siguiente forma: i) la acci\u00f3n del inductor, que en este caso la ubic\u00f3 en la presentaci\u00f3n de reclamaciones y demandas infundadas, ii) la tentativa o consumaci\u00f3n del hecho inducido, que para el evento analizado, la cifr\u00f3 en la materializaci\u00f3n del delito de peculado por la apropiaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos a los que no ten\u00edan derecho los sentenciados, iii) el v\u00ednculo del delito y la inducci\u00f3n, ubicada en que sin las acciones judiciales no se habr\u00edan obtenido las decisiones que ileg\u00edtimamente permitieron la expoliaci\u00f3n de dineros estatales, iv) la carencia de dominio del hecho por parte de los instigadores, porque a pesar de sembrar la idea criminal no pod\u00edan ordenar directamente la entrega dineraria pretendida y, v) el dolo de los instigadores, fundado en que los procesados sab\u00edan que \u00abreclamar conceptos laborales sin sustento jur\u00eddico ni f\u00e1ctico\u00bb, era un comportamiento contrario a la ley penal\u00bb. <\/p>\n
Desestim\u00f3 tambi\u00e9n \u00abel segundo reproche subsidiario\u00bb, fundado en \u00abun falso juicio de identidad por tergiversaci\u00f3n de la indagatoria\u00bb del entonces procesado, porque no evidenci\u00f3 la alteraci\u00f3n de la objetividad del fallador ni \u00abla trascendencia del yerro y su impacto en el sentido de la declaraci\u00f3n de justicia contenida en la decisi\u00f3n\u00bb y, por el contrario, al sustentar el embate, ratific\u00f3 \u00abque la prueba no fue alterada en su contenido material en la medida que acepta que el indagado manifest\u00f3 tener 15 a\u00f1os de experiencia laboral y estudios de maestr\u00eda en derecho administrativo, tal como se consign\u00f3 en la sentencia\u00bb. Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que \u00ab[e]se tipo de errores deben arg\u00fcirse por la v\u00eda del falso raciocinio, caso en el cual debe cumplirse con todas las exigencias de esta modalidad, lo cual no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Y, para ahondar en razones, explic\u00f3 que \u00abel dolo lo finc\u00f3 el fallo en que el sentenciado sab\u00eda, por sus conocimientos profesionales y de la convenci\u00f3n laboral, que las demandas no ten\u00edan sustento f\u00e1ctico ni jur\u00eddico. Adem\u00e1s, MARIM\u00d3N ROMERO contaba con varios a\u00f1os de experiencia laboral para ese momento si en cuenta se tiene que termin\u00f3 estudios en 1988, obtuvo la licencia profesional el 9 de abril de 1991 y los procesos laborales se incoaron a partir de 1994, de manera que s\u00ed contaba con experiencia litigiosa\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, descart\u00f3 el \u00abtercer cargo subsidiario\u00bb, soportado en \u00abla violaci\u00f3n directa de la ley por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 401 del C.P. en lo atinente al reconocimiento de la rebaja de la pena por la devoluci\u00f3n del dinero apropiado\u00bb, porque la negativa de tal beneficio punitivo, obedece a la l\u00ednea \u00abjurisprudencial vigente en la materia, por manera que no interpret\u00f3 en forma errada el precepto indicado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, memor\u00f3 que, en la actualidad, <\/p>\n
\u00abla atenuaci\u00f3n punitiva por reintegro parcial o total no puede operar sino cuando ha habido devoluci\u00f3n voluntaria de lo apropiado, perdido o extraviado, o de su valor y no cuando los bienes se han recuperado por la acci\u00f3n unilateral de la justicia, porque este evento no puede, en sana l\u00f3gica, beneficiar a quien no lo procur\u00f3 por s\u00ed o por tercera persona. En consecuencia, cuando ya los bienes del Estado se han recobrado, no es posible el surgimiento de esta circunstancia de atenuaci\u00f3n espec\u00edfica, por sustracci\u00f3n de materia\u00bb. (CSJ SP5696-2021- rad. 52483). <\/p>\n
1.2.- En lo concerniente al pliego presentado, directamente, por Fernando Marim\u00f3n, asever\u00f3 que el cargo inicial, seg\u00fan el cual se infringi\u00f3 \u00abel debido proceso porque (\u2026) el hecho de presentar tres demandas ante los juzgados laborales no actualiza la instigaci\u00f3n a cometer [el] hecho punible, en lo cual observa falta de motivaci\u00f3n de la condena\u00bb, involucra variados reparos que no acreditan \u00abla existencia de las irregularidades enunciadas ni se\u00f1al\u00f3 de qu\u00e9 manera se menoscabaron los derechos sustanciales de los sujetos procesales y, menos a\u00fan, confront\u00f3 los actos presuntamente an\u00f3malos con los principios de convalidaci\u00f3n, trascendencia, residualidad y taxatividad, entre otros, que rigen las nulidades\u00bb, sino que \u00abrepite sin variaci\u00f3n los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n, los cuales fueron resueltos por el Tribunal, luego de la valoraci\u00f3n conjunta e integral del material probatorio acopiado\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, respondi\u00f3 las quejas del memorialista, recalcando que \u00abla sentencia demandada s\u00ed motiv\u00f3 la decisi\u00f3n de condenar al procesado y, en tal sentido, explic\u00f3 con amplitud que la sanci\u00f3n proced\u00eda no por el simple hecho de presentar acciones judiciales sino por hacerlo sabiendo que las reclamaciones no ten\u00edan soporte f\u00e1ctico ni jur\u00eddico, pues s\u00f3lo eran el medio para apropiarse de dineros estatales a los que no ten\u00edan derecho\u00bb. <\/p>\n
Lo mismo ocurri\u00f3 frente al cargo a trav\u00e9s del cual se imput\u00f3 el \u00abmanifiesto desconocimiento del debido proceso porque el Tribunal decret\u00f3 la nulidad parcial del proceso, cuando deb\u00eda ordenar la nulidad total\u00bb, ya que, el inconforme pas\u00f3 por alto que \u00abla nulidad parcial fue decretada por el Tribunal por la afectaci\u00f3n del principio de congruencia a los procesados GLADYS MARINA DEL CASTILLO P\u00c9REZ y EDUARDO JOS\u00c9 CANTILLO ROMERO en la medida que en la indagatoria no les imputaron cargos por su participaci\u00f3n en las reclamaciones de Erdulfo Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez y Benjam\u00edn Ricardo Caballero Vergara, respectivamente, no obstante lo cual, fueron condenados en primera instancia por esos hechos\u00bb. <\/p>\n
De cara al tercer embiste, a cuyo tenor \u00abla sentencia viol\u00f3 de manera directa la ley sustancial por indebida aplicaci\u00f3n, dado que lo conden\u00f3 como determinador del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, cuando el punible materializado fue el prevaricato por acci\u00f3n porque los funcionarios determinados no se apropiaron de nada, simplemente dictaron providencias contrarias a la ley\u00bb, estim\u00f3 la Sala confutada que: <\/p>\n
\u00abincumpli\u00f3 el demandante la obligaci\u00f3n de sustentar adecuadamente el cargo por cuanto no acepta los hechos como fueron planteados en la sentencia, de suerte que no propone un debate de naturaleza exclusivamente jur\u00eddica, como deb\u00eda hacerse en consonancia con el cargo seleccionado, en la medida que recorta los hechos definidos por las instancias y, en su lugar, propone como tesis alternativa la configuraci\u00f3n del prevaricato por acci\u00f3n, delito no imputado en este proceso en la medida que no se juzgan servidores p\u00fablicos y que, en todo caso, de haberse configurado, no excluye el peculado por apropiaci\u00f3n imputado a los procesados\u00bb. <\/p>\n
El cuarto reclamo, apoyado en la ausencia del \u00abdescuento punitivo del inciso tercero del art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal, pues si actu\u00f3 como determinador tiene derecho al descuento punitivo por no tener las calidades especiales exigidas en el tipo\u00bb, cavil\u00f3 la Corporaci\u00f3n recriminada, \u00abdesconoce la interpretaci\u00f3n jurisprudencial vigente sobre esa materia y, adem\u00e1s, no cumple con ninguno de los fines casacionales, esto es, lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas debidas a las partes e intervinientes, reparar agravios infringidos o unificar la jurisprudencia\u00bb, en la medida en que el Tribunal de Bogot\u00e1, <\/p>\n
\u00absigui\u00f3 los derroteros trazados por la jurisprudencia, acorde con la cual \u00abla reducci\u00f3n punitiva de la cuarta parte de la pena prevista para el interviniente \u00abque no teniendo las calidades exigidas en el tipo penal concurra en su realizaci\u00f3n\u00bb, s\u00f3lo es aplicable al <coautor del delito especial sin cualificaci\u00f3n\u00bb, sin que sea procedente tener en cuenta la dosificaci\u00f3n punitiva all\u00ed revista, respecto de quienes ostentan la calidad de determinadores o c\u00f3mplices\u00bb (CSJ SP 7\/09\/06, rad. 22447). <\/p>\n
1.3.- Acto seguido, la Sala de Casaci\u00f3n Penal acometi\u00f3 el estudio de la \u00abdemanda de casaci\u00f3n\u00bb elevada por Eduardo Cantillo Romero, cuyo \u00fanico ataque \u00abplantea la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, v\u00eda falso juicio de existencia, porque la calidad de determinador del delito de peculado la dedujeron los juzgadores de la presentaci\u00f3n de dos demandas laborales, situaci\u00f3n que no puede ser criminalizada, m\u00e1xime cuando en el caso de Luis Eduardo Gamarra Padilla la demanda no fue radicada por \u00e9l, pues asumi\u00f3 la representaci\u00f3n judicial en un estadio avanzado del proceso\u00bb. <\/p>\n
Tras precisar las exigencias de la v\u00eda seleccionada, destac\u00f3 que aquel no cumpli\u00f3 con ellas, dado que no aludi\u00f3 \u00ablos medios de prueba omitidos o supuestos, sino que cuestiona el proceso de apreciaci\u00f3n probatoria que llev\u00f3 a los juzgadores a deducir la responsabilidad del sentenciado como determinador del delito de peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, recriminaci\u00f3n que, adem\u00e1s, debi\u00f3 \u00abencausar bajo otra v\u00eda de ataque \u2013 valga decir falso raciocinio-, cumpliendo los presupuestos propios de esa modalidad\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, detall\u00f3 que \u00abel libelo s\u00f3lo recoge la inconformidad del censor con la valoraci\u00f3n probatoria de las instancias, la cual prevalece en atenci\u00f3n a la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad del fallo y a que la casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia para prorrogar debates ya agotados\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Al evaluar la \u00abreprimenda inicial\u00bb de An\u00edbal Alviz Ru\u00edz, sustentada en la \u00abaplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 397 del C.P. y la inaplicaci\u00f3n del 133 de la Ley 100 de 1980\u00bb y la falsa motivaci\u00f3n de la sentencia por \u00abnegar la tesis de la complicidad\u00bb que conllevaba una sanci\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9fica y, de contera, un menor lapso extintivo, evidenci\u00f3 el yerro del discrepante en la selecci\u00f3n de \u00abla v\u00eda del reparo\u00bb y el entremezclamiento de \u00abla violaci\u00f3n directa de la ley por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, exclusi\u00f3n evidente y aplicaci\u00f3n indebida, en detrimento de los principios de claridad y precisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en aras de solventar las dudas esgrimidas remembr\u00f3 que \u00abla cuant\u00eda de la apropiaci\u00f3n de recursos estatales super\u00f3 el valor de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la \u00e9poca, raz\u00f3n por la cual, sin dificultad se advierte correcta la adecuaci\u00f3n de la conducta en el inciso segundo del art\u00edculo 397 de la ley 599 de 2000\u00bb, relievando que, para la \u00e9poca de los sucesos, el Estatuto Punitivo ya hab\u00eda sido modificado por la Ley 190 de 1995, que para esos eventos, increment\u00f3 la pena en la mitad. <\/p>\n
De manera que, \u00abla normatividad sustantiva aplicable al presente asunto, en lo que ata\u00f1e al comportamiento relacionado con el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado por la cuant\u00eda, corresponde al precepto 397, inciso 2, de la Ley 599 de 2000, aplicable por favorabilidad en comparaci\u00f3n con la norma precedente de 1995, pues, el actual C\u00f3digo Penal consagra para la multa el tope m\u00e1ximo de 50.000 SMLMV, que no tra\u00eda el Decreto Ley 100 de 1980\u00bb. <\/p>\n
En torno a la anhelada \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel t\u00e9rmino m\u00e1ximo con que contaba el Estado en la etapa previa a la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n respecto del punible de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, es de 22 a\u00f1os y 6 meses, que se reduce a 20 a\u00f1os por ser el m\u00e1ximo legal, como lo establece el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal. Lapso que no se super\u00f3 porque la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n obtuvo firmeza el 6 de abril de 2013, cuando el Tribunal resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n elevada contra el pliego de cargos, momento en el que se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino y empez\u00f3 a contarse de nuevo, como establece el art\u00edculo 86 del C.P., sin que haya fenecido el plazo de 10 a\u00f1os previsto en esa normativa\u00bb. <\/p>\n
Y recalc\u00f3 que la degradaci\u00f3n en el modo de participaci\u00f3n incoada, <\/p>\n
\u00absurge de desconocer los t\u00e9rminos de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica, pues, bajo el argumento de no reunir las calidades personales del tipo \u2013servidor p\u00fablico-, predican la imposibilidad de la determinaci\u00f3n, cuando lo cierto es que en la acusaci\u00f3n y en la sentencia claramente se se\u00f1ala que ese t\u00edtulo de atribuci\u00f3n de responsabilidad obedece a que incidieron, a trav\u00e9s de sus abogados, en los jueces de la Rep\u00fablica para que dictaran sentencias abiertamente ilegales, como medio para obtener el pago de cuantiosos recursos a los que no ten\u00edan derecho, conducta que se adecua plenamente a la figura de la determinaci\u00f3n y no a la de complicidad. <\/p>\n
Sobre el supuesto \u00abdesconocimiento de las reglas de producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb, resalt\u00f3 la mixtura de los cuestionamientos esbozados y, por ende, la imposibilidad de dar v\u00eda libre al \u00abataque\u00bb, pues \u00abel libelo no configura una demanda de orden casacional sino una declaraci\u00f3n de inconformidad con la apreciaci\u00f3n probatoria del fallo, como si el recurso extraordinario fuese una instancia adicional para continuar debatiendo aspectos definidos en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, dedujo que la falencia endilgada, \u00abse configura cuando el sentenciador aprecia la prueba desconociendo las reglas de la sana cr\u00edtica, esto es, postulados l\u00f3gicos, leyes cient\u00edficas o m\u00e1ximas de la experiencia, supuesto en el cual se debe se\u00f1alar qu\u00e9 dice concretamente el medio probatorio, qu\u00e9 se infiri\u00f3 de \u00e9l en la sentencia atacada, cu\u00e1l fue el m\u00e9rito persuasivo otorgado y, desde luego, determinar el postulado l\u00f3gico, la ley cient\u00edfica o la m\u00e1xima de experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar su consideraci\u00f3n correcta e identificar la norma de derecho sustancial que indirectamente result\u00f3 excluida o indebidamente aplicada\u00bb, lo que desatendi\u00f3 el \u00abcensor\u00bb. <\/p>\n
1.5.- En lo tocante con el primer reparo de Manuel Esteban Malambo Avil\u00e9s, a cuyo tenor, el fallo viol\u00f3 indirectamente \u00abla ley por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 397 del C.P. y falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 7 y 399 de la Ley 600 de 2000\u00bb, enfatiz\u00f3 que el recurrente mezcl\u00f3 \u00aben el mismo cargo dos causales diversas, esto es, la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley, falencia que por s\u00ed misma impone su inadmisi\u00f3n ante la ausencia de claridad, coherencia y l\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, en la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb el censor hizo alusi\u00f3n \u00aba un falso juicio de identidad porque los juzgadores habr\u00edan distorsionado el contenido del poder otorgado para reclamar sus prestaciones, as\u00ed como su hoja de vida\u00bb, empero no observ\u00f3 los lineamientos de una tacha de ese linaje, ya que \u00abse circunscribi\u00f3 a disentir de las conclusiones del Tribunal, proceder alejado totalmente de un reproche de nivel casacional. Y aunque identific\u00f3 como pruebas distorsionadas el poder y [su] hoja de vida de MALAMBO AVIL\u00c9S, no demostr\u00f3, como era su deber, cu\u00e1les fueron las manifestaciones recortadas en su objetividad en cada uno de esos documentos. Ni siquiera evidenci\u00f3 el contenido literal de ellos ni los aspectos en que fueron cercenados, adicionados o tergiversados\u00bb. <\/p>\n
Con asidero en lo anterior, dedujo que \u00ab[e]l cuestionamiento no se dirige, por tanto, a se\u00f1alar la alteraci\u00f3n del contenido de dicho testimonio sino a censurar la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba y la decisi\u00f3n del Tribunal de confirmar la condena, pero no concreta ni demuestra el yerro, limit\u00e1ndose a plantear, como si se tratara de un alegato de libre confecci\u00f3n, su opini\u00f3n sobre los citados medios probatorios y el m\u00e9rito que debi\u00f3 otorg\u00e1rsele\u00bb. <\/p>\n
En lo que hace al \u00abreproche subsidiario\u00bb, a partir del cual el veredicto quebrant\u00f3 \u00abel debido proceso y el derecho de defensa al aplicar indebidamente el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal y dejar de aplicar los art\u00edculos 30-3 82-4 y 86 del mismo estatuto\u00bb, infiri\u00f3 que \u00abel censor confunde y refunde varias causales de casaci\u00f3n, situaci\u00f3n que impide saber qu\u00e9 tipo de error es el que propone, si es que la sentencia fue dictada en un juicio viciado de nulidad o si es por la violaci\u00f3n directa de la ley y, de ser as\u00ed, por cu\u00e1l defecto de los contenidos en cada uno de esos reproches\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que <\/p>\n
\u00abel cuestionamiento a la atribuci\u00f3n de responsabilidad en calidad de determinadores de los ex trabajadores y abogados procesados en esta actuaci\u00f3n y la propuesta de degradar la conducta a niveles de participaci\u00f3n m\u00e1s benignos punitivamente hablando, como la intervenci\u00f3n o la complicidad, se apoya en una visi\u00f3n fragmentada de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica y desconoce que el reproche jur\u00eddico penal endilgado se refiere a que incidi\u00f3, a trav\u00e9s de sus abogados, en los jueces de la Rep\u00fablica para que dictaran sentencias abiertamente ilegales, para finalmente apropiarse de recursos p\u00fablicos, conducta que se adecua plenamente a la figura de la determinaci\u00f3n y no a la de la intervenci\u00f3n o la complicidad\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como anhelan los precursores, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la calificaci\u00f3n de sus \u00abdemandas de casaci\u00f3n\u00bb, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los argumentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada recientemente, entre otras, en STC2051-2023 y STC5833-2023). <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la jurisprudencia de esta Corte ha decantado que: <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC16661-2022). <\/p>\n
3.- Frente \u00abal desconocimiento del precedente constitucional\u00bb, concretamente de la sentencia de unificaci\u00f3n SU-635 de 2015, con vista en lo all\u00ed resuelto, no se configur\u00f3 dicho dislate, pues contrario a lo aducido, lo que para los recurrentes constituy\u00f3 un examen de fondo del proceso, en realidad consisti\u00f3 en una rese\u00f1a panor\u00e1mica del mismo a partir del an\u00e1lisis de iudex de segunda instancia para concluir que los \u00abreparos\u00bb, en la forma en que fueron expuestos por los quejosos, comprend\u00edan un \u00abalegato de instancia\u00bb improcedentes en dicha sede. <\/p>\n
4.- Ahora, no pueden pretender los impulsores, asidos del supuesto \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial -SU-962 de 1999-\u00bb, afirmar en este sendero, que se pretiri\u00f3 el principio de \u00abcosa juzgada\u00bb, porque \u00ablas sentencias de primera instancia proferidas por los jueces Cuarto, Segundo, Sexto y Quinto Laboral del Circuito de Cartagena fueron revisadas en el grado jurisdiccional de consulta, muchos a\u00f1os despu\u00e9s, a pesar de su firmeza y como consecuencia de [la] decisi\u00f3n adoptada en ella, se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n penal cuya resoluci\u00f3n nos convoca en esta oportunidad\u00bb, cuando tal argumentaci\u00f3n no hizo parte del debate planteado en el escenario natural del litigio. <\/p>\n
A id\u00e9ntica conclusi\u00f3n se arriba frente a las reconvenciones contra los fallos dictados por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (23 mar. 2021) y el Tribunal Superior de la misma ciudad (23 may. 2022), porque los disconformes desaprovecharon la herramienta id\u00f3nea para derruirlos, al no haber observado la t\u00e9cnica prevista por el legislador, colof\u00f3n que no var\u00eda respecto de Jos\u00e9 del Carmen Orozco Pacheco, quien, contando con abogado de confianza, no sustent\u00f3 el remedio extraordinario. <\/p>\n
Luego, no son de recibo las justificaciones del citado sobre la desidia de su abogado para cumplir, en debida forma la labor que le encomend\u00f3, de un lado, porque tan pronto evidenci\u00f3 tal descuido, debi\u00f3 requerir la anulaci\u00f3n de la causa y, de otro, porque, como lo ha repetido esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026). subrayado en texto. (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, STC316-2023, 25 en. y en STC1496-2023, 23 feb.). <\/p>\n
5.- Misma suerte corren las demandas secundarias de los actores, como quiera que ning\u00fan desafuero puede enrostrarse a la sede judicial compelida por rechazar: i) El mecanismo de insistencia intentado por Marim\u00f3n Romero y la aclaraci\u00f3n del \u00abauto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb (10 abr. 2023); y ii) La cesaci\u00f3n de procedimiento, por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, elevada por los \u00abrecurrentes en casaci\u00f3n\u00bb (20 abr. y 3 may.). <\/p>\n
5.1.- Ello, porque en la primera providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal explic\u00f3 que \u00abeste proceso de adelant\u00f3 por el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, en el que el legislador no estableci\u00f3 la posibilidad de impugnar la inadmisi\u00f3n de las demandas de casaci\u00f3n, motivo por el cual expresamente la Sala declar\u00f3 en la parte final de la providencia que contra la misma no proced\u00eda ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
Para respaldar su postura, reliev\u00f3 que esa entidad \u00abse ha pronunciado de forma reiterada acerca de la inaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad respecto del mecanismo de insistencia frente a autos inadmisorios de demandas de casaci\u00f3n en tr\u00e1mites regidos por la citada ley procedimental. (Cfr. CSJ-AP 14 jul. 2021, Rad. 58.802; AP1897- 2018, 9 may. 2018, Rad. 51.777; AP840-2017, 15 feb. 2017, Rad.47.657; AP7363-2015, 16 dic. 2015, Rad. 46.210; AP2251-2015, 29 abr. 2015, Rad. 43.226; AP2843-2014, 28 may. 2014, Rad. 42.255,AP, 5 nov. 2013. Rad. 41.800; AP, 21 sep. 2011, Rad. 36.274; AP, 21 oct. 2010, Rad. 33.708, entre otras). <\/p>\n
Explicando que el instrumento incoado \u00abresulta extra\u00f1[o] al sistema de enjuiciamiento contenido en el estatuto procesal penal del 2000, de manera que s\u00f3lo es viable para los procesos adelantados por delitos cometidos con posterioridad al 1\u00b0 de enero de 2005 de acuerdo con la gradualidad territorial prevista para la implementaci\u00f3n de la Ley 906 de 2004 (arts. 528 a 530 y 533)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, de cara a la inquietud de Eduardo Jos\u00e9 acerca de por qu\u00e9 la Sala \u00abasumi\u00f3 competencia para pronunciarse sobre los hechos relacionados con Benjam\u00edn Ricardo Caballero, los cuales hab\u00edan sido definidos por el Tribunal decretando la nulidad, mientras que la Corte decret\u00f3 la prescripci\u00f3n sobre esos acontecimientos\u00bb, indic\u00f3 que no dar\u00eda tr\u00e1mite a esa rogativa, \u00aben la medida que en el auto inadmisorio se expresaron las razones de las determinaciones adoptadas, siendo suficiente para entender su contenido y fundamento, la lectura detenida de la argumentaci\u00f3n all\u00ed plasmada\u00bb. <\/p>\n
5.2.- En la misma direcci\u00f3n, al absolver las peticiones de Manuel Esteban, Fernando, Eduardo Jos\u00e9 y del apoderado de este \u00faltimo, tendientes a lograr la extinci\u00f3n de la causa criminal, basados en que \u00abel 12 de abril se les comunic\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n del auto que inadmiti\u00f3 las demandas de casaci\u00f3n por ellos presentadas y, seg\u00fan indicaron las instancias, la acci\u00f3n penal habr\u00eda prescrito el 6 de abril anterior\u00bb, la autoridad decisora dispuso rechazarlas, \u00abpor cuanto el art\u00edculo 187 de la Ley 600 de 2000 establece que la providencia que decide la casaci\u00f3n queda ejecutoriada el d\u00eda en que es suscrita por el funcionario correspondiente, lo cual ocurri\u00f3 en este caso el 8 de marzo de 2023, cuando la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 las demandas radicadas por los procesados\u00bb. <\/p>\n
Incluso, para solventar cualquier duda que pudiera quedar, explicit\u00f3 que si bien, \u00abcon posterioridad JOS\u00c9 EDUARDO CANTILLO ROMERO solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n, la Sala, en auto de sustanciaci\u00f3n, no le dio tr\u00e1mite, dada su improcedencia. Siendo ello as\u00ed, la Corte no ha expedido ninguna decisi\u00f3n interlocutoria susceptible de extender los t\u00e9rminos de la acci\u00f3n penal con posterioridad al auto inadmisorio\u00bb. <\/p>\n
En cierre, adver\u00f3 que no hab\u00eda \u00ablugar a acudir a las codificaciones externas citadas por los peticionarios, pues la Ley 600 de 2000 regula con suficiencia el tema de las notificaciones. As\u00ed, el art\u00edculo 176, inciso \u00faltimo, establece que <las providencias de sustanciaci\u00f3n no enunciadas o no previstas de manera especial ser\u00e1n de cumplimiento inmediato y contra ella[s] no procede ning\u00fan recurso>, como ocurri\u00f3 con la decisi\u00f3n del 10 de abril pasado\u00bb. <\/p>\n
6.- Son estas motivaciones las que llevan el fracaso del socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Fernando Marim\u00f3n Romero, Eduardo Jos\u00e9 Cantillo Romero, Manuel Esteban Malambo Avil\u00e9s, Jos\u00e9 del Carmen Orozco Pacheco y An\u00edbal Alviz Ruiz. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9218-2023 Magistrada ponente STC9218-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03402-00 11001-02-03-000-2023-03537-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la tutela instaurada por Fernando Marim\u00f3n Romero, Eduardo Jos\u00e9 Cantillo Romero, Manuel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-76286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}